Derecho de las obligaciones

Mario Castillo Freyre

• Editorial: Fondo Editorial de la PUCP
• Año: 2017
• ISBN:
  9786123173289
• Edición: 1
• Categoría: Jura
• Categoría: Rechtstheorie & -praxis

No cabe duda de que el derecho de las obligaciones constituye un área medular dentro del derecho civil y el derecho en general. Esta obra representa un esfuerzo por sintetizar las ideas esenciales de la materia, en relación a la normativa que brinda al respecto el Código Civil de 1984. El lector podrá conocer a través de estas páginas los aspectos más importantes contemplados en el referido cuerpo normativo. Se trata de un primer acercamiento al tema, el mismo que se inspira, sin lugar a dudas, en las obras de las que Mario Castillo Freyre es coautor con el doctor Felipe Osterling Parodi, a saber, el Tratado de las obligaciones (publicado entre los años 1994 y 2004), el Tratado de derecho de las obligaciones (2014) y el Compendio de derecho de las obligaciones (Lima, 2008 y Bogotá, 2014).

Introducción

I. Concepto y elementos de las obligaciones

La obligación es un vínculo jurídico abstracto en virtud del cual una parte, denominada deudor, se compromete a ejecutar una prestación de contenido patrimonial en favor de otra, denominada acreedor, pudiendo esta última exigir su cumplimiento o, en su defecto, la indemnización que corresponda.

De este concepto de obligación se deducen varios elementos que es necesario explicar:

1.1. Los sujetos

Toda obligación necesariamente plantea la existencia de al menos dos sujetos, un deudor y un acreedor. El deudor es la parte pasiva de la relación obligatoria; el acreedor es la parte activa. Así, el deudor es quien tiene que cumplir con ejecutar el objeto de la obligación, en tanto el acreedor es quien tiene derecho a exigir el cumplimiento de esa prestación.

Cuando en una obligación nos encontremos en presencia de más de un acreedor y un deudor, de un acreedor y de más de un deudor, o de más de un deudor y de más de un acreedor, estaremos ante las denominadas obligaciones con pluralidad de sujetos u obligaciones con sujeto plural.
Estas obligaciones con sujeto plural son las que se conocen con el nombre de divisibles, indivisibles, mancomunadas y solidarias.

1.2. El objeto

El objeto de la obligación es la prestación y se define como la actividad humana que va a tener que ser desplegada por el deudor y que va a consistir en un efectivo dar, en un efectivo hacer o en un efectivo no hacer. Toda obligación, entonces, tiene por prestación el dar, el hacer o el no hacer algo.

Habiendo advertido que el nombre exacto para referirnos a este tema es obligación con prestación de dar, obligación con prestación de hacer y obligación con prestación de no hacer, en el desarrollo de nuestro examen del derecho de obligaciones nos saltaremos un paso. De esta manera, en vista de que todos somos conscientes de aquello sobre lo que estamos tratando, nos limitaremos a nombrarlas como obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer.

1.3. El contenido patrimonial

Entre el concepto de deber jurídico y el de obligación existe una relación de género a especie. La obligación es un deber jurídico, cuya característica esencial es, precisamente, su contenido patrimonial. Este elemento —que distingue a la obligación de los deberes jurídicos de contenido no patrimonial— implica que su prestación es susceptible de valorizarse patrimonialmente o, lo que es lo mismo, que puede asignarse un valor a esa prestación.

Conviene aclarar que para determinar si concurre el elemento del contenido patrimonial no interesa si los sujetos pactaron en el contrato una contraprestación. Lo relevante es que nosotros, usted o cualquier persona, pueda hacer mentalmente una operación valorativa y que esa valoración económica sea aceptada por la sociedad.

A partir de esta afirmación podemos inferir que, en realidad, el carácter patrimonial de una prestación se encuentra dado, en definitiva, por la noción que se maneje de esa prestación. Así, aunque en principio todo es susceptible de valorarse económicamente, hay ciertos «bienes» a los que la sociedad, por la percepción que tiene de ellos, les niega ese carácter patrimonial.

1.4. La exigibilidad

Este elemento implica que, en toda obligación, el acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento de la obligación; y si el deudor incumple con la obligación, puede exigirle judicialmente el cumplimiento. Si ello no fuera posible, podría reclamarle, de ser el caso, una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

− Este rasgo de exigibilidad no significa, sin embargo, que siempre las obligaciones van a poder ser exigibles en especie. El límite que impone el derecho de obligaciones es el empleo de violencia contra la persona del deudor. En el instante en que se tenga que emplear violencia contra la persona del deudor, no va a ser posible exigir el cumplimiento forzoso de una obligación. En estas situaciones, sin embargo, el derecho ofrece otras alternativas, como la posibilidad de reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos que el incumplimiento haya ocasionado.

− Hecha esta distinción, debemos advertir que la exigibilidad marca la diferencia entre las obligaciones que van a ser objeto de nuestro trabajo, que también se conocen en doctrina con el nombre de obligaciones civiles (pero, en este trabajo las llamaremos, simple y llanamente, obligaciones); y las llamadas obligaciones naturales. Esto, pues las obligaciones naturales son aquellas que tienen todos los rasgos de una obligación civil, con excepción del rasgo de exigibilidad.

En el derecho nacional, solamente existen dos casos de obligaciones naturales. El primero de ellos es el de las deudas de juego no prohibido,2 pero tampoco autorizado expresamente por ley. Quien gana uno de esos juegos, que no están regulados ni supervisados por el Estado, no podrá forzar el pago en los tribunales de justicia si el perdedor se negara a pagarle e invocara —con éxito— el carácter natural de la obligación. Al carecer del rasgo de exigibilidad, quien gane en el juego dependerá de la buena voluntad del perdedor, pues no contará con medios legales en los cuales apoyarse.

El segundo caso es el de las deudas ya prescritas. En el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil de 1984 (en adelante, el Código) se establece el plazo de diez años para ejercer la acción personal, que es la acción que tiene el acreedor para cobrarle una obligación a su deudor. El acreedor, entonces, cuenta con diez años para demandar. Si el acreedor recién decidiera solicitar el cumplimiento transcurridos diez años y un día, el deudor tendría derecho de oponer o deducir la excepción de prescripción. Esa excepción no cuestiona la existencia de la deuda, sino su exigibilidad.

En una obligación ya prescrita están todos los elementos de la obligación, menos uno: su exigibilidad. Al no estar ese elemento, el acreedor no tiene mecanismos legales para exigir su cumplimiento; no obstante lo cual, el pago que realizara el deudor sería válido y no podría calificarse como un pago indebido que otorga el derecho a ser restituido.

II. Fuentes de las obligaciones

Las obligaciones civiles, a las que denominaremos simplemente obligaciones, tienen dos grandes fuentes; a saber, la voluntad humana y la ley.

Las normas legales son una fuente muy grande de obligaciones; a través de aquellas se imponen obligaciones de todo orden. El ejemplo más representativo de las obligaciones nacidas de fuente legal está dado por las obligaciones de orden tributario o de naturaleza tributaria. En este caso el deudor no ha celebrado un contrato con la administración tributaria; simplemente, a través de las normas tributarias y de los supuestos de incidencia de aquellas, tendrá que pagar los tributos que corresponda. Y así hay obligaciones que nacen de normas imperativas en materia laboral, en materia societaria, entre otros tantos ámbitos.

La otra fuente, esto es, la voluntad humana, tiene como núcleo o punto central al contrato. Debemos aclarar que no podemos identificar al contrato con la obligación. De un único contrato pueden surgir una o varias obligaciones. Además, es común que a través de un contrato uno de los contratantes se obligue a dar, hacer, o no hacer algo a favor de su cocontratante que, respecto de esas obligaciones, asume la calidad de acreedor. Pero a la vez, es común que a través de ese mismo contrato, su contraparte asuma en calidad de deudor, una o más obligaciones.

Dentro de la voluntad humana como fuente de obligaciones no solo está el contrato, pues también hay obligaciones nacidas de la voluntad unilateral. Toda persona puede obligarse unilateralmente sin necesidad de llegar a un acuerdo con otra parte.

III. Clasificación de las obligaciones

En este libro estudiaremos los tres criterios clasificatorios que consideramos como más relevantes.

El primero de esos criterios clasifica a las obligaciones por la naturaleza de su prestación, de modo que las identifica como obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.

En segundo lugar están las obligaciones de objeto plural, que son las conjuntivas, las alternativas y las facultativas.

Finalmente, están las obligaciones de sujeto plural, que son las divisibles, indivisibles, mancomunadas y solidarias.

Título I. Obligaciones de dar

Las obligaciones con prestaciones de dar son, a grandes rasgos, aquellas que implican la entrega física o jurídica de un bien. El tratamiento que el Código brinda a las obligaciones de ...