Después de la violencia

Memoria y justicia

Juan Antonio, García Amado

• Editorial: Siglo del Hombre Editores
• Año: 2011
• ISBN:
  9789586653534
• Categoría: Philosophy
• Categoría: Philosophy History & Theory

Sobre los límites y las posibilidades de la justicia restaurativa en contextos transicionales. / Paz con justicia. / El lugar del perdón en la justicia, en contextos de transición política. / Justicia transicional. Enigmas y aporías de un concepto difuso. / La cuadratura del círculo: una evaluación temprana del proceso de paz en Colombia. / Diálogos de paz o victoria militar -Paz por medio de la guerra? / El valor de la palabra. Experiencia de encuentros restaurativos entre víctimas y exmiembros de ETA.

DIÁLOGOS DE PAZ O VICTORIA MILITAR. ¿PAZ POR MEDIO DE LA GUERRA?1

Gloria María Gallego García

Universidad Eafit-Medellín

La participación activa a fin de resolver el problema de la paz es una responsabilidad moral que ningún hombre consciente puede dejar de lado.2

Desde hace cincuenta años, una cruenta guerra hiere a Colombia y la cubre de destrucción, muerte y dolor. Terminarla es nuestro problema supremo (como individuos y como sociedad), porque la guerra es “el peor de todos los males sociales”,3 y esos males son tanto más terribles cuando se trata de una contienda interna donde se enfrentan a muerte personas de un mismo país, que tuvieron relaciones de vecindad, parentesco, cooperación social y comunidad; los odios y las venganzas tienden a enquistarse y las hostilidades se tornan ubicuas, lo que hace de esta una guerra feroz y encarnizada que, comparativamente, produce más sufrimiento y destrucción que las guerras internacionales.

No podemos dejar que caiga en el olvido una verdad tan evidente como que “la guerra es un asesinato en masa, la mayor desgracia de nuestra cultura”, y que asegurar la paz debe ser la tarea moral, política y jurídica principal, “una tarea mucho más importante que la decisión entre la democracia y la autocracia, o el capitalismo y el socialismo” —como dijera Kelsen—4.

Los caminos para salir de una guerra son dos: la victoria militar o la negociación (si bien hay combinaciones intermedias), y la historia profunda de Colombia se puede narrar bajo la forma de la continuidad de la guerra como elemento central de la experiencia nacional y los esfuerzos de ponerle fin, sea con una victoria del Estado sobre los grupos armados insurgentes, sea con la paz negociada en una mesa. En unas épocas prima el espíritu bélico y militarista, mientras que en otras prima el espíritu pacifista, de apelación al diálogo y la reconciliación.

En los vaivenes entre el belicismo y el pacifismo, la historia profunda de Colombia se asemeja a una elipse en la que el tesoro de la paz asoma casi al alcance de nuestras manos y cuando parece que lo vamos a asir, desaparece otra vez cual si se tratara de un espejismo.

Actualmente, estamos en uno de esos periodos de enaltecimiento del diálogo y la política y ha vuelto a verdear la esperanza, muchas veces contrariada pero nunca sepultada, de conquistar la paz en una mesa de negociación. Primero, el Gobierno dio impulso a una reforma constitucional para introducir un artículo transitorio que regula el artículo 22 de la Constitución (relativo al derecho fundamental a la paz) e introduce instrumentos jurídicos de justicia transicional, el llamado Marco Jurídico para la Paz (art. 66 transitorio), que tiene

…como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; […] y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación (Acto Legislativo núm. 1 de 31 de julio de 2012).

Esta reforma le confiere a la justicia transicional el rango de criterio constitucional con referencia al cual se deben llevar a cabo y concretar futuras negociaciones de paz.5

El 26 de agosto de 2012, en La Habana, Cuba, los delegados del Gobierno de la República de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), hacían público el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que constituye la guía y la agenda pública para la celebración de los diálogos de paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, con la participación de los Gobiernos de Cuba y de Noruega como garantes, y el Gobierno de Venezuela como acompañante.

En el Acuerdo General las partes manifiestan “la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera”, que “atienden el clamor de la población por la paz”, y reconocen que “la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras a las que invitamos a unirse a este propósito”, en clara alusión al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La agenda acordada comprende seis puntos: 1) Política de desarrollo agrario integral; 2) Participación política; 3) Fin del conflicto; 4) Solución al problema de las drogas ilícitas; 5) Reparación a las víctimas; 6) Implementación, verificación y refrendación.6

El 18 de octubre de 2012 se iniciaron las conversaciones directas en Oslo y posteriormente se trasladaron a La Habana, donde avanzan al compás de los debates y las turbulencias (a veces tormentas) causadas por el hecho de que se busca el acuerdo en la mesa mientras que lejos, en amplias zonas del territorio colombiano, las partes del conflicto continúan las hostilidades, intensifican operaciones militares, prosiguen los combates y, también, los ataques directos contra la población civil. El alto al fuego no es punto de partida sino de llegada del proceso de paz, lo que de suyo plantea interferencias, dificultades y mutua desconfianza, pero no había otra forma de comenzar las conversaciones, con la expectativa de arribar, tras una larga exploración y navegación, a orillas más apacibles.

Las divergencias entre los amplios sectores sociales y políticos que defienden el proceso de paz (los partidos de la U, Liberal, Cambio Radical, un sector del Partido Conservador, el Partido Verde y un sector del Polo Democrático) y los sectores sociales y políticos detractores del diálogo que exigen la victoria militar del Estado (agrupados en el Partido Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe), se manifestaron claramente en el debate electoral por la conformación del Senado de la República y la Cámara de Representantes (9 de marzo) y por la Presidencia de la República, entre la reelección del candidato presidente Juan Manuel Santos y, como último contendor, Oscar Iván Zuluaga, candidato uribista (25 de mayo y 15 de junio de 2014). En estas elecciones se jugaba claramente el futuro del proceso de paz (y, con él, el futuro del país), y el pulso lo ganó la opción por la solución negociada del conflicto; aún con las profundas diferencias de muchas fuerzas políticas y sociales con el presidente Santos, el apoyo a su reelección estuvo determinado en gran medida por la apuesta por el proceso de paz.

Este trabajo no ofrece una génesis de los diálogos de paz, ni se detiene en su estado actual, sino que se ocupa de analizar, desde una perspectiva filosófica, algunas de las cuestiones morales, políticas y jurídicas que plantea la resolución del problema de la guerra y la construcción de la paz en nuestro país, que tienen origen en un dilema fundamental: ¿exploramos las vías del diálogo y la política para acabar con la guerra de manera incruenta, o incrementamos el esfuerzo militar en procura de la victoria militar del Estado sobre los grupos armados insurgentes, aun a costa de más muertes y más combates? La respuesta genera una profunda división en la sociedad colombiana que no es sino la continuación de ese hilo candente que atraviesa la historia del país: ese desentendimiento profundo, esa discordia permanente, ese no poder conseguir un acuerdo sobre lo fundamental ni siquiera cuando se trata de valores tan básicos como la vida y la paz, hilo candente del que todos nuestros problemas parecen derivar.

Hay una toma de posición ante este dilema práctico y es la opción por la palabra y el diálogo como método para llegar a la anhelada paz (incluso entre los más acérrimos enemigos), desde una concepción moral crítica o esclarecida como lo es el pacifismo, una teoría moral, política y jurídica dirigida a la búsqueda de una paz duradera y universal a partir del rechazo de la guerra, la crítica de las justificaciones de la violencia (de toda violencia) y la adopción de métodos no violentos de acción política que deben ser asumidos incluso en las más difíciles encrucijadas donde el común de la gente se inclina a acudir con ligereza a la violencia (desobediencia civil, resistencia civil contra la barbarie).

Se muestra que la búsqueda de la paz por medio del diálogo y la política no es un asunto de deseo y preferencia personal, ni la vana quimera de almas nobles y candorosas, sino un asunto de derecho y Constitución, una materia de derechos fundamentales, pues la Constitución de 1991 nació, no como las anteriores que fueron “Cartas de batalla”,7 sino como un pacto de paz respaldado en el más amplio consenso jamás alcanzado en la historia del país, y rige hasta el presente como un pacto fundacional de paz para el pueblo colombiano y sus instituciones, hecho que se cristaliza en el reconocimiento de la paz como un fin último del Estado y como un derecho fundamental de todos los seres humanos (Preámbulo, art. 22).

El pacto de paz de la Constitución solo se ha realizado parcialmente (se desmovilizaron cuatro grupos insurgentes y sellaron la paz en su recién estrenada vigencia) porque fuerzas muy grandes y desafiantes se quedaron por fuera del pacto constitucional, fuerzas que ni la política, ni el derecho pudieron atraer hacia sí e ingresarlas a la legalidad y a la vida democrática, como las guerrillas de las FARC y el ELN, que ponen en juicio no solo el pacto constitucional, sino la estructura profunda del Estado como monopolio legítimo de la violencia.8 Y aquí queda la otra gran pregunta que anima esta investigación: ¿cuánto Estado tenemos y hemos logrado construir sobre este suelo al cabo de un accidentado proceso histórico, y cuánto Estado podríamos construir en un eventual porvenir sin guerra?

El primer apartado versa sobre la consagración del derecho fundamental a la paz en la Constitución Política de 1991 y sus implicaciones en el modelo de Estado y de relaciones sociales en el marco de un ordenamiento constitucionalizado: el vivir en paz como un bien inestimable, más allá de toda consideración; el veto irrevocable a la guerra, que se traduce en el reconocimiento del derecho de todos los seres humanos a una vida sin guerras, que implica para el Estado la obligación de renunciar a esta y de resolver de manera pacífica los conflictos tanto internos como internacionales (por medio del diálogo, la política, la jurisdicción, la diplomacia, la mediación, el arbitraje).

En el siguiente apartado se presenta la postura pacifista favorable a la búsqueda de la paz por medio del diálogo, la política y el derecho, y las virtualidades de la política como sucedáneo de la violencia, postura que tiene acogida en la Constitución y que implica el deber de, al menos intentar, dentro de lo posible, dar solución negociada al largo conflicto armado interno, combinando la autoridad con los instrumentos de política general en procura del acuerdo (el diálogo, la negociación con el adversario bajo el escrutinio de la opinión pública nacional e internacional y con la condición de someter a referéndum el eventual acuerdo). De manera que el proceso de paz no es una artimaña política de un gobierno complaciente con la guerrilla, ni el desvarío de un sector romántico y blando del país, como lo hacen ver sus detractores.

El tercer apartado comienza con el análisis de algunos aspectos de la anhelada reconciliación entre los colombianos, como reconciliación política entre viejos enemigos militares y políticos bajo los conceptos de “coexistencia no letal” y “reciprocidad democrática” que llevarían a que los antiguos enemigos dejen de matarse y que todos queden reintegrados como ciudadanos a la vida civil y política (obviamente, habiendo resuelto su situación ante la justicia), y puedan deliberar sobre los asuntos colectivos, sobre la cosa pública, sobre el rumbo del país, y que los ciudadanos, al acudir a las urnas, decidan qué tanto apoyo merecen las tesis políticas de las fuerzas recién integradas al orden jurídico y democrático nacional.

Enseguida se muestra cómo la anhelada consecución del acuerdo de paz y los progresos de la reconciliación nacional afianzarían el proceso de conformación del Estado en Colombia, al lograr el fin de la insurgencia armada, detraer las armas y los recursos militares de manos de particulares y obtener su regreso a la vida civil y a la política democrática y, también, al cumplimiento de la obligación política (el sometimiento al poder central y al derecho), lo que le permitiría avanzar en la configuración del monopolio legítimo de la violencia para cumplir con el cometido básico de garantizar la convivencia pacífica y un orden jurídico-constitucional razonablemente operativo, estable y justo, con elevados niveles de realización de los derechos humanos.

En los dos últimos apartados (4 y 5) se lleva a cabo una discusión de las opiniones que denostan de las conversaciones de paz y reclaman el reavivamiento de la ofen...

Índice

• Portada
• Título
• Derechos de autor
• Sobre los límites y las posibilidades de la justicia restaurativa en contextos transicionales
• Paz con justicia
• El lugar del perdón en la justicia en contextos de transición política
• Justicia transicional. Enigmas y aporías de un concepto difuso
• La cuadratura del círculo: una evaluación temprana del proceso de paz en Colombia
• Diálogos de paz o victoria militar. ¿Paz por medio de la guerra?
• El valor de la palabra. Experiencia de encuentros restaurativos entre víctimas y exmiembros de ETA
• Epílogo