Introducción
La Universidad Nacional de Colombia en 1991, a través de su Instituto de Estudios Ambientales (IDEA Manizales) y por petición del Ministerio con competencia ambiental, contribuye a la construcción de los Lineamientos Ambientales de Colombia. Otras iniciativas han fortalecido el tema ambiental en el nivel local como el Biomanizales (1991), las Agendas Ambientales1 (2006), los Grupos de Estudio Ambiental Urbano (Geaur) y el Observatorio Ambiental para el Desarrollo Sostenible en Manizales (2000). En el mismo sentido, en cabeza del Ministerio de Ambiente, otras propuestas como el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (Sigam, 2001), los Proyectos Ambientales Escolares (Praes), el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (Cidea) y los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (Proceda) han aportado a los avances que ha tenido el país en los últimos 25 años.
La gestión ambiental, según la Política de Gestión Ambiental Urbana en Colombia, “es un conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, a partir de un enfoque interdisciplinario y global” (Guhl et al., 1998, p. 17). Este concepto, aplicado a lo urbano, implica un esquema propio y ordenado de gestión ambiental que integre al Estado con los diferentes actores en un proceso completo que incluye, además de la identificación del problema, las soluciones, su puesta en marcha y el seguimiento y evaluación (Pinzón, 2013). Esta gestión demanda un uso selectivo y coordinado de herramientas jurídicas y de planeación, así como de instrumentos técnicos, económicos, financieros y administrativos. La gestión ambiental urbana debe lograr la protección y el funcionamiento de los ecosistemas y mejorar la calidad de vida de la población dentro del marco de la ciudad sostenible (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008).
El informe Bruntland “Nuestro Futuro Común” (World Commission on Environment and Development [WCED], 1987) define el desarrollo sostenible como “un proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y los cambios institucionales son consecuentes con las necesidades tanto presentes como futuras” (p. 9). Ahora que ya ha iniciado el siglo XXI, tres décadas después de la aparición de la proposición de “desarrollo sostenible”, contamos con una noción que, como objeto de estudio, se encuentra sólidamente instalada en todos los campos de las ciencias sociales. Según Panadero (2010) “la sostenibilidad ha consolidado su autonomía intelectual, ha trascendido los límites de sus orígenes, enraizados en la problemática ambiental, y ha enriquecido su significado inicial con otros variados enfoques y contenidos” (p. 50).
Los sistemas de ciudades han conformado la matriz económica, política y cultural global. La población urbana del planeta que en 1970 era del 35 %, ha pasado a más del 50 % en el año 2000 y, para 2030, se espera que tal porcentaje alcance el 90 % (Sorribes, Perelló & Izquierdo, 2001). Por tanto, la gestión ambiental enfocada a lo urbano es una de las prioridades a poner en marcha en el corto plazo.
De esta manera, la sostenibilidad en la gestión ambiental urbana se vincula como concepto que asegura no solo la permanencia en el tiempo, sino también la calidad de la gestión para favorecer a la ciudad sostenible como proyecto colectivo. La sostenibilidad implica la integración de la investigación a sus posibilidades reales de materialización, a través de los actores estratégicos y de sus instrumentos.
En Colombia, es a partir de la Ley 99 de 1993, donde lo urbano empieza a cobrar mayor énfasis con la competencia dada a las grandes ciudades (mayores a 1.000.000 de habitantes) para regular y ejercer autoridad en lo ambiental. Además se inserta lo ambiental en el ordenamiento ambiental, este último entendido como la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación, con el fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible (Artículo 7).
En este sentido, la Política de Gestión Ambiental Urbana de Colombia entiende la ciudad sostenible como:
Aquella que integra la dimensión ambiental, combina el desarrollo económico, la elevación de la calidad de vida y el desarrollo social de su población, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sostiene, ni deteriorar el medio o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008, p. 17).
Por consiguiente, pensar en la ciudad sostenible implica contar con instrumentos jurídicos, financieros y de planificación que, en unísono, con la voluntad y la acción de los diferentes actores (gobierno, empresa privada y sociedad civil), logren alcanzar el objetivo propuesto.
Según el marco jurídico y político nacional, los actores líderes del proceso para la formulación y puesta en marcha de la gestión ambiental urbana se configuran en tres grandes grupos:
* Desde lo gubernamental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) son las autoridades que establecen las políticas y lineamientos que son apoyadas por las Secretarías Municipales de Medio Ambiente. A su vez, estas últimas se encargan de los asuntos ambientales a escala local. Otras entidades del Gobierno con competencia y autoridad ambiental son: la Policía Nacional, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
* Desde el ámbito público-privado y privado, son las organizaciones como la Cámara de Comercio, las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, la empresa privada y los comerciantes y prestadores de servicios, los que deben involucrarse en el proceso para apoyar los proyectos ambientales de importancia estratégica, con su conocimiento y capacidad de gestión.
* Y, finalmente, la sociedad civil y la comunidad organizada, las cuales, a partir de un gran número de actores, protagonizan el hacer del objetivo final de la gestión ambiental urbana. Estas son quienes poseen la mayor interacción con el ambiente y, por ello, su impacto es significativamente representativo para la gestión ambiental.
Uno de los instrumentos que facilita la gestión ambiental de la ciudad sostenible es el Observatorio Ambiental para el Desarrollo Sostenible, escenario estructurado desde la experiencia del Biomanizales a partir del año 1993 (Fraume, 2017) y liderado desde el IDEA de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, en compañía de expertos de Latinoamérica apoyados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Este grupo logró definir un conjunto de indicadores para monitorear el desarrollo sostenible en el municipio de Manizales, cuya base comprende tres dimensiones (Social, Económica y Ambiental), nueve componentes, 44 variables y 184 indicadores asociados (tabla 1). En el Valle del Cauca y, particularmente en los municipios de Palmira, Guadalajara de Buga y Tuluá, esta estructura se ajustó al separar lo político institucional de lo económico y reducir el número de indicadores y variables.
Tabla 1.1.
Estructura del Observatorio Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Biomanizales
Observatorio Ambiental para el Desarrollo Sostenible Social Ambiental Económico |
Social | Ambiental | Económico |
Bienestar | Recursos naturales | Eficiencia |
Equidad | Riesgos | Inversión |
Organización para la participación ciudadana | Eficiencia energética Saneamiento | |
14 variables | 15 variables | 15 variables |
66 indicadores | 60 indicadores | 58 indicadores |
Fuente: elaboración propia con información del Observatorio Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Biomanizales.
En el Valle del Cauca, la gestión ambiental urbana visibiliza sus primeros pasos con iniciativas como la Agenda Ambiental (2002) y el Sistema de Gestión Ambiental Municipal - Sigam (2002). Ambas propuestas son fruto de las experiencias piloto lideradas desde el Ministerio de Ambiente con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, una de ellas en el municipio de Palmira. Posteriormente, en el año 2006, el IDEA Manizales, en coordinación con el IDEA Palmira, ponen en marcha el fortalecimiento de la gestión ambiental urbana en cinco municipios del Valle del Cauca. Otras iniciativas que complementan el panorama regional son la elaboración de un conjunto de indicadores propuesto por el Sistema Básico de Información Municipal (Sisbim), junto con algunos procesos iniciados a favor de la educación ambiental, como el Cidea, los Praes y los Proceda, los dos últimos liderados por actores más locales como las instituciones educativas y organizaciones comunitarias y ambientales.
Es importante distinguir de estas iniciativas territoriales su carácter de implementación, pues mientras unas se implementan por voluntad del gobierno, entidades o comunidad (Sigam, Agenda Ambiental, Sisbim, Proceda) y tienen gran éxito en el conocimiento de las condiciones ambientales urbanas para una mejor toma de decisiones, otras surgen por el cumplimiento a un requisito de la normatividad vigente (Praes, Cidea) que en la mayoría de los casos no prosperan. Lo anterior muestra que la gestión ambiental urbana debe ser un proceso de interés colectivo y comprender todos los ámbitos de la sostenibilidad, no solamente lo jurídico.
De los 42 municipios del Valle del Cauca, se eligieron cinco para avanzar, de manera particular, en la gestión ambiental urbana desde la experiencia del Biomanizales: Palmira, Buenaventura, Guadalajara de Buga, Tuluá y Cartago. Sus ciudades comparten características de su realidad urbano-ambiental, como su talla poblacional media (entre 100.000 y 300.000 habitantes), la localización estratégica de cuatro de ellas a lo largo del valle geográfico del río Cauca y de la vía nacional Troncal de Occidente, así como ser polos dinámicos de desarrollo regional y urbano de tipo económico y social. Dicho rol convierte a estas cinco ciudades capitales en comunidades estratégicas para impulsar la sostenibilidad ambiental y urbana hacia hechos viables, con alta posibilidad de concreción a más corto plazo.
De modo que las ciudades de Palmira, Guadalajara de Buga y Tuluá, bajo la coordinación de la Universidad Nacional de Colombia y el IDEA - Palmira2, y el apoyo local de otras instituciones de educación superior en cada una de las tres ciudades (Guadalajara de Buga: Universidad del Valle e Instituto Técnico Agrícola, ITA; Tuluá: Universidad Central del Valle del Cauca; y Palmira: Universidad Nacional de Colombia)3 logran iniciar p...