Balas por encargo

Juan Miguel Álvarez

• Editorial: Rey Naranjo Editores
• Año: 2015
• ISBN:
  9789589966785
• Categoría: Filología
• Categoría: Periodismo

El asesinato como forma de ganarse la vida es la pregunta fundamental de esta crónica. La investigación aborda la figura del sicario —con sus días siempre al borde del abismo— como ineluctable resultado de la descomposición social y de la incapacidad del Estado para evitar que sigan proliferando. El autor da cuenta de los primeros asesinos a sueldo en los albores del narcotráfico, desvela el origen y funcionamiento de las oficinas de cobro del Cartel del norte del Valle y de las más recientes bandas de "microtráfico" surgidas luego de la desmovilización paramilitar, para llegar a conclusiones que cimientan un marco alternativo de análisis.

Post Scriptum

Antes de que este libro se fuera a la imprenta ocurrieron —o dejaron de— algunos sucesos que no quise dejar pasar. El primero fue a principios de marzo de 2012. El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda falló a favor de Álvaro Restrepo, ciudadano de Dosquebradas, una demanda de nulidad que había interpuesto a comienzos de 2011 para tumbar el Decreto 154 del 10 de mayo de 2010, con el que la Alcaldía de Dosquebradas prohibió el parrillero.

Desde aquella sesión en la Asamblea en julio de 2008, en la que el secretario de Gobierno departamental Germán Darío Saldarriaga dijo que la alcaldesa de Dosquebradas, Luz Ensueño Betancur, no tenía «voluntad» para trabajar temas de alcance metropolitano pues no había decretado la prohibición del parrillero, la alcaldesa sostuvo su renuencia a lo largo de todo 2009 y parte de 2010. Sin la restricción, Dosquebradas alcanzó una tasa de homicidios más baja que la de años anteriores: 61 por cada 100.000 habitantes en 2009. Hasta que en abril de 2010, el comandante de la Policía de Risaralda, coronel Hoover Penilla, pidió al Concejo de Dosquebradas concertar con la alcaldesa la implementación de la medida debido a varios casos de fleteo —atracos a mano armada de personas recién salidas de un banco— pero, sobre todo, por lo que hizo ver como una amenaza al orden público: el mototaxismo. «Me estoy preparando para ese tema», dijo Penilla. «No va a faltar el vivo que compre diez o veinte motos y las ponga a trabajar. Lo que termina convirtiéndose en una mafia y en un problema social como ha ocurrido en otras ciudades del país». Menos de un mes después de estas palabras, la Alcaldía de Dosquebradas expidió el Decreto 154, de carácter transitorio, prohibiendo el parrillero. Y el 22 de octubre modificó la medida mediante otro decreto convirtiéndola en una restricción permanente «hasta que las circunstancias lo ameriten». Es decir, de manera indefinida.

Fue entonces cuando el señor Álvaro Restrepo, líder comunitario, exconcejal de Dosquebradas desde 2003, entabló la demanda de nulidad.

—Mi argumento fundamental —me explicó Restrepo— fue que el Artículo 30 del Código de Policía establece que las medidas utilizadas para recuperar el orden público no pueden utilizarse más allá del tiempo indispensable. No pueden ser de carácter permanente, pues terminan siendo violaciones a los derechos ciudadanos y a las libertades fundamentales. En este caso, la restricción permanente del parrillero viola el Artículo 24 de la Constitución, que consagra la libertad de circulación por el territorio nacional de todo colombiano.

Tras el fallo a favor de Restrepo hablé con Diego Ramos, el alcalde que sucedió a Luz Ensueño Betancur. Aceptaba la decisión, me dijo, y no apelaría.

—Nunca he estado de acuerdo con esta restricción —aclaró—. No es justo que por unos pocos que cometen delitos, pague toda la ciudadanía. En Dosquebradas hay unas 35.000 motos matriculadas. Es el vehículo familiar por excelencia. Por eso, concerté con las autoridades policiales que probáramos un tiempo. Y en eso estamos. —El alcalde agregó que de los homicidios de los últimos siete meses de 2011, solo 2 por ciento había sido cometido por sicarios parrilleros. Y que de los veinte homicidios ocurridos hasta sus primeros cien días de gobierno, solo uno—. Y ese ocurrió antes del fallo del Tribunal.

Aún con la estadística a su favor, el alcalde Ramos recibió cuestionamientos. Una semana después de la nulidad del decreto, Enrique Vásquez, alcalde de Pereira, declaró en medios locales que le preocupaba la nulidad de la prohibición porque desarticulaba «procesos de seguridad ciudadana». Y advirtió que si no daba resultado, los alcaldes de Dosquebradas, La Virginia, Cartago y «toda esta región» debían «articular la medida». Días más tarde, el exalcalde de Dosquebradas, José Argemiro Cárdenas, fue baleado cuando salía de su oficina. El primer rumor que cundió entre la gente aseguraba que el sicario había sido un parrillero de motocicleta. Al alcalde Ramos, que estaba fuera del municipio, lo llamaron y eso le dijeron.

—Me preocupé muchísimo —me reconoció el alcalde—, no solo porque el crimen había sido contra un gran amigo mío y un ciudadano ejemplar de Dosquebradas, también porque se iban a venir cantidad de críticas por haber desmontado la prohibición del parrillero. Afortunadamente, capturamos al sicario en menos de 72 horas y comprobamos que había llegado en taxi al lugar del crimen y había huido corriendo.

—¿Cuántos fleteos u homicidios cometidos por sicarios parrilleros deberán ocurrir para volver a decretar la restricción? —le pregunté.

—No he calculado. Pero si el índice de homicidios, atracos y fleteos se llega a subir, tomaré nuevamente la medida.

Por su parte, Álvaro Restrepo me dijo que en los días por venir interpondría una acción similar contra el mismo decreto que rige en Pereira desde ese julio de 2008 y que de tanto tiempo ya es —o lo parece— una me...

Índice

• Carta al lector
• Vueltas
• Oficinas
• Calles
• Muchachos
• Post Scriptum