Por una Constitución Ecológica

Ezio Costa Cordella

• Verlag: Editorial Catalonia
• Jahr: 2021
• ISBN:
  9789563248777
• Thema: Droit
• Thema: Droit de l'environnement

Uno de los factores diferenciadores entre nuestro presente y el pasado es el aumento de la conciencia en materia ambiental. Sin embargo, esto no se ha convertido aún en sistemas sociales, económicos y jurídicos que den cuenta de los desafíos que se nos imponen. El impulso destructivo de las ideologías dominantes en el siglo XX mantienen la hegemonía en sus diversos espacios, apenas intentando acomodarse a una nueva realidad que los supera. Mientras en 1972 creíamos que había una gran degradación ambiental, en 2020 sabemos que estamos en medio de la sexta extinción masiva de especies, que la Tierra ya se calentó en más de un grado Celsius y que un porcentaje significativo del agua dulce del planeta está contaminada. Si la Constitución que Chile se propone redactar y poner en vigencia en los próximos años pretende tener alguna lógica de realidad, es esencial que ella tome como base las condiciones ambientales en las que se desarrollará la comunidad jurídicopolítica que constituyen los pueblos de Chile.Este libro explora los detalles del concepto de "Constitución Ecológica", que refiere a las normas que se contengan en una Constitución de manera transversal y que, poniendo a la protección ambiental como uno de los ejes centrales de la organización social, persiga armonizar las actividades de la sociedad y la naturaleza.La nueva Constitución de Chile no va a cambiarlo todo, pero puede constituir una primera piedra fundamental en ese cambio. Este libro es una invitación a soñar con esa posibilidad y a reflexionar sobre las maneras en que la Constitución puede llevarnos en esa dirección. Los cambios sistémicos son urgentes y estamos en posición de comenzarlos. Ezio Costa Cordella

IV. Distribución del poder y protección del medio ambiente

Parte del poder que crea y distribuye una Constitución estará vinculado a la toma de decisiones con contenido ambiental. Las normas que se encargan de esa distribución de poder tendrán un rol tanto desde cuestiones relativamente sencillas, como la ubicación de un determinado proyecto, hasta cuestiones complejas como el tipo de industria que se desarrollará en el país.

La creación y distribución de poder tienen que ver con el otorgamiento de facultades y medios a diferentes instituciones y personas, respecto de lo cual nada resulta efectivamente dado por la naturaleza, sino que todo está mediado por una decisión social. Es posible pensar que las decisiones sobre el uso y aprovechamiento de los bienes naturales deban ser tomadas en la misma Constitución, directamente por el poder constituyente con mucho detalle. O que en cambio se pongan ciertos lineamientos pero que sea luego el Poder Legislativo el que tenga que tomar esas decisiones, o quizás los representantes regionales en la nueva distribución territorial. Podría ser también que decida el colectivo de manera directa a través de plebiscitos, o los dueños de los bienes naturales (suelos, bosques, humedales, etc.) obedeciendo ciertas regulaciones, o sin regulación alguna.

La pregunta a responder, entonces, en esta sección dice relación con cuál es el arreglo que podría resultar más beneficioso para la sociedad en el largo plazo, desde un punto de vista institucional. Esta distribución de poder tiene una dimensión geográfica y una dimensión organizacional, que serán ambas abordadas en este capítulo.

10. Vengo de la cordillera al mar

Entre campos de hielos y glaciares, ríos que corren a toda velocidad y extensos bosques australes que nunca ceden su color verde, la Patagonia Chilena se extiende como un paisaje único y sobrecogedor ante los ojos de cualquiera que tenga la suerte de observarlo.

Lamentablemente, las amenazas de intervención en este territorio corren junto con los ríos y se proyectan en sus cursos y desagües, extendiéndose hasta el mar. Es probable que una de las amenazas más significativas ha sido el proyecto HidroAysén. Con este plan, las empresas Endesa (España) y Colbún (Chile) se disponían a construir cinco represas para generación de energía hidroeléctrica en los ríos Baker y Pascua, en la Región de Aysén, uno de los sectores más prístinos de Chile, donde tanto estos ríos, como los bosques nativos, lagos y montañas que dependían de ellos se desarrollan plácidamente y sin los efectos negativos de la acción humana.

El proyecto era una decisión de los inversionistas, quienes desde Santiago, Madrid o Roma veían en estos ríos la posibilidad de generar un negocio de varios cientos de millones de dólares, mediante la generación de energía. La magnitud de la intervención proyectada era tal, que además de las 5 represas, el proyecto contemplaba hacer una línea de transmisión propia, en paralelo al Sistema Interconectado Central, para llevar la energía por más de 2.000 kilómetros hasta los centros de consumo.

Pero ambientalmente hablando, ¿qué significaba el proyecto? Se trataba del levantamiento de 3.800 torres de hasta 80 metros de altura, que recorrerían todo el centro y sur de Chile. Además, la construcción del megaproyecto pasaba por al menos siete parques nacionales y ocho territorios indígenas, e inundaba parte del Parque Nacional Laguna San Rafael.

Desde su presentación al sistema de evaluación de impacto ambiental, la resistencia se hizo sentir desde varios frentes, pero especialmente desde las organizaciones locales. El proceso de participación ciudadana tuvo más de 10.000 observaciones, mientras que las autoridades estatales seguían defendiendo la intervención por considerarla beneficiosa económicamente. Los medios también se dividían: unos acusaban al movimiento social por frenar la agenda energética, mientras que otros alentaban la lucha por la protección del territorio.

En el año 2011, el proyecto fue aprobado,25 a pesar de todos sus impactos. Entonces el conflicto pasó a las calles y tomó más fuerza que nunca, generándose una de las movilizaciones sociales más grandes de la historia del país, en algo que luego sería absorbido por el movimiento estudiantil de la época. Cerca del 70% de la población de Chile en ese momento decía apoyar la mayoría de las causas visibilizadas en las protestas, que incluían la negativa a HidroAysén.26

Fue en esto que el movimiento Patagonia sin Represas27 tomó más fuerza que nunca: el conglomerado ambientalista, que había nacido en el año 2006 con el fin de concientizar a la población en torno a la protección del ecosistema natural del sur de Chile, realizaba llamados a marchar para promover la pelea en contra del megaproyecto. Una potente campaña mediática acompañó a la protesta: imágenes intervenidas mostraban íconos chilenos como las Torres del Paine invadidas por centrales productivas: “Aquí no lo harían, en Aysén tampoco deberían”, ese era el principal mensaje. Si bien la industria se amparaba en la promesa de generar energía y empleo para los y las chilenos/as, solo el 31% de la población se mostraba a favor del proyecto.28

Luego de que el proyecto se posicionara incluso como uno de los temas de debate entre los candidatos presidenciales, el año 2014 su autorización fue parcialmente anulada por el Comité de Ministros y el año 2017 la decisión fue ratificada por el Tribunal Ambiental, provocando que en diciembre de 2017 las empresas que lo desarrollarían le dieran fin, renunciando al proyecto y a los derechos de aguas que mantenían en la zona.

Pero así como la Patagonia, muchos sectores del país, de cordillera a mar y desde el desierto a los hielos, se ven constantemente amenazados por las iniciativas industriales que se deciden desde la centralidad. HidroAysén no sería un proyecto de desarrollo local, en ningún caso. La idea era generar energía en un sector con baja densidad poblacional y poco consumo energético, y transportarla miles de kilómetros hasta los centros de consumo en el centro del país, sacrificando de alguna forma esos territorios, ríos y ecosistemas de la región de Aysén.

11. Nuestro lugar en el mundo

Desentramar la cuestión sobre el lugar donde habitamos es relevante para la discusión que enfrentamos. La división geográfica que se realiza nos sitúa y nos da sentido en tanto habitantes de un determinado lugar. No es lo mismo ser habitante de la región de La Araucanía que serlo del Wallmapu, ni serlo de la Región de Aysén que de la Patagonia.

Como dice Harvey, estudiando a Heidegger: “Habitar es la capacidad de alcanzar una unidad espiritual entre los humanos y las cosas”.29 Esta idea se profundiza en Heidegger con la metáfora de que los humanos en cierto sentido somos también plantas, y que por lo tanto nuestras raíces en el lugar donde habitamos son valiosas y relevantes para nuestro existir y nuestra posibilidad de dar frutos.

Me parece innegable la relación de nuestro ser con el lugar en que nos situamos. No en vano parte importante de nuestras identidades están mediadas por esta realidad geográfica. Nuestros gustos, afectos, creencias, miedos y esperanzas se ven afectados según cual sea nuestro lugar, y el lugar es mucho más que la dirección o el barrio, es el conjunto de relaciones naturales, sociales e institucionales que configuran su existencia. En el pueblo mapuche, la relación del territorio con la identidad es fundamental. En su filosofía, el territorio es mucho más que el entorno en que se desarrolla la persona, sino que ese territorio es determinante en el tüwun y el kupalme, ambos elementos que configuran la identidad de la persona. El tüwun, es un concepto multifacético y encierra en su comprensión muchos aspectos de la identidad, entre ellos el lugar de origen de cada uno. Luego, el küpalme, representa el linaje y los ancestros de cada persona. El territorio en que nacimos, crecemos y vivimos, y el territorio en que vivieron nuestras/os antepasadas/os se representa en nuestra memoria, y de esa forma se estructura y define nuestra identidad, tanto psicológica como emocionalmente.

La esquina de las calles Andrés Bello y Vicuña Mackenna contiene a los árboles del parque forestal, las esculturas del centenario regaladas por los gobiernos de Italia y Alemania, al río Mapocho y su sonido nocturno, la vista de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, la energía del centro de encuentro de la ciudad de Santiago y la tensión por mantener un nombre –histórico (plaza Italia), oficial (plaza Baquedano) o uno popular reciente (plaza Dignidad)–, las diferencias entre los gobiernos comunales de Santiago y Providencia, los vendedores callejeros, la acción policial, la pizzería de la esquina, el olor de las mañanas luego de días de protesta y el olor de las mañanas los fines de semana, las cicletadas los domingos, la alegría de los mundiales, la vista del cerro San Cristóbal, las hojas del otoño y tantas cosas más.

Alguien que efectivamente habita ese lugar, por lo tanto, se encuentra en conexión con todas esas cosas y también es parte de lo que contiene ese lugar. El lugar del ejemplo puede ser especialmente vibrante y complejo, pero sucede lo mismo en cualquier otro y en diferentes escalas.

La conexión con el lugar, el habitar, permite entonces construir relaciones significativas no solamente con el propio lugar, sino que también con todas las demás entidades que lo conforman, generándose así una mayor posibilidad de valoración y protección, e incluso una visión mucho más aguda sobre las necesidades de cambio.

Conectarse con la naturaleza a veces aparece como un eslogan vacío que intenta propiciar ciertas formas de vida y vendernos productos outdoor, pero es también una condición para la efectiva protección de la naturaleza. Y esa conexión no tiene solo que ver con subir montañas o nadar en ríos, por estimulante que eso sea, sino que también tiene una dimensión cotidiana en, precisamente, el habitar.

Dicha conexión está situada también institucionalmente. Puedo ser habitante de mi barrio o villa, pero también lo soy de mi comuna y mi región, y también lo soy de mi cuenca, mi montaña o mi desierto, y en todo ello busco y encuentro en parte un sentido de pertenencia. Es sin dudas un problema cuando el sentido de pertenencia geográfica no calza con la efectiva organización administrativa del referido lugar. Es un problema desde el sentido del habitar, pero también es un problema práctico, pues la red institucional que se encarga del espacio geográfico en cuestión se fracciona y dificulta la protección de esos espacios, muchas veces no considerando a quienes efectivamente habitan esos lugares.

Son las personas que habitan los lugares quienes tienen una mejor visión de los mismos, de sus carencias, de sus potencialidades y de su valor. Es por ello que la gestión que se haga de los territorios debería siempre provenir de los propios territorios. Ya sea una obra de intervención pública o una inversión privada, la manera en que se hagan va a cambiar un territorio, y parece poco respetuoso de la vida, expectativas y seguridad de las personas el no considerarlas en ese cambio.

12. De las regiones y provincias, a una división por cuencas

Una de las definiciones fundamentales de la Constitución es sobre el tipo de Estado que tendremos en el futuro, respecto de lo cual las formas de Estado unitario o Estado federal son los conceptos esenciales. En los Estados unitarios, el poder se concentra en una sola administración central, como es el caso actual de Chile. En los Estados federales, en cambio, el poder se distribuye en diferentes unidades territoriales, manteniéndose un poder central que tendrá las atribuciones específicas que le dé la Constitución. Entre estos dos modelos, hay una serie de arreglos diferentes en que los gobiernos locales tienen más o menos poder en relación con el gobierno central.

Es una práctica habitual que los países se dividan en diferentes unidades territoriales, como regiones, provincias o estados. A veces esa división obedece a factores históricos y políticos, de manera de respetar las identidades territoriales y culturales de determinados sectores o pueblos. Esto es lo usual en los Estados federales y también es posible de ver en algunos Estados unitarios, con mayor o menor grado de autonomía para las regiones. Otras veces, en cambio, son una división meramente administrativa para simplificar la gestión centralizada de los territorios. Una división hecha “desde arriba”.

Aunque en ambas soluciones terminemos con una división territorial determinada y que tendrá un conjunto de facultades y herramientas, en la base de estas divisiones hay diferencias muy importantes.

En el caso de Chile, la división territorial del Estado ha sido desde un principio pensada de manera colonial y, por lo tanto, estableciendo unidades territoriales que permitan una mejor administración desde el poder central, que establece delegaciones en los territorios del país, las cuales obedecen en su lógica y en su funcionamiento al gobierno central. Así, por ejemplo, los intendentes y secretarios regionales ministeriales, si bien tienen presencia en la región, responden a Santiago.

Durante el siglo XIX y la mitad del siglo XX, Chile estuvo dividido en provincias, delegaciones y subdelegaciones que fueron determinadas con criterios de administración del territorio, siendo que incluso existieron los llamados “territorios de colonización”, que correspondían a aquellos en que aún había tensiones para el control de los mismos.

Las provincias se mantuvieron con modificaciones sucesivas a propósito de los territorios anexados en la Guerra del Pacífico y la colonización definitiva del extremos sur, hasta 1974, cuando la dictadura produjo el proceso de regionalización que deriva en la división territorial actual, la cual sin embargo ha ido siendo modificada, mediante un proceso que ha elevado el número de regiones, de 12 a 16.

Pero, como vemos, todos estos procesos han sido marcadamente centralistas y con lógica de administración colonial, ciegos por lo tanto a los territorios y sus características.

Llegar a una división regional que efectivamente recoja el arraigo territorial facilitaría que dichas regiones puedan generar sus propios modelos de desarrollo, e incluso instituciones y normas que refuercen esos modelos. Esto último requiere de un proceso social que permita entender cuál sería la división óptima en este sentido, cuestión que puede ser parte del proceso constituyente en marcha.

Sin embargo, esa división territorial debería tener como unidad básica las cuencas, que resultan en una unidad geográfica básica compuestas por los ríos, sus afluentes y todo el territorio en que el agua drenan en el mismo sentido. La cuenca es una unidad geográfica muy importante, pues de alguna manera delimita un espacio en que la conexión entre los elementos naturales y artificiales va a influir directamente sobre el ciclo del agua y, con ello, sobre las posibilidades de subsistencia e industria de las personas que habitan la referida cuenca.

Las cuencas suelen ser unidades territoriales y culturales en sí mismas, pues dada la centralidad del agua en la vida de las personas, ellas suelen converger en estos territorios y es así como los asentamientos humanos desde antiguo se han ubicado en torno a los ríos y se han comunicado con otros que están en el mismo espacio geográfico.

Una división y ordenamiento basados en las cuencas permitirían integrar las potestades administrativas relacionadas con el medio ambiente, con una unidad territorial donde dichas potestades pueden ser coordinadas y enfocadas en un determinado sentido, pareando además la necesidad de protección de los bienes comunes de la cuenca, con la administración en general del territorio. Esto dota de mayor sentido a los gobiernos locales y, a su vez, permite integrar de mejor manera a los habitantes de esos territorios en la gestión de los mismos.

Para hacernos una idea en términos de cantidad, Chile cuenta con 101 cuencas y, actualmente, con 346 comunas, 56 provincias y 17 regiones, por lo que el uso de la cuenca como base de la división territorial se encontraría muy dentro de los márgenes de la organización actual, siendo que no necesariamente cada cuenca debe constituirse en una unidad, sino que pueden haber unidades que agrupen cuencas y, por ejemplo, podríamos pensar en regiones que tengan un número variable de cuencas y que en ellas exista un número variable de comunas.

13. Las ciudades y el derecho a la ciudad

En la manera como organizamos el territorio actualmente tampoco existen las ciudades, pues cuando ellas abarcan más de una comuna (como sucede en Concepción, Valparaíso, Santiago y Coquimbo, al menos) no existe ninguna unión en términos de gobierno o políticas públicas locales, sino que cada comuna que compone la ciudad sigue actuando dentro de su territorio y sin necesidad de coordinarse con las demás, cuestión que genera notorias diferencias entre las comunas, su calidad de vida, acceso a servicios, políticas de movilidad y normas urbanísticas, entre otras.

Tomando en cuenta que una Constitución Ecológica tiene como desafío observar cómo los sistemas de vida humana y otros se interrelacionan en el territorio, parece necesario considerar a las ciudades como una unidad territorial en sí mismas, con una gobernanza que se sitúe por sobre las comunas y tenga las facultades para efectivamente gestionar a la ciudad.

Esto, además, está vinculado con la idea del derecho a la ciudad, que es un concepto que propone dos comprensiones interesantes sobre la relación de las personas con la ciudad.

Por una parte, tenemos la visión que fuera en su momento expresada por el filósofo francés Henri Lefebvre, y vuelta a poner en la discusión académica por David Harvey. Para Lefebvre, el derecho a la ciudad es el derecho a la apropiación del espacio; la facultad de las personas y comunidades de decidir cómo se utiliza ese espacio y de qué forma entonces ese espacio ayuda al desarrollo de sus vidas. Es una idea que tiene en consideración la posibilidad de las personas de acceder a recursos urbanos, pero también de modificar tanto el espacio como la vida social y personal a través de la modificación del espacio, a través de la gestión colectiva de los espacios.

Esta conceptualización no es necesariamente equivalente a lo que conocemos como un derecho, pues más bien es una consigna so...

Inhaltsverzeichnis

• Portada
• Créditos
• Índice
• Agradecimientos
• I. Introducción
• II. ¿Por qué una Constitución Ecológica?
• III. Un Estado al servicio del medio ambiente
• IV. Distribución del poder y protección del medio ambiente
• V. Derechos ambientales
• VI. Pensar en la naturaleza
• VII. Cambiar nuestro modo de vida
• VIII. Reflexiones finales
• Notas