Poder legal y poder real en la Cataluña revolucionaria de 1936

El Gobierno de la Generalidad ante el Comité Central de Milicias Antifascistas y los diversos poderes revolucionarios locales

Josep Antoni Pozo González

• Editorial: Espuela de Plata
• Año: 2017
• ISBN:
  9788415177708
• Categoría: Historia
• Categoría: Historia europea

En el verano de 1936 se configuraron, en medio de una revolución social, dos poderes claramente definidos, que representaban cosas ciertamente diferentes: por un lado, el poder legal representado por el Gobierno de la Generalidad, exponente de la legalidad republicana, y a quien los acontecimientos sacudieron profundamente (igual que al Gobierno de la República) hasta el punto de perder buena parte de sus atribuciones, y por el otro, el poder real, representado por el Comité Central de Milicias y la multitud de poderes revolucionarios locales que, si bien no dirigieron su actuación en contra de los poderes legales de manera directa, en la práctica acabarían sustituyéndolos total o parcialmente según los casos. Esto sucedió de manera generalizada en los niveles inferiores del aparato político-administrativo del gobierno autónomo, pero también en el escalón inmediatamente superior de la estructura, representada por las Comisarías Delegadas de la Generalidad y de Orden Público, ubicadas en Gerona, Tarragona y Lérida. Todos estos elementos son los que expone Josep Antoni Pozo González en este libro, que incluye un apéndice analítico sobre la tipología de los diferentes comités surgidos en Cataluña, y otro documental, en el que se reproducen, por el interés que tienen, las actas del Comité Central de Milicias correspondientes a las sesiones en las que se discutió la disolución de este organismo.

IV. Por la pendiente fatal: el giro de la cnt hacia la colaboración gubernamental

4.1. Colaboración antifascista o revolución social:
la discusión en el interior de la organización confederal

El triunfo sobre los militares sublevados colocó a la CNT catalana en una situación de indiscutible preeminencia en relación a las otras fuerzas, y en relación también a uno de los aspectos que más refuerzan el papel de una organización en cualquier revolución, y a la vez facilitan su visualización por el conjunto de la población: el dominio de la calle. Pero esto no era todo. La organización confederal controlaba los transportes, las comunicaciones y los servicios más elementales. Sus militantes dirigían muchos de los comités revolucionarios que se habían formado por toda la geografía catalana y milicianos cenetistas controlaban buena parte del orden público en Barcelona y aportaban la mayor parte de efectivos de las columnas milicianas que se estaban formando. En pocos días, Solidaridad Obrera, el periódico de la CNT catalana pasaría de los 31.000 ejemplares diarios de antes del 19 de julio, a lograr una tirada de 150.000, convirtiéndose en el portavoz oficial de la revolución[1]. En este contexto, no es extraño que, dejando a un lado la estrategia que habría que utilizar, muchos militantes y cuadros de la organización interpretaran que había llegado el momento de hacer realidad la acción emancipadora del anarquismo. El empuje revolucionario de las masas cenetistas, desbordada completamente, proporcionaba constantemente la energía necesaria para considerar seriamente la posibilidad de ir «a por todo», fórmula imprecisa que sustituía la concreción de lo que se pretendía, y con la que se resumía sumariamente los objetivos de algunos grupos anarquistas. Como hemos visto antes, la cuestión de qué hacer con la situación de fuerza en la que se encontró la CNT en Cataluña se planteó con toda crudeza y con todo el dramatismo durante las horas siguientes a las jornadas de julio. Se conoce el desenlace final, pero son menos conocidos los elementos que acompañaron el debate, así como las diferentes fases que conducirían de manera «natural», por la pendiente fatal a la que se refirió Sebastianne Faure en alusión a la trayectoria que siguieron sus compañeros españoles, que acabaría finalmente con la integración de la CNT en los gobiernos de la Generalidad y de la República[2].

En realidad, desde el punto de vista teórico, como también han señalado algunos autores anarquistas, la organización confederal no estaba preparada para afrontarlo. Por primera vez en su historia, la CNT se veía en la necesidad de discutir sobre un problema que no se le había planteado nunca de forma concreta e inmediata. Dos meses después del congreso celebrado en Zaragoza, en el que se aprobó un dictamen sobre el «comunismo libertario», que pretendía cubrir ideológicamente el tránsito hacia una sociedad sin clases, la realidad era que todo esto se reveló inútil en una situación revolucionaria. «De la noche a la mañana –escribió César M. Lorenzo– tuvieron que desembarazarse de ese andamiaje abstracto, improvisar precipitadamente y tomar decisiones a corto plazo»[3]. Pero que no estuviera preparada para afrontar la situación que se abrió a partir del 19 de julio, no quiere decir que no lo pudiera hacer, o incluso que, privada de una teoría de conquista del poder, no lo pudiera hacer, como por otro lado sucedió en muchas localidades.

El dilema sobre qué hacer se presentó en forma de interrogación. Si la conquista del poder político o, sencillamente, la participación en un gobierno les estaba vedada, ¿cómo debía de conciliarse el hecho de que la organización ocupara un lugar importante en la lucha contra los insurgentes –en algunos lugares, decisivo y determinante– con la responsabilidad, derivada justamente de su fuerza, y con la necesidad de que la CNT participara de la coordinación con otras fuerzas para planificar y dirigir las acciones a realizar? Sabemos que la respuesta inicial a esta cuestión osciló entre la idea de constituir «comisiones técnicas» cerca de los Ministerios o Consejerías, como fórmula para participar sin participar, y otra más extrema: hacerlo desde los organismos revolucionarios, manteniendo formalmente los poderes legales, pero edificando un poder revolucionario suficiente como para mantener una situación de fuerza. Como hemos visto, la respuesta que se dio en Cataluña, plaza fuerte del faísmo y los grupos anarquistas, y donde la CNT hacía ostentación continua de su hegemonía, fue en esta última dirección. En medio de propuestas más o menos confusas, se impuso la «prudencia» y los dirigentes cenetistas decidieron no «tocar» el Gobierno de la Generalidad, al cual respetaron y controlaron desde fuera, a través del Comité Central de Milicias. Fue la respuesta que tuvieron que «improvisar». La decisión se tomó en el mencionado Pleno del día 21, y en otro que se celebraría dos días después, el 23[4], realizados en la sede del Fomento del Trabajo, reconvertida en sede del Comité Regional de la CNT. En estas reuniones, según la mayoría de autores anarquistas, la discusión se polarizó alrededor de las posiciones mantenidas por Garcia Oliver y la comarcal del Baix Llobregat, con Josep Xena al frente, partidarias de la opción «maximalista» –tomar el poder y anular el Gobierno de la Generalidad– y la defendida por Abad de Santillán y Federica Montseny, partidarios de la opción «possibilista» –colaborar con el resto de organizaciones y mantener el Gobierno de la Generalidad ante las presiones enormes que comportaría su eliminación y dado que en otros puntos de España la CNT no disfrutaba de la misma posición de fuerza– que acabaría finalmente imponiéndose. No obstante, estos mismos autores que hacen hincapié en la conocida polémica, no mencionan o mencionan de pasada, el hecho de que la resolución finalmente adoptada –que significaba entre otras cosas mantener el Gobierno de la Generalidad– fue aprobada con la promesa de los dirigentes de «ir a por todo» una vez se hubiera liberado Zaragoza, y con el compromiso de llevar al Comité Nacional de la CNT la propuesta de celebrar un referéndum en toda la organización confederal para aprobar una resolución que fuera en la misma dirección en toda España. Un dato que indica –contrariamente a lo que se ha sugerido tradicionalmente– que los delegados asistentes no renunciaban a nada y que probablemente eran mayoría en la organización y que, por el contrario, la minoría estaba constituida por quienes querían establecer el criterio de la colaboración antifascista de forma permanente como justificación de la renuncia a la revolución. En medio de la discusión, estos últimos no tuvieron más remedio que condicionar la vía que se proponía aunque, como veremos más adelante, se trataba de una fórmula para salvar la votación. Entre la propuesta de Garcia Oliver, llena de incógnitas en muchos aspectos –una vez anulada la Generalidad, ¿quién o qué la tenía que sustituir? ¿qué debía hacerse en el resto de España?–, y la que sugería aplazar el golpe definitivo hasta que se hubiera solucionado el peligro fascista, con el compromiso de luchar para que fuera el conjunto de la organización confederal quién desencadenara el movimiento, se optó por la que parecía menos «aventurera». Así pues, los delegados ratificaban la creación del Comité de Milicias después de un debate en muchos aspectos confuso, basado en una disyuntiva interesada –o dictadura anarquista o colaboración antifascista– que favorecía las posiciones de quienes habían tomado la determinación de renunciar a ir más allá en aquellos momentos, y cuando ya se habían iniciado los preparativos para enviar una primera columna de voluntarios con el propósito de entrar en Zaragoza y liberar toda la zona del Aragón en poder de los insurrectos. De este modo, los cenetistas catalanes «resolvían» aunque provisionalmente, el problema de qué hacer con el poder acumulado durante aquellas horas ante el Estado, y de cuáles serian las relaciones que se establecerían con las autoridades.

Pero el problema de qué actitud adoptar ante las propuestas de colaboración con otras fuerzas y con los poderes legales, se plantearía también a escala de toda la CNT y en relación al Gobierno de la República. Al poco de sofocada la sublevación en Madrid, el Comité Nacional de la CNT recibió la oferta de colaboración que emisarios del Gobierno Giral hicieron llegar a David Antona, en aquellos momentos secretario interino del organismo confederal, ante la ausencia de Horacio M. Prieto. En la capital de la República, los acontecimientos habían cogido la CNT con muchos de sus dirigentes y militantes encarcelados a raíz de la huelga de la construcción de Madrid, y cuando ésta agonizaba. Ya la misma tarde del 18 de julio, el Ministro de la Gobernación, Joan Moles, se entrevistó con una comisión representativa de la organización confederal para dialogar y conocer cuál seria la actitud de la CNT ante el levantamiento militar que se extendía por toda España[5]. El 19, fue el mismo David Antona quién fue liberado de la prisión y llevado a la sede del ministerio de la Gobernación para parlamentar. Para el gobierno, no se trataba tanto de comprobar la posición beligerante de la CNT hacia los rebeldes –que nadie podía dudar–, como de conocer las intenciones revolucionarias de ésta en unos momentos en los que el poder del Estado se debilitaba de forma acelerada, y a la vez sondear las posibilidades de llegar a algún tipo de acuerdo. La respuesta de los representantes cenetistas fue tajante: antes de iniciar cualquier diálogo había que liberar a los dirigentes de la organización detenidos a raíz de la huelga de la construcción y ordenar la reapertura de todos los centros y ateneos libertarios. La amenaza de la organización de asaltar las prisiones y reabrir por la fuerza los centros clausurados –algunos de los cuales ya habían sido desprecintados y reabiertos por la militancia–, en el supuesto de que se encontraran obstáculos o dilaciones por parte de las autoridades, aceleraron todos los trámites. Fue así como fueron puestos en libertad centenares de presos, entre los cuales, militantes como Cipriano Mera o Teodoro Mora.

No sabemos si ya en aquellos momentos se produjo algún tipo de acuerdo o no entre los dirigentes de la CNT y las autoridades republicanas. Pero el hecho es que las primeras declaraciones públicas de la organización confederal en Madrid parecían situarse estrictamente dentro del marco de la lucha contra el fascismo y en defensa de la República[6]. A media mañana del día 19 de julio, después de la lamentable actuación del gobierno Casares Quiroga y del fracasado intento de apaciguar a los militares golpistas con la formación de un gobierno republicano de perfil derechista encabezado por Martínez Barrio, Azaña convocó a los dirigentes de los partidos con el objetivo de salir de la crisis y formar un gobierno de unidad nacional[7]. En esta reunión, Largo Caballero rehusó la participación socialista y sólo admitió la formación de un gobierno republicano con la condición que se licenciara a todos los soldados y se procediera a la distribución de armas a los sindicatos. Prieto probablemente se hubiera inclinado por la propuesta de Azaña, pero en ningún caso quería embarcarse en una aventura de este tipo sin la participación del ala izquierda del partido. Ante la negativa de los socialistas, Azaña confió a su amigo José Giral la presidencia de un gobierno formado exclusivamente por republicanos, que accedió a continuación a entregar las armas que pedían las organizaciones obreras y procedió a licenciar a los soldados. Es conocido que el presidente de la República, igual que muchos republicanos, dudaban de la idoneidad «de armar a una revolución para derrotar a una contrarevolució», pero la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo con los militares rebeldes, así como las posiciones potencialmente peligrosas de la izquierda socialista –de las que subyacía la permanente amenaza de formar un gobierno obrero en el caso de no atender el requerimiento de Largo Caballero–, no dejaron otra posibilidad. Resignado a armar a los obreros, el gobierno Giral se encontró –como Companys en Barcelona– en una situación de absoluta dependencia respecto de las organizaciones obreras. Los socialistas, empujados por Largo Caballero, habían rehusado participar en un gobierno con los republicanos, pero de hecho miembros de la ejecutiva del PSOE lo tutelaban: instalado desde los primeros momentos en la sede del Ministerio de Marina, Indalecio Prieto actuaba como un auténtico ministro sin cartera, mientras que Vidarte y Cordero despachaban todos los asuntos que llegaban al ministerio de la Guerra[8]. El mismo Largo Caballero recordaba que cada vez que telefoneaba al Ministerio de la Guerra o a la Presidencia, le parecía que contestaba un miembro de la ejecutiva del PSOE[9].

Sin mecanismos suficientes para poder actuar y con una autoridad reducida a la mínima expresión, Giral sabía que la continuidad del gobierno que encabezaba estaba ligada al apoyo que las organizaciones obreras –particularmente, el PSOE y la UGT– le pudieran conceder, y que en la lucha contra los militares rebeldes, éstas eran imprescindibles. Descartada de momento, pero no definitivamente, la posibilidad de formar un gobierno más amplio, Giral no dejó de explorar las posibilidades de constituir un organismo en el que se pudieran integrar todas las organizaciones que defendían la legalidad republicana y participaban de la organización de milicias. Un organismo, por supuesto, desprovisto de cualquier impronta revolucionaria y que actuara en coordinación con las autoridades legales y dependiendo absolutamente de éstas, y en el que pudieran tener cabida todas las organizaciones que controlaban la situación, pero que no estaban representadas en el Gobierno de la República. Un escenario parecido al que se encontró Companys en Barcelona, pero con una diferencia importante: mientras en la capital catalana fue la CNT la que impidió cualquier posibilidad de ampliar el Gobierno de la Generalidad a todas las fuerzas que se oponían al golpe de Estado, tal y como se sugirió en las primeras conversaciones, en Madrid fue el Partido Socialista –y con éste, la UGT– el que cortó el paso a la posibilidad de constituir un gobierno de concentración nacional como pedía Azaña, por la oposición, en aquellos momentos de Largo Caballero y sus partidarios, a cualquier colaboración gubernamental con los republicanos. En los dos casos, se optó por la salida que parecía más factible en función de las posiciones de unos y otros: en Madrid, a falta de otro organismo, los socialistas optaron para controlar y/o dirigir el gobierno a través de miembros de la Comisión Ejecutiva del partido que actuaron casi como ministros; en Barcelona, se optó por la solución de crear un comité de enlace –el Comité Central de Milicias– que facilitara la participación de todos, y especialmente de la CNT. Es preciso señalar que en Madrid, tanto los gobernantes como los dirigentes de las organizaciones, tuvieron mucha cuidado de constituir un organismo como el que se formó en Barcelona o Valencia, que inevitablemente podía haberse erigido en un peligroso adversario del mismo gobierno de la República, pero a escala de toda la zona bajo su control.

La ide...

Índice

• Presentación
• I. El 19 de julio en Cataluña: del oasis a la revolución
• II. La aparición de un poder revolucionario en Barcelona: el Comité Central de Milicias Antifascistas
• III. El Gobierno de la Generalidad contra las cuerdas
• IV. Por la pendiente fatal: el giro de la cnt hacia la colaboración gubernamental
• V. La política de las organizaciones obreras hacia los Comités
• VI. Conclusiones
• Apéndice. Elementos para un estudio del poder revolucionario en Cataluña
• Documentos
• Abreviaturas
• Fuentes y bibliografía