Ciudad desbordada: asentamientos informales en Santiago de Cali, Colombia

Hernando Uribe Castro, Germán Ayala Osorio, Carmen Jimena Holguín

• Editorial: Autónoma de Occidente
• Año: 2017
• ISBN:
  9789588994451
• Categoría: Scienze sociali
• Categoría: Sociologia urbana

Los asentamientos ilegales, como el del dique del Río Cauca, se pueden leer como una lucha social constante entre sus habitantes y el modelo de ciudad capitalista que tiene Cali; hoy por hoy, fenómenos de poblamiento, como este, se ven representados en más de 8 777 viviendas ubicadas en la orilla del jarillón, que, a su vez, terminan convirtiéndose en un grave conflicto territorial y ambiental, ante el cual el Estado ha tenido, por más de diez años, una reacción pasiva.Este libro le da al lector la posibilidad de tener una visión teórico-conceptual de la problemática vivida en Los Samanes del (auca y Navarro, a través del abordaje del tema del urbanismo en Colombia y en Cali, así como la situación de segregación socio-espacial en la ciudad.

PARTE II: ESTUDIOS DE CASO DE ASENTAMIENTOS INFORMALES EN EL JARILLON DEL RIO CAUCA

3. LOS SAMANES DEL CAUCA

3.1 EL ASENTAMIENTO LOS SAMANES DEL CAUCA

Como se referenció en capítulos precedentes, el crecimiento urbano de la ciudad de Cali es resultado de múltiples determinantes, donde se destaca la transición sociodemográfica, la industrialización-urbanización, el conflicto armado y social, la violencia política, los ideales de progreso y la inyección de capitales en el campo y la ciudad, entre otros, dados de manera especial desde mediados del siglo XX hasta el presente (Uribe, 2007). Una ciudad que actualmente está compuesta por diferentes estructuras urbanas, resultado de los contextos sociales, económicos y políticos presentes a lo largo del tiempo. Un crecimiento urbano que hinchó la ciudad hacia el oriente -sobre áreas que habían hecho parte de la zona de inundación del río Cauca y que fueron recuperadas con la construcción de un conjunto de infraestructuras como un dique (jarillón)-, y que también la alargó hacia el sur -zonas consideradas como ricas en nutrientes, en paisaje y en condiciones ambientales-. No obstante al crecimiento vivido por la ciudad, este se llevó a cabo en un contexto social y político caótico, de bajo control institucional y de desinstitucionalización de las entidades encargadas del bienestar social; de crisis social y económica; de una creciente especulación en el mercado del suelo y de agencias del Estado atrapadas por el clientelismo y la corrupción política (Uribe & Holguín, 2012). Actualmente, el ordenamiento urbano y la claridad de su expansión, sobre los que subsisten múltiples incertidumbres, se manifiestan no solo en ese proceso de expansión descontrolado, sino que además se puede ver en las transformaciones internas de la ciudad y en las modificaciones en los usos del suelo en varios de sus barrios y comunas.

Para las corporaciones del mercado del suelo, es claro que se le debe apostar a las tierras del sur y del occidente de la ciudad por su alta valorización y calidad ambiental. De hecho, los proyectos liderados por las compañías urbanizadoras vienen extendiendo la urbanización, de moderado y alto costo, hacia estos sectores de la ciudad, donde los valores de una vivienda se encuentran por encima de los 75 millones de pesos y sin tope alguno. Incluso, en el sur de la ciudad se encuentran propuestas que aun establecidas en la misma área, se ofertan como opciones nuevas de vivienda tanto para estratos cuatro (4), como cinco (5); lo anterior puede explicarse por la lógica del mercado que intenta aprovechar cada porción del territorio, todavía con lógicas de consumo diferenciado en cuanto a la capacidad adquisitiva de las futuras familias y personas que allí se van a asentar. Además, no hay que olvidar que estas propuestas se ofertan con valores agregados: estar cerca de universidades, centros comerciales y vías importantes para el tráfico* y la conexión de la ciudad de sur a norte, así como unos metros cuadrados adicionales, comparados con los que se promocionan en las viviendas de interés social.

Precisamente, este último tipo de vivienda de interés social, en el caso de Cali, se concentra preferiblemente en tierras del oriente de la ciudad. En estos sectores se lideran programas de vivienda y venta de lotes sobre áreas que oscilan entre 40 a 60 metros cuadrados a costos entre los 30 y 75 millones de pesos. El programa presidencial de las cien mil viviendas gratis del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), de las cuales diez mil son para Cali, se dispusieron para ser localizadas sobre sectores de la zona de ladera (Alto Nápoles) y en el oriente de la ciudad¹⁵ (Barrio Taller). ¿No es esto acaso perpetuar la segregación urbana que se caracteriza por asentar los ricos en las mejores tierras y a las familias de más bajos recursos en las tierras de amenaza y alta vulnerabilidad? ¿No es acaso esto una decisión de las leyes del mercado más que de un Estado responsable socialmente? ¿Quién controla el mercado de tierras en la ciudad? Como lo expresan teóricos como D. Harvey (1977), el mercado del suelo en el contexto de la economía mundo capitalista obedece a las dinámicas impuestas por el capital como único mecanismo para acceder a la propiedad del suelo, y en este sentido, los pobres tienen pocas alternativas: a) quedarse por fuera del mercado de tierras, b) endeudarse con entidades bancarias a 15 o 20 años, casi toda una vida, para acceder a una propiedad, c) tomar por sus propias fuerzas tierras marginales en áreas periféricas*.

Esta última práctica conlleva a que en ciudades como Cali sean evidentes procesos de desborde de la ciudad, a partir de un fenómeno que poco a poco se ha venido institucionalizando como los asentamientos humanos de desarrollo incompleto. Frente a ello no existe una política pública como respuesta integral del Estado nacional, departamental o local, que no solo permita enfrentar la demanda de vivienda, sino que también asuma el asunto desde una visión integral, pues lo que es claro es que el problema de los asentamientos no pasa exclusivamente por generar una vivienda en condiciones “aparentemente dignas”, sino que pasa necesariamente por solucionar otras condiciones materiales y sociales que requiere un individuo para vivir en unas condiciones dignas, como, por ejemplo, condiciones de empleo, salubridad, seguridad e incluso, convivencia.

Lo interesante de este asunto es que para el caso particular de la ciudad de Cali, contrario a lo que se piensa en cuanto a que la gente invade tierras para no salir nunca, existe evidencia que, incluso, algunos de estos asentamientos marginales fueron promovidos desde los mismos agentes del Estado. En este sentido, estos pobladores no podrían considerarse invasores, porque no llegaron de un día a otro para tomarse la tierra y construir cambuches, ni tampoco como ilegales porque sencillamente hubo acuerdos de palabra* y con contratos escritos para arrendar estas tierras, como efectivamente aconteció en el sector Los Samanes del Cauca.

Subsisten prácticas organizacionales informales en las que funcionarios de entidades, cumpliendo actividades en terreno, cedieron, entregaron en arriendo o en comodato, terrenos aledaños al jarillón del río Cauca que fueron avalados a través de contratos de arrendamiento**. Las prácticas organizacionales informales son fruto de la debilidad institucional de entidades del Estado contaminadas por el clientelismo partidista, o de los líderes políticos a quienes se les entrega el manejo burocrático y político de entidades. Es más, los propios funcionarios operativos resultan beneficiarios o víctimas de prácticas clientelistas y de esa administración político-electoral de instituciones estatales que viene siendo una especie de doble Estado, que compite con los propios objetivos de dichas entidades y con las políticas internas, así como con las disposiciones del alto Gobierno central e incluso, de los gobiernos regional y local.

El manejo político-burocrático (clientelista) engendra prácticas organizacionales deficientes sobre las cuales el sentido de lo público se desvanece ante la presión ejercida por los caciques o barones electorales y por la propia incapacidad de las personas que asumen cargos operativos o gerenciales, bien porque desconocen los cargos o no están capacitados para asumirlos a cabalidad. De esta forma, es posible que funcionarios públicos actúen desde sus lógicas personales: desde una racionalidad más sujeta a sus buenas intenciones y motivaciones para cumplir con unas funciones (como levantar informes técnicos), que al real conocimiento y comprensión de lo que significa la presencia institucional de un organismo estatal.

Los manejos administrativos soportados en la racionalidad política-electoral de barones electorales que fungen como propietarios de las entidades del Estado, en especial de aquellas que tienen responsabilidades ambientales, abre las compuertas para que funcionarios actúen fuera de una esperada institucionalidad, lo que conlleva que estos, de manera ligera, irresponsable e informal, hayan cedido la propiedad, el manejo o la administración de recursos públicos, en este caso zonas del dique, o destinadas al mantenimiento de bosques de amortiguación, tal y como ocurrió con el asentamiento Los Samanes del Cauca.

Este hecho lleva a pensar que es necesario abordar conceptualmente una diferencia sustancial. Se tendrían asentamientos ilegales, caracterizados por procesos de toma de tierras a la fuerza y por las vías de hecho de pobladores que han sido marginados del sistema social y que buscan integrarse a la vida cotidiana urbana mediante este tipo de acción; y asentamientos informales, que surgen como poblamientos con el visto bueno de algunos organismos del Estado, y que, poco a poco con sus esfuerzos, sus luchas y acciones se consolidan y se institucionalizan.

En la anterior perspectiva, un claro ejemplo es el asentamiento Los Samanes del Cauca que no podría considerarse como invasión o asentamiento ilegal, sino que es un asentamiento informal que ha logrado avanzar en su proceso de institucionalización y reconocimiento jurídico y social, y que ha contado desde sus orígenes con el visto bueno de algunas autoridades locales que siguen trabajando por el mejoramiento de la comunidad. Aspecto central son los avances logrados en términos de capital social y relacional con los vecinos de las urbanizaciones aledañas, porque han venido construyendo relaciones de cooperación y solidaridad, a partir del intercambio de servicios y de ayudas comunitarias.

Hay, entonces, un discurso homogeneizante que diversas administraciones vienen imponiendo alrededor de los procesos de poblamiento del jarillón del río Cauca de 17 km de largo. Discurso que señala que todos los asentamientos son ilegales, lo que invisibiliza e invalida procesos sociales, luchas, acciones colectivas y procesos de organización social. Los medios de comunicación han servido de caja de resonancia a ese discurso con el que se ha pretendido ocultar la informalidad de unos funcionarios del Estado que se sirvieron del poder para entregar unos terrenos, de los que probablemente se beneficiaron por el cobro irregular de un canon de arrendamiento*.

Además de estos elementos, y retomando una mirada más estructural, la ciudad presenta un problema de planeación urbana en todas sus dimensiones, que reproduce la fragmentación y la segregación socioespacial. Esto evidencia, además, vacíos increíbles en lo que toca a políticas públicas y de protección a estos ciudadanos. Es una ciudad donde algunas características del neoliberalismo urbano vienen imponiéndose sin ningún tipo de reflexión o control. Ciudades para el mercado y el ciudadano consumidor, y no ciudades como expresión de un país y de una sociedad democráticas, elementos claves para consolidar un Estado Social de Derecho de acuerdo con los preceptos constitucionales de la Carta Política colombiana. Para reconstruir el proceso de la historia del asentamiento Los Samanes del Cauca, se acudirá a la memoria histórica de aquellos líderes y habitantes que vivenciaron en su momento los procesos de negociación y lucha por la adquisición de un terreno en el cual han construido a lo largo de más de cuatro décadas sus proyectos de vida personal, familiar y comunitario.

3.2 ATRIBUTOS FÍSICOS DEL ASENTAMIENTO

Como se ha expresado de forma reiterativa en este estudio, el “Proyecto Agua blanca” es una propuesta de desarrollo que se implementó a través de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca entre 1956-1960**. En el marco de este proyecto de infraestructura se da la construcción del dique sobre el río Cauca de aproximadamente 17 kilómetros de largo, para incorporar áreas para la agricultura y para la solución del problema del alcantarillado urbano, así como la recuperación de áreas inundables para el desarrollo de actividades agrícolas. La construcción de este jarillón, de algún modo, promovió el proceso de expansión urbana descontrolado y el surgimiento de barrios construidos por el mismo Estado, así como la formación de un conjunto amplio de asentamientos tanto informales como ilegales, que se evidenciaron a lo largo del tiempo.

El dique se había construido a partir de la disposición de toneladas de tierra como barrera de contención ante posibles desbordes del río. Según estudios técnicos de la CVC, las disposiciones de elaboración del dique se correspondían con dimensiones de 3 metros sobre la cresta y 6 metros de altura, a una distancia aproximada de 30 metros al río. El informe OLAP también considera que las ciénagas, algunas de ellas con extensiones de 100 hectáreas, eran formadas no solo por la afluencia de los tributarios o las inundaciones de estos ríos, sino también por las aguas lluvias (1951, p. 5).

Se puede considerar la forma espacial del asentamiento Los Samanes del Cauca como de tipo lineal, forma que ha sido determinada por el componente técnico con el que fue construido el dique del río. Son 105 casas -dato al año 2012-, una al lado de la otra, formando una línea de poblamiento. La ubicación de los pobladores no se hace sobre la orilla del río Cauca, como regularmente se piensa, sino que entre el asentamiento y el río existen diferentes tramos donde la distancia entre el jarillón y la orilla del río puede alcanzar los 300 metros y, en ciertos tramos, hasta más (ver Figura 8).

Figura 8. Vista aérea del asentamiento Los Samanes del Cauca

Fuente: http://maps.google.es/.

Entre el asentamiento y el río existe la Hacienda Potrero Grande sobre la que se ha construido recientemente un segundo jarillón de protección. Al interior de la Hacienda existe una planta de tabaco y áreas para el pastoreo: en la línea de construcción del asentamiento se ubican las 105 propiedades*, numeradas por los moradores como casa-lote, concepto que se traslada de la forma de apropiación del suelo en las zonas rurales y que implica una visión multifuncional de la vivienda productiva, entendida como aquella que combina diferentes tipos de usos en un mismo lugar y su entorno, es decir, que p...

Índice

• Cubierta
• Portadilla
• Portada
• Créditos
• Contenido
• Introducción
• Parte I: El contexto histórico y geográfico del poblamiento en Cali
• Parte II: Estudios de caso de asentamientos informales en el jarillon del rio Cauca
• Parte III: Estado, ciudad y asentamientos informales
• Discusión y conclusiones
• Bibliografía
• Apéndice: ciudad, Estado y Capitalismo
• Notas al pie
• Contraportada