Anexo II
Documentos
1) Volante repartido en las ciudades de Venezuela hacia el segundo semestre de 2000.
A SER CONSIDERADO POR LA COMISIÓN LEGISLATIVA NACIONAL. FRENTE SIMÓN BOLÍVAR DEL SOBERANO PUEBLO DE VENEZUELA.
CONSIDERANDO: Que desde el año 1940 comenzó el flujo de extranjeros a Venezuela de las siguientes latitudes: España, Italia y Portugal.
CONSIDERANDO: Que existe un instrumento legal, específicamente la Ley de Extranjeros, que regula las actividades que ellos deben de realizar en nuestra geografía patria.
CONSIDERANDO: Que lo menos que hacen estas personas en el país es cultivar la tierra, sino que, por el contrario, su preferencia es registrar actividades que por su misma naturaleza constituyen una afrenta contra la salud espiritual y mental de nuestro gentilicio venezolano, y que las mismas son: bares donde se prostituye a las venezolanas, prostíbulos, casas de citas, clubes y hoteles y otras que en el futuro serán enunciadas.
CONSIDERANDO: Que las otras actividades donde ellos se meten y especulan al venezolano son supermercados, abastos, bodegas, farmacias y clínicas privadas, incluso ejerciendo de acaparamiento de los rubros básicos de la cesta del pueblo venezolano, desconociendo como empleadores los derechos de las personas, es decir, de los venezolanos que les prestan servicio, en los hoteles son mal remunerados, humillados y hasta les han desconocido sus prestaciones sociales. Igualmente esto ocurre en sus supermercados, abastos, bodegas, bares, clubes, restaurantes y farmacias, donde la mayoría del pueblo venezolano tiene que trabajarle a los extranjeros, por la necesidad que tienen. En las rutas de autobuses también practican estas vagabunderías.
CONSIDERANDO: Que aun habiéndose nacionalizado o tenido sus hijos en territorio patrio, estos seguirán siendo europeos y que por sus venas sigue corriendo el desprecio hacia nuestros símbolos patrios y contra el venezolano. Que lo único que anima a estos portugueses, españoles e italianos es lucrarse, llenarse de dinero porque ellos no quieren a Venezuela, sino su fortuna. Venezuela les abre las puertas y ellos se aprovechan para humillar y maltratar al generoso y bueno pueblo venezolano.
ACUERDA:
Artículo 1. Que el pueblo venezolano constituya tribunales populares con el concurso de venezolanos trabajadores y estudiantes para que juzguen a estos enemigos del pueblo venezolano.
Artículo 2. Que las autoridades a quienes les competan estas atribuciones procedan a congelar sus cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles que son producto de su implacable explotación y usura hacia los nacionales.
Artículo 3. Que todos estos bienes activos pasen a la nación venezolana. Naturalmente, este proceso debe producirse después de haber iniciado la investigación de los bienes de estos señores y haber comprobado que hubo fraude, evasión de impuestos o explotación por parte de estas personas en contra de los nacionales.
Artículo 4. Que una vez que sus respectivas embajadas y consulados invoquen su nota de protesta se les enviarán sendas certificaciones de todas las actuaciones que hayan practicado las autoridades venezolanas y del porqué se procedió así.
Artículo 5. Aquellos que resultaren culpables serán expulsados y sus bienes confiscados sin ningún recurso.
POR LOS VENEZOLANOS Y PARA LOS VENEZOLANOS LA PATRIA DE VENEZUELA.
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2) «Rescatemos la República de Venezuela». Asamblea de Ciudadanos (05/12/2001)[4].
La crisis que sacude a Venezuela abarca los más diversos ámbitos de la vida nacional: la política; la economía; la seguridad social, individual y jurídica; las instituciones; la educación en su acepción más amplia; y sobre todo, las condiciones de vida material y espiritual de las mayorías. Se trata, en fin, de un inmenso desajuste de nuestra existencia colectiva, fundado en la inconsistencia moral y en la carencia de la visión y los proyectos compartidos que requiere toda sociedad para soldar su sentido de convivencia.
La emergencia no es nueva ni su agravamiento súbito. Tras varios lustros de gestación, hoy estalla ante nuestros ojos con particular virulencia, colocando al país al borde de una seria fractura de la paz y la unidad nacional. En menos de tres años, el cambio que quisimos darnos los venezolanos en 1998 ha fracasado estrepitosamente, profundizando todos los errores y vicios que lo propiciaron.
Esta revolución es un retroceso
La necesidad de profundizar el sistema democrático ha sido un anhelo de los venezolanos. Muchos de nosotros, al sentir y ejercer nuestra vocación ciudadana, luchamos durante años con ahínco a fin de corregir las deficiencias y perversiones que debilitaron a nuestra democracia; y en 1998 ratificamos esa voluntad de cambio, incluso desde posiciones encontradas. Sin embargo, el resultado de tal esfuerzo –aquello que se nos está vendiendo como una revolución «pacífica y democrática», en medio de un clima instigado de enfrentamiento y desasosiego– no representa cambio alguno. Al evaluar el deplorable desempeño del actual Gobierno, y en especial sus tendencias militaristas, intoxicadas de un izquierdismo fútil, anticuado y reaccionario-, tenemos que calificar esta «revolución» como una honda y dañina regresión, un vergonzoso salto atrás en nuestra historia. Al menos siete rasgos de la actual conducción política así lo revelan:
1. Caudillismo: frente a la necesidad de desterrar el «cogollismo», modelo según el cual las cúpulas de AD y Copei decidían por todo el país, se ha instalado un asfixiante personalismo megalómano, encarnado en la persona del presidente de la república.
2. Militarismo: hasta 1958, Venezuela estuvo dominada por los hombres de sable y pistola. Los cuarenta años de democracia implicaron una profunda modernización sociopolítica, al asignar a los civiles la dirección y conducción política de la república. El actual «proceso» desanda el camino, al colocar de nuevo a los militares en el ejercicio directo del poder político y el control hegemónico de la administración pública.
3. Estatismo: nuestra población, que durante años anheló rescatar los espacios de la iniciativa privada, personal, corporativa y comunitaria frente a la presencia avasalladora del Estado, hoy está arrinconada por la profundizada hipertrofia de ese ente.
4. Centralismo: «los revolucionarios» han derogado el proceso descentralizador de los años noventa, desconociendo los principios constitucionales que ellos mismos pregonan al descalificar y debilitar sistemáticamente a gobernadores y alcaldes e ignorar los mecanismos de concertación con estos funcionarios, electos tan democráticamente como ellos.
5. Incapacidad e ineficiencia administrativa: este es el peor Gobierno que hemos tenido en materia de capacidad y eficiencia para diseñar y ejecutar políticas. Dos hechos, entre muchos, lo evidencian: 1999 fue el primer año, desde los años 40, en que la administración central no construyó ni adjudicó siquiera 500 viviendas. Y para los años 2000 y 2001 el centralizado Fondo Único Social, en manos militares, no ha sido capaz de entregar ni un solo uniforme escolar.
6. Populismo exacerbado: el presidente sigue repitiendo que en Venezuela hay 80% de pobres, tal como lo sostenía en 1998. Esa sostenida aseveración a tres años de su muy deficiente Gobierno demuestra el total fracaso de una gestión fundada en la demagogia y en un marcado populismo. Lejos de disminuir la pobreza, la política económica del actual régimen militar-civil solo ha logrado acrecentar el desempleo y la marginalidad. Mientras el presidente besa niños y acumula papelitos pedigüeños, los programas sociales sufren una reducción presupuestaria neta y los graves problemas del estado Vargas se mantienen sin solución.
7. Corrupción descarada: hemos empeorado en lo relativo al ya sempiterno problema del uso ilegítimo de los dineros públicos, pero ahora en beneficio de los nuevos oligarcas. Incontables hechos así lo demuestran y una razón lo explica: todos los espacios institucionales con los que contaba el Estado para exigir cuentas a los funcionarios –la Contraloría, la Fiscalía, el Tribunal Supremo– han sido copados por personas afectas, por conveniencia o convicción, a la lógica personalista y militarista del actual régimen sociopolítico.
Resistimos aisladamente... Necesitamos una acción colectiva
Por todo lo señalado, los ciudadanos en ejercicio no podemos aceptar el chantaje de ser acusados de sabotear esta corrosiva revolución. Es un derecho y un deber oponerse a este degradante «proceso» por todos los medios civilizados y legales a nuestro alcance.
Ante los intentos de que se le implante un proyecto autoritario, regresivo y empobrecedor, Venezuela ha visto nacer un extenso y plural movimiento de rechazo, cuyas ejecutorias habrán de ocupar un honroso lugar en nuestra historia. A través de incesantes batallas en los más disímiles espacios públicos e institucionales, estos movimientos han logrado contener una tras otra las ofensivas hegemónicas del régimen. Una de esas batallas es el paro cívico del 10 de diciembre, convocado inicialmente por el sector empresarial, pero ahora organizado y asumido con coraje y entusiasmo por toda la sociedad hasta convertirlo en una protesta nacional contra la conducta y el rumbo equivocados que nos han impuesto. Nos unimos plenamente a este paro, con los siguientes propósitos:
- Rechazar la manera autocrática de aprobar numerosas leyes cuyo contenido atenta contra el bienestar colectivo y la paz social del país.
- Reconstruir la paz y la unidad de la nación venezolana y restablecer un clima de respeto a las personas y a las organizaciones de la sociedad, severamente afectadas por la forma y el fondo de la acción gubernamental.
- Profundizar la democracia, lo cual implica restablecer la autonomía de las distintas ramas del poder público, la consulta a la sociedad sobre las leyes que se elaboren y el respeto a los derechos de libre asociación y a las libertades de información y expresión, gravemente lesionados desde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
- Relanzar la economía y el desarrollo humano, mediante políticas que promuevan el crecimiento sostenido, reduzcan el desempleo, garanticen la educación, la salud y la seguridad social de los más débiles y fortalezcan programas sociales de comprobada utilidad.
Quienes suscribimos esta declaración, en nuestra condición de ciudadanos en ejercicio, ofrecemos estas ideas para contribuir a dilucidar las opciones políticas, jurídicas y programáticas que permitan la recuperación espiritual, material e institucional de Venezuela y su relanzamiento como una nación de personas dignas, libres y responsables.
Después del paro: un pacto para res...