Desplazamiento interno forzado, Restablecimiento urbano e identidad social

Alfredo Correa de Andrés, Jorge Palacio Sañudo, Sandro Jiménez Ocampo, Margarita Rosa Díaz Benjumea

• Editorial: Universidad del Norte
• Año: 2009
• ISBN:
  9789587410167
• Categoría: Politique et relations internationales
• Categoría: Terrorisme

Esta obra está dirigida a investigadores y estudiantes de humanidades y Ciencias sociales interesados en el tema del Desplazamiento Interno Forzado, contiene los resultados de un proyecto ejecutado por los grupos de investigación GIDHUM de la Universidad del Norte y el GIDES de la Universidad San Buenaventura de Cartagena, con el financiamiento de Colciencias, que permitió delimitar el proceso de construcción/reconstrucción de la identidad social y el restablecimiento urbano de una comunidad víctima de la violencia política en Colombia. Concretamente, la investigación se focalizó en Cartagena de Indias, en el asentamiento Revivir de los Campanos, donde más de 100 familias desplazadas intentan superar la experiencia traumática de la guerra.

CAPÍTULO 1

CONFLICTO INTERNO EN COLOMBIA:

DIVERSAS MANIFESTACIONES

DE UNA MISMA GUERRA

El origen y desarrollo desequilibrado de Colombia ha estado marcado por la violencia y la guerra, básicamente interna, que ha generado con diferentes niveles de intensidad permanentes desplazamientos involuntarios (según el grado de degradación humana y loca esquizofrenia por el poder de los sujetos y grupos que históricamente las han propiciado). En la actualidad, esto se ha convertido en un problema, más que coyuntural y de crisis, estructural y de fondo en el país frente al cual no puede seguir existiendo tanta impavidez (Rueda, 1997:11).

Al igual que Rueda, muchos otros autores consideran que el desplazamiento forzado en Colombia ha estado ligado al sistema político y a la estructuración espacial, económica, social y cultural del país, donde la práctica de la guerra ha sido históricamente una de sus expresiones fundamentales. Ésta y las varias formas de violencia son una característica propia de su organización interna y, como toda construcción histórica, no está fatalmente determinada, sino que se puede conocer en cada una de sus conexiones y, por lo mismo, se puede modificar en el futuro.

Esta guerra continua hace que el desplazamiento no esté relacionado con un hecho puntual; por el contrario, el desplazamiento forzado se ha convertido en parte de la dinámica propia e histórica del país, y junto con la violencia se ha constituido en un elemento que lo identifica dentro y fuera de él. Sin embargo, en la última década, el desplazamiento forzado ha adquirido dimensiones inimaginables, no sólo por sus magnitudes y sus repercusiones en el mundo urbano, sino porque se logró, gracias a los aportes de algunas ONG’s, convertirlo en tema específico de preocupación política y deslindarlo de esa amalgama indiferenciada en la que se mezclaban de manera confusa los diferentes eventos del conflicto, como asesinatos, masacres, secuestros, tomas de poblaciones, violación sistemática de los derechos humanos; panorama en el cual los desplazamientos de población eran percibidos como algo capilar, aluvial y como un resultado, no buscado, de las operaciones militares de las fuerzas en disputa.

Este fenómeno se hizo más notorio a raíz del inicio de los desplazamientos masivos de las zonas rurales a las urbanas. Hasta mediados de los años ochenta, el desplazamiento se hacía de manera lenta y “por goteo”, es decir, una que otra familia a la vez. Actualmente son poblaciones completas las que se desplazan. El problema, pues, sólo hasta ese momento se hizo visible, cuando ya llevaba casi dos siglos de existencia.

Sólo hasta dicha década se alertó sobre la magnitud de esta problemática y comenzó a generar mayor preocupación la vergüenza que estos datos arrojaban sobre la conciencia del país. “Grupos que tienen poder y dominio en ciertas regiones persiguen a la población que le es adversa o incluso a los que pretenden ser neutrales... Por ello cuando una persona decide salir de su región y abandonarlo todo, es porque ya tiene suficiente miedo acumulado en su vida. El miedo es el perfeccionamiento de la violencia, y cuando una persona ha sobrevivido a amenazas, o un atentado contra su vida, a la crueldad, al dolor, entonces la impotencia y el miedo llegan a su máximo nivel. Lo primero, pues, es sobrevivir, huir del peligro sin importar tierras, familiares, amigos o trabajo” (IPC, 1997:145).

En 1997, uno de los años más violentos de la reciente historia del conflicto armado en Colombia, el CODHES informó que el número total de nuevos desplazados alcanzaría la aterradora cifra de 257 000 personas, y 1998 cerraría, según la misma institución, con 308 000 nuevos desterrados. En 1999, los datos estadísticos registraron otros 288 127 desplazados, y en 2000 se les sumarían otros 228 015{9} compatriotas que tuvieron que huir de su lugar de origen para proteger su vida. Es decir, desde 1985 a 2000 el país vivió el desplazamiento de al menos 1 953 637 habitantes ¡Casi el 5% de toda su población! Hecho éste que se mantiene y pareciera no dar tregua, pues según los últimos datos del CODHES, para finales de 2002 llegamos a la aterradora cifra de 2 800 000 colombianos expulsado por la violencia y su andamiaje{10}.

La magnitud de estos eventos ha impulsado a algunas instancias de la sociedad colombiana a la reflexión profunda sobre este fenómeno que hasta hace muy poco pasaba desapercibido. A pesar de ello, no desaparece la “criminalización” y el aura de sospecha con que todavía contemplan a los desplazados desde algunos sectores e instituciones del Estado que siguen legitimando estas formas de violencia bajo el peligroso e injusto rótulo de “por algo sería” (Abello, 2000).

En lo que hace referencia al desplazado, en teoría éste cuenta ya en Colombia con respaldo legal para su asistencia y seguridad (Ley 199/95, Decreto 0372 de 1995, artículo 3 de los Convenios de Ginebra, etc.), pero al igual que en el caso anterior, todavía falta mucho para que lo consagrado en las normas sea una realidad.

En el grupo de personas que conforman el contingente de desplazados se encuentran víctimas de todos los actores del conflicto, lo que hace difícil identificar el grupo responsable y las razones esgrimidas por los actores armados para desplazarlos. Guerrillas y paramilitares, así como las fuerzas estatales, participan en porcentajes diferenciales como agentes causantes del desplazamiento, pero también existen expresiones privadas que se entremezclan con las dinámicas de la guerra pública utilizando tácticas similares con el objetivo de liquidar deudas, saldar venganzas personales o para lograr beneficios económicos particulares.

La heterogeneidad de los actores también se mantiene cuando se echa un vistazo a las víctimas, a aquellos sujetos sociales afectados por el desplazamiento, pues aunque el fenómeno afecta de mayor manera a los campesinos y a los pobres, toca también a los empresarios, los comerciantes, los terratenientes y, en general, a toda la escala social. Los grupos étnicos minoritarios —negros e indígenas— se cuentan entre las víctimas de desplazamiento, pero no es en razón de su pertenencia racial o cultural que se los persigue sino por las mismas razones o sinrazones que se obliga a huir a blancos o mestizos. Creyentes, sacerdotes y pastores de todas las iglesias se ven afectados, pero no se puede afirmar que motivos religiosos estén en el horizonte del conflicto o el subsiguiente desplazamiento. Los desplazados forman, por lo tanto, un contingente heterogéneo, polivalente, con diferencias muy marcadas y muy pocas cosas en común, salvo su condición de víctimas de una guerra de características muy particulares.

Como lo afirma Osorio (2000), el desplazamiento es una de las estrategias más eficientes para el control de los espacios en la guerra; constituye, de manera evidente e inmediata, una desterritorialización y la configuración gradual de nuevos paisajes humanos, sean éstos temporales o definitivos... Como una forma migratoria específica, el desplazado constituye un puente, un punto de encuentro y desencuentro, que rompe y al mismo tiempo articula las experiencias, las representaciones y demás expresiones de relación social{11}.

La gran dificultad y complejidad para el abordaje del Desplazamiento Forzado en Colombia radica en que la confrontación viene de distintos bandos, pero en todas ellas existen tanto diferencias étnicas, territoriales, culturales como de clase.A pesar de ello, el conflicto no surge de las características identitarias particulares de dichas etnias y tales clases, sino por aquellos aspectos generadores de poder que permiten mantener o establecer un determinado orden político, económico y social. Esto ha convertido a Colombia en el escenario del conflicto más complejo de América. El desplazamiento en Colombia genera, además, estigmatización y exclusión social, que se añade, superpone y agudiza la discriminación por género, origen social y por clase y, más específicamente, por el conflicto generado por el dominio territorial.

También es muy importante destacar los elementos presentes en el texto “Colombia: un país que huye”, que da cuenta de las luchas por la tierra en los territorios de mayor significación en materia de violencia, despojo y pérdida de bienes patrimoniales por parte de familias y grupos completos de comunidades vinculadas a la actividad agropecuaria. De esta manera, el desplazado es obligado a romper con todo aquello que le permite reconocerse como individuo, como ciudadano, muchas veces como sujeto (considérese el destierro, el despojo, la fractura de los núcleos bases familiares y sociales y la negación de todo sentido de humanidad: el asesinato y la masacre).

De allí que el problema de DIF en Colombia haya desbordado la capacidad de prevención, acción e intervención del Estado tanto en los orígenes como en las manifestaciones del conflicto. El instrumento más importante de la lucha contra el DIF en Colombia es la Ley 387 de julio de 1997 para la Atención a la Población Desplazada, que a la vez creó el Sistema Nacional de Atención, el cual vincula diferentes entidades del orden nacional y regional en la atención del problema. La Ley prevé las siguientes fases (GTD, 2001:139):

• FASE DE PREVENCIÓN: entendida como un sistema de información y alerta temprana, que permita anticiparse a situaciones que puedan causar desplazamientos.
• FASE DE ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA: es el conjunto de acciones dirigidas a atender las necesidades inmediatas de los desplazados, en aspectos básicos de alimentación y salubridad. Aquí intervienen la Cruz Roja Internacional, la Red de Solidaridad y la Consejería Presidencial para los Desplazados.
• FASE DE RETORNO O REUBICACIÓN: en la que se pretenden generar las condiciones que permitan que los desplazados inicien una vida en un lugar nuevo o regresen a su sitio de origen en condiciones de seguridad.
• FASE DE CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA: busca básicamente llevar a cabo planes de desarrollo para dar autonomía económica a los desplazados, para lo cual se precisan proyectos económicos individuales, familiares o colectivos, de tipo autogestionario y de microempresas.

Infortunadamente, la Fase de Prevención no ha tenido desarrollo alguno por la poca presencia del Estado en los principales focos de expulsión de población. La Fase de Atención Humanitaria de Emergencia ha sido la principal preocupación, debido al fracaso en la fase uno; por este motivo, la mayoría de acciones se concentran en ella, tanto en el orden nacional como en el regional y local. La Fase de Retorno y Reubicación es una de las principales metas dentro de los principios de la ley, a pesar de que la situación de seguridad de la mayor parte del territorio nacional hace técnicamente inviable y socialmente poco factible esta opción —al menos en el mediano plazo. Y la Fase de Consolidación y Estabilización Socioeconómica, en consecuencia, no tiene referentes y realidades concretas hasta el presente, debido al continuo escalamiento del conflicto armado.

Debido a los actuales desarrollos del conflicto, la idea de Retorno y Reubicación como condiciones esperadas del proceso de evolución del Desplazamiento Forzado no reconoce la realidad de los grupos humanos que han sufrido este flagelo, pues, como lo indican varios estudios, la mayoría de la población interna desplazada en Colombia no tiene intenciones de retorno; cuando más, su preocupación es por la reubicación en lugares de menor riesgo y vulnerabilidad dentro de los centros urbanos receptores.

Aquí cabe resaltar entonces la propuesta de las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Refugiados en Colombia, que plantea la idea de Retorno o Reasentamiento y Reintegración. Si bien reaparece la idea de Retorno —que no dejará de ser alternativa en el largo plazo y que estará presente en el imaginario de los desplazados durante largo tiempo—, también se introduce la idea de Reasentamiento como un segundo camino que se debe seguir, el cual es mucho más consecuente con el estado de desarrollo del conflicto. Pero quizás la idea más poderosa de la propuesta del ACNUR es la de Reintegración, que si bien no está aún muy desarrollada, sí denota una preocupación por el proceso de construcción de nuevos proyectos de vida de los grupos humanos afectados.

Las implicaciones fundamentales sobre el Reasentamiento o Restablecimiento, según la Red de Solidaridad, son el desarrollo de atención humanitaria a las familias desplazadas hasta cuando se han generado las condiciones que les permitan contar con alternativas para rehacer integralmente su proyecto de vida, aprovechando sus propios recursos y potenciales y la oferta institucional disponible (RSS, 2002){12}.

Si bien es claro que el panorama de este conflicto comporta gran complejidad, en toda la geografía colombiana, las dinámicas de los procesos de desplazamiento tienen hoy un escenario que torna aun más compleja la situación de los desplazados: la vida en las ciudades.

En este momento, los grandes y pequeños núcleos urbanos del país están en pleno proceso de reconfiguración de sus espacios y de sus relaciones sociales, producto de la presencia, en número cada vez mayor y cada vez más disperso, de población afectada por el conflicto. En el centro del país, Bogotá y Medellín son los principales receptores, y en el norte, Cartagena y Barranquilla. Estos se convierten en los lugares donde el fenómeno de reasentamientos de hecho tiene mayor presencia e impacto sobre su estructura espacial, económica y social.

Estos espacios, como nuevos asentamientos, están caracterizados por su falta de planeación urbanística, su ubicación en terrenos catalogados de alto riesgo y sus pocas condiciones de higiene, salubridad, servicios públicos, desempleo y vivienda inadecuada. Esto hace que uno de los factores que más afecta la condición de vida de los pobladores sea la salud física y psicológica, tal como ya se ha registrado en algunas investigaciones (Palacio, Abello, Madariaga & Sabatier, 2000; Sabatier, Palacio, Namane & Colette, 2001). Con esta c...

Índice

• PORTADA
• PORTADILLA
• CRÉDITOS
• PRÓLOGO
• INTRODUCCIÓN
• CAPÍTULO 1
• CAPÍTULO 2
• CAPÍTULO 3
• CAPÍTULO 4
• CAPÍTULO 5
• CAPÍTULO 6
• CAPÍTULO 7
• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• BIBLIOGRAFÍA
• NOTAS
• CONTRAPORTADA