La ciudad de la furia

Daniel Matamala

• Editorial: Editorial Catalonia
• Año: 2019
• ISBN:
  9789563247657
• Categoría: Languages & Linguistics
• Categoría: Journalism

La ciudad de la furia es una selección de columnas que muestra cómo se fue acumulando el enojo que estalló incontenible en la primavera chilena de 2019.Las señales estaban a la vista, no solo en las calles sino en todos y cada uno de los informes de organismos internacionales. No verlas era un acto voluntarioso de ocultamiento de la realidad. Son más que simples dolores de crecimiento asociados a la modernización de Chile, tan exitosa en algunos aspectos, como el combate a la pobreza o la liberalización de la vida social.Son fracturas profundas, que se manifiestan en que hay elitismo donde debería haber meritocracia, rentismo donde supuestamente hay libre competencia, estancamiento donde debería haber desarrollo e impunidad donde debería haber justicia. De esas fisuras, y de la furia que gatillaron, hablan estas páginas.

Imbunches

Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira.

NICOLÁS MAQUIAVELO

El artefacto

“Si Rasputín no hubiera existido, no habría habido más remedio que inventarlo”, hace decir León Trotski al senador Tgantsev en su monumental Historia de la Revolución Rusa.

El Antiguo Régimen se tambaleaba y la familia real prefería cerrar los ojos ante los evidentes pecados de su favorito, a quien la zarina comparaba con Jesucristo. La dinastía Románov, enfrentada a un momento crucial, “encontró un Cristo a su imagen y semejanza”, dice Trotski. Un hombre supuestamente virtuoso, capaz de salvar a un imperio en descomposición.

La historia y la personalidad de Juan Emilio Cheyre no tienen, por cierto, nada que ver con las de Rasputín. Pero, parafraseando a Tgantsev, habrá que decir que, si no hubiera existido, no habría habido más remedio que inventarlo.

Cheyre fue un artefacto: el objeto construido para un determinado fin, según define el diccionario, y ese fin fue la narración de un Chile reconciliado y un Ejército renovado. El artefacto comenzó a construirse en 1996, cuando el embajador chileno en España, el socialista Álvaro Briones, y el agregado militar de esa legación, Juan Emilio Cheyre, organizaron un seminario en El Escorial. Fue la excusa para extensos conciliábulos entre el entonces ministro Ricardo Lagos, dirigentes socialistas como el ubicuo Enrique Correa, generales y asesores políticos de Augusto Pinochet, por esos días aún comandante en jefe del Ejército.

El Escorial allanó el camino para la inminente convivencia entre un futuro Presidente socialista y el Ejército que había derrocado al último mandatario de ese partido. Cuatro años después, Ricardo Lagos llegó a La Moneda con la misión de cerrar la transición. Y suponía tener al hombre perfecto para ello. Nombró a Cheyre comandante en jefe del Ejército y este, en 2004, publicó su “Nunca más”, documento en que asumió la responsabilidad institucional por los crímenes de la dictadura y pidió perdón a las víctimas.

Fue –no cabe minimizarlo– un momento genuinamente histórico para un Ejército que hasta entonces se había empecinado en negar o minimizar los atroces crímenes de la dictadura.

Fue también el momento en que la Concertación lo canonizó. Y asumió que su “Nunca más” debía ser protegido, inmunizando a su persona, confundiendo principios con individuos, instituciones con biografías. Cheyre debía ser, no un ser humano con luces y sombras, sino un virtuoso, un impoluto, un símbolo.

Seis meses después, la marcha de Antuco golpeó al país. Cuarenta y cinco conscriptos fueron enviados a la muerte en medio del viento blanco por órdenes sádicas e inhumanas. Pese a la magnitud de la tragedia, Cheyre se negó a asumir la responsabilidad de mando y dejar el cargo. No renunció y Lagos lo blindó con una defensa cerrada. Tras completar su período, pasó a la vida civil y fue designado presidente del Servicio Electoral y asesor para la defensa de Chile en La Haya.

Pero las sombras lo persiguieron. Primero fue Ernesto Lejderman, el hombre que, con apenas tres meses de vida, fue entregado por Cheyre en un convento después del asesinato de sus padres por una patrulla militar. Luego, el caso Caravana de la Muerte, por el que acaba de ser condenado como encubridor. Su abogado lo atribuye a una “persecución política infame”. La verdad es que Cheyre gozó de gran apoyo político. Sus contertulios de El Escorial no lo olvidaron: Enrique Correa lo asesoró ad honórem y su defensa propuso a Lagos como testigo de contexto.

La justicia lo desestimó. ¿Qué tienen que ver en la investigación de un crimen ocurrido en 1973 las decisiones políticas que Cheyre tomó tres décadas más tarde?

Esa separación es decidora. Porque demuestra que, más allá de la sentencia, que es apelable, el artefacto ha sido desmontado. El Cheyre de estatua ha sido reemplazado por un hombre de carne y hueso. Y su historia personal ha sido separada de la historia de Chile.

Y tal vez eso sea una señal de madurez. Consolidado el “Nunca más”, pasado el tiempo oscuro de la defensa institucional de los crímenes, el artefacto ya no es necesario.

Ya no hay que seguir inventando lo que nunca existió.

Noviembre de 2018

¿Cuánto vale el show?

“Si no puedes convencerlos, confúndelos”. La frase es de Harry Truman, pero quien la elevó a rutina de acción política es otro inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, con 8.459 mentiras en dos años de mandato, según el paciente conteo del Washington Post. Su receta funciona así: identifica un problema, ignora la evidencia, desautoriza a los expertos oponiéndolos a un supuesto “sentido común” y ofrece una falsa solución, aderezada con muchos fuegos de artificio.

En febrero, el mes de los experimentos en Chile (desde el Transantiago hasta los tiros libres sin barrera), la ministra de Educación está experimentando esa receta trumpista.

Recorrió 26 comunas en dos semanas, de Antofagasta a Puerto Montt. Pero el lugar da lo mismo, porque todas las historias que relata Marcela Cubillos son iguales. Tuiteo a tuiteo, nos cuenta que en La Serena “apoderados reclaman que les quitaron derecho a elegir”. En Antofagasta, “quieren recuperar derecho a elegir educación de sus hijos”. En Coquimbo, una madre “reclama, y con razón, que le quitaron el derecho a elegir el colegio de su hija”.

El problema real es que ciertos colegios tienen más demanda que oferta. Un mecanismo matemático (“algoritmo”) permite que el 59% de los estudiantes sea admitido en su primera opción y el 82% en alguna de sus preferencias.

Siguiendo la receta, la ministra ignora esas cifras y se reúne sólo con apoderados descontentos. “Se debe escuchar más a los padres y quizás menos a los expertos”, dice, pero su gira de verano es sorda a la realidad de la mayoría de las familias, que sí quedó en su colegio preferido. A los especialistas que se atreven a disentir, como la investigadora del CEP y exintegrante del equipo de Piñera Sylvia Eyzaguirre, se les ataca.

En este show todo vale. Se inventa que los apoderados tendrían prohibido pedir entrevistas en su liceo. La ministra de Educación valida que los padres no envíen a sus hijos a la escuela: “Se niegan a matricularlos en el colegio que el Estado les está asignando, y con razón”, dice. Se habla una y otra vez de una inexistente “tómbola”. “La tómbola es el peor de los sistemas”, dijo en su campaña el Presidente Piñera, y su franja presentaba a niños sometidos a una ruleta para conocer su colegio. “Chambonada”, llamó a aquel spot su exministro de Educación Harald Beyer. Pero, ya lo sabemos, a los expertos no hay que escucharlos. Parlamentarios oficialistas pasean una ruleta de casino por el Congreso y lanzan un sitio web, “Víctimas de la tómbola”.

Finalmente, la solución: “Devolver a los padres el derecho a elegir”. Un eslogan mentiroso. Ese derecho nunca se les ha quitado y Admisión Justa hace exactamente lo contrario: entrega más poder para elegir a los colegios, no a las familias.

Oscurecido por todo este show queda un proyecto debatible, que cambia los criterios de selección cuando hay más demanda que oferta, incluyendo aspectos como el rendimiento académico. Expertos como Arturo Fontaine y Sergio Urzúa han entregado importantes datos a favor de la selección en colegios emblemáticos. Pero, en vez de abrazar esa evidencia, el gobierno eligió promover un proyecto razonable usando argumentos absurdos y falaces.

Cambiar el criterio de admisión es perfectamente discutible; ofrecer un sistema mágico en que todos queden en su colegio favorito es, en cambio, demagogia pura y dura. Si un liceo tiene 100 postulantes para 50 cupos, la mitad no podrá entrar. Podemos elegirlos al azar, por su promedio de notas o por decisión del colegio, pero en cualquier caso habrá 50 familias conformes y otras 50 frustradas.

Marcela Cubillos es una protagonista improbable para este show. Abogada y profesora de la Universidad Católica, diligente diputada y estudiosa ministra, es parte de esos mismos expertos a los que ahora ataca. “Está haciendo política”, la defienden en su sector. Pero parece hacerla según la definición del humorista Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.

Esa es la disyuntiva. Políticas públicas en serio o política circense a lo Groucho Marx.

¿Cuánto vale el show?

Febrero de 2019

En octubre, al conocerse los datos de la implementación del SAE, la ministra Cubillos informó que el 36% de los postulantes había sido aceptado en primera preferencia y 62% en alguna de las tres primeras. Sin embargo, esos datos, presentados como totales, eran sólo el subgrupo de colegios con más demanda que oferta de cupos. Para el total del sistema, las cifras reales eran 54% y 80%, respectivamente.

Los datos de la ministra fueron desmentidos por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, a cargo del sistema, y por expertos del CEP y otras instituciones.

Inteligencia dormida

“Sabemos el nombre, la dirección y el teléfono del presunto remitente”, decía, apenas dos horas y media después de la explosión en la comisaría de Huechuraba, el Presidente Piñera. Esa misma noche, en vivo desde La Moneda para los noticieros de televisión, no repitió la “pista” del remitente pero sí soltó un monólogo sobre delincuencia, narcotráfico y terrorismo, promocionó su programa Calle Segura, defendió el uso de las Fuerzas Armadas contra el tráfico de drogas y emplazó al Congreso a que “de una vez por todas apruebe la nueva ley antiterrorista”.

En cosa de horas, el ataque contra un cuartel policial y el atentado frustrado contra un exministro se habían convertido en insumos para la guerrilla política. En ese clima, “tongo” se convirtió en la palabra más tuiteada y los senadores de siempre hicieron sus aportes tragicómicos, insinuando “un atentado de la ultraderecha” (Navarro) o proclamando que “estos terroristas debieran ser castrados” (Moreira, quien aún no profundiza en la relación entre gónadas y bombas, ni en qué castigo aplicar si la responsable del ataque es una mujer).

Al día siguiente, el ministro del Interior pidió “unidad de la ciudadanía”. “Esto no es para la pequeña política”, sostuvo.

Ya era demasiado tarde.

La templada reacción de líderes mundiales en momentos harto más trágicos ha demostrado el valor de la mesura frente a los atentados. No es fácil, claro: sacar provecho político del terrorismo es el primer instinto de cualquier gobierno, y más de uno tan adicto a las estrategias de cortísimo plazo como este.

Lo cierto es que el proyecto de ley corta antiterrorista fue enviado por el gobierno hace tres meses y ya fue aprobado en la comisión respectiva del Senado. Establece medidas razonables como los agentes encubiertos, que existen en otras democracias y que en Chile sólo están previstos para el combate al narcotráfico. Pero ninguna ley reemplaza a una buena investigación policial. De hecho, sin nueva ley, el autor de los bombazos en las estaciones de metro Escuela Militar y Los Dominicos fue juzgado y condenado a 23 años de cárcel. En cambio, en los atentados a Óscar Landerretche y posteriores llevamos dos años y medio sin resultado alguno. Y en el primer caso Bombas la acusación, que incluía “evidencias” como un póster del vocalista de Guns N’ Roses o los devedés de La batalla de Chile, fue calificada por el juez de garantía como “argumentos de cuarta categoría y sociología barata”. Mientras el caso se hundía, el fiscal a cargo saltaba del barco para aceptar un cargo en el gobierno.

Estas fallas abren el debate sobre “inteligencia”, una palabra grande que suele tener usos pequeños. Fue precisamente al amparo de la Ley de Inteligencia Nacional que Carabineros inventó evidencia para arrestar a ocho comuneros mapuches por terrorismo.

El principal formalizado por el montaje era el jefe de Inteligencia de Carabineros de Chile.

Las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto reservado para “inteligencia”. El excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, aseguró en cuatro declaraciones juradas ante la Contraloría que los fondos ”fueron destinados a actividades de inteligencia, contrainteligencia y seguridad”. En verdad, según confesó luego, él “inteligentemente” desviaba entre 700 y 800 millones de pesos anuales para gastos personales como regalos, banquetería y flores, además de pagos en efectivo a excomandantes en jefe y otros generales.

El mundo opaco de la “inteligencia” es terreno fértil para chantas como el profesor Álex Smith, quien, premunido de su labia y un título falsificado de técnico, convenció a los expertos en “inteligencia” del Estado de Chile de que había creado un programa único en el mundo, capaz de interceptar mensajes de WhatsApp. O como Lenin Guardia, el informante clave de los organismos de “inteligencia” de la transición, quien vendía información sobre atentados con sobres-bomba que él mismo mandaba. O Rubén Zito Aros, el excarabinero formalizado por instalar micrófonos en la Sofofa para descubrirlos y así vender mejor sus servicios de “inteligencia”; el mismo caso que Piñera aseguró, citando “fuentes confiables”, que “tiene que ver con relaciones de pareja”.

¿Necesitamos mejorar la ley antiterrorista y el sistema de inteligencia? Sin duda. Pero eso no se logra con política partisana, sino con controles estrictos que nos permitan vigilar a los vigilantes. Así se podrá confiar en que ese poder y ese dinero se usarán para combatir efectivamente al terrorismo y no para montajes, desfalcos y chapucerías.

De lo contrario, habrá que seguir escribiendo “inteligencia” entre comillas.

Julio de 2019

Elogio del populismo

No hay palabra más manoseada en estos días que “populismo”. Para políticos, líderes empresariales, economistas y comentaristas, el triunfo de los Fernández en Argentina es una victoria del populismo. La guerra comercial de Trump, también. ¿Bajar las contribuciones a adultos mayores?: populista. ¿Oponerse a la inmigración?: populista. ¿Reducir la dieta parlamentaria?: populismo puro. ¿Maduro, Bolsonaro, Boris Johnson?: populistas. ¿El Frente Amplio, los tuiteos de Lavín, Piñera en los matinales?: populistas.

La palabra se vacía de significado. Cuando todo es populista, nada es populista. Ya no es una descripción sino una descalificación, un atajo fácil para la pereza o los intereses inconfesables. ¿Se opone a algo, pero no quiere pensar por qué (o prefiere ocultarlo)? No hay problema: sólo invoque la palabra mágica.

Así ha pasado con los proyectos de jornada laboral de 40 horas de la oposición y de 41 horas flexibles del gobierno (“¡populistas!”, se gritan de izquierda a derecha y viceversa). Tanto que el ministro del Trabajo ahora dice que su propuesta “es todo lo contrario al populismo”. Fácil, ¿no? Si el populismo es malo, entonces lo contrario al populismo es bueno. Pero el populismo no es ese monstruoso sinónimo de demagogia, irresponsabilidad económica y dictadura política. La RAE lo define como una “tendencia política que pretende atraerse a las clases populares”. Para el académico Ben Stanley, es “una relación antagónica entre el pueblo y la élite”. El populismo, sea de izquierda o de derecha, divide a la sociedad entre una élite corrupta y un pueblo virtuoso y se pone del lado de este último. “Ostento dos condiciones: el amor de los humildes y el odio a los oligarcas”, decía Evita.

Esa definición maniquea, de blanco contra negro, puede servir al autoritarismo. Sí: Perón, Mussolini y Chávez usaron la división élite versus pueblo contra la democracia. Pero esa es sólo parte de la historia. Hace justo un siglo, un político populista recorría Chile invocando a su “querida chusma” contra “la oligarquía, un gobierno de pocos en beneficio de pocos”. “Hannibal ad portas!”, proclamaba la publicidad de su rival, aludiendo al pánico de los romanos cuando el general cartaginés Aníbal amenazaba con destruir su ciudad. Es un “programa viviente de las envidias regionales, de los odios de clase y de las más avanzadas tendencias comunistas”, advertían.

Ese populista se llamaba Arturo Alessandri, que en 1920 llegó a La Moneda, y hoy pocos discuten que su visión sobre las necesidades del Chile de entonces (leyes laborales, reforma social, democratización de la política) era bastante más lúcida que la de la decadente oligarquía que lo atacaba.

Algunos años antes, en Estados Unidos, un movimiento primero conocido como populismo y luego como progresismo también denunció los lazos entre poder político y económico. De ese populismo democrático surgieron avances como las leyes antimonopolios, el fin de los carteles liderados por los “barones ladrones”, las primeras regulaciones del financiamiento de campañas y la elección directa del Senado. Tan positivo es su recuerdo que la cara del más connotado de esos populistas, el Presidente Teddy Roosevelt, está tallada en el Monte Rushmore junto a los otros tres grandes: Washington, Jefferson y Lincoln.

Cuando es democrático, el populismo puede ser un bienvenido contrapeso al elitismo. Pero, ignorando toda esta historia, la muletilla del populismo como insulto sigue viento en popa, acuñada por una tecnocracia criada al calor del poder, que se acostumbró a que sus planillas Excel reemplacen la deliberación democrática. Esas planillas son falibles (recordemos el Transantiago). También sus advertencias pueden equivocarse (¿qué fue de los terribles efectos que tendrían medidas “populistas” como el posnatal de seis meses o la creación del Sernac?). Es que, no nos engañemos, esas recetas suelen mezclarse en un espeso caldo de intereses particulares en las cocinas del poder. Así pasó con aberraciones como el CAE y las leyes de pesca, defendidas con argumentos pretendidamente técnicos.

¿Es buena para los chilenos una jornada de 40 horas? ¿Cómo se debe regular la inmigración? ¿Cuánto deben ganar los parlamentarios? Todas son preguntas políticas, no un test con respuestas correctas e incorrectas. Ya no basta con gritar “Hannibal ad portas!”. Es hora de reemplazar la pereza intelectual por el debate político. Tal vez haya que agradecérselo al populismo.

Agosto de 2019

Profecías

En medio de una tensa cirugía, de pronto, la luz se corta en el pabellón. La pantalla se divide para mostrar la causa: un repartidor de pizza está tocando un citófono. La luz vuelve hasta que el repartidor vuelve a pulsar el timbre. De nuevo, la sala de operaciones queda a oscuras.

“Si Chile no duplica su energía desde hoy, en 10 años más funcionará a medias”, advertía el spot televisivo de HidroAysén. El mensaje de la campaña publicitaria, emitida en 2010, era brutal: o nos dejan inundar parte de la Patagonia o las cirugías en 2020 se harán a la luz de las velas.

Esa fecha está por cumplirse y sabemos que la profecía era falsa.

Pese a la presión política y empresarial, la oposición del 74% de los chilenos logró frenar HidroAysén. Y hoy no sólo tenemos luz, sino que nos enorgullecemos del acelerado desarrollo de las energías renovables no convencionales. Por eso revisar esa campaña da para reflexionar, porque estuvimos a punto de cometer un error gigantesco: afectar para siempre los ríos Baker y Pascua, cruzar la Patagonia con una cicatriz de torres de alta tensión y concentrar el mercado eléctrico en los dueños de HidroAysén: Colbún y Endesa.

En esos mismos días, otro proyecto sí era aprobado bajo un discurso similar: Chile se queda sin luz y necesitamos todas las fuentes de energía. Incluso la más contaminante de todas, la que los grupos Angelini y Von Appen sacarían de la mayor mina a rajo abierto de carbón de la historia de Chile. Mina Invierno, en Isla Riesco, obtuvo la autorización prometiendo que no haría tronaduras. Pero apenas cuatro años después cambió de idea. Ahora las tronaduras eran indispensables para el proyecto, decían, y además había que aprobarlas sumariamente, mediante una simple declaración y no una nueva evaluación de impacto ambiental.

Es la política de los hechos consumados. Primero, obtener el permiso sin tronaduras. Luego, ya con la faena funcionando, la naturaleza intervenida y los trabajadores en sus puestos, exigir el cambio bajo amenaza de cierre ...

Índice

• Portada
• Créditos
• Índice
• Prólogo
• Octubre del 19
• ¿Es que no lo ven?
• Dueños de nada
• Chilenismos
• Imbunches
• Machos, huachos
• Lo maduro y lo podrido
• Viejo crack
• CONOCE LOS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN TAL CUAL