Hugo Chávez: La presidencia mediática

Andrés Cañizalez

• Editorial: Editorial Alfa
• Año: 2016
• ISBN:
  9788416687824
• Edición: 1
• Categoría: Politique et relations internationales
• Categoría: Politique de communication publique

En este texto se establece una relación entre la generación de políticas públicas y un modelo de comunicación presidencial que el autor denomina "presidencia mediática". A través del análisis de tres momentos estelares para la gobernabilidad democrática del mandato del expresidente Hugo Chávez, cuando fue ratificado o reelegido en los años 2000, 2004 y 2006, se estudia la formulación de los planes de políticas públicas en las alocuciones presidenciales, para determinar que esta dimensión mediática es el espacio de mayor incubación de esas mismas políticas públicas en la Venezuela bajo el signo de la Revolución Bolivariana.Pero el autor no solo pone el énfasis en el estudio de la dimensión mediática en el proceso de toma de decisiones. Buena parte de su argumento central apunta a señalar que ese decisionismo mediático, acompañado de la personalización de la comunicación política –producto del culto exacerbado a la personalidad del único líder–, genera como saldo una significativa merma en la participación ciudadana y la pluralidad democrática.

Capítulo II
Del mensaje populista en las políticas públicas a la presidencia mediática

En este capítulo se presentan los resultados que arrojaron los instrumentos aplicados, con especial énfasis en el análisis de contenido de las alocuciones presidenciales del mandatario venezolano Hugo Chávez. También se ha procesado la data histórica del lapso 1999-2009 –referida a Venezuela– de los rankings y evaluaciones anuales que hacen diversos organismos y ONG internacionales tales como el Banco Mundial (BM), Transparencia Internacional (TI), Freedom House (FH) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) en temas como gobernabilidad y libertad de expresión.

Una gobernabilidad menguante

Para hacer una valoración panorámica de la gobernabilidad durante el gobierno de Hugo Chávez se apeló a los indicadores y evaluaciones de entidades reconocidas en el campo académico. Se partió de la premisa de que debido a su trayectoria difícilmente puede descalificárseles. De esa forma se escogió el sistema de indicadores del Banco Mundial, porque además de ser una entidad ampliamente reconocida, su evaluación anual de la gobernabilidad democrática a nivel global tiene data histórica, lo cual permitió construir comparaciones sobre la evolución de la gobernabilidad en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.

Se revisaron los datos de cada año en el sitio web del Banco Mundial y, luego de ser procesados, se pudo completar una información que permite una lectura de conjunto, tal como puede observarse en el tabla 1.

El Banco Mundial ha establecido una serie de categorías para consolidar un indicador de gobernabilidad que apunta en la dirección de lo planteado por Koeneke (2005) en relación a la gobernabilidad plena, como un conjunto de diversos factores en un entramado de relaciones entre gobernantes y gobernados. Estas son las categorías que incluye este organismo multilateral cuando evalúa anualmente la gobernabilidad (Banco Mundial, 2010a):

«Voz y rendición de cuentas: mide el grado en que los ciudadanos del país pueden participar en la elección de su gobierno, así como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa.

»Estabilidad política y ausencia de violencia: mide la percepción de la probabilidad de que el gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios inconstitucionales o violentos. Incluye la violencia en el país y el terrorismo.

»Efectividad gubernamental: mide la calidad de los servicios públicos, la calidad de la Administración Pública y el grado de su independencia ante presiones políticas; la calidad de la formulación de políticas e implementación, y la credibilidad del compromiso del gobierno con esas políticas.

»Calidad regulatoria: mide la capacidad del gobierno para formular y aplicar políticas y leyes acertadas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado.

»Estado de Derecho: mide el grado en que los agentes confían y acatan las normas de la sociedad; en particular la calidad de la ejecución de contratos, la policía y los tribunales; así como los niveles de delincuencia y violencia.

»Control de la corrupción: mide el grado en que el Poder Público se ejerce para obtener beneficios personales, incluyendo las formas pequeña y a gran escala de la corrupción, así como la «captura» del Estado por minorías selectas e intereses privados (2010: 2)[4]»

La figura 1 grafica con claridad una situación de gobernabilidad menguante durante los años en que Hugo Chávez ha ejercido el poder en Venezuela. Las distintas categorías exhiben un resultado negativo, incluso desde el inicio del gobierno en 1999. Debe recordarse, por otro lado, que la etapa final del segundo mandato de Rafael Caldera tuvo igualmente una gobernabilidad débil por diversas razones, incluso algunas que ayudan a explicar el triunfo electoral de Chávez en 1999, tal como ha quedado reflejado en la primera parte de este texto, citando a Molina (2000) y Parker (2001).

Pese a que el período de Chávez se inició desde un contexto sociopolítico de débil gobernabilidad, resulta llamativo que a partir de su mandato el país haya retrocedido en todos las aspectos que son objeto de análisis por parte del Banco Mundial. Tal repliegue tuvo lugar justamente en momentos estelares en los cuales el mandatario resultó relegitimado en las urnas (años 2000, 2004 y 2006), lo cual, tal como ha señalado Koeneke (2005), evidencia que el respaldo popular a un gobierno es solamente uno de los aspectos que componen el entramado de la gobernabilidad democrática en un país en un determinado momento histórico. En el caso venezolano, al revisar la mirada panorámica de la figura 1 se observa un deterioro de los indicadores, con algunos repuntes coyunturales que incluso podrían asociarse a ciertos momentos electorales.

La revisión de estas cifras electorales evidencia un crecimiento significativo del voto popular a favor del presidente Chávez en el lapso 2000-2004-2006. Tal como sostiene Koeneke (2005) el respaldo popular a través del voto refrenda a un gobierno y le otorga un piso para la gobernabilidad. Pero en el caso de la gobernabilidad democrática, obviamente la sola realización de elecciones no es suficiente. De esa forma, al contrastar los años electorales analizados con el resultado de los indicadores del Banco Mundial se observa que solo en 2000 hubo un leve repunte en algunos de estos, pero que la caída de los indicadores siguió su curso, en relación con el desempeño del gobierno de Chávez, pese a que aumentó el número de votos en los años 2004 y 2006. El respaldo popular, sin duda un componente básico de cualquier modelo democrático, no implica de forma automática mayor gobernabilidad cuando se complejiza esta categoría, tal como hace el Banco Mundial al incluirle una serie de categorías que ya se han descrito.

Resulta importante el apoyo popular a las decisiones que emanen de un gobierno, pero al mismo tiempo este gobierno debe actuar de forma eficiente y transparente en la gestión de las políticas públicas para poder alcanzar niveles óptimos de gobernabilidad democrática. Esto no es lo que ha sucedido en Venezuela, pues tanto en el discurso como en la acción gubernamental se ha enfatizado el valor del respaldo popular, mientras que se han soslayado asuntos cruciales como una gestión eficiente de los proyectos y recursos públicos, junto a una rendición de cuentas efectivamente transparente.

Calidad regulatoria y Estado de Derecho

Las dos categorías que evidencian un mayor retroceso, sostenido en el tiempo, son aquellas que el Banco Mundial define como «calidad regulatoria» y «Estado de Derecho». La primera está estrechamente vinculada con la capacidad gubernamental para regular al sector privado con políticas y leyes «acertadas», en busca de la promoción de su desarrollo. La segunda, además de ser una categoría de análisis en la construcción de los indicadores del Banco Mundial, es un concepto universalmente reconocido como parte sustantiva de los sistemas democráticos modernos. De acuerdo con Bobbio (1991), un aspecto fundamental del Estado de Derecho es «la estructura formal del sistema jurídico, o sea garantía de las libertades fundamentales a través de una ley general abstracta aplicada por jueces independientes» (1991: 541).

La mengua en la gobernabilidad democrática durante los años de Chávez, siguiendo la figura 1, incluye una acción permanente por parte del gobierno que impide el desarrollo autónomo del sector privado; la merma de esta categoría –en particular– puede leerse como el resultado de una aplicación de políticas y leyes «desacertadas». Si se perciben las implicaciones fácticas de que esta capacidad regulatoria del gobierno en Venezuela haya descendido de -0,15 en 1998 a -1,68 en 2009, y que por tanto haya pasado de un segundo lugar al último de las seis condiciones analizadas, y que durante ese período no haya tenido repunte alguno, puede señalarse que se trata de una política constante del Estado, que busca achicar el espacio de acción y desarrollo de las iniciativas privadas en la sociedad.

La caída más notable ocurre en el lapso 2000-2003, como puede verse en el tabla 1. Se trató de un período álgido durante el año 2001, cuando se aprobaron, bajo la figura de ley habilitante, cuatro decenas de leyes que afectaron al sector productivo, a lo cual siguió una clara oposición del sector empresarial, que convocó diversos paros en señal de protesta. La confrontación entre el mundo empresarial venezolano y el gobierno de Hugo Chávez tuvo dos momentos de clímax en este lapso: el golpe de Estado de abril de 2002 y el llamado «paro nacional» entre diciembre de 2002 y enero de 2003. La reacción oficial, en fecha posterior a estos eventos significativos de la vida nacional, tuvo dos expresiones: por un lado, mantuvo la política restrictiva hacia las actividades privadas, junto a un agigantamiento del aparato estatal; por el otro, se cerró a cualquier posibilidad de diálogo con el mundo empresarial local, salvo en momentos coyunturales en los que se usó tácticamente tal figura, sin resultados palpables o espacios trascendentes.

En relación con el Estado de Derecho, que comprende la posibilidad de que la norma sea abstracta, y por tanto aplicable a todos los ciudadanos, junto a jueces y efectivos policiales justos y no corruptos, hay en Venezuela un notable retroceso en el período presidencial de Chávez, si se revisa la figura 1, que muestra la data histórica del Banco Mundial en materia de gobernabilidad democrática. Con Bobbio ya se ha establecido la importancia para un sistema democrático de este indicador en particular, como parte del modelo de gobernabilidad. Un elemento llamativo cuando se analiza el lapso 2000-2009 es la caída paulatina, sin repunte alguno, de esta condición en Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez. El Estado de Derecho pasó de tener ya evaluación negativa en 1998 con -0,69 a -0,80 en el año 2000 (no hubo datos disponibles del año 1999 en el sitio web del Banco Mundial) y en el año 2009 el registro fue de -1,58. Los números de la tabla 1 evidencian la caída continua a la que se ha hecho referencia.

Los informes anuales en materia de derechos humanos en Venezuela de la organización no gubernamental Provea, dan cuenta del deterioro progresivo de este indicador. Por ejemplo, al hacer un balance en 2008, de los 10 años de la reforma del poder judicial, proyecto en cuyos inicios justamente el Banco Mundial brindó financiamiento y asesoría, Provea (2008) señaló tres aspectos que ayudan a comprender el deterioro que ya se ha señalado en relación al Estado de Derecho. En primer lugar, no existe una «objetiva separación de poderes» (2008: 263); en segundo lugar, un 96% de los casos presentados ante el sistema judicial contra las actuaciones de organismos del Estado o de figuras relevantes de la Administración Pública fueron declarados improcedentes; se decidió inadmisibilidad y/o incompetencia; y en tercer lugar, el TSJ mostró «una cerrada coincidencia entre sus decisiones y las declaraciones de altos funcionarios gubernamentales» (Provea, 2008: 263).

El retroceso reflejado en los indicadores de gobernabilidad democrática del Banco Mundial implica no solo un asunto teórico de la ciencia política, en relación a la necesaria división de poderes, sino que evidencia en la vida práctica cómo los ciudadanos de Venezuela han terminado sin canales para apelar o contradecir las decisiones del Estado. La sincronía decisional construida entre el TSJ y el Poder Ejecutivo, por otro lado, tiene también un impacto en las interpretaciones constitucionales, ya que después de la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), en 2005, la Sala Constitucional pasó a ser una suerte de suprapoder sobre el resto de las salas del máximo tribunal y sobre otros poderes, tales como la Asamblea Nacional. Una lectura político-institucional de estos años, en Venezuela, ayuda a comprender el desbalance que produce el deterioro del Estado de Derecho dentro de una sociedad.

Efectividad gubernamental y control de la corrupción

Tal como ha quedado reflejado en el marco teórico de este trabajo, siguiendo a Koeneke (2005) la gobernabilidad democrática comprende «la presencia y acción de decisores capaces de diseñar y ejecutar políticas públicas relevantes de manera eficaz, eficiente y transparente» (2005: 229). Las categorías que ha desarrollado el Banco Mundial permiten una aproximación a dos de tales dimensiones. En primer término, la efectividad gubernamental que propone el Banco Mundial se enfoca tanto en la calidad de los servicios públicos como en la propia calidad de la Administración Pública, e incluye la calidad en la formulación de políticas públicas y su respectiva implementación.

Por otro lado, las organizaciones como Transparencia Internacional entienden cada vez más la ausencia de transparencia en la gestión pública como sinónimo de corrupción. Para Zalaquett y Muñoz (2008), los principios de probidad pública, transparencia y la obligación de rendir cuentas por parte de las autoridades a sus representados «son principios generalmente aceptados de la ética política democrática» (2008: 10), a los que se contraponen tantos los actos como las prácticas de corrupción. Para las categorías con las que construye su sistema de indicadores el Banco Mundial, el control de la corrupción mide el grado en que el poder político se ejerce para obtener beneficios personales, así como la «captura» del Estado por minorías o intereses particulares. Para que un sistema de control de la corrupción sea realmente efectivo deben existir condiciones de transparencia en el ejercicio de la función pública.

La revisión de la figura 1 evidencia un registro irregular en el comportamiento de la «efectividad gubernamental» en Venezuela en el lapso 2000-2009. Se hacen notables los altibajos a lo largo del período, aunque con la constante de alcanzar una valoración negativa en todo momento. En el año 2000 el indicador se ubica en -0,76; dos años después se ubica en -1,00; mientras que en el lapso 2003-2006 incluso logra recuperarse para acercarse al punto de arranque del lapso. El 2009 cierra en -0,94. Es factible asociar dichos vaivenes a la generación puntual de planes de política pública que tienen un impacto inmediato en la población, lo cual puede contribuir a dar una idea de efectividad gubernamental, tal como ocurrió con el programa «Barrio Adentro» en sus primeros años de existencia. La ausencia de un resultado positivo en esta categoría que se haya mantenido en el tiempo, por otro lado, nos muestra la fragilidad de tales iniciativas, que parecen cumplir una determinada función política y/o electoral sin continuidad en el tiempo.

Entretanto, la ausencia de planes macro que orienten la política pública en Venezuela en ...

Índice

• La patria soy yo, y será televisada
• Introducción
• Capítulo I. Notas sobre gobernabilidad, políticas públicas y mediatización de la política
• Capítulo II. Del mensaje populista en las políticas públicas a la presidencia mediática
• Conclusiones
• Referencias
• Notas
• Créditos