La política económica
Política, economía & sociedad civil
Desde una perspectiva histórica, los principales logros materiales de la humanidad después de que esta se emancipara de las fuerzas de la naturaleza y los individuos alcanzaran su identidad civil independiente de los primigenios estados, dando lugar a las sociedades modernas, podrían sintetizarse así:
• crecimiento de la población,
• aumento de la esperanza de vida,
• disminución de la mortandad infantil,
• mejora constante de la salud,
• acceso casi universal a la educación,
• aumento de la riqueza personal y
• disminución de la pobreza.
Tales logros no se desarrollaron de manera lineal a lo largo de la historia; comenzaron a ser posibles y extenderse a capas de población cada vez más amplias gracias a las revoluciones tecnológicas acontecidas —cinco, hasta ahora— y los marcos institucionales que las posibilitaron, desde principios del siglo XIX hasta hoy.
¿Qué ha aportado la política a la consecución de tan nobles empeños? Mucho, como pone de manifiesto lo sucedido el último cuarto de siglo. Más allá de la gran crisis financiera y económica que una buena parte —no todos— de países han padecido en los últimos años, los avances experimentados en las variables consideradas anteriormente han batido todos los records históricos.
¿Qué causas han podido facilitar tan extraordinarios efectos sobre la economía y el bienestar de la sociedad? Sin duda el final de la “guerra fría”, simbolizado por la caída del muro de Berlín y la consecuente generalización de marcos institucionales favorables a la libertad económica, que arrinconaron a la marginalidad a aquellas sociedades que siguieron practicando el llamado “socialismo real” o los nuevos experimentos populistas y nacionalistas al uso.
La generalizada desaparición de fronteras económicas ha posibilitado que una ingente cantidad de personas hayan abandonado la pobreza extrema para integrarse en un círculo virtuoso de prosperidad que puede y debe seguir ampliándose.
El triunfo de la economía de mercado ha resultado especialmente evidente en países como China y Vietnam —con sus peculiaridades culturales—, mientras que la aplicación de los principios del llamado “Consenso de Washington” en Iberoamérica y muchos otros países explican los enormes avances conseguidos allá donde mejor se cumplieron:
• Disciplina fiscal.
• Redirección del gasto público: no subsidios indiscriminados, sí en educación, salud e infraestructuras.
• Reforma fiscal: tipos bajos y aplicación general.
• Tipos de interés moderados pero positivos.
• Tasa de cambio competitiva.
• Liberalización del comercio.
• Liberalización de la inversión directa extranjera.
• Desregulación: libre mercado y competencia.
• Privatización de las empresas públicas.
• Derechos de propiedad protegidos.
Por todo ello, resulta particularmente chocante y hasta alarmante que en Europa estén surgiendo movimientos políticos populistas —caso de Grecia y España— que plantean programas opuestos a las políticas que han posibilitado la evolución de nuestras sociedades hasta los elevados niveles de desarrollo que hemos alcanzado, y que en algunos países iberoamericanos duden de seguir aplicando tan acreditadas recetas, ya que no existe paradigma alternativo posible a la libertad de mercado para poder seguir avanzando por el fecundo camino recorrido.
Llegados a este punto es necesario preguntarse —para no confundirnos— por la finalidad económica de la política, que no puede ser otra que maximizar el crecimiento económico, porque solo a partir de él es posible extender el bienestar social. Tal crecimiento debe ser necesariamente sano y, por tanto, sostenible en el tiempo, para poder seguir disfrutando un confortable Estado del Bienestar.
Sostiene a tales efectos Michael Spence, premio Nobel de Economía en 2001, en su The Next Convergence: The Future of Economic Growth in a Multispeed World, que el éxito económico de un país depende de que:
• El Gobierno se tome en serio el crecimiento.
• El Gobierno actúe a favor de la mayoría (no a favor de sí mismo ni de los lobbies y minorías extractivas).
• El Gobierno sea competente y eficiente para sostener el crecimiento a largo plazo.
• La libertad económica esté legalmente soportada.
Vencido históricamente el comunismo que frenó, si no imposibilitó, el crecimiento económico allá donde estuvo implantado, y comprobados los efectos contraproducentes de los excesos de la intervención estatal en los procesos económicos, el próximo y muy presente desafío político no puede ser otro que la reducción del tamaño del Estado, tanto económico como regulatorio, con la finalidad de impulsar el máximo crecimiento económico posible.
Recordaba recientemente el profesor Pedro Fraile una perspicaz frase de Alfred Marshall: “Mediante la coacción, el Estado es capaz de prohibir o forzar la publicación, si así lo desea, de las obras completas de Shakespeare, pero es incapaz de escribir ni uno solo de sus versos”.
Si la creación de riqueza debe ser el eje de la política, es tan lógico como empíricamente evidente que la función del Estado —“incapaz de escribir versos”— no puede ser otra que facilitar que los “poetas de la economía”, es decir, los empresarios, puedan ejercer su función de la mejor manera posible, que no es otra que la que se lleva a cabo con el menor número de coacciones legales.
La excesiva dimensión del Estado exige una ingente aplicación de recursos que serían mucho más útiles y eficientes socialmente en manos privadas. La proliferación normativa, por otra parte, restringe la creatividad empresarial limitando, en consecuencia, el crecimiento económico. Adicionalmente, tanto el gasto público como las regulaciones de las administraciones públicas son evidentes fuentes de corrupción —como bien demostrado está hoy en España— y, por tanto, de degeneración del orden moral de la política y la sociedad.
Por todo lo dicho, que es empíricamente contrastable, es cada vez más evidente la necesidad de que la sociedad civil empresarial pueda desarrollar todo su talento y creatividad en pos del mayor crecimiento económico posible, que hoy se ve constreñido, entre otras coacciones legales, por:
• Una fiscalidad —costes de la Seguridad Social e Impuesto de Sociedades— excesiva y claramente superior a la...