Paz, reconciliación y justicia transicional en Colombia y América Latina

Hernán Muriel Ciceri

• Editorial: Pontificia Universidad Javeriana
• Año: 2018
• ISBN:
  9789587812749
• Categoría: Política y relaciones internacionales
• Categoría: Paz y desarrollo global

Desde disciplinas como las ciencias políticas, la filosofía, el derecho, la pedagogía, la psicología y la sociología, autores académicos de Latinoamérica y Alemania realizan un aporte científico al análisis de los procesos para alcanzar la paz en Latinoamérica, y en el caso particular de Colombia, en el libro Paz, reconciliación y justicia transicional en Colombia y América Latina.

Construcción de la paz, reconciliación y justicia transicional

Lo que el Estado debe recordar al hacer memoria: recomendaciones*

MARCELA BUSTAMANTE TORRES**

* La autora participó en una evaluación institucional, contratada por Usaid, al Centro Nacional de Consultoría y MSI en el 2014. La evaluación consistió, entre otros aspectos, en evaluar los impactos que ha tenido el Centro Nacional de Memoria Histórica en su función principal de reconstruir la memoria. Este artículo refleja las conclusiones de dicho trabajo.

** Abogada colombiana, con Maestría en Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín (Alemania). Trabajó para la Cooperación Técnica Alemana en la implementación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Perú. En Colombia ha asesorado a la cooperación internacional en temas de memoria histórica y políticas públicas de reparación a víctimas del conflicto armado. Como jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo de Colombia, trabajó fuertemente contra la vulneración de derechos humanos en zonas de frontera.

No existe una única forma de hacer memoria y por tanto no se puede aplicar calificativos de bueno o malo. De acuerdo con su cultura y contexto, cada pueblo y cada individuo desarrolla su manera de enfrentar un pasado, ya sea recordándolo u olvidándolo, o una mezcla de ambas prácticas. Lo que sí es transversal a muchos procesos transicionales vividos en otras latitudes, es el rol que debe desempeñar el Estado en los procesos de reconstrucción de memoria.

A partir de la tesis expuesta principalmente por el historiador francés Nora (2008), que diferencia memoria de historia, y se refiere a lo que implica tal distinción para la dignificación de las víctimas, se expondrán en las siguientes líneas recomendaciones a la agencia estatal en el proceso colectivo de recordar un pasado violento y traumático, que garantice la dignidad de las voces de quienes son escuchadas.

Compartimos la afirmación de la antropóloga argentina Gluglielmucci (2013) de que “la memoria colectiva no existe en sí, sino que ella es parte de un proceso social surcado por relaciones de poder” (p. 21), y de que es inevitable, para la construcción de una memoria común, la homogeneización de diversas experiencias y recuerdos que fueron vividos de manera particular y única por cada individuo y grupo; creemos, en todo caso, que la agencia del Estado debe estar encaminada a garantizar que las voces de quienes están en los bordes también hablen y participen de esta disputa dada en la construcción de la memoria.

Distinción entre historia y memoria

De acuerdo con Jelin (2005), el rol del Estado es importante en todo proceso de memoria, porque es este quien fija parámetros de legitimación sociopolítica con respecto a los que producen las narrativas de memoria, lo que garantiza mecanismos para que estas circulen, dialoguen y se retroalimenten, produciendo nuevos sentidos e interpretaciones. Dice la autora que la ausencia de dichos parámetros conlleva que quienes ganan legitimidad para hablar y recordar son las víctimas directas de la violencia y sus parientes más cercanos. El riesgo de ello es que el contenido y el sentido de sus memorias y verdades pueden tornarse monopólicas, repetitivas y ritualizantes, sin que ello implique una elaboración social.

En Colombia no se podría decir que el Estado haya permanecido ausente frente a la necesidad de reconstruir históricamente su pasado violento. Han sido numerosos los esfuerzos de esclarecimiento histórico por parte de la institucionalidad. Se han constituido trece comisiones nacionales de estudio e investigación extrajudicial de las violencias, incluyendo la reciente Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (Jaramillo, 2014). Sin embargo, es preciso apelar aquí a la distinción entre memoria e historia. El autor Nora (2008) señala que la historia es el esfuerzo intelectual que hace inteligible el pasado y afirma:

La memoria es la vida, siempre llevada por grupos vivientes y a este título, está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnerables a todas las utilizaciones y manipulaciones, susceptibles a largas latencias y repentinas revitalizaciones. (Nora, 2008, pp. 20-21)

Lo importante en todo proceso de construcción de memoria es que haya una elaboración social que implique una transformación integral del sujeto y de la sociedad que conlleve, en primer lugar, el empoderamiento y sanación de quienes fueron víctimas de la violencia, y, en segundo lugar, reformas sociales y estructurales que permitan romper con el sistema injusto, desigual y violento que produjo el conflicto armado. Por tanto, el rol del Estado en estos procesos es crucial para conjugar todas las voces y crear espacios sociales donde se encuentren, hablen entre sí, se escuchen y, sobre todo, que haya lugar a la posibilidad de la reinterpretación, la resignificación y la reconciliación de la víctima con su pasado, para que surja un nuevo sujeto en el plano individual, social y político. Si el ejercicio de construcción de memoria no implica todo esto, el esfuerzo institucional se queda en una pretensión intelectual, académica e histórica.

Bajo la anterior distinción entre historia y memoria, podría decirse, sin entrar a calificar el impacto y la pertinencia de su trabajo, que las comisiones nacionales creadas por el Estado hacían un trabajo histórico en el que la legitimidad de la narración la tenían el experto, el académico o el político. Con el Grupo de Memoria Histórica, creado en el 2006 en desarrollo de la Ley de Justicia y Paz1, si bien “siguió primando la idea del experto como reconstructor autorizado de la memoria” (Jaramillo, 2014, p. 205), ya empezaba a darse la reflexión dentro del grupo de que la reconstrucción de la memoria implicaba un ejercicio de construcción colectiva, donde la víctima debía ocupar un lugar privilegiado en el relato (Sánchez, 2009. p. 25).

El Grupo de Memoria Histórica, hasta antes de adscribirse al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), había publicado diez informes sobre casos emblemáticos. Sin desconocer las contribuciones importantes que hizo el grupo al visibilizar las masacres como modus operandi de los grupos armados irregulares y la afectación que ha tenido el conflicto sobre la población civil, nos planteamos la pregunta del impacto de estos informes en la vida de las víctimas que participaron en los trabajos de campo. Qué tanto de estos productos académicos han transformado a las comunidades que los inspiraron y si han implicado una elaboración social en los términos anteriormente descritos.

A partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), surgió una institucionalidad para la implementación de todas las medidas de reparación en ella previstas. Se creó, por ejemplo, el Centro de Memoria Histórica que heredó del Grupo de Memoria Histórica la tarea de esclarecimiento histórico, sus investigadores y metodologías. Se le asignaron además funciones relacionadas con el apoyo de ejercicios participativos de memoria para la redignificación de las víctimas. En el marco de la evaluación institucional que se le hizo al CNMH durante el 2014, durante la cual se realizaron entrevistas semiestructuradas a los directivos y funcionarios, se pudo identificar dos tendencias que reflejan la disyuntiva entre memoria e historia que hemos planteado. Un grupo minoritario pero influyente partía de la premisa de que el ejercicio de reconstrucción de memoria implicaba una investigación científica y académica de esclarecimiento histórico, en la que el experto le da un contexto y una lectura a la situación de victimización específica, y la voz de la víctima es la fuente primaria de dicho trabajo. En palabras de Jaramillo (2014), “estamos ante unos expertos que han querido entrar en las memorias de las víctimas y ante otros expertos que han querido salir de ellas, para quedarse con el relato académico” (p. 193).

La otra tendencia reconocía que el ejercicio de reconstrucción de memoria no obedece necesariamente a la metodología de construcción de las ciencias sociales. El testimonio o relato de una víctima no se puede poner bajo las reglas de producción científica, porque cuando esto sucede se está imponiendo la voz del investigador y subordinando la de la víctima, lo que deja poco para su sanación y empoderamiento, que es en últimas lo que debe implicar un proceso de reconstrucción de memoria. La tarea de esclarecimiento histórico es importante y necesaria en un momento transicional de justicia, pero no debe ser excluyente ni confundirse con el deber de hacer memoria. Lo que no significa que historia y memoria estén separadas radicalmente, sino que puede haber vínculos de contacto para apoyarse mutuamente en su...

Índice

• Portada
• Portadilla
• Página legal
• Contenido
• Prefacio
• Introducción
• Los casos de Brasil, Guatemala y Perú
• Construcción de la paz, reconciliación y justicia transicional
• Colombia: proceso de paz y posconflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)