Ayudando a los chilangos
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Ayudando a los chilangos

Solidaridad, políticas, redes y subjetividades en Turbo, Antioquia

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Ayudando a los chilangos

Solidaridad, políticas, redes y subjetividades en Turbo, Antioquia

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El tapón del Darién, esa extensión selvática en la frontera entre Panamá y Colombia es, desde la última década, un escenario de migración trasfronteriza. Es, a su vez, un lugar biodiverso, con 5790 kilómetros de selva, que une a Suramérica con Centroamérica.El trabajo Ayudando a los chilangos: solidaridad, políticas, redes y subjetividades en Turbo, Antioquia describe los flujos migratorios en esta frontera, donde personas de diferentes nacionalidades (cubanos, haitianos, cameruneses, somalíes, entre otros) cruzan diariamente, intentando llegar a Estados Unidos. Esta etnografía explora el fenómeno de la suspensión migratoria, un punto intermedio entre el lugar de origen y destino de la trayectoria que hacen los migrantes, un espacio de desaceleración y creación de planes para seguir adelante.Las migraciones en esta región de Colombia han pasado desapercibidas por el Estado colombiano, sin embargo, en agosto de 2016, el Estado tuvo que enfrentarse a una crisis humanitaria cuando más de 3500 cubanos se quedaron estancados en el municipio de Turbo por el cierre de la frontera en Panamá. Este episodio ocurrió antes de que se presentara un incremento en la llegada de migrantes venezolanos al país y dio luces sobre las contradicciones latentes en las políticas migratorias estatales, así como en la reacción de las instituciones locales en las zonas de frontera.La migración trasfronteriza en Turbo tiene una particularidad: se desarrolla en una región históricamente en conflicto, donde la atención humanitaria ha sido una necesidad latente.Así, migrantes y población local tienen en común un marco de significado compartido: el desplazamiento, la necesidad y virtud de crear redes para vivir y la hospitalidad, haciéndole contrapeso a las políticas restrictivas del Estado.

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Información

Capítulo 1
Migración irregular, un fenómeno incomprendido por el Estado colombiano
...Aquellos que nombran lo que no puede
ser llamado, quienes rompen las fronteras y hacen saltar los cerrojos, funden caminos
entre el camino,
van más allá
ALI AHMED SAID—ADONIS
Las migraciones en la frontera entre Colombia y Panamá se han desarrollado al margen de la presencia del Estado colombiano. El Urabá antioqueño y la región norte del Chocó, limitantes con Panamá, históricamente han sido territorios en disputa por los grupos armados, incluyendo a la guerrilla de las FARC, al ELN y a las autodefensas, cuyos reductos se han reconfigurado bajo el nombre de ‘Clan del Golfo’. Esta condición, sumada a otras relacionadas con la debilidad institucional a nivel del Gobierno central, ha eclipsado los flujos migratorios y la precariedad de las poblaciones que habitan en la frontera.
El propósito de este capítulo consiste justamente en describir, desde la experiencia etnográfica y la antropología de las políticas públicas, las dificultades que tienen que sortear los migrantes ante una ausencia del Estado que se materializa en políticas contradictorias, desconexión interinstitucional, fragilidad en los sistemas de protección y persecución de la población migrante.
Esta región fronteriza acaparó la atención de los medios de comunicación en julio de 2015. Fue entonces cuando se hizo evidente el flujo masivo de migrantes en la zona. Tras el cierre de la frontera para migrantes irregulares, decretado el 9 de mayo por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se presentó una especie de ‘represamiento’ en Turbo. La situación llegó a tal punto que, después de varias semanas, 1300 migrantes cubanos terminaron viviendo en una bodega y casas aledañas prestadas por la comunidad. En los alrededores de este albergue improvisado se asentaron cerca de 3000 cubanos (Loaiza, 26 de julio de 2016). El episodio no solo reveló un flujo incesante que estaba pasando desapercibido; también demostró la ausencia de políticas públicas enfocadas a intervenir la migración irregular.
¿A dónde llegan los migrantes indocumentados cuando están en Turbo?, ¿existe un lugar como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes—CETI—de España, el cual es concebido como un supuesto dispositivo de primera acogida y prestación de servicios básicos?
Estas fueron dos de las primeras preguntas que surgieron cuando conocí el suceso. Los reportes de los medios de comunicación mostraban a cientos de familias cubanas durmiendo en el suelo, en carpas improvisadas o en los pasillos de casas de familia. La Iglesia fue la primera organización que hizo presencia en el lugar, entregando víveres y frazadas. Más tarde llegarían otras Migración irregular, un fenómeno incomprendido por el Estado colombiano entidades, como Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja.
La entidad encargada de ejercer el control como autoridad migratoria en el país es Migración Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. En Antioquia y Chocó tienen cuatro puestos de control migratorio, ubicados en Turbo (Antioquia), Capurganá (Chocó), Juradó (Chocó) y Bahía Solano (Chocó). Estos puestos están estratégicamente ubicados, pues, de acuerdo con las trayectorias migratorias que han logrado detectar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Organización Inter-nacional de Migraciones—OIM—, después de llegar a Ecuador los migrantes continúan su ruta por Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Chocó, hasta llegar a Panamá. Es por esta razón que Migración Colombia tiene puestos de control en los puntos mencionados. El paso más concurrido es el de la selva del Darién, el cual, si es cruzado con éxito, permite que los migrantes se conecten con la vía Panamericana en Panamá, carretera clave para continuar el camino por Centroamérica hacia Estados Unidos. En Capurganá, punto de entrada de la selva del Darién, está ubicado uno de los puestos de control de Migración Colombia.
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Figura 1. Puestos de control migratorio instalados por el Ministerio de Relaciones Exteriores
Fuente: Elaboración propia con Google Maps.
Así estén estratégicamente ubicados, los puestos de control migratorio no tienen mayor incidencia y se limitan al registro de migrantes. Cuando llega un migrante indocumentado, la entidad entrega un salvoconducto por 5 o 15 días, dependiendo de las circunstancias, para que la persona abandone el país. En Turbo, el puesto de control es apenas visible. Es una casa blanca, ubicada en una esquina, a unas cinco cuadras del muelle principal. Adentro, una recepción, unas sillas de espera y dos oficinas. Usualmente trabajan cinco funcionarios. No hay espacios para los migrantes, ni es permitido que pasen la noche en el lugar. Tampoco brindan servicios de salud o de primeros auxilios.
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Figura 2. Oficinas de Migración Colombia en Turbo
Fuente: Archivo personal de Santiago Valenzuela.
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Figura 3. Cambuches improvisados de migrantes cubanos.
En ellos los migrantes cubanos vivieron durante tres semanas y en algunos casos un mes.
Fuente: Cortesía de un migrante cubano.
El episodio del ‘represamiento’ de cubanos en Turbo develó que la confusión sobre cómo enfrentar la situación se extendía al nivel central de la institucionalidad, es decir, hasta las oficinas de la Cancillería en Bogotá. El Ministerio de Relaciones Exteriores mantuvo diferentes discursos. En un comienzo, la ministra María Ángela Holguín se mostró renuente a establecer un diálogo con los migrantes cubanos, entre otras razones, porque la mayoría pedía un vuelo directo hasta México (El Tiempo, 9 de junio de 2016). La respuesta, por el contrario, fue establecer plazos para que los migrantes abandonaran el país ‘voluntariamente’. La siguiente opción, como lo hizo público Migración Colombia, serían las deportaciones (El Tiempo, 26 de julio de 2016).
La amenaza de deportación puso en entredicho la legislación colombiana en relación con los migrantes irregulares. El contrapeso a las decisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo en manos de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Turbo y la Iglesia. Los derechos humanos de los migrantes fueron el principal argumento para que se opusieran a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional. La discusión, sin embargo, terminó evidenciando la ambigüedad de la legislación colombiana en materia de migraciones.
1.1. ¿Cómo analizar las políticas públicas a la luz de la antropología?
Antes de estudiar la legislación colombiana en materia migratoria, vale la pena señalar cuáles son los desarrollos y aportes que se han presentado desde la antropología para analizar tanto las leyes como las políticas públicas. Uno de los aportes más reconocidos en la academia en esta materia es la corriente de Anthropology of Policy, desarrollada por Chris Shore y Susan Wright, en 1997. A partir de un enfoque metodológico cualitativo, los autores propusieron no solo revisar los discursos que esconde cada política pública, sino los sujetos que están encargados de estructurarlas de manera ‘neutral’ y, por otro lado, las instituciones que tienen el deber de implementarlas.
El análisis de las políticas públicas a la luz de las ciencias sociales ha cobrado especial relevancia en las últimas décadas. De fondo se encuentra una razón central: en los Estados modernos, las políticas públicas son utilizadas como instrumentos de organización de las sociedades contemporáneas (Gil Araujo, 2006 p. 70). Es a través de las políticas públicas que los Estados establecen categorías y roles específicos para los sujetos. Un ejemplo serían los inmigrantes, quienes tienen un margen de acción limitado de acuerdo con los lineamientos de cada Estado.
Teniendo en cuenta la importancia de las políticas públicas en la interiorización de comportamientos y roles por parte del sujeto, Shore y Wright proponen un análisis de las mismas ahondando en conceptos como institución, ideología, conciencia, normas, poder, retórica, discurso, interpretación y sentido. A través de estas herramientas conceptuales, el análisis antropológico puede dar luces sobre cómo las políticas públicas reconfiguran las relaciones entre el sujeto y el Estado. Las políticas públicas, como lo aseguran Shore y Wright, no solo imponen condiciones, también influyen en las conductas de las personas. En síntesis, afectan directamente la agencia y la subjetividad del individuo.
Una mirada antropológica a las políticas públicas no solo se limita al análisis de los modos de gobierno, sino que siguiendo un enfoque foucaultiano, incluye las redes y las relaciones entre discursos, actores e instituciones para comprender al sujeto. Como lo explica Gil Araujo, “las políticas públicas suelen contener concepciones sobre los objetos de su intervención, propuestas normativas y fines que se pretenden alcanzar (bienestar público, sociedad cohesionada, educación intercultural, participación ciudadana, inserción laboral) e imágenes sobre las sociedades en las cuales se elaboran” (2006, p. 72).
Las políticas públicas no son neutrales. En sus formulaciones subyacen presunciones sobre el deber ser de las cosas. Términos como migrante ilegal, migrante irregular o migrante indocumentado agrupan diferentes visiones no solo sobre la migración, sino sobre el discurso de seguridad y soberanía que asume cada nación. En este orden de ideas, Shore y Wright proponen leer las políticas públicas como textos culturales, en donde unas voces prevalecen más que otras y donde se privilegian ciertos tipos de discursos. De esta manera, las políticas pueden representar un espacio para comprender las relaciones de poder entre política, subjetividad y Gobierno.
Existen algunas posturas teóricas que, en lugar de otorgarle relevancia a las políticas públicas, hacen énfasis en el proceso de globalización y desterritorialización de las subjetividades. Arjun Appadurai, por ejemplo, ha demostrado que categorías como identidad ya no están necesariamente sujetas a límites geográficos o a un Estado en particular. Las aspiraciones individuales, por ende, han ido perdiendo conexión con el Estado nación. No obstante, este marco social obliga a los Estados a fortalecer la identidad nacional a través de diferentes mecanismos, como el énfasis en la soberanía y en la formulación de políticas migratorias restrictivas.
La identidad nacional ha sido utilizada por algunos Gobiernos para legitimar prácticas administrativas que “regulan la vida cotidiana de cada ciudadano” (Gil Araujo, 2006, p. 73). Las políticas públicas evidencian nuevas concepciones sociales, como mayoría moral, capitalismo popular, ciudadanía activa, soberanía del consumidor, entre otras. En relación con la migración, las políticas públicas son determinantes para reproducir fronteras sociales, culturales, económicas y espaciales. Con este instrumento, el Gobierno decide, con apariencia de ‘neutralidad’, a qué migrantes ‘integra’, a cuáles no y qué margen de acción tiene cada extranjero en su territorio.
En las políticas europeas es evidente, por ejemplo, que la Unión Europea formula las políticas relacionadas con la migración en relación con la desterritorialización de la soberanía, influyendo en las fronteras de países vecinos, principalmente de África (Papadopoulos, Stephenson y Tsianos, 2008, p. 173). Más que un asunto regional, la política internacional relacionada con la migración irregular le apunta al establecimiento de controles globales de la migración a través de acuerdos con diferentes países, tanto de origen como de destino. Estos nuevos controles se transforman en políticas de seguridad escasamente analizadas y operadas por instituciones que funcionan al margen de una negociación pública con la ciudadanía.
En Colombia, los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social—Conpes—son utilizados frecuentemente para formular políticas públicas. En materia migratoria, el Conpes 3603 de 2009 crea la Política Integral Migratoria—PIM—. El análisis de estos documentos permite, por ejemplo, indagar quiénes los escribieron, qué relaciones de poder tienen y a qué argumentos aluden para presentar una forma ‘idónea’ de ‘afrontar’ la ‘problemática’ que para el Gobierno representan las migraciones. Como tecnología de gobierno, las políticas públicas también son mecanismos “a través de los cuales distintas clases de autoridades buscan conformar, normalizar, guiar e instrumentalizar las aspiraciones, pensamientos y acciones de los otros, con el objetivo de alcanzar los fines que consideran deseables” (Gil Araujo, 2006, p. 75).
Para analizar la legislación colombiana a la luz de la metodología de Antrhopology of Policy, es pertinente tener en cuenta los siguientes elementos: documentos históricos, como leyes, decretos y actas; entrevistas a funcionarios y formuladores de políticas públicas y marcos normativos y de gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos documentos son claves para comprender cómo se establecen criterios universales a partir del lenguaje, el género y el poder desde los que se escriben las normas.
Una de las características de las políticas públicas y de los documentos ‘técnicos’ que presentan las entidades como bases de los proyectos de ley, por ejemplo, es que están escritas con aparente neutralidad. Sin embargo, esa apariencia no deja de ser un modo políticamente correcto de redactar un documento que tiene claros fines políticos (Wedel, 1999, p. 695). En antropología, el análisis del discurso subyacente en las políticas públicas, así como el estudio sobre el contexto en el que se formulan permiten revaluar la aparente objetividad del Estado.
1.2. Migrantes irregulares, sin un piso jurídico en Colombia
La relación entre el Estado colombiano y las migraciones se ha caracterizado por una desarticulación institucional y una confusión permanente entre los lineamientos jurídicos para inmigración y emigración. El episodio de Turbo es tan solo un reflejo de la contradicción entre la ley y el funcionamiento de las instituciones. Como lo mostraremos más adelante, las deportaciones que ejecutó el Ministerio de Relaciones Exteriores se desarrollaron sin tener en cuenta elementos fundamentales de los derechos humanos, como el debido proceso.
Que Colombia no tenga una ruta clara respecto a la legislación migratoria se debe, en mayor medida, a las escasas olas migratorias que han llegado al país. A diferencia de lo que sucedió con otros países de América Latina, Colombia no resultó atractiva para los movimientos de poblaciones del siglo XIX. “El país quedó por fuera de las rutas migratorias más codiciadas de los migrantes internacionales debido, en gran parte, a que mantuvo una política de inmigración selectiva, en contraste con las políticas de países como Argentina y Brasil, naciones que no solo permitieron sino favorecieron la llegada y el asentamiento de decenas de miles de inmigrantes en sus territorios” (Ciurlo, 2015, p. 4).
Pese a que Colombia no tuvo un ingreso importante de extranjeros, existen registros de grupos poblacionales que se asentaron en diferentes zonas del país, como personas de origen sirio-libanés en la costa Atlántica (Fawcett, 1991) y la colonia japonesa en Cauca y Valle del Cauca (Sanmiguel, 2006). A estos grupos se suma la inmigración judía, que se fortaleció a finales del siglo XIX en ciudades como Valledupar, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. También a finales del siglo XIX se registró la llegada de población alemana en los departamentos de Santander y Boyacá, así como el arribo de migrantes franceses en la región del Urabá (Wabgou, Vargas y Carabali, 2012, p. 5).
Hasta mediados del siglo xx el Estado colombiano respaldó la inmigración laboral, principalmente para incentivar el desarrollo económico en las regiones. Teniendo en cuenta el ‘retraso técnico’ que existía en el desarrollo rural, el Estado optó por favorecer la llegada de campesinos y artesanos, para darle paso después a técnicos, maestros, mineros, industriales e inversionistas (Ciurlo, 2015, p. 7). En este proceso el Estado fue selectivo. En 1930 introdujo un depósito de garantía para trabajadores extranjeros y fijó cupos para el ingreso de migrantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno catalogó a los migrantes como instrumento de crecimiento económico y demográfico, generando una jerarquización entre la nacionalidad de migrantes que se presentaban (Mejía, 2011). Se favoreció, desde entonces, la llegada de norteamericanos y europeos.
Hasta la década de los ochenta la migración tuvo ...

Índice

  1. Cubierta
  2. Anteportada
  3. Portada
  4. Página de derechos de autor
  5. Autora
  6. Contenido
  7. Lista de abreviaturas y siglas
  8. Lista de cuadros y figuras
  9. Agradecimientos
  10. Introducción
  11. Capítulo 1. Migración irregular, un fenómeno incomprendido por el Estado colombiano
  12. Capítulo 2. Subjetividad y migraciones: saber migrar
  13. Capítulo 3. “A los chilangos los ayudamos”: el desplazamiento y la violencia como marcos de significado compartidos
  14. Conclusiones
  15. Referencias
  16. Contracubierta