El milagro del Prado

La polémica evacuación de sus obras maestras durante la guerra civil por el Gobierno de la República

José Calvo Poyato

• Editorial: Arzalia Ediciones
• Año: 2018
• ISBN:
  9788417241223
• Categoría: Historia
• Categoría: Historia europea

El estallido de la guerra civil no solo trastornó radicalmente la vida y destino de todos los españoles, sino que provocó un auténtico terremoto en el patrimonio histórico y artístico del país. Además de detallar los destrozos provocados por las propias acciones bélicas, el autor recuerda los incendios y desmanes que, en zona republicana, sufrieron las instituciones religiosas y se detiene en la oscura historia del Vita y las piezas del Museo Arqueológico.Sin embargo, El milagro del Prado se centra en la mayor amenaza para el patrimonio artístico español durante la guerra: la supervivencia de los más importantes cuadros del Museo del Prado, sacados durante meses y sometidos a unos riesgos innecesarios que podrían haber tenido un final trágico.Con su característico estilo ágil y directo, Calvo Poyato nos sitúa en el Madrid de comienzos de la guerra y nos sumerge en las vicisitudes a que quedó expuesto el que quizá sea el mayor tesoro español: las insustituibles piezas maestras del Prado. Una epopeya internacional —digna de una novela de aventuras— llena de intereses inconfesables, decisiones más que discutibles y reencuentros inesperados.

1
La llegada del Frente Popular

Particularmente tenso resultaba el ambiente político y social que se respiraba en España desde que, a finales del año 1935, el presidente de la República decidía disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones generales. La fecha se fijaba para el 16 de febrero de 1936. La tensión se remontaba a algunos meses atrás y se había intensificado cuando se produjo la entrada en el Gobierno presidido por Alejandro Lerroux de varios ministros de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), la coalición electoral que, liderada por José María Gil Robles, había resultado más votada en las elecciones de noviembre de 1933. La presencia de cedistas en el Gobierno hizo aumentar la crispación de los sectores más radicales de la izquierda, donde la CEDA y su dirigente eran tachados de fascistas y acusados de conspirar para conseguir la restauración de la monarquía.

La respuesta a la formación del nuevo Gobierno fue la convocatoria por parte de la UGT y el PSOE de una huelga general revolucionaria, al considerar Francisco Largo Caballero que aquello constituía una «provocación reaccionaria». Esa huelga dio lugar a la conocida como Revolución de octubre de 1934 y vivió sus momentos más graves en Asturias, donde únicamente la intervención del ejército —fueron trasladadas tropas desde África— pudo reducir el levantamiento minero en las cuencas carboníferas.

Por los mismos días que se iniciaban los sucesos de Asturias, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, aprovechaba la crisis gubernamental para proclamar el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Argumentaba que la derecha, a la que calificaba de fuerza «monarquizante y fascista», había asaltado el poder para acabar con la República e invitaba a los dirigentes partidarios de dicho régimen a establecer en Barcelona la capital de esa república[7]. El Gobierno ordenó al capitán general de Cataluña, Domingo Batet, la detención de Companys y de sus consejeros, que fueron encarcelados en el buque Uruguay, anclado en el puerto de Barcelona, donde permanecieron hasta que, a comienzos de 1935, fueron trasladados a la cárcel Modelo de Madrid.

En octubre de 1935 salió a la luz pública el conocido como escándalo del estraperlo[8], que afectaba gravemente al Partido Radical, a cuya cabeza se encontraba Lerroux. La situación política se complicó y Gil Robles, que lideraba el grupo de las Cortes de cuyo apoyo dependía la supervivencia gubernamental, dudó de la conveniencia de mantenerlo.

Poco después, el Gobierno se veía sacudido por un nuevo escándalo, el denominado asunto Nombela, que enturbió aún más las cosas. Antonio Nombela era un funcionario que denunció un caso de corrupción ligado a la administración colonial en Guinea Ecuatorial[9]. Este nuevo affaire dio a Gil Robles un argumento para retirar su apoyo al Gobierno de coalición de la CEDA con los radicales y plantear al presidente de la República que, en su condición de jefe de la minoría parlamentaria más numerosa, lo propusiese para encabezar un nuevo gabinete. Niceto Alcalá-Zamora se negó, aduciendo que la CEDA, pese a haber sido la lista más votada en las elecciones de noviembre de 1933 y haber obtenido mayor número de escaños, no había proclamado su fidelidad a la República. Tras un intento fallido de configurar un Gobierno con Portela Valladares, disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones para febrero de 1936.

La radicalización de las posiciones en amplios sectores de la izquierda y la derecha, con el consiguiente deterioro del centro político, caracterizó la campaña electoral. Los partidos de izquierda, en un intento de evitar una derrota como la sufrida en noviembre de 1933, configuraron el denominado Frente Popular, en el que se agrupaban el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Comunista y el Partido Obrero de Unificación Marxista, fundado en vísperas de las elecciones y formado por comunistas enfrentados a los planteamientos estalinistas y al discurso de Moscú. Por su parte, la CEDA continuaba agrupando a los partidos de derechas, con Gil Robles a la cabeza, aunque también se presentaban fuera de ella otras formaciones como Renovación Española o la Comunión Tradicionalista.

La aparición de los llamados frentes populares en el marco de la política europea de aquellos años fue una consecuencia de los nuevos planteamientos aprobados por la Internacional Comunista. Estaban impulsados desde Moscú, fundamentalmente para fortalecer a los partidos comunistas en los países de Europa Occidental, muy débiles en algunos de ellos, como en el caso de España, y tenían también el propósito de frenar el crecimiento de los movimientos totalitarios que habían alcanzado el poder en Italia y Alemania, y contaban con importantes ramificaciones en otros países del entorno.

En España, además, se daban algunas circunstancias añadidas que distinguían la citada formación de otros frentes populares europeos. Por un lado, la derrota de los partidos de izquierdas en las elecciones de 1933 se había producido en parte por la desunión con que habían concurrido a las urnas, a diferencia del bloque de la CEDA. Por otro, hay que señalar el gran interés del Partido Comunista en configurar un grupo en el que integrarse como vía para conseguir una presencia parlamentaria que no tenía. Su papel, hasta entonces, en la vida política española era irrelevante. Los comunistas no contaban con el apoyo de una fuerza sindical como los socialistas con la UGT. Otra singularidad del caso español era que, aunque sin formar parte del bloque, los anarquistas se sumaron a los planteamientos frentistas. La CNT rompía así su tradicional rechazo a la participación electoral. Esa postura se explicaba por el compromiso adquirido por el Frente Popular de que, en caso de ganar las elecciones, pondría en libertad a los miles de anarquistas que se encontraban encarcelados tras el fracaso de la Revolución de 1934.

En el Frente Popular se integraban fuerzas cuyo sustrato común eran solo sus planteamientos democráticos desde la perspectiva de la izquierda: socialistas de tendencias contrapuestas, comunistas con ideas políticas enfrentadas, socialdemócratas, republicanos de carácter burgués, como los integrantes de la Izquierda Republicana de Azaña, más los galleguistas de la ORGA. Se trataba, pues, de partidos de izquierda, pero existían entre ellos diferencias ideológicas notables.

Lo que hoy sabemos de los resultados electorales —aunque nunca se dieron como oficiales— es que fueron muy ajustados[10]. Sin embargo, el sistema de adjudicación de escaños según la reciente ley electoral, aprobada para evitar la existencia de numerosas minorías que complicaban la formación de Gobierno, otorgó un número de escaños mucho mayor al Frente Popular que al conjunto de la CEDA y otras formaciones de derechas. Los frentepopulistas lograron 263 escaños, lo que representaba el 56 por ciento de la totalidad de los 473 del Congreso de los Diputados. Esa cifra les concedía una mayoría absoluta, frente a los 156 representantes de la derecha y los nacionalistas catalanes (Lliga) y vascos (Partido Nacionalista Vasco), quedando la distribución del resto de los escaños muy atomizada. Particularmente nefastos fueron los resultados para los partidos del centro, que, pese a haber logrado más de medio millón de votos, solo obtuvieron 5 puestos en las Cortes[11].

El recuento de las papeletas resultó complicado, al tratarse de listas abiertas y existir la posibilidad de votar por políticos de diferentes candidaturas. El Gobierno, como se ha apuntado, nunca hizo públicos los resultados definitivos. Pero un dato de la tensión existente lo pone de manifiesto el hecho de que el presidente del Gobierno provisional, Portela Valladares, dimitiera, lo que forzó a Manuel Azaña a hacerse cargo de la Presidencia, sin haberse todavía constituido las Cortes, para evitar un vacío de poder. La dimisión de Portela Valladares hizo que en muchas provincias dimitieran también los gobernadores civiles antes de que fueran nombrados sus sustitutos. Algo que provocó el temido vacío de poder y que, en aquellas circunstancias, generó una oleada de ocupaciones de fincas y actos violentos que, sin duda, aceleraron los preparativos de un golpe militar que ya estaba en marcha.

Formar Gobierno, con Azaña en la presidencia, se presentaba como un asunto complicado, dada la complejidad del Frente Popular. Sin embargo, el 19 de febrero, tres días después de los comicios, quedaba configurado el nuevo gabinete. Una de sus primeras medidas fue enviar a la periferia a los generales sospechosos de estar tramando un golpe de Estado. Goded fue destinado a Baleares, Mola al gobierno militar de Navarra y Franco a Canarias. Las Cortes aprobaron una ley de amnistía que significaba la puesta en libertad de los presos por delitos políticos y sociales, entre los que se encontraban los protagonistas de la Revolución de octubre de 1934 o el Gobierno de la Generalitat, encabezado por Lluís Companys.

Durante los meses que transcurrieron entre el triunfo electoral del Frente Popular y la rebelión militar de julio de 1936, que desembocaría en la Guerra Civil, la tensión no dejó de crecer. En los ambientes militares contrarios al Frente Popular la preparación de un golpe de Estado cobraba fuerza. El Gobierno había cometido el error de alejar de Madrid a los generales sospechosos de golpismo, al permitirles con ello una mayor libertad de movimientos. En las calles menudeaban los actos violentos entre militantes de izquierdas y derechas.

El 12 de marzo miembros de Falange Española cometieron un atentado contra Luis Jiménez de Asúa, vicepresidente de las nuevas Cortes, en el que murió el escolta Jesús Gisbert. Era la respuesta a la muerte de un falangista, acaecida unos días antes. Falange Española fue declarada ilegal y su órgano de difusión, el periódico Arriba, cerrado. José Antonio Primo de Rivera, acusado de posesión ilícita de armas, era detenido e ingresaba en la cárcel.

A primeros de abril las Cortes acordaban la destitución de Alcalá-Zamora como presidente de la República y Azaña abandonaba la presidencia del Gobierno para ocupar el cargo que quedaba vacante. Sería designado nuevo presidente del ejecutivo el galleguista Santiago Casares Quiroga, en medio de fuertes debates, porque, desde la izquierda más radicalizada, los planteamientos defendidos por el Gobierno eran considerados como propios de una república burguesa. Las circunstancias políticas de la España de 1936 eran muy diferentes a las de cinco años atrás, y la respuesta de los sindicatos fue una oleada de huelgas durante la primavera de 1936.

Uno de los momentos de mayor tensión durante los meses anteriores al golpe de estado de julio se vivió tras los sucesos acaecidos en Madrid el 14 y 15 de abril. Fue durante la celebración del desfile militar conmemorativo del V aniversario de la proclamación de la República, por el paseo de la Castellana. Estalló un artefacto que acabó con la vida de un alférez de la Guardia Civil que asistía como espectador al acontecimiento. Derecha e izquierda se acusaron mutuamente. El entierro del alférez, orquestado por la derecha, se convirtió en una gran manifestación antirrepublicana y contra el Gobierno. Pistoleros de izquierdas, en diferentes lugares del recorrido, abrieron fuego sobre la comitiva fúnebre. Los disparos fueron respondidos, y al final de la jornada se contaron media docena de muertos y numerosos heridos.

Durante los meses de mayo y junio las reyertas callejeras entre jóvenes falangistas e integrantes de las juventudes socialistas y comunistas dieron como resultado un importante saldo de víctimas. Fueron incendiados edificios religiosos, en algunos casos con efectos perniciosos para el patrimonio his...

Índice

• Prólogo
• 1. La llegada del Frente Popular
• 2. Madrid, julio del 36
• 3. Ataques contra el patrimonio artístico
• 4. La Junta de Incautación
• 5. Expolio en el Museo
• 6. La oscura historia del Vita
• 7. Una decisión controvertida
• 8. El bombardeo del Prado
• 9. La salida de las pinturas
• 10. Camino del mar
• 11. Valencia
• 12. Barcelona
• 13. La intervención internacional
• 14. Camino de Suiza
• 15. La gran exposición
• Conclusiones
• Breve historia de unas obras únicas
• Anexo Gráfico
• Cronología de una década (1931-1939)
• Bibliografía
• Sobre el autor
• Títulos publicados por ARZALIA