Derechos humanos en la Argentina: Informe 2016

Centro de Estudios Legales y Sociales

• Editorial: Siglo XXI Editores
• Año: 2019
• ISBN:
  9789876296687
• Categoría: Política y relaciones internacionales
• Categoría: Derechos humanos

Este es el vigésimo Informe sobre los derechos humanos en la Argentina editado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. En sus diez capítulos analizamos hechos y debates ocurridos entre enero de 2015 y abril de 2016 y proponemos reformas y decisiones necesarias, algunas de ellas urgentes, para revertir las violaciones a los derechos humanos que persisten en nuestro país.En este volumen nos ocupamos de las políticas de memoria, verdad y justicia a cuarenta años del golpe; las vulneraciones de derechos en tomas de tierra y asentamientos; la construcción de una agenda regresiva en torno de la "cuestión narco"; el sistema de inteligencia en democracia; los hechos de violencia letal con participación de integrantes de las fuerzas de seguridad; la investigación y sanción judicial de casos de tortura; las consecuencias del aumento sostenido del encarcelamiento; la violencia institucional a la luz de la Ley de Protección Integral a las Mujeres; el acceso a la justicia como una cuestión de derechos humanos; la libertad de expresión.El Centro de Estudios Legales y Sociales es una organización argentina creada en plena dictadura cívico-militar, que promueve la protección y la ampliación del ejercicio efectivo de los derechos humanos, la justicia y la inclusión social.El CELS utiliza la incidencia política, el litigio estratégico, la investigación aplicada y la conformación de alianzas para llevar a cabo su misión en el ámbito nacional e internacional.

1. Las políticas de memoria, verdad y justicia a cuarenta años del golpe[*]

La lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado ha marcado la historia reciente de la sociedad argentina. Durante la dictadura, la agresión desatada por el Estado sobre la sociedad condujo a la gestación de un frente de denuncia y resistencia liderado por los familiares de las víctimas. Esta iniciativa trascendió su contexto de surgimiento y se transformó en un componente permanente y decisivo de la política nacional en lo que respecta a la demanda por memoria, verdad y justicia y a la defensa de los derechos humanos.

En las cuatro décadas transcurridas desde el 24 de marzo de 1976, el movimiento de derechos humanos protagonizó la lucha contra la impunidad: con diversas estrategias, fue fundamental en el sostenimiento de las exigencias al Estado argentino para que investigara y sancionara a los responsables y otorgase reparación a las víctimas, en distintas coyunturas políticas, algunas más reactivas a sus demandas y otras más receptivas.

Durante la dictadura, el CELS recibió numerosos testimonios de víctimas, comenzó a documentar lo sucedido y llevó adelante la presentación de hábeas corpus colectivos con la convicción de que, a pesar de la respuesta burocrática de las instituciones, era una herramienta valiosa para el registro estatal de la represión. También trabajó en la preparación de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979, que fue determinante para la denuncia y condena internacional de las violaciones masivas a los derechos humanos en nuestro país. La visita ofreció un encuadre institucional para la declaración de familiares y víctimas que hasta entonces sólo habían obtenido cobijo en las organizaciones locales de derechos humanos.

Una vez concluida la dictadura, los organismos tuvieron un rol central en la escena pública. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, acompañaron con sus archivos la tarea desarrollada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y colaboraron de manera activa en la realización del Juicio a las Juntas y con las causas que se abrieron con posterioridad a su histórica sentencia. Luego, encabezaron la resistencia a las leyes de impunidad con grandes movilizaciones en las calles, reclamos políticos y presentaciones judiciales tanto en nuestro país como en el exterior.

Cuando los indultos cerraron las puertas para continuar con el juzgamiento de la mayoría de los delitos, el movimiento de derechos humanos insistió: los organismos consiguieron que se iniciaran juicios en tribunales extranjeros, obtuvieron sentencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que permitieron reabrir los planteos de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad e indultos, y hacer exigibles el derecho a la verdad y la reparación económica de las víctimas en nuestro país. Estos organismos también participaron en los procesos de control de ascensos de militares y de acceso a cargos públicos; avanzaron en tribunales nacionales con los denominados “Juicios por la Verdad”, que, como los hábeas corpus presentados durante la dictadura, constituían una apuesta por la construcción de una memoria estatal y social de los crímenes y una base para su juzgamiento, con independencia del ánimo oscilante de los gobiernos.

Con diferentes estrategias, los organismos mantuvieron vivo durante cuarenta años el reclamo por justicia, de un modo efectivo en el campo simbólico y que produjo también avances institucionales trascendentes.

Para 2003, antes de comenzar el gobierno de Néstor Kirchner, en diferentes causas existían planteos y declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y de los indultos, en primera instancia y en la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Buenos Aires; decenas de personas se encontraban detenidas por hechos vinculados con el terrorismo de Estado; se había restituido la identidad de 73 niños y niñas secuestrados con sus padres o nacidos en el cautiverio de sus madres; se habían creado la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el Banco Nacional de Datos Genéticos; se habían exhumado e identificado los restos de cerca de 200 personas asesinadas y enterradas como N.N.; se habían dado pasos importantes para la reparación económica a las víctimas demandada al gobierno argentino por la CIDH a partir de un caso interpuesto por el CELS; se había aprobado en nuestro país la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de los Estados Americanos. Además, ya existían prácticas institucionales sostenidas de participación social en el control de los ascensos militares, por parte de diferentes organismos como el CELS.

La lucha del movimiento de derechos humanos por memoria, verdad y justicia a lo largo de la democracia, aun en los contextos más adversos, construyó las bases para el proceso iniciado en 2003, cuya mayor contribución es haber transformado esas demandas en políticas de Estado.

El compromiso simultáneo de los tres poderes del Estado y la Procuración General de la Nación permitió desde entonces un avance muy significativo en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y el desarrollo de un variado conjunto de políticas públicas. Así, se profundizaron las vías de reparación a las víctimas, la restitución de la identidad de nietas y nietos apropiados, la sistematización de archivos y el hallazgo de información, la identificación de espacios en los que funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y la creación de sitios de memoria, entre otros. Se trata de un proceso que se consolidó hasta alcanzar niveles muy amplios de acuerdo social, una dinámica institucional difícilmente reversible y una referencia emblemática para la región y el mundo.

Con esta acumulación histórica, convive el recambio institucional y político que se produjo en diciembre de 2015. El presidente Mauricio Macri y muchos de los principales funcionarios de su gobierno han sostenido en diferentes oportunidades, antes y después de la elección, que mantendrán las políticas de memoria, verdad y justicia. Estas declaraciones confirman la fortaleza de este proceso colectivo y el consenso transversal que tiene la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura.

En los primeros meses del gobierno, estas declaraciones oficiales han convivido con medidas de ajuste del Estado con probables repercusiones negativas en el aporte del Poder Ejecutivo al proceso de justicia. Los despidos de personal en áreas de Derechos Humanos que funcionaban como soporte de los juicios por delitos de lesa humanidad generan incertidumbre. Hubo numerosas cesantías en el Programa Verdad y Justicia y en el Centro Ulloa, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que brindan protección y acompañamiento a testigos y querellantes. En el Ministerio de Seguridad, se desarmó el Área de Derechos Humanos que asistía en los allanamientos en casos de jóvenes apropiados, trabajaba en la identificación de cuerpos enterrados como N.N., y relevaba archivos y analizaba documentación de Prefectura, Policía Federal y Gendarmería que nutría a las investigaciones judiciales. La Subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central fue disuelta; esta área analizaba la documentación generada por la entidad durante la dictadura. En el Ministerio de Defensa no sólo se redujo el equipo de la unidad de Relevamiento y Análisis del Área de Memoria de la Dirección de Derechos Humanos, cuya labor principal ha sido el aporte de prueba documental a juzgados y fiscalías, sino que no se le están encomendando ni estas ni otras tareas.

En vista de estas preocupantes evidencias, los organismos de derechos humanos plantearon la necesidad de resguardar y profundizar todas las políticas públicas de memoria, verdad y justicia en distintas reuniones con el presidente de la Nación, el jefe de gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, durante los primeros meses de gobierno.[1]

Pero la defensa de estas políticas no atañe sólo a los organismos. El rechazo a la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado es un asunto de interés colectivo. Así se puso en evidencia cuando, apenas conocido el resultado electoral, algunos actores reducidos en número pero influyentes en la opinión pública renovaron sus exigencias de impunidad. Los embates recibieron la respuesta rápida de trabajadores de prensa, investigadores y amplios sectores políticos y sociales que defendieron el proceso de memoria, verdad y justicia.

Desde la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad que se inició en 2001 y se completó en 2005, el Poder Judicial enfrentó desafíos extraordinarios, tanto por la gran cantidad de víctimas –miles de detenidos-desaparecidos y asesinados, miles de torturados sobrevivientes de centros clandestinos– y victimarios –cerca de tres mil identificados, miles sin identificar–, como por el tipo de delitos: secuestros, torturas, violaciones, homicidios, desaparición de personas, cometidos en forma premeditada, sistemática y clandestina.

La sinergia institucional de la última década entre los diferentes poderes del Estado comprometidos con la tarea del juzgamiento de estos crímenes debe acelerarse. Nos encontramos en un momento de inflexión: por el tiempo transcurrido desde los hechos; por la edad avanzada de los sobrevivientes, de los familiares de las víctimas y de los imputados; y por la trascendencia que tiene este proceso para la consolidación del Estado de derecho. Los esfuerzos deben orientarse a sostener procesos judiciales eficaces que concluyan en sentencias definitivas.

En los últimos años se ha ampliado la indagación y el esclarecimiento de las responsabilidades de diferentes actores civiles en los delitos de lesa humanidad. Del avance de estas causas depende la posibilidad de establecer en sede judicial la verdad sobre los vínculos entre el gobierno de facto y sectores del poder económico, eclesiástico y judicial. El 40º aniversario del golpe militar nos coloca frente al desafío de sostener y completar este proceso.

1. El proceso de justicia hoy

En junio de 2015, al cumplirse diez años del fallo “Simón”, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación produjo un balance sobre el estado del proceso de justicia.[2] En ese trabajo se detalla que durante el período 1983-1987 se realizaron dos juicios por delitos de lesa humanidad: el Juicio a las Juntas y el juicio a la cúpula de la Policía Bonaerense, con un total de 17 imputados, de los cuales 11 fueron condenados y 6, absueltos. Entre 1988 y 2005, a partir de las leyes de impunidad, sólo continuaron vigentes las causas por apropiación de bienes y por apropiación de niñas y niños. Por este último delito se habían acumulado 23 condenas. En 2006, treinta años después del golpe, se dictó la primera sentencia posterior a la anulación de las leyes de impunidad y al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró su inconstitucionalidad.

Desde entonces el CELS, como representante de víctimas y familiares y como querellante institucional en causas de delitos de lesa humanidad, lleva un registro estadístico de las investigaciones abiertas en los juzgados, de las personas imputadas y de las condenadas.[3] Según este registro, hasta el 31 de diciembre de 2015, se dictaron 154 sentencias, en las que se condenó a 662 personas por delitos de lesa humanidad y se absolvió a 60. Cuarenta y nueve condenados han fallecido y uno se encuentra prófugo. En la etapa de instrucción, 60 personas fueron sobreseídas y a 199 se les dictó la falta de mérito porque se consideró que no había pruebas suficientes para procesar o sobreseer, es decir que ni siquiera llegaron al debate oral. Estos números muestran la plena vigencia del debido proceso y del respeto de las garantías constitucionales de los acusados.

La comparación entre los datos de los primeros años del proceso de justicia, hasta su cierre por las leyes de impunidad y los decretos de indulto, y los que surgen del proceso de reapertura pone en evidencia la gran cantidad de investigaciones judiciales realizadas en este último período, el conocimiento alcanzado sobre los responsables de los delitos, el incremento de sentencias, su distribución en el país y los avances reflejados en la investigación de responsabilidades de actores civiles. Desde la reapertura de las causas, los logros alcanzados en materia de justicia y reparación, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, son inéditos y trascendentes.

Según los registros del CELS, en diciembre de 2015 se llevaban adelante 14 juicios orales y 184 causas estaban en etapa de instrucción, 45 estaban elevadas a juicio y un plenario se desarrollaba por escrito bajo el trámite que se conoce como “código viejo”, sin instancias orales y públicas.

En las investigaciones judiciales abiertas, 378 personas se encuentran denunciadas y 925, procesadas. Entre las procesadas, 542 se encuentran con prisión preventiva y, de ellas, 224 tienen arresto domiciliario. Respecto de los lugares en los que se cumplen las condenas, 296 personas están en unidades penitenciarias y 187 se encuentran con arresto domiciliario. Al mismo tiempo, hay 112 condenados en libertad debido a que, como llegaron libres al juicio oral, no corresponde que sean detenidos hasta que la condena esté firme. Otros siete se encuentran en unidades militares y sobre diez no disponemos de información sobre el lugar de detención.

Estos datos permiten inferir que, durante la etapa de investigación, la privación de libertad no s...

Índice

• Cubierta
• Índice
• Agradecimientos
• Aclaración
• Prólogo
• 1. Las políticas de memoria, verdad y justicia a cuarenta años del golpe
• 2. Vulneraciones de derechos en tomas de tierra y asentamientos. Entre la necesidad, el mercado y el Estado
• 3. La construcción de una agenda regresiva en torno de la “cuestión narco”
• 4. El sistema de inteligencia en democracia. Una agenda de derechos humanos
• 5. Hechos de violencia letal con participación de integrantes de las fuerzas de seguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires
• 6. Investigación y sanción judicial de casos de tortura. Estrategias efectivas en un contexto de impunidad
• 7. Las consecuencias del aumento sostenido del encarcelamiento
• 8. Ni una menos. La violencia institucional a la luz de la Ley de Protección Integral a las Mujeres
• 9. El acceso a la justicia como una cuestión de derechos humanos
• 10. Libertad de expresión: perspectivas desalentadoras
• Integran el CELS