Ajuste de cuentas

Cómo el sector bancario se convirtió en una trampa para millones de ciudadanos

Nicolás Menéndez Sarriés

• Editorial: Editorial Libros.com
• Año: 2018
• ISBN:
  9788417236625
• Categoría: Economics
• Categoría: Banks & Banking

Ajuste de cuentasdesnuda a la banca española y explica con claridad y acento crítico cómo el sector bancario se convirtió en una trampa para millones de ciudadanos. Cláusulas suelo, participaciones preferentes, tarjetas black, rescates públicos del sector privado… Todas las claves para entender el impacto de estos acontecimientos sobre la ciudadanía y los abusos y excesos de la banca se encuentran entre estas páginas.

1.ª parte

La banca, un sector envuelto en la polémica

Una era de excesos que condujo al desprestigio

Eran alrededor de las ocho de la mañana del 19 de julio de 2017. Miguel Blesa disfrutaba de sus últimos momentos de vida desayunando entre viejos amigos en uno de sus lugares favoritos, la finca Puerto del Toro, en Córdoba. Un lugar al que el expresidente de Caja Madrid acudía desde hacía años para relajarse y dedicarse a una de sus prácticas favoritas, la caza con rifle.

El mismo tipo de rifle —con el que durante años había acabado con la vida de osos pardos, leones y búfalos, por nombrar sólo algunos de sus trofeos— que utilizaría para quitarse la vida esa misma mañana. Sin haber dado señales que indicaran el violento desenlace que se avecinaba, se levantaba de la mesa para excusarse: «Voy a meter el coche en la cochera… ¿Tienes el número de teléfono de mi mujer por si tienes que llamarla?», preguntaba justo antes de, efectivamente, encaminarse solo y con aparente tranquilidad hacia su vehículo, sacar el arma del maletero, dirigirse a la parte delantera del automóvil, encañonarse y acabar con su vida con un disparo en el pecho. Al llegar, las emergencias sólo podían confirmar la muerte del que dirigiera una de las mayores entidades financieras de España entre 1996 y 2009 y encarnase, como pocos, el papel de banquero corrupto y codicioso que acabaría por llevar al sector financiero español a la ruina.

El trágico final de Blesa no puede desligarse de su trayectoria y labor como presidente de Caja Madrid. Simplemente no es posible. Para bien y para mal, sus años al frente de la entidad madrileña y las decisiones que allí tomó marcarían a fuego el último periodo de su vida y su legado posterior, así como el de cientos de antiguos ejecutivos, consejeros y altos cargos del sistema financiero español. Porque Blesa pasará a la historia, muy probablemente, como paradigma histórico de cómo y por qué cayeron las cajas de ahorros.

Nacido en Linares (Jaén) en 1947, Miguel Blesa de la Parra estudió Derecho en la Universidad de Granada y posteriormente se incorporaría al cuerpo de inspectores de Hacienda. Sería precisamente en la preparación de las oposiciones cuando entablaría una intensa amistad con el entonces también aspirante a funcionario del fisco, José María Aznar. La llegada de este a la presidencia del Gobierno supondría un cambio de 180 grados en la vida profesional y personal de Blesa, que pasaría de ejercer como asesor fiscal de los ricos en el madrileño barrio de El Viso a ocupar un asiento como consejero —designado a dedo por su amigo— en Caja Madrid, entonces presidida por el académico Jaime Terceiro.

La llegada del Partido Popular al Gobierno era el símbolo de una nueva época para España y tocaba hacerlo evidente también en el sector de las cajas de ahorros, en las empresas públicas e incluso en las empresas privatizadas; es decir, allí donde los populares tuvieran el poder o la influencia para designar cargos a su libre albedrío. Pese a los excelentes niveles de solvencia y rentabilidad con los que mantenía a Caja Madrid, el desgaste de Terceiro a lo largo de sus dos mandatos y la facilidad de Blesa para las relaciones personales le acabarían por encumbrar, pese a su casi absoluta inexperiencia en un puesto de este calibre, a la presidencia de la cuarta entidad financiera española.

La llegada de Blesa al poder coincidiría con el comienzo de un ciclo alcista de la economía española que desembocaría en una burbuja crediticia inmobiliaria, fruto de un mal diseño institucional y de la entrada de España en la moneda única, que redujo a niveles mínimos históricos los tipos de interés y posibilitó la entrada masiva y sin precedentes de flujos de ahorro procedentes del exterior. Gracias a estos y otros ingredientes España crecía mucho, y mucho más aún su sistema financiero, impulsado por el crecimiento desmesurado de los sectores de la construcción y el inmobiliario. En la cúspide de esa fiesta se situarían los bancos y, sobre todo, las cajas de ahorros, que alimentarían con desenfreno la fiesta del ladrillo español incrementando año tras año, con porcentajes de dos dígitos, la concesión de créditos hipotecarios y promotores.

La Caja Madrid de Blesa era quizá sólo una caja más en un contexto de euforia financiera. O quizá no. La entidad madrileña, controlada por el Ayuntamiento y la Comunidad a través de sus asamblearios y, a su vez, a través de sus miembros en el Consejo de Administración, era la segunda caja más grande del país y la cuarta entidad financiera global. Era un líder y un referente. Y su liderazgo, tal como vendría a demostrar el tiempo, no daría precisamente un buen ejemplo. Frente a una entidad como CaixaBank (antes La Caixa), que conseguiría salir al paso de la mayor crisis sistémica de la era reciente gracias entre otras cosas a haber profundizado más que ninguna otra caja en la modernización y profesionalización de su gestión, Caja Madrid encarnaría un modelo de caja de ahorros sensiblemente menos sólida y más politizada, lo que explicaría en última instancia por qué una caería y otra no cuando lo peor de la crisis llegó.

Las cajas se lanzaron a conceder créditos muy por encima de lo aconsejable, llenando los balances de las entidades de activos tóxicos por varios motivos, y no todos relacionados con la torpeza, la codicia o la maldad. Como ya se ha explicado en la brevísima reseña histórica de la banca en España, las cajas son desde su origen entidades financieras que en sus lemas fundacionales incorporan la inclusión financiera. Esta inclusión, a la que los bancos privados nunca han estado dispuestos —al menos no en la misma medida— comporta necesariamente —y recalco lo de necesariamente— la concesión de crédito a clientes con peor calidad que aquellos a los que está dispuesta a atender la banca.

Merece la pena reincidir en el concepto: el fin loable de las cajas de ahorros de luchar por la inclusión financiera conlleva a la fuerza la asunción de mayores riesgos que los que está dispuesta a correr la banca. A mayor probabilidad de impago por parte de un cliente, menor interés para la concesión de préstamos por parte de la banca privada. Esos porcentajes de población excluidos de la financiación bancaria encontraron durante siglos una alternativa en la actividad prudente pero activista de las cajas.

Este modelo, pese a su mayor riesgo implícito, había resultado ser todo un éxito para las cajas durante más de tres siglos. Uno de los secretos era la profesionalidad y la sobriedad de los equipos directivos de buena parte de estas entidades: tipos grises, conocedores de los secretos de la banca tradicional, que eran capaces de llevar entidades financieras por la senda de la solvencia. Esta solidez del modelo, no obstante, se enfrentaba con un problema estructural: los números y el crecimiento del negocio por parte de las cajas sería por lo general, durante años, menor que el de los bancos. Esto cambiaría fundamentalmente con la llegada de la democracia. Los distintos gobiernos estatales y autonómicos aprobarían legislaciones encaminadas a liberalizar el sector de las cajas para que estas pudieran competir con los bancos privados, que desde los 80 habían venido sufriendo una fuerte consolidación y amenazaban con formar un verdadero cártel. En ese contexto, reformas legales como las introducidas por Solchaga y Boyer tratarían de aumentar la competencia en el sistema financiero español permitiendo a las cajas expandirse a otros territorios y así empezando a jugar en la misma liga que los banqueros.

Los primeros pasos de este nuevo modelo en el que cajas y bancos jugarían al mismo juego funcionaría sin demasiados sobresaltos, más allá de la progresiva ganancia de cuota de mercado por parte de las primeras. Para muchos españoles, ser cliente de la caja —su caja— no sólo era una buena decisión económica, sino su símbolo de identidad y de confianza en el territorio, merced a las inversiones que estas entidades realizaban posteriormente con los beneficios que obtenían. Durante años las cajas fueron arañando cada vez más cuota a los bancos, que resignados optaron por renunciar a parte de su peso específico en España para ampliar su mercado en otros países. Así lo harían entidades como Santander o BBVA, implantándose con éxito en mercados como el británico, el mexicano, el brasileño o el portugués, entre otros.

La llegada del euro a España, sin embargo, supondría un cambio radical en el statu quo del sistema financiero español. La moneda única, mucho más estable y con más solidez que la tradicional peseta, traía consigo unos tipos de interés muchísimo más bajos que los conocidos hasta entonces en España. Esto generaría una doble pinza que en última instancia perjudicaría a las cajas: por un lado los márgenes de intereses generados por la actividad tradicional se hundieron, ya que al caer los tipos también lo hizo el negocio más tradicional y nuclear de bancos y cajas.

A estos desafíos los bancos españoles contestaron reincidiendo en estrategias ya conocidas y sobradamente exitosas; o bien expandiéndose en el interior —por medio de fusiones y adquisiciones— o bien creciendo en el exterior, llevando sus modelos de negocio a otras latitudes geográficas con tipos de interés más interesantes, valga la redundancia. Esta estrategia, por desgracia para las cajas, les estaba vetada por la propia legislación y la regulación del Banco de España, que no dejaría diversificarse geográficamente a estas entidades hasta finales de la década de 2000, cuando todos los desequilibrios estaban ya germinados en los balances de las mismas tras más de una década de burbuja inmobiliaria.

Durante los cerca de 15 años que discurrieron entre mediados de los 90 y finales de la primera década de los 2000, España y su sector financiero registraron una de las mayores burbujas inmobiliarias de la historia reciente. La llegada de cientos de miles de inmigrantes, el ciclo económico alcista, las buenas condiciones monetarias y todo un abanico de debilidades estructurales posibilitaron que una cantidad sin precedentes de recursos económicos y humanos se concentraran en los sectores de la construcción, de la promoción inmobiliaria y en negocios dependientes de estos. Durante este periodo, el precio de la vivienda en España creció muy por encima de la inflación. No sólo eso, sino que durante seis años (de 2001 a 2006), según los datos del Ministerio de Vivienda, los precios del ladrillo crecieron por encima del 10 % anual, llegando a superar el 18 %. Los españoles, una ciudadanía que históricamente había optado muy mayoritariamente por la opción de compra frente al alquiler, tenían ahora un incentivo mayúsculo para hipotecarse y adquirir pisos o casas: no sólo accedían a un lugar para vivir, sino que además lo hacían sobre un activo que no paraba de subir de precio, por lo que también adquiría un excelente cartel como inversión financiera o de ahorro a largo plazo. Para millones de familias, la subida de precio de sus casas suponía un incremento en su riqueza general. Fueron años en los que el mantra de «alquilar es tirar el dinero» se repitió hasta la saciedad y caló en prácticamente todos los estratos. Daba igual que nadie en Europa hiciera lo mismo. Daba igual que nada hubiera demostrado que los pisos, como cualquier otro activo, no puedan caer de precio. La fiesta estaba montada y el que no participara —ya fuera comprador, gobierno o entidad bancaria— se quedaría sin su ración del pastel.

Las burbujas, muy fáciles de detectar y analizar a posteriori, tienen la endiablada característica de ser sin embargo mucho más evasivas a priori. Primero porque se convierten en un factor y un motor de crecimiento de primera categoría, por lo que cualquiera con responsabilidades políticas puede verse ante la peligrosa disyuntiva de no ser el aguafiestas que frena sin aparente necesidad el ciclo de crecimiento. Segundo, porque todas las autoridades siempre pueden encontrar alguna justificación o alguna excusa para no reconocer que efectivamente lo que ocurre se trata de una burbuja financiera. «Si suben los precios de los pisos es porque hay demanda» o «los precios no van a caer, lo que ocurrirá será un suave aterrizaje». En una economía que crece, aunque sea producto de una burbuja, cualquier excusa es buena para encontrar razones que justifiquen alimentar el crecimiento exacerbado del precio de unos activos.

El propio Banco de España, responsable máximo de supervisar la evolución de los balances de cajas y entidades bancarias, fue responsable, por acción y omisión, de permitir que en el sector se acumularan muchos más riesgos de lo que hubiera sido razonable. En un informe del año 2003[13], los investigadores de la máxima institución supervisora española encargados de analizar los datos reconocían que había muchos indicios que parecían afirmar que, efectivamente, existía una burbuja. En su estudio, confirmaban la existencia de una fuerte sobrevaloración de los inmuebles, pero no se atrevían a concluir de forma firme e inequívoca que se trataba, por lo tanto, de una burbuja.

Lo cierto es que los máximos responsables del Banco de España y sus servicios de estudios vieron venir —y contaron con datos y herramientas para anticiparla— la crisis del ladrillo que se avecinaba. Sin embargo, optaron por medidas que se demostraron claramente insuficientes dado el tamaño que alcanzó la sobrevaloración inmobiliaria acumulada en los balances del sector. En julio de 2017, casi una década después del estallido de la crisis, durante las primeras comparecencias dentro de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera en España organizada por el Congreso de los Diputados, tanto el exgobernador Jaime Caruana como el actual gobernador, Luis María Linde, reconocieron que las medidas adoptadas no fueron suficientes y que hubo errores de diagnóstico y de análisis respecto a la gravedad de la crisis. Caruana, que posteriormente sería nombrado máximo responsable del Banco Internacional de Pagos de Basilea (el BIS, el banco central de los bancos centrales) se escudaría en la normativa existente durante su mandato para justificar tanto la escasez de las medidas tomadas como el reducido efecto de las mismas. «El Banco de España hizo lo que podía hacer con la normativa que tenía», indicó ante los diputados para atajar el problema respecto a su labor como máximo responsable de supervisar a un sistema financiero que saltaría por los aires apenas un lustro después de que abandonase su puesto.

Aparentemente más (auto)crítico fue el actual gobernador, Luis María Linde, en su comparecencia parlamentaria. El actual responsable de la máxima autoridad supervisora española admitió en la Comisión de Investigación que se cometieron varios errores graves que podrían haber ayudado a atajar —o como mínimo a anticipar con tiempo para prepararse— la crisis financiera posterior, que hasta el momento ha supuesto una factura de unos 60.000 millones de euros en recursos públicos[14] destinados a rescates. Uno de estos errores terribles —por sus consecuencias— fue el de no tomar las medidas adecuadas para frenar el crecimiento desbocado del crédito inmobiliario durante los años de la burbuja. Además, sumó a su debe la decisión de utilizar las fusiones frías de cajas como herramienta para recapitalizar al sector de las cajas, la mala previsión de la crisis posterior al estallido de la burbuja, la creencia de que se podría reconducir de una forma suave y el intento constante de minimizar todo lo posible las ayudas públicas a las entidades en problemas. Como se explicará más adelante, este póquer de errores ha acabado suponiendo para España tener que asumir un rescate al sistema financiero mucho más costoso de lo que podría haber sido en caso de que se hubieran abordado los (graves) problemas que claramente atravesaba, o corría el riesgo de atravesar, el sector.

El supervisor, todo hay que decirlo, acertó en varias ocasiones a la hora de imponer límites y controles preventivos a los bancos y las cajas. Así, prohibió la inversión en productos complejos y estructurados por parte de las entidades —los famosos bonos estructurados que provocarían la caída de Lehman Brothers y una crisis financiera sin precedentes en la banca internacional—, una medida que efectivamente evitaría graves problemas a ese respecto. Otro de los aciertos fue la instauración de las conocidas como provisiones dinámicas o «anticíclicas». Estas provisiones consistían en un mecanismo relativamente sencillo y pensado para evitar la asunción de excesivos riesgos por parte de bancos y cajas en un determinado sector: se trataba, en esencia, de la obligación de constituir una reserva de capital de la que no se podía disponer como porcentaje de una nueva inversión considerada arriesgada por las autoridades. En concreto, el Banco de España impuso, contra el criterio de sus propios supervisados y de las autoridades reguladoras de otros países, que las entidades de crédito tuvieran que hacer nuevas provisiones de capital cada vez que estas concedieran determinados créditos al sector de la construcción o el ladrillo.

La lógica de estas dotaciones anticíclicas es que el tener que reservar determinadas cantidades de capital le restaría mucho o todo su atractivo a estos sectores penalizados. No sólo eso. Estas reservas, además, servirían como colchones de capital en el momento en que fueran necesarios. Es decir, cuando estos créditos empezaran a fallar y presentar impagos. El capital acumulado por las provisiones dinámicas serviría para tapar cualquier hipotético agujero que se pudiera generar en el futuro en caso de que se elevara la morosidad de hipotecas o préstamos a sectores del ladrillo.

La teoría de las provisiones dinámicas, impecable en el papel, se enfrentó a un hecho incontestable: los crecimientos en los precios del inmobiliario —y por lo tanto el volumen de negocio— compensaban, con creces, los niveles de provisiones que se debían constituir a resultas de esta regulación prudencial. Es decir, que para bancos y cajas, durante los años de la burbuja, no invertir en el ladrillo era una forma perversa de perder dinero. O como mínimo de no ganarlo. Muchas entidades que durante los primeros años de la burbuja se resistieron a entrar en el negocio promotor e inmobiliario porque no lo consideraban dentro de sus prioridades estratégicas acabarían entrando a destiempo y con una agresividad poco mesurada. Fue el caso, trágicamente, de Popular, una entidad históricamente centrada en la concesión de préstamos a pymes, autónomos y empresas. El hecho de no participar de la fiesta del inmobiliario le penalizó los primeros años; pero mayor sería la penalización a largo plazo por la decisión de entrar en el mercado de hipotecas y promotores. S...

Índice

• Portada
• Créditos
• Título y autor
• Dedicatoria
• Cita
• Prólogo. Por Santiago Car
• Introducción. Pero, ¿qué es un banco?
• Brevísima historia de la banca española
• 1.ª parte. La banca, un sector envuelto en la polémica
• 2.ª parte. La banca y el consumidor
• 3.ª parte. La banca y el Estado
• Epílogo. Conclusión
• Bibliografía
• Mecenas
• Contraportada