CAPITULO 1
Aportes para pensar la ciudadanía
Susana Vidoz y Alejandra Coicaud
Democracia y educación
Una forma muy corriente y extendida de entender la democracia pone el acento en las estructuras organizadas de participación e inclusión para las cuales el ciudadano debe adquirir competencias, actitudes y comportamientos particulares. Esta forma de entender la democracia tiene implicaciones políticas y pedagógicas que desde estas páginas aspiramos a cuestionar.
La democracia definida específicamente desde una dimensión insti-tucional y gubernamental (propia de las perspectivas consensuales y pluralistas) cierra la posibilidad de pensar nuevas formas de subjetivación. En este sentido, las reflexiones de pensadores como Foucault y Rancière permiten advertir los procesos de subjetivación gubernamental y deconstruirlos a partir de prácticas que apunten a la subjetivación política.
La democracia así entendida postula que las opiniones de todos los individuos y grupos sociales son importantes, dado que todas cuentan en el proceso de agregación de intereses y preferencias plasmado en las distintas políticas e intervenciones estatales. Sin embargo, hacerse inteligibles en términos de opiniones y preferencias, implica un particular proceso de subjetivación en el cual el individuo adquiere un singular conocimiento de sí mismo que lo transforma en sujeto.
Así es como los sujetos pueden comprenderse a sí mismos, conformar sus intereses personales, sus opiniones, y participar de la intersubjetividad; dando forma a un modo particular de autogobierno, a la vez que se tornan gobernables.
Esta forma de democracia, de corte liberal, es compatible con una forma de orden que Rancière (2007) reconoció como “policía”. Un orden de administración de los lugares y los cuerpos que se presenta a sí mismo como una actualización de lo que es común de la comunidad, y que transforma las normas de administración en normas naturales del orden social.
Desde otra postura observamos los límites de este proceso, oponiendo el concepto de “subjetivación política” como práctica propia del campo democrático y, en este sentido, emancipadora. Pero no se trata de una emancipación a la que se llega como destino final, como meta a perseguir, sino más bien se trata de una intervención que confirma la propia igualdad.
Frente al propósito de una democracia radical, Mouffe (2004) plantea la necesidad de construir una identidad política común que trascienda la noción de clase de la cultura occidental, construyéndose su raíz en el carácter antagónico que posibilita la identificación de un contendiente.
Mientras la sociedad del consenso despolitiza las formas y contenidos de los espacios de interacción, la subjetivación política propende a rupturas, habilitando experiencias de potencialidad y de cambio. En este sentido, Rancière observa que la política está paradójicamente implicada en la verificación del principio de igualdad, por lo que política e igualdad están en una irresoluble tensión. La igualdad es por definición un principio que cuestiona la política y a la vez, la recrea. La política se nos presenta como la posible verificación de la igualdad de cualquiera con cualquiera, siendo éste el verdadero escándalo que inaugura la democracia. Así entendida, la democracia es más que un tipo de régimen, es la institución misma de lo político. El disenso no es un conflicto de intereses pasible de gestionar mediante una acción comunicativa racional, es una división puesta en el sentido común.
El momento democrático implica un proceso de subjetivación política que interrumpe la subjetivación gubernamental. Cualquier intervención en lo que es visible y decidible supone un concepto de igualdad. La propia igualdad se verifica, desde un ser que puede hablar e intervenir. La igualdad es un punto de partida, una presunción a partir de la cual se da la acción. Mientras que para el orden gubernamental, la igualdad es el objetivo final.
Cada orden policial se organiza en estructuras sociales desiguales, basadas en jerarquías y distribución desigual de sujetos, cualificaciones, funciones y lugares. Sin embargo, esta desigualdad social supone una igualdad intelectual, cuya verificación instituye la política.
Cuando la igualdad se vuelve un objetivo gubernamental, el punto de partida es lo opuesto, es decir, la desigualdad. Por consiguiente, el orden policial desarrolla medidas para lograr la igualdad, basadas en la desigualdad (que viene de la observación de la distribución desigual de títulos y competencias) en un tratamiento desigual.
Así, las políticas de promoción de la igualdad parten de la confirmación de una división social en el demos y en el objetivo de reducir la brecha que genera la desigualdad para lograr una sociedad unificada, pero lo que verdaderamente hacen es neutralizar la democracia y despolitizar el disenso.
La democracia es el poder de los que no tienen ningún poder, de los que no tienen ninguna cualificación en un particular orden social o gubernamental. Cuando intervienen esas personas se instala el disenso. Por eso la vida democrática resulta difícil de domesticar, puede generar odio y temor.
El momento democrático es el momento en que la pregunta ¿por qué estos límites? irrumpe el régimen gubernamental y lo desplaza hacia nuevos límites.
La escuela, propia de la sociedad del consenso, neutraliza los conflictos explicándolos, por ejemplo, en términos de diferencia, de preferencias o de necesidades. En la escuela, los estudiantes aprenden a entender quiénes son y así instalan otra desigualdad: la del maestro explicador y el estudiante ignorante que necesita de la explicación para entender. Esta lógica sirve de justificación de las diferencias aceptadas en el orden social.
De esta manera, el orden social resulta compatible a la lógica escolar donde se reconocen diferencias de inteligencia y de esfuerzo. En este sentido es que la escuela asiste a neutralizar el conflicto y con ello todas las tentativas de demandar igualdad sobre la base de ser igualmente inteligentes.
La subjetivación política en el ámbito educativo desafía los modelos pedagógicos que sostienen que los procesos de enseñanza y aprendizaje consisten en dar explicaciones, fijando el lugar del saber y de la ignorancia en una relación de autoridad-dominio. Desde esta postura, cuestionar estos lugares permite que los sujetos ejerciten, en un sentido foucaultiano, una ontología de crítica de sí mismos por la cual se alcanza una actitud, un modo de actuar, el cuidado de sí, que se ejerce sobre uno mismo implicando a su vez al otro.
La subjetivación política en el ámbito educativo implica salirse de la explicación que ordena para pasar a la implicación de los sujetos, del pedido de obediencia al reconocimiento del otro, del control a la confianza instituyente. Asumiendo la igualdad de las inteligencias, se puede proponer una pedagogía cuyo ejercicio sea una fuente de inspiración de las voluntades de aprender y cambiar.
Ciudadanía, debates y perspectivas
Tal como lo refleja la historia de la teoría y la filosofía política, desde la antigüedad clásica a la actualidad, la cuestión de la ciudadanía ha sido uno de los temas centrales en la institución del orden político y social. Íntimamente vinculada a las formas del gobierno democrático, a la relación entre los individuos y el poder, por una parte, y entre los intereses particulares y las necesidades colectivas, por otra, la ciudadanía expresa la constitución de la comunidad a partir de la identificación del otro, de una alteridad.
En este sentido, el estudio de la ciudadanía remite a comprender la dinámica de la integración social, es decir, reconocer formas de exclusión (de otros, de jerarquías entre alteridades, etc.) dentro de espacios considerados –teóricamente– como homogéneos.
En el transcurso del siglo XX, las concepciones y debates en torno a la ciudadanía estuvieron influenciados por el pensamiento liberal, republicano y socialdemócrata.
Para el liberalismo, la ciudadanía está vinculada a los derechos civiles (de primera generación) en tanto libertades propias del Estado de derecho (libertad de opinión, expresión y asociación) y permiten proteger la autonomía individual frente a la coacción que pudieran ejercer diversas agencias del poder público; mientras los derechos políticos (de segunda generación) se refieren al derecho de em...