El primer federalismo en el Estado de México 1824-1835

María del Carmen Salinas Sandoval

• Editorial: El Colegio Mexiquense
• Año: 2021
• ISBN:
  9786077761808
• Edición: 1
• Categoría: History
• Categoría: World History

En el libro, la autora señala que la premisa fundamental del pacto federal de 1824 fue iniciar la construcción del Estado mexicano, fundado en la suma de intendencias o provincias – posteriormente estados-, con el firme objetivo de propiciar el desarrollo integral de la nación. Cada estado de la República, destaca la autora, afrontó de manera específica su vínculo con la federación durante el primer intento de gobierno federal (1824 y 1835), El acontecer de cada entidad federativa dependió de su posición geográfica del poder regional que concentraban los antiguos caudillos insurgentes, de la tendencia política de las autoridades que encabezaban los poderes estatales (centralistas o federalistas); de la aplicación de las disposiciones liberales que se habían dado con la constitución de Cádiz de 1812, de la cantidad de población y de las condiciones de sus finanzas públicas.

IV

Liberalismo radical de Lorenzo de Zavala

EN EL MOMENTO EN QUE se expidió la primera Constitución estatal (1827) el Estado de México se encontraba en vías de organizar su gobierno interno, buscando el lugar idóneo para situar su capital y haciendo lo posible por equilibrar sus presupuestos negativos; estaba envuelto en un enfrentamiento tenaz entre los dos grupos masónicos (yorkinos y escoceses) que perseguían el control del poder político.

La tendencia liberal moderada que mantuvieron las autoridades del estado, de 1824 a 1826, caracterizada por un centralismo en la política interior, cambió a partir del triunfo electoral de los yorkinos en el Congreso local dado en octubre de 1826. Este triunfo fue calificado de fraudulento por los escoceses ubicados en los poderes estatales, pero fue reconocido por las autoridades federales. Esto propició la renuncia del gobernador Melchor Múzquiz el 7 de marzo de 1827 bajo la justificación de que su gobierno era incompatible con las circunstancias políticas. Sólo 20 días después de sancionada la Constitución estatal se dio el relevo en el Ejecutivo y en el Legislativo estatales. Renunciaron también los cuatro integrantes del Consejo del Poder Ejecutivo que, junto con el gobernador, desempeñaban el gobierno del estado por acuerdo constitucional.[1] El 8 de marzo de ese año Lorenzo de Zavala,[2] importante líder yorkino, asumió el gobierno estatal interinamente e inició decisivos cambios políticos y económicos propios de un liberalismo radical; estuvo acompañado por el teniente gobernador Manuel Reyes Veramendi y permaneció en el Ejecutivo hasta abril de 1829.

Primeras medidas radicales del gobernador Lorenzo de Zavala

Una de las primeras decisiones de Lorenzo de Zavala en el Ejecutivo estatal fue trasladar la capital del estado, de Texcoco (donde se estableció después de perder la ciudad de México como su primera capital) al pueblo de San Agustín de las Cuevas, al cual se le concedió el título de ciudad de Tlalpan en septiembre de 1827. La capital permaneció en este sitio del 15 de julio de 1827 al 23 de julio de 1830, utilizando los edificios de los padres misioneros de Asia y de particulares. El traslado a San Agustín fue anticonstitucional, a decir de Carlos María de Bustamante quien expresó que el hecho sólo obedecía a ambiciones personales de Zavala. Para fortalecer el traslado se estableció en Tlalpan una casa de moneda, una gaceta en la que se publicaban las resoluciones oficiales, un establecimiento literario para los jóvenes, una escuela de primeras letras, una amiga (escuela) de niñas y una fábrica de puros y cigarros. Por su cercanía a la ciudad de México era un lugar propicio para las relaciones políticas y económicas del gobernador (Bustamante, 2003). [1]

Zavala consideraba que el mejor sistema de gobierno era el federal, pero también reconocía que por las condiciones en que se encontraba el país no podía establecerse con éxito. Expresaba que por lo menos tendría que haber respeto entre las instituciones liberales adoptadas y las costumbres dominantes en la sociedad con “derechos semifeudales”; sin embargo, no era así porque los principios “conservadores” como la intervención de la fuerza armada, los privilegios colectivos de los pueblos, la intolerancia religiosa y los propietarios de inmensos territorios, no actuaban en armonía con la soberanía nacional, la igualdad de derechos políticos, la libertad de imprenta y el gobierno popular. El choque entre ambos principios era constante, se repelían mutuamente (Aguilar, 2011: 105).

En su opinión el federalismo mexicano no podía ser como el de los vecinos del norte, no podía copiarse textualmente su Constitución, y estaba en desacuerdo con que se copiaran artículos de la Constitución española —como se hacía en las constituciones federal y estatales—, que estaba alimentando el enfrentamiento entre las doctrinas. Zavala conocía bien la Constitución española por haber sido secretario de la diputación provincial de Yucatán en 1820 y por haber participado como diputado en las cortes de Madrid entre febrero y agosto de 1821 (González, 2012: 104-132).

Su federalismo consistía en tener una Constitución formada sobre las bases de una libertad amplia para los ciudadanos, la cual no permitiría una religión de Estado sin tolerancia de otras, no aceptaría tropas ni jefes militares privilegiados en los mandos civiles, propondría medidas para que tres millones de ciudadanos tuvieran propiedad o modo de subsistir “conocido” y supieran leer y escribir, acorde con sus derechos políticos. Precisaba Zavala que la política debía estar encaminada a ofrecer “una serie de actos positivos de patriotismo y de constantes esfuerzos por la mejora social, ilustración del pueblo y propagación de goces en las masas” (Aguilar, 2011: 105 y 121). Con estos principios organizó los ramos gubernativos en el Estado de México, de entre los cuales exponemos a continuación el desarrollo económico, la hacienda estatal, el impulso a la educación y el orden municipal.

Desarrollo económico

El gobierno de Lorenzo de Zavala se caracterizó por las medidas que dispuso, junto con el Congreso, para impulsar el desarrollo económico. Se propuso conocer el tipo de producción existente en el estado, ordenó la estadística sobre la producción minera, agrícola y ganadera, así como el intercambio comercial en los distritos y prefecturas del estado. De los datos obtenidos destacó el conocimiento de algunos lugares del estado. Toluca se caracterizó por sus importantes cosechas de maíz y haba, y por su producción de quesos y mantequilla, que daban “movimiento al comercio” local, Acapulco por su algodón, Cuernavaca por su excelente caña de azúcar en sus muchos ingenios y por su café, Tulancingo por su elaboración de pulque en las haciendas de Apam; San Ángel por su fábrica de papel y Tenango por la producción de piloncillo. Se dio a conocer que la principal producción del estado era la minería con la explotación de las minas de los distritos de Toluca (plata y oro), Tulancingo (plata, oro, carbón y mármol), Tula (plomo y greta) y Taxco (plomo, cobre, fierro y plata). Se resaltaba la actividad pesquera en la laguna de Chalco, en los lagos de Atenco y Lerma, y en los ríos que cruzaban el distrito de Huejutla. El comercio principal era el de las maderas de Chalco, frutas, cereales y ganado de Toluca y el de los tejidos de ixtle, que se dirigía a la Ciudad de México.[2]

En 1829 el gobernador consideraba que ni el agricultor, el artesano o el comerciante tenían un interés individual por desarrollar su actividad productiva; uno de los motivos era la falta de seguridad pública y otro que la mayoría de los trabajadores eran jornaleros y no propietarios de la tierra. Para solucionar este último problema le proponía al Congreso una ley que distribuyera en pequeñas propiedades los grandes terrenos acumulados en un pequeño número de vecinos. Por lo complicado de esta ley, ya que se debía conservar el derecho de propiedad, se limitaba a recomendar el repartimiento de tierras que no tenían dueño.[3] Dentro de su planeación económica Zavala le dio importancia al fomento de obras públicas y vías terrestres de comunicación. Se hicieron composturas de caminos (Acapulco-México, Toluca-México), se construyó el camino de Tlalpan a Cuernavaca, se realizaron dos puentes en el camino de Texcoco a Veracruz, se terminó de construir el canal de Huehuetoca para evitar que se inundara la Ciudad de México y se completó el desagüe de los pueblos de la laguna de Chalco a través de un canal que la comunicaba con la laguna de Texcoco.

Hacienda estatal

Zavala consideraba que el Estado de México estaba bajo el poder económico del clero porque poseía la mayor parte de la propiedad territorial. Además, casi no había terreno o finca que no estuviera gravada por algún censo perpetuo o capellanía en favor de algún convento o cofradía. Por eso, uno de los primeros decretos expedidos por Zavala —el 22 de marzo de 1827— declaraba pertenecientes al estado todos los bienes que existían en su territorio destinados a los hospicios de los misioneros de Filipinas. En cumplimiento a esta ley fueron ocupadas las haciendas Grande y Chica, jurisdicción de Texcoco; las haciendas de San Pedro Tejalpa, Guadalupe y San Diego, jurisdicción de Toluca; y el hospicio de los Misioneros de Asia y Filipinas, ubicado en Tlalpan; bienes que fueron llamados de temporalidades. El producto de esas fincas le proporcionó al estado, hasta octubre de 1827, la cantidad de 19 054.30 pesos.[4]

Durante el año fiscal de junio de 1828 a junio de 1829 formaron la hacienda estatal los siguientes ramos: la alcabala a 12% sobre el aforo de “los efectos nacionales al tiempo de su consumo” que no se encontraran exceptuados por ley; 10% de la misma alcabala sobre el aforo de vino o cualquier licor extraído de cualquier planta del país con excepción de los vinos y aguardientes de uva y coco; la alcabala a 6% sobre el precio de venta de las fincas rústicas y urbanas y de toda clase de bienes raíces situados dentro del territorio estatal. Quedaban exentos de alcabala todos los productos de algodón, lana y seda, la caña para sembrar, el aguardiente de caña, el azúcar, la miel de caña, panocha y piloncillo, siempre y cuando fueran producidos en el estado. También entraban a la tesorería general 3% por derecho de consumo de los efectos extranjeros, 2% de impuesto a la moneda al tiempo de su extracción, la renta del tabaco y el papel sellado; derechos de ensaye y metales preciosos, bienes vacantes y mostrencos, multas, media anata secular, peajes, temporalidades, derechos de amortización (según la circular de 1798), dos reales por tonelada de la carga de los buques extranjeros que arribaran a los puertos del estado y las rentas de asuntos eclesiásticos. Con estos ingresos se esperaba tener 589 029 pesos que era la suma de los gastos de los tres poderes estatales. Cantidad menor que la erogada un año antes (952 557 pesos).[5]

El manejo de los recursos de la hacienda pública fue supervisado con detalle por el Congreso, incluso en febrero de 1828 acusó al gobernador Zavala de no utilizar legalmente los fondos del estado en la instalación de la Casa de Moneda. De acuerdo con el decreto de 30 de mayo de 1827 el Congreso facultaba al Ejecutivo para erogar los gastos que fueran necesarios para expedir las ordenanzas de dicho establecimiento y disponer el número de empleados y sus dotaciones, todo bajo la aprobación del Congreso. Como el gobernador no pidió la aprobación, los diputados consideraron su obligación formarle una causa judicial por “haber atropellado la soberanía del estado”. Se suscitó un periodo breve de desavenencias entre ambos poderes. Ante la declaración del gobernador de haberse equivocado en algunas de sus atribuciones los diputados desecharon la acusación, pero acentuaron su facultad de moderar la planta de los empleados y disminuir sus sueldos y obras.[6]

El Congreso estatal (como sucedió entre 1824 y 1826) continuaba enfrentándose a las disposiciones de las autoridades federales relativas a las contribuciones destinadas a la hacienda pública federal para solventar gastos de guerra. Se opuso a la injerencia federal, pero no se oponía a cooperar con la federación en la defensa del país. Los diputados se preguntaban, en septiembre de 1828, “¿Puede el Congreso general imponer arbitrariamente las contribuciones que quiera en la forma que le parezca, sin contar con las legislaturas de los estados ni sus gobiernos?”.[7]

Consideraban amenazado el equilibrio del sistema federal si se mezclaban los poderes federales con los estatales en la administración interior de los estados. Además los habitantes resultarían doblemente afectados al tener que pagar contribuciones emanadas de dos congresos. Así como sucedía con los gastos de guerra, en 1828 la federación requería 600 000 pesos que distribuyó entre los 19 estados; al estado de México le correspondió la mayor cantidad (100 000 pesos), los estados que le seguían eran Zacatecas (66 000 pesos), Oaxaca y Tamaulipas (ambos con 58 000 pesos).[8]

A pesar de los esfuerzos del gobierno por poner en marcha los ideales del li...

Índice

• Portada
• El primer federalismo en el Estado de México
• Agradecimientos
• Índice
• Introducción
• I
• II
• III
• IV
• V
• VI
• Conclusiones
• Fuentes consultadas