Del viernes negro al Referendo Revocatorio

Margarita López Maya

• Editorial: Editorial Alfa
• Año: 2016
• ISBN:
  9788416687701
• Edición: 1
• Categoría: Politics & International Relations
• Categoría: Political Campaigns & Elections

Este libro inteligente lo guiará por un recorrido transparente y accesible de la historia venezolana reciente. Cuando la autora nos dice que "el Caracazo fue una sacudida en mi carrera profesional", nos suma a su impecable análisis académico de historiadora el impacto emocional que supuso ese episodio crítico y, capítulo tras capítulo, nos describe e interpreta la transformación sociopolítica que ha tenido lugar en la sociedad venezolana desde los años setenta hasta la implantación de un nuevo proyecto para el país de "democracia participativa y protagónica" identificado como el proyecto bolivariano.Definitivamente, un libro brillante y necesario para seguir entendiendo la Venezuela de hoy. Un difícil pero lúcido contrapunteo entre el análisis y la realidad se refleja en cada línea, al mismo tiempo que nos instala en el corazón las interrogantes y las dudas que le permitieron detectar en fenómenos incipientes, el desarrollo del cambio complejo que iba a sufrir la sociedad venezolana hasta encontrar un cambio de hegemonía.

Parte 1
El modelo de Puntofijo se derrumba y resurge la protesta popular

Capítulo 1
Ajustes, declive socioeconómico y violencia cotidiana hasta 1999[1]

A fines de los años 70 se inició para la sociedad venezolana un proceso sostenido de deterioro económico que significaría una dramática involución en la calidad de vida de vastos sectores de la población, así como el paulatino cierre de las expectativas de progreso para quienes aún no habían visto cumplidas las promesas de mejora en su calidad de vida ofrecidas por la democracia de “Puntofijo”. La recesión económica va a producir retrocesos en importantes logros sociales obtenidos durante el desenvolvimiento del modelo de sustitución de importaciones, creando las condiciones para el malestar de diversos actores sociales y políticos, que protagonizarán las intensas y confrontacionales movilizaciones de fin de siglo.

Buscando conjurar este declive, al menos desde el gobierno de Luis Herrera Campíns (1979-1984), se comenzaron a aplicar a la economía políticas de ajuste macroeconómico y reestructuración de orientación neoliberal. Los varios intentos que se dieron estuvieron signados por su corta duración. Los dos primeros, correspondientes a los gobiernos de Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, fueron bastante inconsistentes, y los dos siguientes, de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, si bien fueron más consistentes, encontraron una fuerte resistencia popular que culminó con sus derrotas políticas. Esta sucesión de intentos fallidos permite catalogar al caso venezolano como ejemplo de una sociedad con “fatiga de ajuste”, entendiendo por tal a una sociedad que, por lo reiterado de los ensayos fracasados, pierde confianza en la capacidad de ese proyecto para superar la crisis. Por otra parte, tales fracasos acentuaron y profundizaron el declive económico del país iniciado por el agotamiento del modelo de desarrollo anterior, reforzando las tendencias al deterioro social y potenciando el creciente descontento político con los partidos.

Los tres paquetes de ajuste macroeconómico

Aunque el gobierno de Herrera Campíns, iniciado en 1979, tuvo algunas orientaciones neoliberales expresadas inicialmente en su programa de campaña y en el VI Plan de la Nación, la convergencia del segundo boom de precios petroleros (1979-81) con la fuerza de las rutinas e inercia del petro-Estado venezolano conspiraron en contra de la implementación de estas y en rigor no se aplicó durante ese gobierno un programa de ajuste. Más bien, el gobierno terminó actuando en la forma que había criticado a sus antecesores, es decir, utilizando el ingreso fiscal como dinamizador de la economía y desembocando al final de su mandato en una situación de severa dificultad económica.

El gobierno siguiente, de Jaime Lusinchi, que se inició en febrero de 1984, comenzó, por tanto, en medio de una recesión económica que se arrastraba ya por varios años. Pese a que entre 1979 y 1981 el Estado venezolano había percibido un ingreso mayor que lo obtenido en los cinco años del primer gobierno de Pérez (1974-1979), los recursos resultaron insuficientes para cubrir los múltiples compromisos adquiridos por el Estado con la sociedad. Desde 1979 había comenzado en Venezuela el declive inexorable del modelo de desarrollo sustentado en la renta petrolera, expresado, en primer lugar, en el estancamiento del ritmo de la actividad económica. En 1983, la combinación de este estancamiento con los retardos del gobierno de Herrera Campíns para refinanciar la deuda externa, junto con la situación en evolución del sistema capitalista mundial, que pasaba por reajustes profundos, desembocaron en la decisión gubernamental de devaluar el bolívar e ir a un sistema de cambio preferencial. El 18 de febrero se oficializaron estas medidas. Esa fecha se conoce en Venezuela como el Viernes Negro y fue la primera señal de alerta para la sociedad sobre la crisis económica que se prolongaría con altibajos hasta entrado el siglo XXI. Un titular de prensa por aquella época sintetizó el estado de ánimo de parte de la población: “La fiesta se acabó”.

El presidente Lusinchi tomó posesión un año después, respaldado por una de las mayores votaciones para presidente que registra la historia electoral venezolana. Poco después, anunció un paquete económico que seguía algunas de las pautas emanadas de las agencias financieras internacionales, si bien, strictu sensu, no era un plan de ajuste macroeconómico derivado de un acuerdo formal con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino un compromiso unilateralmente asumido por el gobierno, el cual buscó con esta iniciativa crearse condiciones favorables para obtener un refinanciamiento de su deuda externa, calculada entre las cuatro más cuantiosas de la región. El ajuste del gobierno de Lusinchi califica como un “paquete heterodoxo”, pues reunía algunas de las características que encajan con esa clasificación: mantuvo un rol activo del Estado en la inversión y regulación económica, no estaba directamente vinculado al FMI y confería mayor importancia y prioridad a los tópicos de la distribución y el empleo que los programas ortodoxos. Señalemos escuetamente las medidas fundamentales que se anunciaron en febrero de 1984:

1. Nueva devaluación del bolívar y establecimiento de un sistema cambiario con cuatro tipos de cambio diferencial.
2. Medidas compensatorias no salariales para aminorar el impacto del ajuste en la remuneración de los trabajadores en sustitución de los tradicionales aumentos generales de sueldos y salarios que decretaban con anterioridad los gobiernos. Se anunciaron un bono de transporte para los asalariados que devengaban menos de Bs. 3.000 al mes por un período de dos años y el establecimiento de comedores industriales.
3. Continuación y profundización del sistema administrado de precios que venía desenvolviéndose desde el gobierno anterior y que en la práctica significó en los meses siguientes una liberalización de precios de bienes y servicios.
4. Aumentos del precio de la gasolina y otros derivados de hidrocarburos en el mercado interno.
5. Voluntad de no aumentar la burocracia y reducir los gastos de funcionamiento del Estado.

Junto a estas medidas de corte neoliberal, se anunciaron otras no cónsonas con esa doctrina económica, como medidas tendientes a estimular el desarrollo agropecuario, una baja de las tasas de interés, medidas de estímulo a la generación de nuevos empleos, como el incremento en 10% de nómina de las empresas el próximo semestre y el pago de las deudas internas del Estado, sobre todo aquellas contraídas con los agricultores y pequeños y medianos empresarios.

Como señal de las contradicciones que se vivían en el seno del gobierno por estas decisiones, pocos meses después se presentó el VII Plan de la Nación, el cual diagnosticaba con lucidez el agotamiento irreversible del viejo modelo de desarrollo industrialista, pero propugnaba la reestructuración económica siguiendo orientaciones en lo fundamental distintas a la concepción neoliberal. El VII Plan planteaba una estrategia general que articulaba una estrategia de crecimiento, una estrategia social y una estrategia política. Dicha estrategia global, siguiendo los paradigmas de la planificación estratégica, descansaba para su viabilidad en dos bases: la conformación de un proyecto político consensual llamado “El Pacto Social” y la reestructuración del Estado. En lo que se refiere a la estrategia económica se promovían como ejes dinamizadores a la agricultura, la industria y el turismo, buscándose simultáneamente una transformación y modernización del sector público para redefinir su rol en la actividad económica. El plan expresaba la intención de privatizar o transferir al sector privado un conjunto de actividades y servicios, pero pensado como estrategia para democratizar la base de sustentación de la sociedad civil, pues se proponía la creación de un tercer sistema de propiedad, el “Sistema Económico de Cooperación” a fin de extender el acceso a la propiedad empresarial a los trabajadores y equilibrar así las relaciones de propiedad.

El VII Plan encontró un feroz rechazo por parte del sector empresarial, que vio con horror el tercer sistema de propiedad. El ministro renunció en diciembre de 1984 y el plan nunca llegó a implementarse. En sustitución, el gobierno dio un cambio significativo de estrategia y elaboró un Plan Trienal de Inversiones, centrando su propuesta económica en el refinanciamiento y pago de la deuda externa, para lo cual se plegaría a las directrices y exigencias de las agencias financieras internacionales.

En diciembre de 1986 el gobierno de Lusinchi volvió a decretar una nueva devaluación del bolívar. Confrontado por una reducción drástica de los precios del barril de petróleo en el mercado mundial ese año, el gobierno recurrió otra vez a este peligroso expediente para equilibrar la balanza de pagos. Este “golpe de timón”, como fue llamado por el gobierno, no significó, empero, un nuevo paquete macroeconómico y más bien puede afirmarse que este fue interrumpido. Para esta fecha, ya se había logrado refinanciar la deuda externa, después de cumplir con una de las exigencias más onerosas y absurdas impuestas por las agencias internacionales: el reconocimiento de la deuda externa privada a dólar preferencial, así como el otorgamiento de un aval público como garantía de pago de esa deuda. La acción del gobierno a partir de esta fecha se caracterizará por, aún manteniendo algunos de los rasgos del paquete de 1984, la expansión del gasto fiscal con el objetivo de terminar el mandato con altos niveles de popularidad y asegurar el triunfo electoral del partido de gobierno. Esto trajo como consecuencia una merma excesiva de las reservas internacionales, la cual, en combinación con otros desequilibrios económicos, llevó al presidente a declarar una moratoria del pago de la deuda en enero de 1989, un mes antes de finalizar el período constitucional, y pasadas ya las elecciones presidenciales donde triunfó Pérez, el candidato de AD.

El segundo paquete ensayado en Venezuela sería el anunciado por el presidente Pérez pocos días después de su segunda toma de posesión. Los principales indicadores macroeconómicos con los cuales terminó la gestión de Lusinchi fueron tan alarmantes que hicieron inevitables cambios sustanciales en la orientación económica del gobierno. La inflación llegó a alcanzar cifras históricas de 28,08% y 29,46% en 1987 y 1988 respectivamente, las reservas internacionales cayeron a $6.555 millones al cierre del año 1988 y el déficit fiscal global en el momento del cambio de gobierno representaba el 15,1% del PIB. La nueva orientación por la cual opta el gobierno sí puede catalogarse como un programa de ajuste de naturaleza ortodoxa, pues fue resultado de un compromiso formal con el FMI y cumplió con todos los requerimientos exigidos por este.

El programa de ajuste macroeconómico del gobierno de Pérez se resume fundamentalmente en la Carta de Intención firmada con el FMI en Washington el 28 de febrero de 1989. Sus contenidos principales fueron: a) restricción del gasto fiscal; b) restricción de los niveles salariales; c) unificación del régimen cambiario con paridad unitaria y flotante; d) tasas de interés flexibles y aumento inmediato de los niveles de las tasas de interés reguladas, eliminación de los créditos a tasas preferenciales para la agricultura, establecimiento de las tasas de interés por el mercado tan pronto como fuera posible; e) reducción de los controles de precios; f) posposición de programas de inversión de baja prioridad; g) reducción de subsidios; h) introducción de un impuesto sobre la venta; i) ajuste de las tarifas de los bienes y servicios provistos por empresas estatales, incluyendo los precios de los productos petroleros en el mercado interno; j) reforma en el régimen comercial, incluyendo la eliminación de la mayor parte de las excepciones en las tarifas y liberalización de las importaciones; k) levantamiento a las restricciones de las transacciones internacionales, incluyendo la inversión extranjera y la repatriación de dividendos.

Para compensar los efectos negativos sobre los sectores populares, el gobierno ofreció como políticas sociales: a) política de subsidios directos a los componentes de la canasta básica; b) programa de becas alimentarias; c) constitución de 42.000 hogares de cuidado diario; d) reforzamiento de programas de control del lactante y del preescolar; combate de las enfermedades diarreicas, respiratorias y las que son prevenibles por vacunas; e) plan de consolidación de barrios; f) política de apoyo a microempresas; g) programa masivo de transferencias alimentarias dirigido a niños de hasta 14 años, a madres embarazadas y a lactantes; h) amplia acción dedicada a consolidar los ambulatorios de salud; i) programa destinado a la organización y estructuración de un sistema de seguridad social; j) creación de la Comisión Presidencial para la Lucha contra la Pobreza. Las medidas tanto económicas como sociales, en riña con los procedimientos propios de un régimen de democracia, no fueron sometidas a la consulta del Congreso Nacional ni conocidas por la opinión pública sino después de haber sido firmada la Carta.

En contraste con la experiencia vivida durante el gobierno de Lusinchi, en el gobierno de Pérez hubo armonía entre las medidas de ajuste macroeconómico, contenidas en la Carta de Intención, y las políticas tendientes a la búsqueda de una reestructuración de la economía, concretadas en los seis “lineamientos” del VIII Plan de la Nación, llamado también “El gran viraje”. En este último se estableció un “hexágono estratégico” constituido por: a) crecimiento sin inflación; b) competitividad internacional; c) conservación de los recursos naturales; d) cambio institucional; e) capitalización de los recursos humanos; f) compromiso social. A través de estas orientaciones se persiguieron como objetivos la disminución de la intervención estatal y del peso del Estado en la economía, la reducción de la dependencia de la economía venezolana del petróleo, el crecimiento económico sostenido sin inflación, privilegiar la industrialización para la exportación, aumentar la productividad del trabajo, aumentar el gasto social y erradicar la pobreza extrema, mejorar la distribución de la riqueza, democratizar la propiedad y la gerencia, transferir propiedades a formas asociativas laborales y profundizar el sistema democrático.

Este paquete desencadenó la más vasta, enconada –llegando en muchos momentos a ser violenta– resistencia de la población venezolana. Entre los episodios más destacados del rechazo a estas políticas de ajuste estuvieron el Sacudón o Caracazo de febrero y marzo de 1989 y los fracasados golpes de Estado del año 1992, detonantes de una crisis política que culminaría con la destitución del presidente Pérez y el establecimiento de un Gobierno interino para finalizar el período gubernamental. Con los golpes de Estado, las políticas de ajuste y reestructuración económica perdieron su empuje y coherencia. Fueron políticamente derrotadas.

En diciembre de 1993, luego de una campaña electoral montada sobre la crítica a las políticas económicas de orientación neoliberal, triunfó en las elecciones presidenciales Rafael Caldera. Durante sus primeros dos años, el nuevo gobierno buscó afanosamente armar una propuesta coherente de política económica no ceñida al paradigma neoliberal para superar la crisis. Pero un contexto internacional fuertemente adverso a ensayos no apegados a las orientaciones del consenso de Washington, junto con la más dramática crisis financiera y bancaria del siglo, así como contradicciones en el seno del gabinete económico forzaron al gobierno, en 1996, a buscar el auxilio del FMI. Se aplicó entonces el tercer paquete de ajustes, bautizado en esta oportunidad con el nombre de “Agenda Venezuela”.

Fue en el mes de abril de ese año, en un contexto político muy diferente al existente para el momento de la presentación del paquete de Pérez, pues importantes sectores de la vida nacional venían clamando por la definición de un programa económico, cuando el presidente Caldera presentó a la nación el tercer programa de ajuste que, al igual que el de Pérez, puede caracterizarse como de naturaleza ortodoxa. La Agenda Venezuela buscó superar, como lo hizo el paquete de Pérez en su momento, una crisis coyuntural, en este caso una crisis bancaria y financiera, y aprovecharla para comenzar a echar las bases de una economía abierta de mercado. Si bien las políticas sociales contenidas en la Agenda se presentan de manera más elaborada y cuidada que en “el gran viraje” de Pérez, dándoseles más relevancia retórica y política que en este, la implementación de ambos significó para el país la aplicación previa de un programa de ajuste macroeconómico bastante similar. Las medidas tomadas a partir del mes de abril de 1996 fueron:

1. Aumento del precio de la gasolina y demás derivados de los hidrocarburos en el mercado interno.
2. Liberación de las tarifas de los servicios públicos.
3. Liberación plena del sistema de control de cambios, con la consiguiente devaluación del bolívar.
4. Incremento de las tasas de interés.
5. Aumento del porcentaje a pagar por el impuesto a las ventas.
6. Plan de privatización de empresas públicas.
7. Liberación de todos los controles de precios, quedando solo controlados los precios de cinco artículos esenciales de la dieta del venezolano.
8. Creación de un fondo para la protección del sistema bancario.
9. Inicio de la discusión para la reforma del sistema de prestaciones sociales.
10. Programas sociales de enfoque focalizado para proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Para la reestructuración de la economía, apegado también a la orientación neoliberal, el gobierno presentó los lineamientos básicos de un conjunto de siete políticas globales en materia fiscal, cambiaria, financiera, laboral y otras.

Aunque en el texto de la Agenda Venezuela fue apenas mencionado, formaron parte sustancial del paquete de Caldera los programas petroleros, agrupados bajo lo que se conoció como la política de “Apertura Petrolera”. Si bien, en rigor, el inicio de esta política era anterior al gobierno de Caldera, fue bajo este que alcanzó su mayor despliegue. Siguiendo la misma orientación doctrinaria del programa de ajuste...

Índice

• Prefacio
• Introducción
• Parte I. El modelo de Puntofijo se derrumba y resurge la protesta popular
• Parte II. En búsqueda de liderazgos alternativos. Partidos de vocación popular en los años 90
• Parte III. Implantación de una nueva hegemonía
• Parte IV. Gestiones de la nueva hegemonía
• Epílogo
• Abreviaturas
• Bibliografía general
• Notas
• Créditos