El laberinto catalán

Benoît Pellistrandi

• Editorial: Arzalia Ediciones
• Año: 2019
• ISBN:
  9788417241483
• Categoría: Politics & International Relations
• Categoría: Nationalism & Patriotism

Cataluña concentra una lucha secular por las libertades democráticas, las ambigüedades de un nacionalismo a veces excluyente, la amenaza de las rivalidades militantes y los riesgos de una identidad convertida en incierta a fuerza de ser reivindicada.La crisis vivida por Cataluña, y por España entera, en septiembre y octubre de 2017 sorprendió, por su intensidad, a propios y extraños. ¿Cómo una región rica y próspera, que disfruta de una amplia autonomía, podía lanzarse a la aventura incierta de un proyecto secesionista? El choque frontal entre el catalanismo y la democracia española acabó provocando una fractura duradera en la región y un malestar generalizado en toda España. Aún hoy es un conflicto pendiente de resolución y necesitado de una reflexión serena.El autor nos ofrece su profundo conocimiento de la historia de España unido a la ausencia de pasión nacionalista peninsular, ni catalana ni española, para arrojar luz al mayor desafío de la democracia española en el siglo XXI.

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Génesis de una crisis

De 1978 a 2017 la relación entre las autoridades políticas catalanas y españolas se inscribía en el marco constitucional. La comunidad autónoma de Cataluña pudo desarrollar sus competencias y tener una vida política propia, caracterizada por la larga hegemonía del partido nacionalista de centro-derecha Convergencia y Unión[8], dirigido por el inamovible presidente de Cataluña entre 1980 y 2003, Jordi Pujol. En 2009, este líder carismático e histórico afirmaba:

Yo no quisiera que por ser español tuviera que renunciar a ser catalán. Si esto ocurriera, entonces no podría seguir siendo español.

Detrás del carácter alambicado de esta fórmula se refleja con claridad la doble lealtad constitucional y nacionalista. El catalán se reconoce en una patria que ama y cuya lengua habla. Conoce la historia de esta patria bella y potente. Sabe cuánto ha contribuido Cataluña a la prosperidad española. Pero sabe también que las relaciones entre los dos territorios son complicadas y están perturbadas por querellas históricas que ponen en juego cuestiones identitarias. Frente al Estado-nación español, Jordi Pujol potenció la existencia de una nación catalana. Tal vez el nudo gordiano radique ahí: ¿Es España un Estado o una nación? ¿No es Cataluña una nación? Y si lo es, ¿por qué no puede ser un Estado?

Estas cuestiones, aún candentes, no se explicaron con claridad al comienzo de la transición democrática española, aunque estuvieran presentes en las ideologías y proyectos políticos. Para darnos cuenta de cómo la génesis de la crisis nacionalista hace hervir hoy día el espíritu de los catalanes, es necesario hacer un poco de historia y recordar el lugar que Cataluña ocupa en la construcción democrática de España, en el funcionamiento de su vida política. Solo así podrá comprenderse cómo actúan los parámetros actuales de la crisis y cómo esta ha degenerado en un conflicto de lealtades nacionales.

Cataluña en la Constitución democrática

El 6 de diciembre de 1978, el 91 % de los electores residentes en Cataluña votaba sí en el referéndum para ratificar la Constitución española. Fruto de un proceso parlamentario, este texto definía la nueva España democrática y dibujaba la arquitectura del Estado. Frente al Estado centralizado, que la dictadura franquista había reforzado, los constitucionalistas habían optado por una España unida y descentralizada:

La soberanía nacional reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado (artículo 1.º, línea 2).

y:

La Constitución se basa en la unidad indisoluble de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la componen, así como la solidaridad entre ellas (artículo 2.º).

Esta definición de España no es solamente el resultado de un acuerdo; es asimismo el fundamento del orden democrático y constitucional del país. Desde 1978 ha garantizado el ejercicio de las libertades políticas y el desarrollo de un Estado descentralizado que ha dotado a las diferentes regiones de un grado de autogobierno sin equivalente en Europa.

El título VIII de la Constitución —«De la organización territorial del Estado»— desarrolla en veintidós artículos (del 137 al 158) los principios y modalidades de construcción y despliegue de las «comunidades autónomas», nombre dado a las regiones que, en aquella época aún no estaban definidas territorialmente a excepción de tres conjuntos: Cataluña, País Vasco y Galicia. Estas tres regiones se habían beneficiado, bajo la Segunda República, de un estatuto de autonomía (Cataluña en 1932, País Vasco en 1936) o de un preestatuto, como en el caso de Galicia (1936), cuyo pleno desarrollo impidió la Guerra Civil. En 1979 comenzó la nueva descentralización y empezaron a negociarse los estatutos autonómicos para todos los territorios, lo que implicaba aprobar un texto jurídico fundamental que definiera el perímetro de las competencias administrativas, políticas y jurídicas de cada autonomía. Los estatutos del País Vasco y Cataluña se concluyeron a finales de 1979, y a mediados de marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones autonómicas para designar el futuro Parlamento catalán y, en consecuencia, el futuro presidente de la Generalitat[9].

En Cataluña, la coalición electoral de nacionalistas de centro-derecha y democratacristianos catalanistas dirigida por el candidato Jordi Pujol, de CiU, prevaleció con un 28 % de los votos contra un 22,5 % del Partido Socialista de Cataluña[10]. La izquierda, que contaba con ganar, se había dividido y ofreció así la victoria a un candidato de centro-derecha. Jordi Pujol fue elegido presidente de la Generalitat con el apoyo de los diputados de la Unión de Centro Democrático y Social del presidente Adolfo Suárez.

Esta maniobra política se explica desde una doble perspectiva. Por una parte, se trataba de no permitir a la izquierda hacer de Cataluña su bastión; por otra, apoyando a Jordi Pujol, los centristas se aseguraban el voto en Madrid de los diputados de CiU. De hecho, las elecciones no habían dado la mayoría absoluta a Adolfo Suárez —disponía de 168 escaños de un total de 350— y le hacía falta asegurarse una mayoría parlamentaria. El apoyo de CiU a Suárez fue el primer ejemplo de colaboración parlamentaria entre una fuerza política nacional y otra específicamente catalana. Esta es una de las claves decisivas para entender el posicionamiento de los partidos catalanes en el espacio político español[11].

Por primera vez desde la abolición de las instituciones catalanas de la Segunda República en 1939, la Generalitat y el Parlamento de Cataluña volvían a ser actores políticos en el marco de la Constitución española. Es necesario subrayar, sin embargo, que en realidad esa es la forma que toma el Estado español en Cataluña y que dichas instituciones derivan su legitimidad del texto constitucional del 78. Su legalidad depende, pues, de la plena aplicación de los derechos concedidos por la Carta Magna y el Estatuto de Autonomía de 1979.

Progresivamente se van estableciendo el resto de las autonomías. En 1983 ya están definidas diecisiete. En esta nueva dinámica territorial española, Cataluña posee un mayor peso. La región representa demográficamente casi un sexto del total nacional y económicamente un quinto, lo que se refleja claramente en el Congreso, donde Cataluña tiene 47 diputados (13,4 % del total). La escena política catalana, por su parte, contrastará profundamente con la nacional. El peso de los partidos nacionalistas catalanes obligará a los partidos nacionales, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido Popular (PP), a tener en cuenta sus expectativas y exigencias.

Cataluña, en la nueva España democrática, es a la vez historia propia, una serie de fuerzas políticas y culturales, una potencia económica con un poderoso lobby y una identidad que se construye gracias a los instrumentos constitucionales. El idioma catalán tiene el estatus de lengua cooficial con el español. Es también el escaparate del éxito de la España democrática. Los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona son el resultado de un esfuerzo conjunto entre el presidente del Comité Olímpico Internacional, el catalán Juan Antonio Samaranch (quien había sido un alto funcionario franquista), el Gobierno socialista de Felipe González, el Ayuntamiento socialista de Barcelona, con Pasqual Maragall de alcalde, y la Generalitat de Jordi Pujol, coordinados por el talento diplomático del rey Juan Carlos. La coincidencia de estos Juegos con el V Centenario del Descubrimiento de América y el eco mundial que tuvieron hicieron de la nueva Barcelona el escaparate de la España democrática, moderna e influyente, nacida después del franquismo. ¡Nunca como en 1992 fue Cataluña tan española ni España tan catalana!

Progresivamente, las características del ecosistema político catalán irán ganando influencia en la política nacional… Ya se vio en 1980 cuando los diputados centristas sostuvieron a Jordi Pujol a cambio de una reciprocidad bienvenida en Madrid. El partido de Adolfo Suárez no disponía más que de 168 diputados de los 350 escaños en el Congreso. Los 8 parlamentarios de CiU eran cruciales; cuando en marzo de 1980 el PSOE presentó la moción de censura, la abstención de vascos y catalanes contribuyó a salvar a Adolfo Suárez. En 1982, igual que en 1986 y 1989, el PSOE ganó las elecciones generales con una cómoda mayoría absoluta. Pero en 1993, con solo 159 escaños, los socialistas tratan de buscar aliados parlamentarios y los encuentran en los nacionalistas catalanes y vascos. Felipe González hubiera deseado que CiU participara en el Gobierno central y, según propio testimonio, ofreció el Ministerio de Industria a los nacionalistas catalanes[12]. Jordi Pujol, que conocía en casa la comodidad de las mayorías absolutas, prefirió no comprometerse hasta ese punto. Sostener sin participar. ¡La fórmula presenta ventajas políticas considerables!

En marzo de 1996 el PP, heredero de la derecha conservadora de la Alianza Popular de Manuel Fraga Iribarne, así como de la fenecida Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, ganó las elecciones generales. Pero el partido de José María Aznar no consiguió más que 156 escaños, por lo que se vio obligado, también, a buscar apoyos parlamentarios. Tanto CiU como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) firmaron un pacto de legislatura con el PP. El compromiso duró y la legislatura llegó a su término en marzo de 2000. Mientras tanto, la transferencia de competencias del Estado hacia Cataluña y su Gobierno autónomo fue intensa. La ley de normalización lingüística, que el Gobierno Pujol había impulsado en 1998 y que obligaba a los comerciantes a no poner sus anuncios y rótulos en castellano, no tuvo ningún recurso en el Tribunal Constitucional, a pesar de que era evidente que rompía el equilibrio entre las dos lenguas cooficiales. El PP, en Madrid, no podía ir contra la voluntad de su socio parlamentario, mientras que los socialistas, cuya sección catalana estaba dispuesta a asumir el catalanismo político, no deseaban chocar de frente contra la acusada sensibilidad de los catalanes en esta cuestión.

El sistema electoral español se basa en circunscripciones provinciales. Cada una de las cincuenta provincias, cuya división se remonta a 1833 y se inspira en los departamentos franceses, elige un número de diputados proporcional a su población. El Senado se compone de cuatro senadores por provincia, 200 en total, elegidos por sufragio universal en la misma convocatoria que los diputados. Se completa con 66 senadores designados por los Parlamentos de las comunidades autónomas. Cada comunidad tiene derecho a un número de senadores determinado por su población. Un primer escaño corresponde a la comunidad como tal; luego, por cada millón de habitantes, se añade un senador. De esta manera, Andalu...

Índice

• Prólogo para españoles
• Introducción
• 1. Génesis de una crisis
• 2. Genealogía del nacionalismo catalán
• 3. Del nacionalismo al independentismo: lo que la crisis catalana explica sobre España
• Conclusión
• Anexo I. El sistema de partidos en Cataluña y en España
• Anexo II. Mayorías nacionales y mayorías en Cataluña
• Anexo III. Cataluña electoral en el conjunto de España
• Sobre el autor