Las huellas del desarrollo

Intersecciones entre conflicto, reconfiguración social y pacificación en Colombia

Juan Carlos Sánchez Sierra, Catalina Acosta Oidor, Alejandra Mahecha Laiton, Ana María Púa Olivo, Fanny Elizabeth Ortiz Ruiz, Catalina Quiroga Manrique, Adriana Sofía Simbaqueba Tolosa, Angie Bermúdez Naranjo, Nicole Ruiz Navarro, Diego Alejandro Ballén Velás, Paola Alejandra Botero Sandoval, Suad Y

• Editorial: Ediciones USTA
• Año: 2019
• ISBN:
  9789587822212
• Categoría: Ciencias biológicas
• Categoría: Conservación y Protección del Medio Ambiente

Una de las acepciones de la palabra huella habla de la señal que deja el ser humano en la tierra por donde pasa. Entendiendo la tierra como el territorio, en esta obra el lector encontrará un análisis de las marcas que deja un paradigma de desarrollo económico, que no tiene en cuenta el bien común y solo prioriza la creación de una supuesta riqueza: afectaciones al medioambiente, violación de derechos humanos, ataques a la población y violencias. La mejora de las condiciones materiales de vida y de los indicadores económicos es una meta legítima, pero, como se recoge en estas páginas, no al precio de pasar por encima del equilibrio socioambiental; no a costa del medioambiente y de las personas.

PARTE I

DESARROLLO Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES:
LOS PROCESOS DE DESCOMPOSICIÓN
Y ALTERNATIVAS DE RECONFIGURACIÓN SOCIAL

Un análisis de la legislación y las instituciones para la planificación del desarrollo extractivista minero en Colombia

ALEJANDRA MAHECHA LAITON*

ANA MARÍA PÚA OLIVO**

FANNY ELIZABETH ORTIZ RUIZ***

El debate actual sobre la explotación minera y sus efectos sobre la población, el medioambiente y la economía, permite analizar diferentes perspectivas acerca del modelo económico que se está implementando en nuestro país. Para entender de qué forma Colombia ha padecido los efectos del modelo extractivista de impulso económico en América Latina, es necesario analizar elementos como el territorio y el marco jurídico, ya que son factores que aportan a la creación y al desarrollo de las políticas públicas de Colombia. Para efecto de esta investigación es importante hacer un estudio de los procesos legislativos y las intervenciones institucionales que han repercutido en el desarrollo de una política ambiental en torno al agua y a la explotación de los recursos mineros. En este capítulo se busca entablar una discusión con las facetas más importantes en términos de política ambiental minera y los organismos de control vigente, así como analizar el marco institucional que los opera y gestiona para ofrecer resultados de impacto como beneficio o detrimento para el conjunto de la sociedad.

El despegue en la exploración de hidrocarburos y minerales promovió el ingreso del capital extranjero y determinó parte del modelo de desarrollo en Colombia, por lo tanto es importante conocer la legislación que definió parte del ordenamiento territorial y el control de esos recursos naturales. El texto se desarrolla entonces en cinco partes. En primer lugar, se presenta una revisión histórica de las principales ideas de desarrollo implementadas en Colombia desde la década de 1950. En segundo lugar, se exponen los antecedentes de la legislación minera previa a la crisis ambiental que se generó en la década de 1970. Es clave resaltar que el impacto de esta crisis fue de carácter global, lo que ocasionó que en la comunidad internacional surgiera una preocupación por la protección del medioambiente. En tercer lugar, se analizan las transiciones del marco legal de la minería en Colombia desde una perspectiva ambiental e institucional. En cuarto lugar, se identifican los efectos de la transición institucional que se originó a partir de 1986 y se hace énfasis en los impactos directos del cambio constitucional sobre la política pública ambiental y minera. Finalmente, se discute la importancia de establecer una estructura legal fuerte que responda a los requerimientos ambientales y económicos que requiere el país.

De la planificación para el desarrollo al desarrollo extractivista

El objetivo de esta sección es reconocer cuáles han sido los principales cambios de la legislación minera en Colombia, que desde la época de la Colonia y desde el primer decreto sobre minas que expidió Simón Bolívar en el año 1829, se ha transformado constantemente para responder a las necesidades y requerimientos de este sector económico. En Latinoamérica, al igual que en Colombia, se hizo necesaria la existencia de una legislación que regulara este tipo de actividad, que de no llevarse a cabo dentro de ciertos estándares, puede ser muy perjudicial principalmente para el medioambiente y las comunidades aledañas a zonas mineras. Durante la época colonial, a comienzos del siglo XVI, los conquistadores españoles ocuparon el territorio colombiano. Cuando terminó esta etapa, los residentes continuaron con la práctica en los lugares señalados por los nativos, lo cual permitió que se consolidaran modelos de organización y sistemas de explotación más eficientes para obtener metales preciados, principalmente oro en las fuentes naturales. De esta manera se formalizó la minería en nuestro país; los Gobiernos de la Colonia implementaron la legislación minera que regía en España y bajo esta premisa se impuso formalmente la actividad minera en lo que hoy corresponde al territorio colombiano (Poveda, 2002).

Durante la época de la República, Simón Bolívar expidió el primer decreto sobre minas, el cual fomentó de manera legal la minería y presentó a esta actividad extractiva como una de las principales fuentes de la riqueza pública. No obstante, la legislación minera colombiana se ha trasformado desde su implementación en 1829, atendiendo las diversas etapas que ha atravesado el país, diferenciadas por Gobiernos con distintos tintes políticos y visiones económicas, así como cambios en el contexto internacional y en época reciente con la proliferación de organizaciones de protección al medioambiente; todos estos fenómenos a lo largo de la historia del país han condicionado auges y crisis del sector minero, para la explotación de oro, carbón, níquel, esmeraldas y zafiros, minerales tradicionales que permitieron la conformación de un sector minero exportador sólido.

El extractivismo se ha constituido como un modelo de acumulación que empezó a configurarse desde la Conquista y en procesos de colonización en países de Asía, África, Norteamérica y América Latina (Acosta, 2008). El éxito de esta actividad la ha colocado como un modelo de desarrollo por seguir para impulsar la economía de muchos países. El extractivismo no es una práctica nueva; sin embargo, la forma de entenderlo en la actualidad suele estar ligada a la corriente neoliberal; esta situación puede entenderse a partir del concepto capitalismo minero, donde las grandes empresas toman ventaja de la interconexión política y económica que el mundo globalizado de hoy les ofrece, lo cual facilita la obtención de recursos y la apropiación de los territorios débilmente establecidos, donde la presencia del Estado, las instituciones o una autoridad estatal que imponga la ley es precaria, factores que en conjunto han permitido encontrar un ambiente propicio para maximizar sus beneficios a cualquier costo (Pardo, 2013).

Las principales motivaciones de la expansión imperialista de Europa hacia América Latina se definió a partir de tres elementos: la extracción de los metales preciosos como el oro y la plata, el uso de tierras, y la explotación de la fuerza de trabajo. Lo anterior demuestra cómo el imperialismo extractivo ha desarrollado varias formas de conquista a lo largo de la historia del capitalismo comercial, pasando del capitalismo industrial al surgimiento del capitalismo monopólico que hasta la actualidad sigue vigente a través de las megacorporaciones globales aliadas con el capital financiero (Veltmeyer, 2011). En Colombia, durante las últimas tres décadas, los Gobiernos han intentado incentivar la economía del país mediante estrategias que atraigan multinacionales mineras para la explotación del subsuelo en áreas rurales, donde al interior de las comunidades se han desatado conflictos socioambientales con la llegada de dichas empresas, que no solo explotan los recursos naturales, sino también desmantelan la tranquilidad de las comunidades mediante estrategias a menudo engañosas y violentas.

Colombia es un claro ejemplo de cómo el modelo de extracción de recursos naturales se ha constituido como una forma de desarrollo para el país, dejando de lado los intereses sociales y culturales de las comunidades afectadas por la llegada de corporaciones, que pretenden lucrarse por medio del subsuelo que se explota a lo largo y ancho del país. En el desarrollo de esta investigación se realiza un balance del marco legal que rige la ejecución minera en Colombia desde una perspectiva institucional y ambiental, con el propósito de determinar cuáles leyes e instituciones balancean el desarrollo y la acumulación extractivista.

Estabilización del modelo de desarrollo económico en Colombia (1950-1970)

Durante los primeros años del siglo XX, los metales fueron los únicos productos de la minería nacional y Colombia logró integrarse a la economía mundial a través del oro como producto de exportación. Como lo afirma Molina (2011), esta incursión en la economía capitalista permitió que se desarrollaran habilidades técnicas y empresariales, generó una distribución amplia del ingreso por exportaciones e impulsó el consumo de bienes manufacturados, lo que permitió la acumulación de capitales que se invirtieron en otros sectores como la banca, el transporte, la agricultura y la financiación del Estado.

Las crisis provocadas por los sucesos de los años treinta y posteriormente los impactos generados por la Segunda Guerra Mundial obligaron a la clase dirigente del país a replantear la estrategia de desarrollo sustentada en el modelo primario exportador, para adoptar una política deliberada de industrialización como alternativa viable de desarrollo (Pineda, 1991); fue ahí cuando Colombia adoptó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, por lo que el sector industrial se fortaleció y llevó al país a una fase de modernización del aparato productivo (1945-1956)1, donde la minería se constituyó como uno de los rubros con menores aportes porcentuales al producto interno bruto (PIB).

Los cambios estructurales de la fase de industrialización que se dio entre 1945 y 1956 coincidieron con el proceso de ajuste de las políticas económicas de los Estados Unidos y de Europa Occidental, lo cual significó un progresivo impulso modernizador para que el proceso extractivo de minerales respondiera a las dinámicas internacionales. En este contexto económico del país, surgieron cambios en la legislación minera; Becerra (2013) señala que en la década de los cincuenta el Estado definió con mayor claridad la política del sector, y acota las siguientes especificaciones: a) la exploración y explotación de recursos naturales no renovables estarían lideradas por empresas estatales, b) estas empresas podrían realizar dichas actividades directamente o mediante terceros y c) cuando estén asociadas para exploración/explotación de hidrocarburos se hará a través de contratos de asociación y para el carbón con contratos de aporte minero.

Después de la década de 1950, las explotaciones de productos primarios en Colombia empezaron a constituir una forma de financiar el desarrollo, por lo cual el Estado incrementó la otorgación de contratos y concesiones de explotación minera a nacionales y a empresas extranjeras. Pécaut (1988) habla de la política económica, la planificación hacia el desarrollo, la progresiva ampliación de medidas que favorecen la inversión extranjera y aumentan por vía de exenciones de impuestos y contratos favorables, la llegada de grandes empresas extractivas. La política económica del Gobierno de Carlos Lleras (1966-1970) implementó diferentes proyectos económicos orientados a fomentar las inversiones extranjeras2, pues, según Pécaut, “Lleras desde antes de su posesión deseaba cierto control de las inversiones extranjeras y del uso de los créditos internacionales”. Al mismo tiempo, este Gobierno se había fijado como primer objetivo elevar las inversiones públicas así como la capacidad de intervención del Estado, esto con el fin de suplir la inversión privada en los sectores donde no era suficiente3.

Una disminución en las exportaciones generó que desde 1957 se empezaran a implementar incentivos a las exportaciones; estos fueron particularmente orientados a reanimar el sector productivo minero que durante este período se destacó por no producir para el consumo doméstico, ya que todo era dirigido a las exportaciones.

Se deben mencionar las medidas adoptadas por el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo. La decisión de dejar flotante la tasa de cambio, y por lo tanto de practicar una devaluación flexible y continua, constituía un impulso no despreciable. Más importante aún fue la instauración, en 1967, de un subsidio a las exportaciones, el CAT (Certificado de Abono Tributario), equivalente al 15 % del valor de los productos exportados, subvención de la que solo se excluían las exportaciones de café, madera y cuero. (Pécaut, 2006, p. 192)

En resumen, el balance del Gobierno de Lleras es desde muchos puntos de vista ambiguo, pues hubo un incremento en la producción industrial y la expansión del PIB continuó, sin embargo la producción agrícola y cafetera obtuvieron las tasas de crecimiento más bajas.

Como lo afirma Pécaut, el rápido desarrollo capitalista de Colombia tuvo una estrecha relación con el capitalismo internacional si se tienen en cuenta las filiales de las empresas multinacionales extranjeras que durante la época acentuaron sus actividades en territorio colombiano. Durante el Gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) el Estado reafirmó los de...

Índice

• Cubierta
• Portadilla
• Página legal
• Contenido
• Prólogo
• Introducción: Desarrollo, cambio político y coyuntura económica: la transición hacia la implementación de los acuerdos de La Habana en Colombia 2016-2018
• PARTE I: DESARROLLO Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES: LOS PROCESOS DE DESCOMPOSICIÓN Y ALTERNATIVAS DE RECONFIGURACIÓN SOCIAL
• PARTE II: LÍMITES Y REALIDADES DE LA PACIFICACIÓN SIN DESARROLLO: MOVILIZACIÓN Y ALTERNATIVAS SOCIALES
• PARTE III: PROCESO DE PAZ Y ACUERDO. LÍMITES Y REALIDADES DE LA PACIFICACIÓN DE CARA AL DESARROLLO
• Conclusiones
• Sobre los editores
• Cubierta posterior