Ocaso del socialismo petrolero
Humberto García Larralde*
* Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Doctor en Estudios del Desarrollo del Centro de Estudios del Desarrollo —CENDES—, y profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela.
El petróleo tuvo un impacto decisivo en el desarrollo económico de Venezuela desde las primeras décadas del siglo XX. Con base en una interpretación particular del Decreto sobre Minas que promulgó Simón Bolívar en Quito, el 24 de octubre de 1829,1 el Estado se arrogó la percepción de los proventos de su explotación en tierra venezolana, alegando ser representante de la nación, dueña esta de los recursos del subsuelo. Con el alza de estos ingresos, se convirtió en ente tutor de la modernización del país, bajo la consigna acuñada por Arturo Uslar Pietri de “sembrar el petróleo”.2 Al caer la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, se formaliza una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, inspirada en los lineamientos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe —CEPAL— de la Organización de las Naciones Unidas —ONU—. Detrás de fuertes barreras proteccionistas y con el auxilio de incentivos financieros y fiscales, una política de “compre venezolano” por el Estado y un poder adquisitivo doméstico inflado por la sobrevaluación de la moneda —todo posibilitado por el ingreso petrolero—, la economía se colocó a la cabeza del continente en muchos indicadores para los años 70.3 El petróleo le ahorró a Venezuela, además, la crisis de su sector externo, padecida de manera crónica por otras economías de la región. Ello fundamentó un ambiente de inflación casi nula, con gran estabilidad macroeconómica.
El boom petrolero de mediados de esa década triplicó, de la noche a la mañana, los ingresos fiscales y alimentó la ilusión —del recién estrenado gobierno de Carlos Andrés Pérez (1973-78)— de que Venezuela podía saltar etapas para alcanzar el desarrollo. El Estado asumió un protagonismo aún mayor, gracias al portento financiero que llenaba sus arcas, convirtiéndose en caso emblemático de PetroEstado, término con que la estadounidense Terry Lynn Karl (1996) explica las distorsiones institucionales asociadas a lo que llamó como la maldición de los recursos naturales (Auty, et al., 2001). En e1 plano político y social, se consolidó un acuerdo de participación en el usufructo de la renta petrolera, denominado por el politólogo Juan Carlos Rey (1991) como “de conciliación de élites”, que forjó los consensos que contribuyeron a estabilizar la democracia venezolana hasta entrados los años 80. Pero las penurias que empezaron a padecerse durante esa década —llamada “perdida”— frustraron las expectativas creadas en torno a la siembra del petróleo, generando un creciente malestar en la población. El programa de ajuste económico del segundo gobierno de Pérez (1989-1993) —continuado luego de contramarchas por su sucesor (Rafael Caldera, 1994-1998)— intentó abrirle paso al país a una estrategia basada en la competitividad de los sectores no petroleros. Lamentablemente, hizo aflorar la inflación que había estado represada por el PetroEstado que se procuraba superar, de gran costo social. Chávez supo capitalizar este descontento para ganar las elecciones de 1998.
1. El tortuoso camino “revolucionario”
Imbuido de una imagen de hombre arrojado, por su fallido intento de golpe de Estado en 1992, el novel presidente prometió barrer las “cúpulas podridas” de los partidos que habían gobernado bajo el Pacto de Punto Fijo4 y “refundar” la Patria. Convoca a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Carta Magna como fundamento de una “Quinta República” que rescataría los sueños atribuidos a Bolívar para con la nación que liberó, traicionados por las mencionadas cúpulas. Pero la nueva Constitución no resultó muy distinta de la anterior.5
En lo que respecta a la economía, introdujo cambios sutiles que consagraron la reserva por parte del Estado de la explotación del petróleo y de algunos recursos naturales de interés estratégico, y abrió una rendija, al principio imperceptible, para “relativizar” los derechos de propiedad. A pesar de estas modificaciones y de una retórica que, de manera creciente, se autoproclamaba “revolucionaria”, los primeros años de su gobierno fueron, ...