Documentos históricos de la Revolución mexicana: Revolución y Régimen constitucionalista, IV

El Plan de Guadalupe

Isidro Fabela

• Editorial: Fondo de Cultura Económica
• Año: 2013
• ISBN:
  9786071615060
• Categoría: Historia
• Categoría: Historia mexicana

El examen detallado del Plan de Guadalupe, constituye el eje de este volumen. Asimismo, se considera que este Plan originó el régimen legal que ha normado la vida política del país. El texto parte de los antecedentes inmediatos: el levantamiento militar de una parte del ejército federal y la aprehensión y muerte del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez.

EL PLAN DE GUADALUPE

EL PLAN DE GUADALUPE

"La Revolución es obra de principios. …Revolución que transa, es revolución perdida."

VENUSTIANO CARRANZA

En Ciudad Juárez, al terminar el armisticio que originaron las conferencias de paz concertadas entre los representantes del régimen del general Porfirio Díaz y los del gobierno provisional de la Revolución de 1910, Venustiano Carranza, cuya viril conducta legalista había quedado definida desde 1893, impugnó la celebración de cualquier pacto que invalidara el cumplimiento del Plan de San Luis Potosí, declarando ante los conferenciantes que la revolución se suicidaría[1] si transaba con el Porfiriato a pretexto de devolverle su paz octaviana a la nación; pues el equipo civil y militar de la dictadura quedaría intacto y presto para imponer nuevamente sobre el pueblo el peso de su sistema político-administrativo, causa primera del desorden ético-económico y de la injusticia social en la república.

Tal y como lo había predicho el señor Carranza, la revolución maderista se entregó inerme a sus enemigos al transigir con ellos mediante el Convenio de Ciudad Juárez, firmado el 21 de mayo de 1911[2] por el que reconocía la sucesión interina del mandato presidencial en la persona del último secretario de Relaciones del gobierno del general Porfirio Díaz y renunciaba a conservar las fuerzas armadas que le habían dado el triunfo militar, a fin de mantener íntegro el poderío del ejército porfirista (cuyos cuadros de mando eran baluartes de la dictadura tuxtepecana y lo continuarían siendo de los sucesores idóneos de ésta) aduciendo que la existencia del Ejército Federal, templado por la "lealtad"[3] y el "heroísmo",[4] garantizaba la firmeza de las instituciones republicanas y la seguridad del Estado.

La revolución maderista, al delegar sus poderes en el mandatario Francisco León de la Barra, arriaba su bandera y contradecía su programa político, pues el presidente interino, conforme al Considerando Tercero del Convenio de Paz de Ciudad Juárez, quedaba "encargado… del Poder Ejecutivo de la Nación y [convocaría] a elecciones conforme a los términos de la Constitución"; y, según lo establecido en el Considerando Cuarto del convenio suscrito [estudiaría] "las condiciones de la opinión pública… para satisfacerlas en cada Estado conforme al orden constitucional y [acordaría] lo conducente a las indemnizaciones de los perjuicios causados directamente por la revolución".

Pero, dicho sin ambages, se puede aseverar que la revolución maderista se suicidó ahorcándose con los inauditos alcances del punto único del Convenio de Paz, que a la letra dice: "Desde hoy cesarán en todo el territorio de la República las hostilidades que han existido entre las fuerzas del gobierno del general Díaz y las de la Revolución, debiendo éstas ser licenciadas a medida que en cada Estado se vayan dando los pasos necesarios para establecer y garantizar la tranquilidad y el orden públicos."

El significado histórico de la renuncia del presidente Díaz mediante el Convenio de Ciudad Juárez entrañaba la salvación de su sistema gubernamental y el de la estructura juridicopolítica que regía "su paz constitucional" con el apoyo del "heroico ejército" formado "para someter la revolución dentro del orden", esto es: para disponer —sin eufemismos— de un eficiente equipo armado apto para reprimir los actos sociales públicos contrarios a la existencia y progreso del feudalismo porfirista y a la política de entrega de los recursos económicos nacionales a los potentados extranjeros coludidos con la minoría nacional privilegiada. La organización política del Porfiriato "vencía cediendo" a la revolución maderista, a fin de atraer al caudillo coahuilense al abismo de las conjuras cuartelarias urdidas por los partidarios del dictador oaxaqueño y apoyadas por los representantes diplomáticos de otras naciones, temerosos éstos de que la caída del general Porfirio Díaz resultara lesiva para los intereses económicos de sus compatriotas inversionistas al avocarse el Congreso al conocimiento, estudio y resolución de los problemas económico-sociales, asuntos que presuponían reformas urgentes a la Constitución de 1857.

El plan "científico", meditado por Rosendo Pineda y puesto en acción por José Ives Limantour, para destruir a la Revolución incipiente, era perfecto: a la revolución aparentemente triunfante se le cederían inmediatamente dos gubernaturas estatales: las de Coahuila y Chihuahua, bajo los mandatos de Venustiano Carranza y Abraham González, respectivamente; pero la máquina administrativa y electoral de la Unión quedaba bajo la dirección y control del presidente interino quien, aun cuando pareciera recibir la influencia decisiva de Madero, imponía su criterio gubernamental y el poder económico de los partidarios del antiguo régimen con el fin de que la mayoría de los funcionarios estatales y los nuevos representantes populares que deberían entrar en funciones como colaboradores del caudillo de Parras, surgieran realmente del seno de los bandos del Porfiriato, aunque fingiendo haber sido designados o elegidos por los partidos revolucionarios. Mas lo verdaderamente grave para la revolución maderista era que el Convenio de Paz le cercenaba de un tajo el brazo armado por el pueblo, quedando expuestos los soldados de la revolución a ser perseguidos y encarcelados por el Poder Judicial del régimen interino o muertos por los soldados del ejército de la dictadura, cuyos jefes no podían perdonar a los revolucionarios el haber sido vencidos por éstos en casi todos los puntos de la república donde habían enfrentado sus armas con ellos.

Al sentido de previsión y a la visión política de Venustiano Carranza no escapaba el conocimiento del peligro inmediato que se cernía sobre los jefes revolucionarios y del riesgo inminente que amenazaba a Francisco I. Madero y a su administración, todos condenados a sucumbir por determinación de los políticos porfiristas y obra de los jefes del ejército de la Dictadura; pues advertía que al quedar en poder del antiguo ejército federal el mantenimiento del orden público y la conservación de la seguridad nacional, el sistema militar represivo del pasado régimen, que no podía identificarse con el gobierno emanado de la Revolución de 1910, sería una amenaza constante para el afianzamiento de las administraciones estatales afectas al maderismo.

El 28 de mayo de 1911, Venustiano Carranza había entrado en funciones como gobernador provisional de su estado y jefe de la Tercera Zona Militar, en cuyos encargos únicamente permaneció dos meses, pues renunció a ellos a fin de aceptar su postulación para gobernador constitucional por el tiempo que faltaba del ejercicio en curso y que vencía el día 15 de diciembre de 1913, según la convocatoria expedida el 8 de noviembre por el H. Congreso del Estado. La aceptación de su candidatura la hizo pública en su manifiesto fechado el 1º de agosto de 1911.[5] Carranza fue ungido con el voto popular, por unanimidad, para ser gobernador de su estado, pese a la oposición de personas allegadas a Madero. Tomó posesión de su encargo el 22 de diciembre de 1911.[6]

Sus más cercanos colaboradores fueron: Jesús Hernández, secretario particular; Lic. Eliseo Arredondo, secretario general de Gobierno; Cosme García, oficial mayor; Jesús M. Rodríguez, tesorero general.

El Poder Legislativo (XXII Legislatura) lo integraban Vicente Dávila Ramos, doctor Alfredo V. Villarreal, Jesús G. Hermosillo, Gabriel Calzada, Perfecto Fuentes, Jesús Sánchez Herrera, Epigmenio Rodríguez, Pablo López Bosque, Atilano Barrera, Franciseo P. Cuéllar y José García Rodríguez. Era oficial mayor de la Cámara Ernesto Meade Fierro.

El Poder Judicial lo representaban los licenciados Matías L. Carmona, Gumersindo L. Vargas y Andrés Rodríguez Flores. Era procurador general del estado el licenciado Eduwiges Charles.

Un año y medio escaso al frente del Gobierno de Coahuila confirmó sus dotes de estadista, ya puestas de manifiesto en dos interinatos anteriores. Cinco cuestiones importantes merecieron su atención inmediata: la impartición de justicia, principalmente para reivindicar y salvaguardar los derechos de los pueblos sobre las tierras, aguas y bosques; la educación pública, porque siempre sostuvo que un pueblo analfabeta no está en capacidad de ejercitar debidamente sus derechos políticos ni de reclamar justicia; la reorganización del sistema hacendario, debido a que aspiraba a que su estado y la República dispusieran de sistemas de tributación acordes con los principios de la economía social contemporánea; el municipio libre, pues sabía que en esta célula politicosocial descansa el poder de los derechos cívicos y la firmeza del Pacto Federal...

Índice

• Portada
• Prólogo
• El Plan de Guadalupe
• Convocatoria a elecciones
• Notas
• Bibliografía
• Ilustraciones
• Índice general