Ciudades de vida y muerte

La ciudad y el pacto social para la contención de la violencia

Roberto Briceño León

• Editorial: Editorial Alfa
• Año: 2016
• ISBN:
  9788416687299
• Categoría: Social Sciences
• Categoría: Criminology

Las urbes latinoamericanas son el escenario privilegiado de la violencia y de la inseguridad y, al mismo tiempo, representan la modernidad y la esperanza. Las ciudades congregan lo mejor y lo peor de la vida social contemporánea. Sin embargo, en esos espacios de exclusión material y normativa, donde no llega el agua ni la ley, hay expresiones de optimismo que representan la transformación posible.Hay maestras que, desafiando las fronteras invisibles, organizan juegos con niños en territorios dominados por las pandillas, para enseñarles a compartir bajo reglas de convivencia basadas en el diálogo y no en la fuerza. Hay monjas y sacerdotes que dan protección a los amenazados, disputándoles el espacio público a los traficantes. Hay policías honestos que se resisten a la corrupción y al abuso, a pesar de no contar con el respeto de la población ni con el apoyo de sus superiores. Hay actores económicos que se resisten a la extorsión del delito organizado y crean sus propios mecanismos de sobrevivencia. Hay organizaciones vecinales que logran fijar acuerdos sociales que regulan la coexistencia, adaptando la ley formal a sus realidades informales.La investigación que se reporta en este libro sobre la violencia e institucionalidad en las ciudades de Venezuela forma parte de una iniciativa internacional que ha tenido como objetivo comprender las razones de la violencia urbana y dar aportes para la construcción de ciudades seguras e incluyentes en África, Asia y América Latina.

Función policial e institucionalidad en Venezuela
Claudia Carrillo
Carlos Herrera
Liliana Ortega

Violencia, inseguridad ciudadana e impunidad en Venezuela

En Venezuela, la violencia, la inseguridad ciudadana y la impunidad, se mantienen como primeros temas de preocupación para los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil en el país, y población en general, lo que ha llevado al Estado a proponer medidas urgentes en la materia para reducir los índices de violencia, retardo procesal y de hacinamiento carcelario.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística –INE– (2009) en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana en Venezuela revelaron que, durante ese año, se produjeron 19.133 asesinatos, una tasa de homicidios en 75 por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con este estudio, del total de homicidios registrados, el 79,5% fueron cometidos con armas de fuego, el 81,1% de los asesinados fueron hombres mientras que un 18,9% mujeres, y el 44,1% tenían entre 25 y 44 años. El documento del INE señala que la mayoría de las víctimas pertenecían a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Aunque tales estadísticas publicadas por el INE se ubican hace seis años, por ser información oficial, ilustran como el debilitamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela ha sido progresivo. En dicha encuesta oficial, el 60,9% de los consultados calificó la situación de la inseguridad ciudadana como «muy grave» y 33,4% como «grave». Casi la totalidad de los consultados (94,3%) consideró la situación de inseguridad personal como crítica para el año 2009. El 81,2% de las víctimas de delitos señaló que no recibió apoyo institucional y el 74,1% indicó que la policía, en los encuentros con los ciudadanos, no actúa con profesionalismo, mientras que en el 16,3% de los casos actúa con violencia. El 83,2% afirmó que la policía no le presta atención y el 95,9% considera que la misma no actúa con prontitud. Finalmente, describen que el 79% de los homicidios y secuestros en Venezuela se cometen con armas de fuego y los robos en un 74%.

Por otro lado, de acuerdo a las cifras ofrecidas por la «Gran Misión A Toda Vida Venezuela», desarrollada por el Ejecutivo Nacional en el año 2012[98], la tasa de homicidios durante el año 2011 fue de 50 por cada 100 mil habitantes y el 1 de marzo de 2013, el Ministro de Interior y Justicia dio a conocer que durante el año 2012 hubo 16 mil víctimas por homicidio en todo el país[99]. En contraste, otros monitoreos dirigidos desde la sociedad civil indican un progresivo incremento en las cifras de violencia. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el año 2013 cerró con un estimado de 24.763 muertes violentas en el país, lo que representó una tasa de 79 fallecidos por cada 100 mil habitantes[100]. Para el año 2014, esta misma organización estimó que en Venezuela la tasa de homicidios cerró de 82 homicidios por cada 100 mil habitantes, quedando el país ubicado como el segundo con más muertes violentas en el mundo[101].

De igual forma, cifras de la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) resaltan el impacto de la violencia en niños y adolescentes, la cual se habrían sextuplicado desde 1992, destacando que la mayoría de las muertes de jóvenes entre 12 y 17 años fueron originadas por causas violentas (Chacón & Fernández-Shaw, 2013). De acuerdo a esta organización no gubernamental, el 75% de las muertes violentas, en el caso de los niños varones, ocurren en zonas urbanas y con intervención de un arma de fuego.

Estas cifras denotan la gravedad de la situación de violencia e inseguridad ciudadana en el país, y han motivado importantes pronunciamientos por parte de organismos de protección internacional de derechos humanos, como ha sido el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien incorporó por séptima vez a Venezuela en el Capítulo IV de su informe anual del 2013, apartado especial dedicado a aquellos Estados que por diversas razones enfrentan situaciones que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, entre las que se incluyen situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales; procesos de reforma institucional que afectan derechos humanos; u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales[102].

En dicho informe, se hace referencia expresa a las acciones estadales necesarias para garantizar el derecho a la vida e integridad personal, así como a una seguridad democrática, ratificando la obligación del Estado venezolano de proteger a sus ciudadanos no solo de violaciones a los derechos humanos cometidos por cualquiera de sus agentes, sino de prevenir y sancionar los actos de violencia entre sujetos particulares. La CIDH ha insistido en la importancia de la seguridad ciudadana y el respeto por los derechos humanos, así como también de adoptar acciones efectivas para prevenir, controlar y reducir el crimen y la violencia[103].

Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante el Examen Periódico Universal (EPU) del año 2011, evaluó con especial atención las medidas del Estado venezolano sobre el tema de seguridad ciudadana, justicia y violaciones a los derechos humanos. Por su parte, Amnistía Internacional, en su informe anual (2013), destacó que el índice de asesinatos en Venezuela continuaba como uno de los más altos de América Latina, debido, entre otras cosas, a la ausencia de control sobre la disponibilidad de las armas de fuego y las municiones. De acuerdo a esta organización, según un informe del Consejo General de Policía, el 80% de las instituciones policiales utilizaban armas que no cumplían las directrices institucionales[104].

Principales medidas institucionales relacionadas con Seguridad Ciudadana

Con la aprobación de un nuevo texto constitucional en Venezuela para el año 1999, la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado quedó limitada y supervisada a través de un capítulo especial dedicado a los derechos humanos (Título III), dando relevancia a los tratados e instrumentos internacionales en esa materia, suscritos y ratificados por la República, especialmente centrados en la importancia de la sanción a funcionarios del Estado que se excedan o desvirtúen su labor. En la Constitución, se refuerza la medida de obligación del Estado de indemnizar a las víctimas por los daños causados y se establecen nuevas instancias como la Defensoría del Pueblo, responsable de monitorear al Estado en lo que a respeto y garantías de derechos humanos se refiere, estableciéndose los parámetros para ello.

En nuestro país, la política de seguridad ciudadana es principalmente competencia del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz, regida por el ordenamiento jurídico que posterior a la Constitución se ha venido estableciendo en la materia. Desde 1999 hasta la fecha, el Estado venezolano ha puesto en marcha más de veinte (20) planes o medidas estratégicas destinadas a mejorar la seguridad ciudadana en el país[105], así como ha adelantado tres importantes procesos de reforma policial. El primero de ellos, el trabajo realizado por la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL)[106] en el año 2006; el segundo, iniciado en el año 2009 a través de la conformación del Consejo General de Policía[107], durante el cual se da la creación del Sistema Integrado de Policía, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)[108] y se conforma la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme en mayo de 2011[109]. El tercer proceso, en noviembre de 2014, la creación vía Decreto del Ejecutivo nacional de la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana (2014)[110].

En los tres procesos descritos, las competencias asignadas por Decreto tienen que ver con la planificación y coordinación de la política pública en materia policial y, de acuerdo a sus estructuras, están adscritas al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y sus funciones apoyadas en lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009)[111].

Tanto la PNB, como la UNES, de acuerdo a la información pública sobre su descripción institucional, tienen carácter preventivo, civil y profesional, lo cual debiera expresarse en sus autoridades, dirección, modelo de gestión, personal, cultura, régimen disciplinario, instalaciones, equipamiento y dotación, de acuerdo con sus requerimientos y responden a un nuevo modelo policial orientado a proteger y garantizar los derechos de las personas frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para su integridad física, sus propiedades, el ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la ley[112]. De acuerdo con el marco legal en materia policial en el país, la UNES es la única institución universitaria especializada en la profesionalización y el desarrollo integral de funcionarios de la seguridad ciudadana en el país[113]. Sin embargo, desde enero de 2014, por decisión del Ejecutivo Nacional, la máxima autoridad de esta casa estudios es un funcionario militar[114].

Dado el incremento sostenido de los índices de inseguridad ciudadana en el país, en septiembre del año 2011, paralelo a este proceso de fortalecimiento del Sistema Integrado de Policía, el Ejecutivo Nacional creó el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE)[115], como un mecanismo de reforzamiento de la Seguridad Ciudadana para la disminución de los índices delictivos a nivel nacional[116]. Siendo sus centrales: desarme, control de consumo, expendio y distribución de alcohol y especies alcohólicas, micro tráfico, control vial, violencia escolar, investigación criminal, vigilancia, patrullaje y atención a la víctima.

Parte de los cuerpos e instituciones del Estado que participan del DIBISE como mecanismo de seguridad ciudadana son: Ejército Nacional Bolivariano (ENB); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana (MNB); el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); los Cuerpos de Policía Estadales y Municipales; la Dirección General de Prevención del Delito; la Oficina Nacional Antidrogas (ONA); el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT); la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres; los Cuerpos de Bomberos Estadales; Distritales y Municipales; el Servicio Administrado de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

A pesar de la puesta en marcha del DIBISE, ante el agravamiento de la inseguridad ciudadana y el aumento de la protesta pública en el país, el Gobierno Nacional decidió en fecha 13 de mayo de 2013 dar inicio al «Plan Patria Segura», el cual contempla formalmente la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en tareas de seguridad ciudadana en el Área Metropolitana de Caracas (ÁMC), anunciando que este mecanismo sería progresivamente implementado en el resto del país. Este plan fue descrito como: «el plan de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que sale a la calle a proteger al pueblo, a todo el pueblo, así unión cívico-militar para una patria segura». Implicó la incorporación de al menos 3.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional[117].

Es oportuno destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 332 establece que: «... Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna»[118]. A pesar de la disposición constitucional, el Estado venezolano ha impulsado diversos planes de seguridad ciudadana con la incorporación activa de efectivos de la Fuerza Armada Nacional y en la mayoría de los casos, le ha comisionado la coordinación de dichos planes a militares activos[119].

Asimismo, otra de las acciones adelantadas por el Ejecutivo Nacional en materia de seguridad ciudadana se llevó a cabo el 15 de junio de 2013, cuando el Presidente de la República promulgó la «Ley para el desarme y control de armas y municiones», sancionada por la Asamblea Nacional el 11 de junio de 2013[120]. La ...

Índice

• Introducción
• La ciudad: ¿escenario o causa de la violencia? Roberto Briceño-León
• Parte I. La ciudad y el pacto social
• Las ciudades venezolanas y la exclusión social. Oscar Olinto Camacho
• Los barrios en las ciudades venezolanas. Teolinda Bolívar
• Un estado capturado por la moralidad preconvencional. Levy Farías
• La teoría sociológica de la institucionalidad y el pacto social. Roberto Briceño-León
• Parte II. La contención de la violencia
• La metodología de los múltiples estudios de caso. Roberto Briceño-León
• Trama urbana y violencia en un barrio de caracas. Iris Rosas Meza
• Infancia, violencia y estado de derecho la mirada de los niños, madres y maestras. Gloria Perdomo, Levy Farías, Helen Ruiz
• Una tregua es posible: la violencia y el pacto de cese al fuego entre mujeres y jóvenes armados. Verónica Zubillaga, Manuel Llorens, John Souto
• Dinámicas municipales contra la violencia: El caso Chacao. Marisela Hernández, Andrea Chacón
• Función policial e institucionalidad en Venezuela. Claudia Carrillo, Carlos Herrera, Liliana Ortega
• Mujeres de mano extendida: un muro de contención a la violencia en comunidades populares de Ciudad Guayana. Luisa Pernalete P.
• Los pactos sociales y la violencia en las ciudades de frontera del estado Táchira. Neida Albornoz Arias, Rina Mazuera Arias
• Conclusiones
• Ciudades de ciudadanos. Roberto Briceño-León, Alberto Camardiel
• Notas
• Créditos