Estados de excepción y democracia liberal en América del Sur

Argentina, Chile y Colombia (1930-1990)

Jorge González Jácome

• Editorial: Pontificia Universidad Javeriana
• Año: 2015
• ISBN:
  9789587810172
• Categoría: Jura
• Categoría: Öffentliches Recht

Este libro cuenta una historia sobre la manera como las críticas al liberalismo y a la democracia, propias del siglo XX, impactaron las construcciones teórico-constitucionales de los estados de excepción en Argentina, Chile y Colombia entre 1930 y 1990. El autor nos invita a mirar la historia de las ideas jurídicas en la región a partir de un marco interpretativo de dos niveles: el primero conecta la política y el derecho, y el segundo integra la construcción global y local del derecho. Esto implica que, por un lado, los argumentos constitucionales sobre los estados de excepción se conectaron de diversas formas con las distintas ideologías políticas que se difundieron por la región en el siglo pasado; y por otro lado, que esas estructuras de pensamiento constitucional se fueron creando en el marco de lenguajes globales genéricos que si bien fueron hegemónicos, al mismo tiempo permitieron a los juristas e intelectuales articular disímiles interpretaciones sobre sus realidades locales. Con el uso de herramientas de derecho comparado, estudios jurídicos críticos e historia de las ideas, el libro es una interpretación específica de la forma como el derecho constitucional construyó su propio espacio político en donde los abogados se enfrentaron, algunas veces de manera irreconciliable, durante el siglo pasado.

CAPÍTULO 1

Los estados de excepción y el auge del presidencialismo para enfrentar la cuestión social circa 1930-1959

Introducción

En este capítulo se muestra el impacto de la cuestión social en el pensamiento constitucional de los tres países analizados en esta investigación. El auge de la cuestión social implicaba un conflicto entre el capital y el trabajo y los medios para resolverlo. Los líderes políticos latinoamericanos creían que su labor principal era crear e implementar fórmulas para neutralizar la lucha de clases, la cual veían como una peligrosa consecuencia de la cuestión social. Las principales ideas políticas que surgieron en el periodo se concentraron en la necesidad de reconstruir los lazos espirituales que conectaban a los individuos con los proyectos nacionales comunes. La democracia liberal fue criticada en repetidas ocasiones bajo el argumento de que presuntamente protegía y construía intereses individualistas que a su vez incentivaban la división entre las personas que conformaban una nación. Igualmente, los partidos políticos estaban bajo ataque en la medida en que perseguían intereses parciales de acuerdo a la ideología o intereses de sus miembros en lugar de avanzar decididamente hacia el logro de los fines nacionales. En consecuencia, el parlamentarismo fue desacreditado a tal punto que los pensadores políticos de este periodo sospechaban que la voluntad del pueblo no se formaba a través de debates racionales en los parlamentos, ya que los miembros del legislativo no estaban interesados en descubrir la verdadera voluntad de la nación y simplemente favorecían sus agendas partidistas o personales. Este capítulo muestra que la crítica contra la idea liberal de construir la voluntad general en corporaciones populares representativas terminó en una reinterpretación de la noción de democracia, la cual enfatizó que el ejecutivo -especialmente el presidente en el caso latinoamericano- personificaba la voluntad popular.

Como consecuencia de la cuestión social y el auge del presidencialismo, este capítulo muestra que los estados de excepción en Argentina, Chile y Colombia aumentaron el espacio de discrecionalidad de la rama ejecutiva, la cual adoptó decisiones para defender el “orden social” de las fuerzas divisorias que estaban siendo disparadas por el choque entre el capital y el trabajo. En Argentina, el marcado presidencialismo llevó a una reforma constitucional en 1949 la cual, entre otras cosas, aumentó los poderes de emergencia en manos del presidente con el fin de lidiar con la cuestión social. En Chile, la reforma constitucional evidenció que el presidencialismo era el modo dominante de la organización estatal luego de los últimos años de la década de 1920 y por ende los juristas enfatizaron repetidamente cómo el “neoconstitucionalismo” era una tendencia global que daba mayor autoridad al presidente frente a las otras ramas del poder. En Colombia, el creciente presidencialismo, de mano de una amplia disposición constitucional en materia de estados de excepción, llevó a los abogados constitucionalistas a sostener que el presidente podía tomar medidas permanentes que seguirían vigentes incluso después de que se superara la situación excepcional. Adicionalmente, los golpes militares de 1930 y 1943 en Argentina y de 1953 en Colombia mostraron que la labor presidencial de defender el “orden social” podía implicar dictaduras de emergencia que se legitimaban con argumentos democráticos basados en la aprobación popular. Así, los dictadores militares pusieron a los países bajo regímenes de excepción sobre la base de perfeccionar la democracia.

Para mostrar lo señalado anteriormente, este capítulo está dividido en cuatro partes: la primera describe las ideas políticas más importantes construidas en Occidente para enfrentar el choque entre capital y trabajo y la lucha de clases. Estas ideas se enfocaban en la crítica a la democracia-liberal y el auge del corporativismo; el objetivo era orientarse a la reconstrucción de la comunidad orgánica que había sido amenazada por el liberalismo y el comunismo. Las versiones portuguesas y españolas del nacionalismo y el corporativismo basados en una interpretación del pensamiento social católico fueron fuentes influyentes en el desarrollo de la teoría política latinoamericana explorada en este periodo. Igualmente, este capítulo trata especialmente la crisis de la democracia liberal bajo la óptica de Carl Schmitt, quien expresaba una ansiedad común a los pensadores de la época acerca del rol del poder legislativo. Las siguientes tres partes del capítulo se dedican al análisis separado del impacto de estas ideas en Argentina, Chile y Colombia. Para cada uno de estos países muestro inicialmente cómo los pensadores locales interpretaron sus problemas políticos que les llevaba a considerar las soluciones a la cuestión social. Posteriormente, para cada país, profundizo en las doctrinas jurídicas sobre poderes de emergencia que los constitucionalistas construyeron y muestro la forma como estas últimas deben entenderse en el marco de las ideologías políticas imperantes en la época.

Las críticas contra la democracia liberal y el auge del corporativismo

En el mundo occidental la derecha y la izquierda atacaron la democracia liberal durante la primera mitad del siglo XX. La izquierda trató de mostrar que este sistema sociopolítico gradualmente iría dando paso a la dictadura del proletariado y posteriormente a una sociedad comunista donde el estado desaparecería. Uno de los principales pensadores de izquierda que articuló esta crítica fue Lenin al tratar de neutralizar algunas interpretaciones socialdemócratas de la literatura marxista que habían aparecido desde finales del siglo XIX. Lenin resaltó el aspecto revolucionario de los escritos de Marx enfatizando la desaparición del estado como consecuencia de una revolución y no como el resultado de un proceso socioeconómico fuera del control de los seres humanos el cual llevaría a unas condiciones en donde se presentaría la irreconciliable lucha entre burguesía y proletariado. Por el contrario, el proletariado debía desempeñar un papel activo en la destrucción/desaparición del estado y así desprenderse de una interpretación pusilánime de Marx en donde el estado desaparecería como resultado de un proceso natural e inevitable. Lenin concluía que el estado burgués debía ser reemplazado por una sociedad comunista luego de una violenta dictadura revolucionaria46. El estado liberal podía ofrecer, en el mejor de los casos, una democracia aumentada pero no podía eliminar la opresión burguesa; solamente una dictadura del proletariado podría hacer una adecuada transición hacia la sociedad ideal -comunista-. En síntesis, el desarrollo posterior a la democracia capitalista no se iba a producir de manera gradual y paulatina y no iba a producir más y más democracia. El desarrollo hacia el comunismo solo se produciría a través de la dictadura del proletariado, la cual implicaba una “organización de la vanguardia de los oprimidos como clase dirigente” con el fin de eliminar a los anteriores opresores; esta organización no se iba a lograr simplemente con mayor democracia47.

Considerando la amenaza de Lenin a las ideas políticas demoliberales, la derecha consideraba que estas últimas estaban mal equipadas para resistir el avance del comunismo. Estas ideas estaban basadas en una filosofía individualista que socavaba la integridad de las naciones y sus intereses colectivos causando así la división en clases y el ulterior conflicto48. La crítica de derecha contra la democracia liberal se articuló alrededor de la tradición contrarrevolucionaria que podía rastrearse al menos hasta Joseph de Maistre, quien había criticado duramente los fundamentos teóricos y los resultados institucionales de la Revolución Francesa49. Como crítico de la Ilustración, de Maistre atacó la idea de que la voluntad popular -y en general el concepto de soberanía popular- era una justificación suficiente de la autoridad y del poder político. Por el contrario, de Maistre argumentaba que las leyes se respetarían y el orden social se lograría solamente si los orígenes y la justificación de la autoridad estaban más allá del entendimiento humano. Asumía entonces que el principio de la soberanía popular llevaba al caos porque los seres humanos no respetaban la autoridad política terrena que ellos creaban y que frecuentemente se sentían con el derecho a deponerla50. Para ser consistentemente obedecida, la autoridad debía basarse en lo que de Maistre llamaba prejuicios:

La razón humana dejada en plena libertad es completamente incapaz no solo de crear sino también de conservar cualquier asociación política o religiosa, porque solo puede producir disputas y porque, para comportarse adecuadamente, el hombre necesita creencias y no problemas. Su cuna debería estar rodeada de dogmas [...]. Nada es más vital para él que los prejuicios. No demos una interpretación peyorativa a este término. No necesariamente significa ideas falsas sino solamente, en sentido estricto, cualquier opinión adoptada sin mucho examen o justificación. [...] Sin ellos no puede haber religión, moralidad o gobierno. Debe haber una religión estatal tal como hay un sistema político estatal; o en otras palabras, los dogmas religiosos y políticos, fusionados entre sí, deben formar una conciencia general y nacional lo suficientemente fuerte para reprimir las aberraciones de la razón individual la cual es, por naturaleza, el enemigo a muerte de cualquier asociación en la medida en que incentiva el surgimiento de opiniones demasiado diversas.51

De Maistre era entonces escéptico respecto de la razón y de la deliberación/discusión como la forma para tomar decisiones y justificar el poder político y la autoridad. El problema con la soberanía popular era que estaba basada en la razón individual y en la voluntad, y una vez cada hombre se convierte en el juez de los principios de gobierno aparece la “anarquía” y la destrucción de la verdadera soberanía política. El poder político y la autoridad, según de Maistre, eran como una religión con sus “dogmas, misterios y sacerdotes”. Someterlas a la discusión permanente era lo mismo que destruirlas en la medida en que se basaban en las creencias y en la fe52. Para de Maistre, la soberanía implicaba una autoridad suprema que los hombres debían sentirse compelidos a obedecer y no podían retar. En consecuencia, el poder político y la autoridad se justificaban basados en un misterio que los seres humanos no podían entender completamente.

En la crítica a la soberanía popular, había dos elementos de de Maistre que se convirtieron en pilares fundamentales para los antiliberales del siglo XX: el problema de la democracia liberal al justificar la autoridad política y el miedo a la desintegración social de entidades colectivas -los estados nacionales- a falta de lazos espirituales que conectaran a la población con fines diferentes al logro de la satisfacción de intereses individuales. En las primeras décadas del siglo XX, y especialmente después de la terminación de la Primera Guerra Mundial, las preguntas sobre la legitimación de la autoridad elevadas por de Maistre se convirtieron en un aspecto fundamental para los pensadores políticos europeos: la guerra mostró que los individuos podían ser obligados a pelear por su nación y el estado se volvió crecientemente intervencionista en sus esferas privadas. Una economía planificada y el servicio militar obligatorio eran parte de las realidades que cuestionaban las creencias liberales en una esfera privada pacífica y en un poder de los individuos en construir la voluntad general. A pesar de que el gobierno autoritario de un monarca era una alternativa, la guerra había destruido los imperios y las justificaciones dinásticas y divinas de la autoridad de los reyes53. El reto era entonces reconstruir una justificación democrática del poder político que tomara en cuenta a su vez las bases individualistas de las teorías clásicas de la democracia liberal.

En su crítica a la democracia parlamentaria publicada inicialmente en 1923, Carl Schmitt aceptó este reto54. Schmitt sostenía que la democracia liberal creía en el legislativo como una institución ideal donde sus miembros alcanzaban la mejor decisión política para una comunidad luego de un debate racional y público entre ellos. A través de un debate abierto y racional, afirmaba Schmitt, los demócratas liberales creían que podían alcanzar “nada menos que la propia verdad y la justicia”55. En consecuencia, los demócratas liberales consideraban que la autoridad y el poder político se justificaban en la medida en que las decisiones se tomaban luego de un debate con las anteriores características. Sin embargo, Schmitt creía que la mayoría de las decisiones políticas no se alcanzaban luego de estos procedimientos racionales, abiertos y públicos. Por el contrario, en la década de 1920 era evidente que las decisiones se producían “a puerta cerrada” en el ejecutivo llegando a la conclusión que “la discusión pública [del parlamento] era una formalidad inocua”56. Para Schmitt, la crisis del parlamentarismo estaba en el hecho de que, a pesar de que la institución no funcionaba de acuerdo a la teoría de los demócratas liberales, seguía manteniendo el rol que ellos le habían asignado para justificar decisiones que en muchas ocasiones no representaban los intereses de las masas. Lo que estaba en crisis, concluía, no era la democracia sino su formulación liberal en la cual el debate parlamentario era la justificación de la autoridad57.

La democracia conllevaba la formación de la voluntad general que justificaba la autoridad política. Los instrumentos de la democracia directa y la tendencia al sufragio universal, de conformidad con Schmitt, reflejaban la idea de que la democracia significaba la creciente identificación entre el Estado (los gobernantes) y el pueblo (los gobernados)58. Sin embargo, desde la formulación inicial de Rousseau, la voluntad general presuponía un alto grado de homogeneidad de la población para entender su carácter de unanimidad mencionado por el autor de El contrato social: la voluntad general homogeniza el sistema político y por ello el Estado descansaba no en un contrato sino en la homogeneidad, la cual se producía gracias a la democracia, entendida como la identidad entre gobernante y gobernados59. Esta definición de democracia llevaba a dos importantes conclusiones en el pensamiento de Schmitt: primero, como la democracia parlamentaria estaba basada en la idea de representación y no en la de identidad o identificación entre gobernantes y gobernados, los parlamentos no eran necesariamente la materialización de la democracia. Segundo, si la democracia necesitaba un grado de homogeneidad para funcionar, los regímenes podían erigir dictadores para disciplinar y crear una población homogénea que en últimas produciría una voluntad general y una democracia funcional. En consecuencia, Schmitt concluía el prefacio de la segunda edición de su obra publicada en 1926 en los siguientes términos:

Bolchevismo y fascismo son, como cualquier dictadura, antiliberales, pero no necesariamente antidemocráticos. Forman parte de la historia de la democracia algunas dictaduras, extraños (sic) a las tradiciones liberales del pasado siglo, de formación de la voluntad del pueblo, creando así homogeneidad. [...] Cuanto más poderosa es la fuerza del sentimiento democrático, tanto más segura es la comprensión de que la democracia no es otra cosa que un Sistema para registrar votaciones secretas. Fr...