Más allá de la guerra

Venezuela en tiempos de independencia

Inés Quintero

• Editorial: Editorial Alfa
• Año: 2016
• ISBN:
  9788417014247
• Categoría: History
• Categoría: Social History

"Más allá de la guerra", una recopilación historiográfica que ha tomado forma bajo la mirada diversa de un grupo de historiadores de la Universidad Central de Venezuela, nos invita a pasearnos por senderos poco transitados de la historia venezolana en los que la cotidianidad y la intimidad resultan elementos sorprendentes, aspectos usualmente ignorados en el discurso histórico oficial.Aquí cobra protagonismo el diario desenvolvimiento de las clases sociales existentes en la Venezuela de principios del siglo XIX. Su vida -como la nuestra- estaba irremediablemente ligada al trabajo, el amor, la libertad, los hábitos, elementos todos que han regido y probablemente regirán hasta el final de los tiempos, más allá de cualquier cosa, más allá de la guerra, la vida de todos. Interrogantes tales como qué papel tenían la religión, el casamiento y los estudios universitarios en la vida de los habitantes de estas tierras, o qué tan determinante era el contexto bélico heroico adelantado por los próceres cuando se decidía un matrimonio o se establecía un oratorio doméstico hallarán respuestas en esta muestra de la vivencia colonial e independentista venezolana.

Entre dos fuegos

Fieles al rey, leales a la República

La Universidad de Caracas –al igual que otras instituciones–, no condenó los hechos del 19 de abril de 1810, cuando fueron destituidas las autoridades españolas y se conformó una Junta Suprema en nombre del rey Fernando VII; al contrario, en diferentes comunicaciones entre el nuevo gobierno y la Universidad, hasta los primeros días de 1811 se advierte una clara afinidad y cierto grado de colaboración y apoyo entre las dos instancias, aunque, en los primeros meses de 1811, esta relación se deterioró como consecuencia de la intromisión del gobierno en asuntos académicos y administrativos de la universidad, y por la ejecución de medidas y aceptación de propuestas que atentaban contra los valores del antiguo régimen, fundamentales para el mantenimiento del orden.

Como es ampliamente conocido y se ha dicho ya en otros capítulos de este libro, el 19 de abril de 1810 se conformó en Caracas la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. En las semanas siguientes se sumaron a la iniciativa Mérida, Cumaná, Barcelona, Margarita y Trujillo. Caracas asumió la soberanía y representación de las provincias como medida de emergencia ante la grave crisis política y militar de la España peninsular, desatada por la abdicación de Fernando VII y Carlos IV a favor de Napoleón Bonaparte, y luego de la creación de la Regencia como máxima autoridad de la monarquía española, inmediatamente después de la disolución de la Junta Central Gubernativa de España e Indias, el 2 de febrero de 1810, institución reconocida por los americanos.

La primera medida de la Junta de Caracas fue asegurar el control militar de la provincia; con ese fin nombró, para el mando general de las tropas, a los capitanes Nicolás de Castro y Juan Pablo Ayala; seguido, el Cabildo de Caracas juró lealtad al nuevo gobierno en la plaza Mayor, ante los distintos cuerpos del ejército, en unión al Batallón de Granaderos de Aragua, bajo la dirección del comandante José Leandro Palacios y de Miguel de Ustáriz y Mijares, teniente de los Granaderos de Blancos. De esta forma, el joven gobierno aseguró la lealtad y control de las fuerzas armadas, y procedió a designar el 25 de abril de 1810 la Junta Suprema de Gobierno, integrada por las personalidades más influyentes y destacadas de la sociedad caraqueña de principios del siglo XIX.

El 19 de agosto de 1810, la Secretaría de Gracia y Justicia, en nombre de la Junta Suprema de Caracas, le envió al rector de la Universidad de Caracas, Dr. Tomás Hernández Sanabria, un oficio para ser leído en el claustro universitario del día siguiente, en el cual se informó del nombramiento de varios individuos vinculados a la Universidad en altos cargos directivos del gobierno de Caracas. Algunas de estas personas a los pocos meses integrarían el Congreso Constituyente de 1811 y como diputados firmarán el Acta de Independencia y la primera Constitución de la República.

Entre los miembros de la Universidad que participaron en el gobierno de Caracas podemos destacar a don Francisco José Ribas, quien se desempeñaba como catedrático de la Universidad de Caracas; doctor en Teología, licenciado en Filosofía y Teología, firmó el acta del 19 de abril de 1810, fue representante del Cabildo Eclesiástico y vocal de la Junta Suprema. Don Juan Germán Roscio, catedrático de la Universidad, doctor en Derecho Canónico y Civil, se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores de la Junta Suprema y fue, al mismo tiempo, diputado en el Congreso, redactor del Acta de Independencia y de la Constitución, y miembro del Poder Ejecutivo en 1812. Don Félix Sosa, catedrático de la Universidad, bachiller en Filosofía y en Derecho, doctor en Teología, fungió como vocal de la Junta Suprema y fiscal del Tribunal de Seguridad Pública. Don Mariano Cova, bachiller y licenciado en Derecho Civil, maestro en Filosofía y doctor en Derecho, fue miembro de la Junta de Cumaná y representante de esta provincia en la Junta Suprema de Caracas; miembro del Tribunal de Seguridad Pública, diputado del Congreso, firmante del Acta de Independencia y de la Constitución. Don Nicolás Anzola, miembro de la Junta Suprema como vocal y secretario de Gracia y Justicia. Don José de las Llamozas, copresidente de la Junta Suprema. Don Fernando Key Muñoz, secretario de Hacienda de la Junta Suprema. Don Martín Tovar Ponte, copresidente de la Junta Suprema, diputado del Congreso, firmante del Acta de Independencia y de la Constitución. Don Isidoro López Méndez, tesorero de la Universidad, vocal de la Junta Suprema, presidente del Tribunal de Seguridad Pública, diputado del Congreso, firmante del Acta de Independencia y de la Constitución. Y don Francisco Javier Ustáriz, diputado del Congreso, firmante del Acta de Independencia y uno de los redactores de la Constitución. Además de profesores y egresados de la Universidad, todos eran miembros de las familias más adineradas e influyentes de la provincia, desempeñándose hasta la fecha en diferentes cargos políticos y administrativos. En respuesta a dicha comunicación, el claustro se mostró complacido y respaldó que miembros de su comunidad participaran activamente en el nuevo gobierno[94].

La cercanía y colaboración entre la Universidad y la Junta Suprema se evidenció nuevamente meses después, el 8 de octubre de 1810, cuando la Junta Suprema intercedió por Juan Germán Roscio, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Caracas y miembro activo del gobierno en la Secretaría de Relaciones Exteriores, para adelantar su jubilación. El claustro universitario, atento a las nuevas asignaciones y responsabilidades del profesor, y a pesar de no contar con el tiempo establecido de 20 años para su jubilación, se la concedió, aunque le faltaban ocho. El Dr. Roscio, hasta la fecha, había cursado estudios en Teología, Sagrados Cánones y Derecho Civil, graduándose en 1794 como doctor en Derecho Canónico y, posteriormente, de doctor en Derecho Civil en 1800. Desde 1798 se desempeñó como profesor de la Universidad de Caracas.

Ese mismo día, el claustro universitario recibió un oficio del Dr. don José Domingo Díaz, remitiendo el prospecto del Semanario de Caracas, y se acordó que el rector le contestara, felicitándolo por la iniciativa.

Muchos estudiantes de la Universidad de Caracas, así como algunos de sus profesores, simpatizaron o pertenecieron a la Sociedad Patriótica de Caracas. Esta organización fue un club político que actuó entre 1811 y 1812 en Venezuela. Para pertenecer a él se debía cancelar una contribución y la calidad de sus miembros se definía por su actividad, ya fuesen militares, religiosos o ciudadanos. El crecimiento de esta organización se debió, principalmente, a su órgano divulgativo y propagandístico: El Patriota Venezolano. Gracias a él se crearon filiales en Puerto Cabello, Valencia, Barcelona, Trujillo, Barinas, entre otras[95].

La Sociedad Patriótica de Caracas asumió la función didáctica de ser una «escuela de patriotismo», conformada para «educar en las ideas que coincidan a la salud, libertad y mejoras de la patria [al igual] que ilustrar en la virtud del ardiente patriotismo, en la verdadera Libertad»[96]. Esta tarea fue ejercida a través de los debates, y por la expresión simbólica de muchas de sus acciones, calificadas por sus contemporáneos como escandalosas. Asimismo, asumió el papel de órgano de la regeneración política y de la libertad, tal como lo expresa el simbolismo de ella: «el ojo de la vigilancia», y en algunas memorias y escritos de sus principales miembros resaltan las ruidosas acciones en las barras del Congreso por parte de los socios del club; la destrucción de los símbolos monárquicos, así como las agresiones cometidas contra la Alta Corte de Justicia.

La primera noticia de su actividad pública ocurre con ocasión de la ceremonia de instalación del Congreso, el 2 de marzo de 1811. Ese día, las diferentes instituciones, entre ellas la Sociedad Patriótica, adornaron con alegorías las sedes de los lugares por donde transitarían los nuevos diputados. La Sociedad colocó en el balcón de la casa de sus sesiones una representación de la Fama, y tras ella «la constelación de Tauro, símbolo del memorable 19 de abril, con el principio de este mote ‘Independ.’. A cada lado, un altar, uno representando la Justicia, y el otro la Constitución, mediante un libro que llevaba el lema ‘Libertad y sumisión ante la Ley’».

La segunda aparición de esta sociedad se registró con motivo del escándalo que sus acciones causaron al celebrarse el primer aniversario del 19 de abril, en 1811. Durante las celebraciones, Francisco Espejo –bachiller en Artes de la Universidad de Caracas en 1775 y bachiller en Derecho Civil en 1781–, desde el balcón de la casa sede de la Sociedad Patriótica, profirió unos cuantos vivas a la libertad y a la independencia absoluta, y mueras al rey Fernando VII. El escándalo concluyó con un recorrido que realizaron algunos de sus miembros por las principales calles de Caracas, durante el cual patearon el pendón real.

En los juicios conocidos como Causas de Infidencia se tipifica el delito de haber sido miembro de algunas de las sociedades patrióticas bajo el calificativo de «patriota exaltado» y se condenan como escandalosas las acciones realizadas por sus miembros, como la destrucción de los símbolos de la monarquía, quemar y ahogar retratos del rey de España e Indias, patear la bandera española y promover algarabía en contra del monarca español. Otro delito fue la ceremonia de plantar árboles de libertad, así como pasear, con fines didácticos, la bandera republicana. También era considerado inconveniente la defensa pública del sistema republicano a través de las canciones patrióticas y americanas, como Carmañola americana, Canción americana, Caraqueños otra época empieza, atribuida a Andrés Bello y Cayetano Carreño, y Gloria al bravo pueblo, entre muchas otras.

Vida universitaria en medio de la rebelión

A pesar de las circunstancias excepcionales que se vivían en la provincia, la Universidad trató de mantener cierta cotidianidad administrativa y académica. En estos meses se discutieron asuntos relativos a graduaciones, elecciones de diferentes autoridades universitarias, solicitudes de grados y asuntos financieros, aun cuando ya se tenía noticia en Caracas del desconocimiento de las ciudades de Coro y Maracaibo a la Junta de Caracas, y la decisión de esta última de enviar tropas para someterlas.

El 22 de enero de 1811, tal como estaba establecido en la Real Cédula de 4 de octubre de 1784 y en la Constitución de la Universidad de Caracas, el claustro universitario se reunió en la capilla de la institución para realizar la elección del rector, ejecutada cada dos años, a fin de nombrar al sustituto del doctor Tomás Hernández Sanabria. El rector tenía a su cargo el gobierno económico de la Universidad, la convocatoria de claustros, sustituciones de cátedras, entre otras funciones. Salió favorecido el Dr. don Manuel Vicente Maya, bachiller en Filosofía, en Derecho Civil y Canónico y doctor en Teología. Además, profesor de Latinidad y Sagrados Cánones, y diputado al Congreso Constituyente. Posteriormente, se juramentó la nueva autoridad en presencia de una gran cantidad de doctores miembros de la institución. El 9 de abril de 1811 se realizó la elección del administrador o mayordomo de la Universidad, y, con uniformidad de votos, el nombramiento recayó en don José Manuel García Noda.

El 19 de marzo de 1811, el Supremo Congreso le envió al claustro universitario dos decretos, uno para solicitar instrucción acerca de las pretensiones del bachiller Pablo Alavedra de recibir los grados en Sagrada Teología, sin cobrarle caja, propinas ni otros derechos por ninguno de los actos que debía practicar, y otro para que se llevase a efecto la formación de nuevas constituciones y plan de estudios, acordes con los nuevos tiempos.

Al día siguiente se reunieron las autoridades universitarias y se acordó informar al Congreso sobre la aplicación, aprovechamiento, mérito y pobreza del bachiller Alavedra, y que, por todas estas circunstancias, era acreedor de este privilegio. Informan también que los fondos de las cajas de la Universidad se hallan exhaustos y que, de continuar con esa situación, no podrían cubrirse los salarios de los profesores. Solicitaron, entonces, su mayor colaboración.

En cuanto al segundo mandato, se acordó poner en la consideración de las autoridades que «aunque es verdad están mandadas hacer nuevas constituciones y plan de estudios, y aún se tienen nombrados sujetos para su formación», no ha tenido este asunto el proceso deseado, porque se han estado practicando diligencias para hacerse de medios y árbitros para la dotación de las cátedras.

Luego de declarada la Independencia de Venezuela, en julio de 1811, el Congreso insistió nuevamente al claustro respecto a la necesidad de «formar nuevas constituciones conforme con el sistema de gobierno republicano». El rector le comunicó al Poder Legislativo que sobre dicho asunto había enviado comunicación el 20 de marzo.

A pesar de las condiciones extraordinarias que vivía la provincia, la institución seguía funcionando con normalidad. El cancelario de la Universidad de Caracas le remitió un oficio al claustro universitario para informarle acerca de las actividades musicales realizadas en la institución. Las autoridades se manifestaron complacidas y afirmaron que la música del zaguán del colegio era considerada «…importante a la emulación de las juventudes, sin que haya motivo de reunión de gentes dentro del mismo colegio, y que con certificación de este acuerdo se conteste al señor cancelario con las atenciones acostumbradas».

Federico Meyer envió al claustro un memorial, a fin de solicitar los permisos necesarios para establecer una cátedra de Anatomía y Cirugía en la Universidad de Caracas. El 19 de septiembre de 1811, ya consumada la Independencia, acordaron estar conformes con la propuesta de Meyer, siempre que las horas de clases fuesen por la mañana, de diez a once, y, en la tarde, de cinco a seis, concluidos los ejercicios y actos literarios de la casa de estudios.

El 10 de octubre de 1811, el claustro se reunió para decidir quién ocuparía el cargo de bedel de la Universidad, vacante desde la muerte de don Juan Ramírez. Se leyeron los memoriales de los dos únicos pretendientes: don José Simosa y don Ramón Ramírez. La votación favoreció a Ramírez.

Esta vida apacible entre las dos instancias se vio perturbada en diferentes oportunidades, como consecuencia de la intervención de las nuevas autoridades en asuntos académicos y administrativos, primero por parte de la Junta Suprema y luego del Congreso Constituyente, lo que despertó molestia e incomodidad en la Universidad.

La Junta Suprema solicitó el 18 de enero de 1811 información sobre la petición del estudiante don José Joaquín González para graduarse en Medicina, dispensándole el defecto de legitimidad por ser expósito. Entre los documentos enviados por la Junta se encontraban documentos comprobatorios de su condición de blanco, de su buena conducta y aprovechamiento. La Universidad reconoció la aplicación y estudio de don Joaquín, pero consideraron la solicitud de la Junta como un intromisión en los asuntos académicos de la Universidad, informándole que las leyes de la institución exigían «que los que opten a los grados han de justificarse precisamente ser hijos legítimos y limpios de toda mala raza». Igualmente, le recordaba que la institución velaba y velaría siempre para que se cumpliera dicha norma. El claustro universitario mencionó, en la misma comunicación, los casos del doctor don José Domingo Díaz y los bachilleres don Ramón Madrid y don Lorenzo Laza, quienes obtuvieron una dispensa de su condición de expósitos del rey de España e Indias, a fin de ser considerados hijos legítimos y optar a los títulos universitarios. Le reiteran que solo el rey, y no la Junta Suprema, tenía el poder de dispensar esta condición.

A pesar de la presión ejercida por la Junta a la Univers...

Índice

• Introducción
• Con el arma en la mano
• Fuera de combate
• Camino al altar
• Amores contrariados
• Tiempo para rezar
• Desorden en la casa del señor
• Entre dos fuegos
• Piedra sobre piedra
• Fuentes
• Sobre los autores
• Notas
• Créditos