Primera parte
Suelo, vivienda y planeamiento urbanístico: la confrontación del interés público y las actuaciones privadas
Tres décadas de gestión de los patrimonios públicos de vivienda y suelo en Madrid
María Teresa Bonilla Lozano
1. Presentación
Este artículo ofrece una visión sintética del desarrollo de la gestión de los patrimonios públicos de vivienda y suelo en Madrid, situándola en el contexto de la evolución de la política de vivienda.
2. La formación del parque de vivienda protegida
El Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) se crea en 1984, pocos meses después de la constitución de la comunidad autónoma, y hereda el parque inmobiliario que el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) y otras entidades gestoras estatales tenían en la provincia.
En aquel momento, el IVIMA y el Patronato Municipal de Vivienda de Madrid (más tarde Empresa Municipal de Vivienda (EMV) y en la actualidad Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS)) eran los mayores propietarios inmobiliarios de la región y, junto con el Instituto de Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) y algún otro organismo superviviente de los antiguos patronatos de vivienda de ministerios y empresas públicas, gestionaban prácticamente la totalidad de la vivienda pública en alquiler.
Tanto el IVIMA como el EMV carecían de competencias en materia de suelo, principalmente porque durante la dictadura no correspondían al INV sino al Instituto Nacional de Urbanización (INUR), que enfocaba su actividad en la producción de suelo industrial y lo que entonces se llamó “Actuaciones Concertadas”, cuyas competencias acabaron en manos de la empresa pública de la Comunidad de Madrid: Áreas de Promoción Empresarial con Gestión Industrial Organizada, S.A. (ARPEGIO).
Quizás no es superfluo recordar que la promoción pública de vivienda social surge en toda Europa con una fuerza extraordinaria a mediados del siglo XIX, cuando la revolución industrial fuerza la emigración de grandes contingentes de habitantes del campo a las ciudades, produciéndose un desajuste entre los mecanismos de producción de espacio construido y la magnitud de la población a alojar que se traduce en un fortísimo incremento de los alquileres y una gran penuria de alojamiento para el proletariado urbano, que obliga a ayuntamientos e instituciones a entrar en el mercado inmobiliario para resolver el problema de la vivienda obrera.
En el caso de España, la intervención pública no se inicia de forma efectiva hasta la dictadura de Primo de Rivera, que promulga en 1921 la ley de Casas Baratas, a la que sigue una ley de viviendas para funcionarios. En Madrid, con esta ley se promovió una serie de viviendas en lo que hoy es el distrito de Chamartín, muy en línea con las tipologías de vivienda unifamiliar sobre parcela pequeña dominantes en Europa.
Tras la Guerra Civil (1936-1939) la vivienda deviene en argumento político, en un contexto ideológico que consideraba la familia, el municipio y el sindicato como los pilares de la organización social. El Estado crea una estructura administrativa y legal potente para impulsar la promoción pública de vivienda, ante la inexistencia de un mercado inmobiliario, puesto que el grueso de la población era insolvente.
En 1939 se crea el INV, cuyas amplias competencias abarcaban desde las ordenanzas de construcción de las viviendas protegidas hasta la formulación de planes generales de reconstrucción, pasando por el control de los proyectos y ejecución de las obras, el manejo de los créditos necesarios y la distribución de beneficios. La construcción de viviendas protegidas se atribuía al Estado, las corporaciones provinciales y locales y los sindicatos.
Huelga decir que, en el contexto político de la postguerra, esta estructura de promoción imposibilitaba el acceso a la vivienda protegida de los ciudadanos no afectos al régimen. Esta circunstancia, junto con la exigencia de disponer de trabajo para acceder al alquiler o propiedad, obligaba a la inmigración procedente del medio rural a resolver su necesidad de vivienda mediante el subarriendo o el alojamiento marginal.
A inicios de la década de los 40 se promulga el Plan Nacional de Vivienda, que marcaba el número de unidades a reparar, reponer o construir para atender el aumento demográfico y definía tres tipos de vivienda: libre (clase alta), bonificable (clase media) y protegida (obrera). El Plan Nacional de Vivienda marca el inicio de la formación del parque de vivienda pública, que va a ser predominante hasta los años 60, cuando la recuperación económica del país permite la formación del mercado inmobiliario.
Debe subrayarse que el régimen franquista fomentó desde un primer momento el acceso a la vivienda en propiedad, frente a los modelos europeos que diversificaron las formas de acceso, y en ningún momento se planteó la creación de un parque de vivienda social gestionado directamente por el Estado u organizaciones sin ánimo de lucro. La vivienda en alquiler fue residual desde el inicio de la promoción pública de casas de habitación. Esta decisión política de convertir a los ciudadanos en propietarios es la razón seminal de que España sea hoy una excepción en el patrón dominante en Europa de acceso a la vivienda.
De acuerdo con los datos de Luis Moya (1983), la evolución de la promoción de vivienda protegida en Madrid entre 1939 y 1976 es, a grandes rasgos, la siguiente:
2.1. Década de los 40
Durante este periodo, la promoción fue casi en su totalidad pública, a cargo de varios organismos: la Obra Sindical del Hogar edificó 3261 viviendas en 14 grupos; la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid construyó 2249 para realojar expropiados de otras zonas; el Ayuntamiento de Madrid reconstruyó y amplió las colonias Moscardó y Cerro Bermejo, construyó 395 residencias en las coloni...