De la privatización de las economías a la privatización de los Estados

Béatrice Hibou, Guillermina Cuevas

• Editorial: Fondo de Cultura Económica
• Año: 2013
• ISBN:
  9786071617569
• Categoría: Commerce
• Categoría: Commerce Général

La privatización, para Béatrice Hibou, no es sinónimo de debilidad estatal o un síntoma de la primacía de los intereses individuales en el gobierno, por el contrario, implica la constante redefinición de las fronteras entre lo público y lo privado, y la negociación política con los múltiples actores sociales y económicos que detentan distintos grados de poder.

ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN
CONTINUA DEL ESTADO

Los análisis sobre la globalización, universalización o internacionalización de las economías dan fe hoy en día de los cambios en los modos de intervención del Estado en la economía. En el ámbito internacional, S. Strange habla de la “retirada del Estado”,[1] proceso que resultaría de una “difusión” del poder y, por tanto, de delegar la autoridad en agentes e instituciones privadas. Este ascenso de los actores privados en el nivel internacional conllevaría no sólo una pérdida de legitimidad y de eficacia de las medidas del Estado; también un vacío de responsabilidad. En el ámbito nacional, se subraya, según el país y el autor, la pérdida de legitimidad, de soberanía y de autoridad del Estado o su inconsistencia. La idea más extendida es que la función económica de los Estados-nación es ya obsoleta, o cuando menos muy marginal.[2]

En relación con el periodo anterior, se constata efectivamente, en la mayoría de las latitudes, un desmenuzamiento, casi una desintegración del poder; numerosas desviaciones de la tradición de centralización, sobre todo económica, de la autoridad política y burocrática; la pérdida del control total y directo del Estado sobre la economía nacional y la mayor parte de sus intervenciones; un incremento de la coacción exterior y, por ello, una aparente supremacía del mercado, además de la creciente inadaptación de las administraciones que llega, en ocasiones, a lo disfuncional. Esta comprobación se analiza como reveladora de la impotencia del Estado, de su incapacidad para regir el conjunto territorial y de la economía, de la crisis de legitimidad de un Estado cada vez menos capaz de imponerse como referencia. No obstante, esta percepción de la evolución actual plantea problemas porque se le aprecia negativamente: se observa menos eficacia en las intervenciones del Estado, disminución de sus controles directos y exhaustivos, mínima centralización de su presencia y desmoronamiento de la acción administrativa. Hablar de retirada del Estado, casi de su inconsistencia, y en todo caso de “pérdida” (ya sea de su soberanía, de su legitimidad, de su capacidad o de su autoridad), remite a un análisis normativo. En los países en desarrollo, estas normas son las de la ideología desarrollista enunciada a partir de la década de 1950.

Por el contrario, si se intenta abstraerse de sus referencias fechadas y circunscritas, no es tan seguro que estemos ante un movimiento de retirada o de mínimo intervencionismo. Hoy, el Estado pasa por una indiscutible metamorfosis, sobre todo por la internacionalización de las economías y de la modificación de las estructuras productivas. Pero antes de decir, con S. Strange, que el Estado se ha trivializado, que ya dejó de ser excepcional y que ya no es la fuente de la autoridad suprema, es necesario intentar aprehender las modalidades precisas de intervención y de influencia económica que el Estado ejerce hoy en día.

Reflexionar sobre la hipótesis de la “privatización de los Estados” es permitirse eventuales y novedosas formas de poder y de gobierno, es entrever nuevas representaciones de lo político. También es darse la oportunidad de considerar como una nueva modalidad de producción de lo político las estrategias estatales que parecen estar en retirada, en declinación, casi en descomposición, como parte del proceso de formación continua del Estado. Si el término mismo de “privatización” es una alusión explícita a la retórica liberal dominante, hablar de la “privatización del Estado” en ningún caso constituye un desliz semántico, un juego de palabras; esta expresión traduce los procesos concomitantes de ampliar la participación de intermediarios privados a un número creciente de funciones que antes le correspondían por derecho al Estado, y de una nueva distribución de este último, pues la privatización de las empresas y los servicios públicos se ha extendido a otras áreas y otras intervenciones del Estado, no por instigación del aparato burocrático ni del poder público, sino por, cuando menos, dos movimientos difícilmente disociables. Por una parte, las propias reformas han dado lugar a efectos colaterales imprevistos y a menudo no deseados que han permitido esta difusión:[3] reducción del gasto presupuestal y los problemas financieros concomitantes de las administraciones; deslegitimación de las administraciones y de las instancias públicas; disgregación del poder de decisión; otorgamiento de primacía a la legitimidad exterior por sobre la interior, a la rapidez de las formas de actuar y a los resultados sobre los medios. Por otra parte, los actores económicos y políticos, cualesquiera que sean, contribuyeron a la vez a transformar las reformas y el entorno en que habían tenido lugar, a la vez que convergían, a través de sus estrategias y también a través de los conflictos, en compromisos y negociaciones entre grupos diferentes dentro de la sociedad, para conformar los nuevos perfiles del Estado y de las formas de gobierno.[4] De tal suerte que hoy, la privatización concierne también, y quizá sobre todo, al desarrollo, a los recursos económicos, a las funciones reguladoras y hasta a las funciones imperiales del Estado. Por múltiples que sean, estas privatizaciones, “silvestres” o programadas, tienen en común su eco favorable en el discurso liberal predominante, además de difundir el uso de intermediarios privados para gobernar, de modificar no sólo las formas de reglamentación política y las formas de soberanía. En otras palabras, de desplazar y relativizar las fronteras entre “público” y “privado”, entre “económico” y “político”, entre “lícito” e “ilícito”.

EXTENSIÓN DE LOS MODOS DE GOBIERNO INDIRECTO

Configuraciones africanas

Con algunos ejemplos se puede aclarar el interés de este enfoque. Considerando la exacerbación de los conflictos, la gravedad de la crisis económica y la intensidad de las tensiones sociopolíticas, el África Subsahariana sin duda es hoy una de las regiones más adecuadas para hacernos entender la importancia de estas nuevas formas de gobierno. Para ello, sin embargo, es necesario dejar atrás la imagen de desorden, anarquía y “tinieblas” (Joseph Conrad) que parece caracterizar a la mayor parte de las sociedades africanas e intentar descubrir lo que pasa tras las impresiones de “disolución”, “implosión” o desaparición de los Estados del subcontinente. Sobre todo es necesario estar particularmente atento a las relaciones ocultas, al funcionamiento de las diferentes redes de pertenencia (regional, religiosa, étnica, educativa, etc.) y a la dimensión de lo invisible.

Mozambique ofrece un ejemplo de privatización casi completa de las formas de gobierno, privatización que concierne tanto a los recursos económicos como a la casi totalidad de las funciones soberanas del Estado.[5] La privatización concierne antes que nada a la administración. Como en muchos países africanos, el control de valor en aduana se privatizó en favor de una empresa de vigilancia (en este caso, la SGS, después Inskape), pero esta privatización de las aduanas hoy en día se ha extendido a las labores de evaluación y cobro de los derechos de entrada (función encomendada a la empresa Crown Agence); además, ciertas compañías extranjeras privadas han negociado el control de las fronteras marítimas de Mozambique. La privatización de la representación exterior está en curso, puesto que el director de migración (que resulta ser hermano del presidente de la república) vende pasaportes diplomáticos verdaderos-falsos. Las grandes empresas privadas, a menudo extranjeras, imponen ellas mismas el respeto a la ley y los reglamentos, recurriendo a veces a métodos fuertes y a policía privada. Sin embargo, este llamado sistemático a actores extranjeros no debe ilusionar: corresponde menos a una pérdida de soberanía del Estado y a un proceso de recolonización[6] que al ejercicio indirecto de esas funciones administrativas de las élites dirigentes, merced a contratos firmados en secreto y que se renuevan automáticamente. De la misma manera, la delegación de funciones imperiales al sector privado nacional sigue bien sujeta gracias al control y la estructura jerárquica de las redes y del estrechamiento del espacio político.[7]

En razón de las deficiencias flagrantes del aparato administrativo,[8] la privatización se extendió rápidamente a las operaciones y funciones de desarrollo una vez que terminó la guerra civil. La llegada masiva de ayuda[9] agravó la propensión a la administración elusiva: frente a múltiples propuestas de las ONG y de los socios capitalistas del Estado, las autoridades y las administraciones mozambiqueñas son incapaces de coordinar, administrar y ordenar las prioridades. Sin embargo, también en este caso, dicha incapacidad para controlar suele ser sólo aparente, y en todos los casos, casi siempre superficial: los financiamientos del exterior de hecho son acaparados por las élites nacionales y sus prestanombres locales.[10] Esta apropiación puede operarse directamente, por ejemplo en el caso de proyectos de construcción de escuelas y hospitales o de donación de vehículos a la policía o a la administración civil, aunque la mayor parte del tiempo opera de forma ind...

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• Prólogo
• Análisis de la formación continua del Estado