III
Uruguay, Chile y Argentina
El Plan Cóndor
Hasta para un funcionario judicial con muchos años de revisar crímenes, el caso es horrendo. Son miles de papeles manchados de sangre […] donde se registran fríamente asesinatos, torturas y secuestros, y que muestran cómo fue creciendo un mecanismo multinacional de represión. […] No es fácil, porque podría suponerse que la documentación es más ascética, pero no. No es más ascética. Es como que se puso sangre en un freezer. Está como congelada. Lo congelado quizá no es caliente como el testimonio, pero lo tenés ahí, lo mirás y te das cuenta que es tremendo […] Describimos a Cóndor como un marco […] que estandarizó prácticas de coordinación represiva que ya estaban presentes en la región, con el claro objetivo de facilitar la destrucción de todas las personas y de todas las organizaciones que se presentaran como opositores a las dictaduras.
Pablo Ouviña, fiscal en la causa (Buenos Aires, 2016)
La Interpol contra la subversión
El Plan Cóndor fue una alianza vigente entre mediados de los setenta y principios de los ochenta entre países del Cono Sur, cuyo objetivo era arrasar con la resistencia política mediante las transnacionalización clandestina del terrorismo de Estado. Esto implicó en la práctica la persecución y desaparición forzada de dirigentes, de cuadros medios y de base de las organizaciones políticas, además de la expropiación de bienes económicos y del desprestigio internacional de la militancia a través de campañas de acción psicológica. Fue un ejemplo de interacción entre los países con un objetivo común, que hizo pasar a segundo plano las históricas hipótesis de conflicto que había entre varios de ellos.
El tema está muy vigente debido a los juicios realizados a partir de 2013 en la Argentina y de 2015 en Italia. Un tribunal federal argentino condenó en 2016 al último presidente de facto, Reynaldo Bignone, y a otros catorce ex militares por la desaparición de más de un centenar de personas en el marco de esta represión coordinada. La sentencia es histórica puesto que es la primera vez que un tribunal da por probado que el Plan Cóndor operó entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para eliminar disidentes. En 2017 se estableció el veredicto en Italia: fueron condenados a prisión perpetua ocho de los veintisiete militares acusados del asesinato de una veintena de ítalo-latinoamericanos.
El sobreviviente Martín Almada, tras haber sido secuestrado, torturado y liberado dos veces, se exilió en Francia, donde conoció al jesuita Charles Antoine. Ambos se abocaron a buscar el «Nido del Cóndor», hasta que Almada encontró, en Paraguay (1992), la documentación que resultó crucial para el caso:
…había tres lugares posibles para esconder el archivo de la represión […] Una tarde fuimos a un lugar que el cura me señaló. Había una abuela en la calle y me dice, «¿usted es Martín Almada, el maestro combatiente?». Le digo que sí y me abraza. [Me dijo:] «Maestro, cuando hay truenos y relámpagos, no se acerque al lugar. Porque lloran los argentinos, lloran los chilenos, los brasileños». Y le pregunté, «¿están ahí?». «No, están sus almas», me respondió. Pero no solo la abuela lloraba. Cuando durante la entrevista contaba esto, los ojos de Almada también se llenaron de lágrimas. (Elena Llorente, Página 12, 1/10/15)
«La Interpol contra la subversión» (expresión acuñada por Manuel Contreras, nombrado por Pinochet para presidir la DINA) proponía una organización central, y la sede fue en Chile; desde ahí se configuró una red de inteligencia que coordinó las operaciones con un télex instalado en cada embajada.
[Hay] dos bases que aportaron el fundamento ideológico: la Doctrina de Seguridad Nacional con base en Estados Unidos y la doctrina francesa. Además estuvieron muy relacionadas. Una toma de la otra. […]. Y esa base ideológica después es tomada por los latinoamericanos que las adaptan a las circunstancias de sus países. (Alejandra Dandan, Página 12, 30/8/15)
En junio de 1999 el Departamento de Estado de los EE.UU. desclasificó documentos que muestran que el Departamento de Defensa y la CIA tenían conocimiento del Plan. También trascendió que hubo financiamiento por parte de la CIA y del FBI (McSherry, 1999: 145).
Uruguay: la caída de un mito
El mito instalado en nuestra región reza que Uruguay, considerado en la década del cincuenta «la Suiza de América» por ser el país más avanzado en términos de derechos civiles de la región, sufre de golpe, poco antes de los setenta, un deterioro político notable que desemboca en las políticas dictatoriales compartidas por otros países del Cono Sur. Esto resulta sorprendente ya que, para mediados del siglo XX, la forma colegiada de gobierno que precedió al sistema presidencial ya había aprobado leyes sociales y laborales avanzadas que lo transformaron en el primer «Estado de bienestar» del continente. Este pequeño territorio de menos de tres millones de habitantes, poblado principalmente por inmigrantes europeos que impulsaban la educación laica (fue el primero en las Américas en separar Iglesia y Estado), rico en producciones que le permitieron enriquecerse en la época de las guerras mundiales, había logrado un gran desarrollo cultural sostenido por una tradición democrática. Sin embargo, a pesar de su aparente estabilidad, no tardó en sucumbir al paradigma regional del Plan Cóndor.
¿No será que este relato de la historia uruguaya falla? Si no logra dar cuenta de cómo en un país con tal tradición pudo institucionalizarse una dictadura feroz, puede que haya que revisar sus premisas. Si se relee la historia con atención se percibe que, pese a su aparente perfección, la situación uruguaya evidenciaba problemas estructurales que se agudizaron entre los cincuenta y los sesenta, generando las condiciones que posiblitaron el cambio radical en los setenta. Magdalena Broquetas (2014) muestra cómo, en esas décadas, la derecha se fue acostumbrando a soluciones autoritarias y al anticomunismo y cómo, en el momento de la crisis, ciertos hábitos ideológicos marcaron un rumbo a seguir. Entre los varios factores que colaboraron a que la violencia política y social se fuera agudizando a partir de los sesenta, la autora hace hincapié en:
[El] proceso de profundización de la injerencia estadounidense en los asuntos internos del Uruguay […] respondió a intereses hemisféricos de ese gobierno [que procuró] alianzas y zonas de influencia estratégicas […] Hacia 1966 los logros, desde la perspectiva de los intereses estadounidenses, eran significativos: Uruguay había ingresado en la senda de la profesionalización de sus fuerzas de seguridad, se asistía al final del sistema de gobierno colegiado y se habían ganado, en diferentes niveles de liderazgo y decisión, numerosos e importantes aliados adeptos a la causa occidental liderada por los Estados Unidos. (2014: 265)
En esta etapa se prefiguraron tendencias que acabarían por emerger, al adoptarse definitivamente la restricción de libertades fundamentales mediante el establecimiento permanente de legislación de excepción que consolidó la transformación del Estado de Derecho en Estado Policial. A partir de entonces se constituyeron nuevos grupos derechistas y se incorporó la doctrina de guerra contrarrevolucionaria que dio lugar al golpe, aprobado por el presidente de la Nación.
Para detectar el origen de la praxis autoritaria se requiere rastrear ciertas variaciones semánticas que se fueron produciendo en este horizonte. Por ejemplo, en la década del sesenta, cuando el gobierno empieza a aplicar, por tiempos cada vez más extendidos, Medidas Prontas de Seguridad ante la conflictividad social, se comienza a llamar «agitadores» a los sindicalistas y aparece el uso reiterado del término «subversivo» (primero para designar el conflicto y enseguida para nombrar a sus protagonistas) (2014: 215). Mientras tanto, a las expresiones de protesta que se organizan ante la crisis se las empieza a catalogar de «asonadas». Esta palabra, a su vez,
…derivó en una crítica al sistema de gobierno colegiado, […] un tópico frecuente que, en la víspera electoral, justificó la imperiosa necesidad de una reforma constitucional que […] restableciera un Poder Ejecutivo unipersonal, lo cual coincidió con los intereses estadounidenses en Uruguay. (2014: 318)
También se comenzó a calificar de «gimnasia revolucionaria» a las manifestaciones en las que los trabajadores expresaban sus reivindicaciones y de «enemigo subterráneo» al agitador sindical (2014: 217). Este vocabulario, compartido por los movimientos de la derecha conservadora, fue tornándose cada vez más usual e instaló en la lengua y en el imaginario la legitimidad necesaria para implementar una legislación de excepción (2014: 259). Los sucesivos gobiernos, instigados por el apoyo proveniente del exterior y por la nueva ideología que se iba filtrando en el lenguaje (ahora discriminatorio y criminalizador de la protesta), fueron borrando con el codo las leyes laborales que se habían firmado pocos años antes.
Broquetas, que basa sus afirmaciones en testimonios del ex miembro de la CIA Philip Agee y en documentación de la época, pone en escena la complejidad de las organizaciones de derecha y de su universo ideológico. Sus dos corrientes principales, entre los cincuenta e inicio de los sesenta, eran: por un lado, la derecha extrema, nacionalista, antisemita y anticomunista y, por el otro, la liberal. Esta última empieza a transformarse y a sostenerse como liberal de palabra, aunque cada vez adhiera más a una violencia que va en aumento al percibirse amenazada por un «enemigo» político y social (2014). Si bien los movimientos nacionalistas def...