Gobierno corporativo en las instituciones de educación superior en Colombia
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GeneralidadesEl desarrollo de los sistemas capitalistas en el siglo XX ha estado acompañado del surgimiento y configuración de nuevas instituciones o reglas de juego que regulan el intercambio económico. En este contexto surge la necesidad de definir y establecer buenas prácticas de gobierno corporativo, buscando maximizar y revertir el bienestar económico generado por las empresas a los diferentes grupos de interés asociados con las mismas. No sólo se trata de garantizar un retorno a los inversionistas, sino al mismo tiempo salvaguardar los intereses de los empleados, clientes, proveedoresy, en general, de la sociedad como un todo (Guzmán y Trujillo, 2012).Sin embargo, este análisis centrado en organizaciones lucrativas permite el surgimiento de dos cuestionamientos: primero, ¿la preocupación por buenas prácticas de gobierno es también pertinente en instituciones sin ánimo de lucro como son las de educación superior?; segundo, si la respuesta es afirmativa, ¿a quién beneficia la implementación de buenas prácticas de gobierno en estas organizaciones?Lipman y Lipman (2006) reseñan el caso de la Organización No Gubernamental (ONG) The Nature Conservancy, el grupo filantrópico más grande del mundo dedicado a la preservación del medio ambiente, para resaltar la importancia de las buenas prácticas de gobierno en las organizaciones sin ánimo de lucro. De acuerdo con los autores, en mayo de 2003 el Washington Post llamó la atención sobre las operaciones de esta organización señalando que la revelación de información respecto a la compensación del gerente durante el año 2001 había omitido componentes lucrativos: un bono de vinculación por 75.000 dólares, un complemento para cubrimiento de costos por 75.000 dólares y un préstamo para vivienda por 1.55 millones de dólares.

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Información

Editorial
CESA
Año
2015
ISBN
9789588722320

INTRODUCCIÓN

Generalidades

El desarrollo de los sistemas capitalistas en el siglo XX ha estado acompañado del surgimiento y configuración de nuevas instituciones o reglas de juego que regulan el intercambio económico. En este contexto surge la necesidad de definir y establecer buenas prácticas de gobierno corporativo, buscando maximizar y revertir el bienestar económico generado por las empresas a los diferentes grupos de interés asociados con las mismas. No sólo se trata de garantizar un retorno a los inversionistas, sino al mismo tiempo salvaguardar los intereses de los empleados, clientes, proveedores y, en general, de la sociedad como un todo (Guzmán y Trujillo, 2012). Sin embargo, este análisis centrado en organizaciones lucrativas permite el surgimiento de dos cuestionamientos: primero, ¿la preocupación por buenas prácticas de gobierno es también pertinente en instituciones sin ánimo de lucro como son las de educación superior?; segundo, si la respuesta es afirmativa, ¿a quién beneficia la implementación de buenas prácticas de gobierno en estas organizaciones?
Lipman y Lipman (2006) reseñan el caso de la Organización No Gubernamental (ONG) The Nature Conservancy, el grupo filantrópico más grande del mundo dedicado a la preservación del medio ambiente, para resaltar la importancia de las buenas prácticas de gobierno en las organizaciones sin ánimo de lucro. De acuerdo con los autores, en mayo de 2003 el Washington Post llamó la atención sobre las operaciones de esta organización señalando que la revelación de información respecto a la compensación del gerente durante el año 2001 había omitido componentes lucrativos: un bono de vinculación por 75.000 dólares, un complemento para cubrimiento de costos por 75.000 dólares y un préstamo para vivienda por 1.55 millones de dólares. De igual manera se detectaron tratos dudosos relacionados con venta de tierras que estaban bajo la conservación de la organización a personas relacionadas con la misma, incluso obteniendo beneficios tributarios al asumir los pagos recibidos como donaciones. Como resultado se llegó al establecimiento de un sistema de gobierno más estricto para la ONG.
Lo anterior resalta la importancia de sistemas de gobierno eficientes no solo para entidades con ánimo de lucro. Ahora bien, debido al impacto que puede tener la educación superior en el desarrollo económico de las naciones, estructuras eficientes de gobierno en las Instituciones de Educación Superior (IES) no son solo pertinentes para los grupos de interés cercanos a estas organizaciones, sino para la sociedad como un todo. Schleicher (2006), en un documento que pretende crear conciencia respecto a la importancia de la educación superior en Europa, menciona hechos relevantes relacionados con el impacto económico de la inversión en educación superior. De acuerdo con Schleicher, los países y continentes que invierten fuertemente en educación y desarrollo de habilidades, se benefician económica y socialmente de esta escogencia. Según el autor, por cada euro de recursos públicos invertido en educación superior los ciudadanos obtienen un retorno muy superior en términos de crecimiento económico. Así, los países que dan a los individuos un año más de educación estimulan la productividad e incrementan el resultado económico entre el 3 y el 6% en el tiempo. En contraposición, las personas con cualificaciones básicas tienen un riesgo mayor de afrontar desempleo y pobreza.
La eficiencia de los recursos invertidos en educación superior es entonces un asunto público. Sin embargo, sistemas de gobierno inadecuados pueden llevar a malversación o mala utilización de los fondos en las IES. De Vise (2011) resalta ocho escándalos que llevaron a la desvinculación de los presidentes de ocho de las IES más renombradas en Estados Unidos. Por ejemplo, De Vise señala cómo en el año 2009 el presidente de la Universidad de Illinois tuvo que renunciar luego de que el diario Chicago Tribune revelara una “lista de influencia” de aspirantes que tuvieron consideración especial debido a sus conexiones políticas. Además, en 2005 el entonces presidente de American University fue despedido cuando su antiguo conductor reveló al Washington Post que había usado recursos de la universidad para cubrir los costos de una fiesta de compromiso de una estudiante, además de los gastos asociados con un chef francés personal. Estos casos resaltan la importancia de contar con sistemas de gobierno adecuados en las IES para evitar una mala utilización de los recursos de la universidad. Sin embargo, las buenas prácticas de gobierno están igualmente relacionadas con la adaptación de las IES a los cambios del entorno.
De acuerdo con Hénard y Mitterle (2010), en las últimas décadas se han presentado cambios dramáticos en la educación terciaria que hacen que la implementación e incorporación de buenas prácticas de gobierno corporativo en los modelos de gobierno universitario o gobierno académico en las IES, se haya convertido en un asunto crucial. Los autores resaltan la expansión de los sistemas de educación terciaria, los cuales contaban con 132 millones de estudiantes en 2004, aproximadamente más del doble de estudiantes que a principios de la década de los 90, la diversificación de instituciones que realizan la provisión de este servicio junto con una mayor participación por parte del sector privado, nuevos modos de prestación como la educación a distancia y virtual, el crecimiento de la internacionalización de la educación superior, una población de estudiantes más heterogénea, con una creciente participación de mujeres y estudiantes de mayor edad, además de una heterogeneidad en educación previa, etnicidad y situación socio económica, entre otros. Según Hénard y Mitterle (2010), estos desafíos, junto con los cambios en la financiación que realizan los gobiernos a las IES, imponen presiones a estas organizaciones para que se ajusten rápida y eficientemente a las demandas del entorno.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2003), en un análisis de la política detrás de la educación en el ámbito global, asegura que el precio que están pagando las IES por la autonomía de la que gozan al contratar sus colaboradores, escoger la forma de administrarse a sí mismas, estructurar sus programas y administrar sus presupuestos puede estar representado en un sistema más estricto que les rinde cuentas por sus resultados, así como nuevos controles para otorgarles financiación. Lo anterior se implementa por medio de la valoración de la calidad y nuevos criterios para la asignación de fondos públicos a las IES. De igual manera, la OECD (2003) resalta cómo el sistema de gobierno tradicional en las universidades es colegiado y consultivo por naturaleza. Sin embargo, el aseguramiento de la calidad, y los cambios en los criterios de financiación, han llevado a un fortalecimiento del poder en las autoridades directivas de las IES, y a un incremento en la participación de miembros externos en los organismos de gobierno o supervisión. Es común hoy encontrar referencias de literatura sobre nuevas prácticas de gestión administrativa de las universidades (Gibbons et ál., 1994; Slaughter y Leslie, 1997; Clark, 1998; Marginson, 2000; Marginson y Considine, 2000; Deem, 2001; y Slaughter y Rhoades, 2004), que se agrupan en temas como internacionalización, nueva gestión pública, entrepreneurialism, la universidad emprendedora y capitalismo académico, y que hacen énfasis en un cambio en las prácticas de gobierno universitario de cara a actores representativos tales como órganos de gobierno institucional, profesores, estudiantes, egresados, órganos reguladores y padres de familia, entre otros.
La necesidad de contar con un gobierno universitario que permita una correcta administración de las IES y facilite a estas organizaciones adaptarse a las exigencias que afrontan en la actualidad es resaltada por Salmi (2009). Este autor señala tres factores como características de las universidades de clase mundial: a. Una alta concentración de talento tanto en profesores como estudiantes; b. Recursos financieros abundantes para ofrecer un ambiente de aprendizaje apropiado y conducir investigación de calidad, y c. Características de gobierno favorables para alentar una visión estratégica de innovación, y flexibilidad para permitirle a las organizaciones tomar decisiones y administrar los recursos sin sentirse agobiadas por procesos innecesarios y paquidérmicos.
La estructura de gobierno tiene una alta incidencia en el cumplimiento de los objetivos y el buen funcionamiento de las IES. Lo anterior es resaltado por la Universidad de Oxford en su “ White Paper on university governance” publicado en 2006. Este documento, que representa el caso particular de un cambio de gobierno en esta IES, declara como objetivos detrás de la reforma a su forma gobierno, los siguientes: fortalecer la capacidad del Consejo Directivo para establecer las mejores condiciones posibles para la investigación y la docencia, y asegurar la coherencia e integridad de los procesos que permiten la toma de decisiones en la institución; incluir en la toma de decisiones el mayor rango posible de perspectivas por parte de los miembros de la comunidad académica; permitir una rendición de cuentas más fluida por parte de aquellos con la autoridad y responsabilidad para tomar decisiones a favor de la universidad, y ampliar el rango de experticia apropiada disponible al interior del Consejo Directivo para asegurar que las decisiones claves sean adoptadas, que los riesgos y oportunidades institucionales sean identificados y que las responsabilidades fiduciarias de sus miembros sean asumidas.
De acuerdo con el “ White Paper on university governance” de la Universidad de Oxford, el término gobierno se refiere al proceso de toma de decisiones al interior de una organización. Los cambios resaltados en el párrafo anterior muestran cómo la Universidad de Oxford modificó los procesos relacionados con la toma de decisiones para hacerse a una organización más pertinente, más adaptable a las exigencias del entorno y con mayor capacidad de rendición de cuentas a los interesados en los resultados generados por la institución.
Según Mortimer y O’Brien (2006) los desafíos más importantes que afrontan las juntas, los administradores y el cuerpo de profesores respecto al gobierno en las universidades es mantenerse enfocados en el cumplimiento de su misión mientras hacen frente a un conjunto de fuerzas de mercado altamente volátiles. Dichas influencias afectan el éxito en el cumplimiento de los objetivos fundamentales de la educación superior. De acuerdo con Martin et ál. (2006), el desafío central para quienes ostentan cargos como decanos o rectores es entender cómo definir e implementar un liderazgo académico en un clima cambiante respecto de las prioridades de los profesores, una mengua en los recursos institucionales, preferencias cambiantes en los estudiantes consumidores y una creciente desconfianza por parte del público.
La importancia del buen gobierno de las IES ha sido reconocida en el país. Lo anterior se evidencia en varios hechos: uno de ellos, el proyecto de ley que estructuró el gobierno para reformar la Ley 30 de 1992 y que se discutió durante el año 2011. Aunque luego de un álgido debate la propuesta fue retirada, pretendía realizar cambios a la regulación del servicio público de la educación superior en el país. Esta propuesta dedicaba el capítulo IV, conformado por 12 artículos, a los temas relacionados con el gobierno de las IES. El capítulo titulado “Transparencia, eficiencia y buen gobierno”, incluía cambios tales como sujetar a los integrantes de los órganos de dirección y gobierno, y al Rector, al régimen de prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y conflictos de interés de los servidores públicos. Además, establecía que las IES, como prestadoras de un servicio público cultural, con función social, debían adoptar buenas prácticas de gestión, que apuntaran al cumplimiento de sus objetivos y al mejoramiento continuo de la prestación del servicio. Dentro de estas prácticas quedaba claramente estipulada la obligación de proporcionar a la sociedad y al Estado información veraz y oportuna respecto de sus procesos y de los resultados del desarrollo misional, así como de sus recursos humanos, físicos y financieros.
La preocupación por la productividad de las IES y el control que debe ejercerse sobre las mismas no se circunscribe a los años recientes, sino que se viene discutiendo desde hace más de una década. Ayala et ál. (1998), en un trabajo que propone un diseño institucional adecuado para la regulación en el sistema de educación superior, resaltan la importancia de la creación de una superintendencia encargada de la supervisión como complemento a la regulación, y afirman que la tarea de supervisión no debe ser ejecutada conjuntamente con la reglamentación, ni con las funciones de planeación, fomento y dirección de la educación pública para evitar conflictos de interés, y que el ente supervisor se vea sujeto a las presiones de los vigilados.
Entender la estructura de gobierno de las IES en Colombia es un punto de partida necesario para la política pública que esgrime el gobierno, y para la continua reflexión y adaptación de los órganos de gobierno y las obligaciones inherentes a los mismos. Las IES desempeñan un papel determinante a través de la provisión de un bien público que tiene implicaciones directas en el desarrollo social y económico de los países. Su capacidad de adaptación y respuesta a las demandas del entorno, y la eficiencia en la administración de los recursos, son de interés no solo para los actores relacionados directamente con cada una de las instituciones, sino para la sociedad como un todo.
Este libro presenta un diagnóstico de las diferentes estructuras de gobierno que emplean las IES en Colombia, identificando y analizando las dinámicas de interacción y conflictos que se presentan entre los diferentes grupos de interés y órganos de gobierno, con el fin de utilizar esta evaluación como un punto de partida que aliente la reflexión de los directivos de las IES colombianas y permita al gobierno establecer acciones de política pública encaminadas a garantizar estructuras de gobierno académico apropiadas.
Para cumplir con este objetivo, en el primer capítulo se realiza una revisión de la literatura relacionada con el nuevo enfoque gerencial o “new managerialism” que está permeando el gobierno en las IES, así como de los fundamentos teóricos que soportan el modelo de gobierno corporativo, y se discuten los elementos del mismo que pueden ser aplicables en la educación superior. Los capítulos siguientes se centran en la discusión y caracterización del gobierno en universidades y otro tipo de IES oficiales y privadas en Colombia. Lo anterior es llevado a cabo a través del desarrollo de entrevistas a profundidad a actores de la alta dirección relacionados con estructuras de gobierno en las diversas instituciones que conforman la muestra. El capítulo final presenta una serie de reflexiones con el ánimo de incentivar la discusión en el sector de la educación superior en lo referente al gobierno de las instituciones que lo conforman.
El libro es el resultado de una primera aproximación a la temática abordada en un estudio piloto, descriptivo y exploratorio financiado por el Ministerio de Educación Nacional como parte del proyecto estratégico de fortalecimiento de la capacidad investigativa y de innovación de las instituciones educativas. La descripción realizada y los resultados presentados constituyen un punto de partida para una agenda de investigación centrada en el gobierno en las IES.

Alcance y metodología general del estudio

La presente investigación tiene como objetivo principal abordar el cuestionamiento ¿Cómo se concibe el gobierno corporativo en las Instituciones de Educación Superior en Colombia y cuál es el estado actual de las prácticas de gobierno al interior de las mismas? Buscando dar respuesta a lo anterior, antes que emitir juicios de valor, se buscará identificar aquellas condicionantes y actores involucrados en las dinámicas de poder que permitan realizar una caracterización de tipo descriptivo- analítica del estado actual de las estructuras y prácticas de gobierno en las IES colombianas.
La OECD define el gobierno en el marco de la educación superior de la siguiente manera:
El gobierno [de la educación superior] comprende las estructuras, relaciones y procesos a través de los cuales, tanto a nivel nacional como institucional, se desarrollan, implementan y revisan las políticas para la educación terciaria. El gobierno [de la educación superior] comprende una red compleja que incluye el marco legislativo, las características de las instituciones y cómo éstas se relacionan con todo el sistema, cómo se asignan los recursos a las instituciones, y de qué manera las mismas rinden cuentas por la manera en que lo gastan, así como estructuras y relaciones menos formales que dirigen e influencian el comportamiento (2008: 68).
Aunque el presente estudio adopta esta definición de gobierno en el contexto de la educación superior, no obstante se desarrolla principalmente a nivel micro o institucional, y no a nivel nacional. Además, siguiendo a Fried (2006), se entiende como buen gobierno en estas instituciones el desarrollo de estructuras que busquen preservar la integridad del sist...

Índice

  1. PORTADA
  2. PORTADILLA
  3. CRÉDITOS
  4. AGRADECIMIENTOS DE LOS AUTORES
  5. PRÓLOGO
  6. INTRODUCCIÓN
  7. CAPÍTULO PRIMERO
  8. CAPÍTULO SEGUNDO
  9. CAPÍTULO TERCERO
  10. CAPÍTULO CUARTO
  11. CAPÍTULO QUINTO
  12. CAPÍTULO SEXTO
  13. REFERENCIAS