El último holocausto europeo

Susana Hidalgo Arenas

• Editorial: Ediciones Akal
• Año: 2014
• ISBN:
  9788446041061
• Edición: 1
• Categoría: Social Sciences
• Categoría: Sociology

Este libro es una crónica del funesto capítulo que está escribiendo Europa sobre la inmigración y de cómo el intento de conseguir una vida mejor por parte de los subsaharianos se ha convertido en el último holocausto europeo. En los últimos años más de 16.000 personas han muerto en el Mediterráneo cuando intentaban alcanzar Europa. El libro analiza los motivos que hacen que los inmigrantes se embarquen en un viaje de futuro incierto y por qué los gobiernos les niegan auxilio y enfocan la inmigración como si fuese la mayor amenaza para nuestro supuesto bienestar. De cómo el inmigrante ha quedado despojado de cualquier resquicio de derechos humanos. De cómo hacen negocio algunas empresas con el pretexto de la seguridad. La autora recoge el testimonio de expertos en flujos migratorios, de activistas y trabajadores de ONG, pero, sobre todo, en el libro resuenan las voces de Ousmane, Amina, Mohammed o Conrado, quienes nos acercan a la dureza de la vida en el monte Gurugú o a las condiciones extremas de los Centros de Internamiento para Extranjeros.

X. La vida para los que lo consiguen: cuando El Dorado resultó ser de hojalata

Almamy Haidara es de Mali y tiene veinticuatro años, llegó en patera a las islas Canarias siendo menor en el verano de 2006 y tratando de esquivar la miseria que asolaba su país de origen. Ahora vive en Madrid en un piso de acogida junto a otros inmigrantes y, cuando tiene oportunidad, trabaja como camarero. Después de muchísimos trámites ha conseguido la nacionalidad española, y eso le hace respirar tranquilo porque sabe que, aunque la policía le pare por la calle para pedirle los papeles por el color de su piel, ya no podrá ser deportado.

Yoro, de veinticinco años, también llegó a España desde Gambia tratando de sortear la muerte y una vida sumida en la pobreza como único destino. En su país de origen empezó a trabajar a los diez años, achicando el agua de los barcos que salían a faenar y también en el campo. Su sueño era vivir en Europa. Después de un primer viaje que terminó en fracaso, con dieciocho años volvió a intentarlo de nuevo. El 14 de febrero de 2009 llegó en cayuco junto a otros 77 subsaharianos a las costas de Tenerife y de allí le trasladaron al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura, donde estuvo 40 días recluido. Ahora, en Madrid, ha trabajado cuidando a personas mayores y también como camarero.

Yoro y Almamy, después de pasar muchísimas penurias, empiezan a estar asentados en España. Les ha costado lágrimas y decepciones y no habrían salido adelante sin la ayuda de entidades sociales y personas particulares que se han volcado en echarles una mano. Los dos tienen amigos españoles y un entorno que les protege y les cuida. Pero para muchos otros aún queda un largo camino lleno de obstáculos que les impiden la plena integración. La población inmigrante en España está en torno al 12 por 100 del total. El primer paso es conseguir los papeles, pero la ley es muy exigente para los que quieren regularizar su situación. Las opciones que se presentan son las siguientes: solicitar la regularización por arraigo social tras haber vivido tres años en España, pero para ello el inmigrante tiene que conseguir que en ese periodo de tiempo la policía no le expulse por estar indocumentado. «Hay que vivir tres años en España sin que te pare la policía», resume un inmigrante. Esta vía exige además un contrato de trabajo por un año con un mínimo de 30 horas semanales. Para los que llevan menos de tres años en España, tienen que regresar a su país y volver con un contrato de trabajo ya firmado.

Un inmigrante en situación irregular es una persona despojada de derechos: tiene que vivir huyendo de la policía y sin poder acceder a los recursos más básicos. Uno de los hechos más graves de los últimos años ha sido la expulsión de la asistencia sanitaria de los sin papeles, a través del Real Decreto 16/2012. Tan solo hay tres excepciones: que el afectado tenga que acudir al médico de urgencia por enfermedad grave o accidente; las embarazadas (durante el periodo de gestación, el alumbramiento y el posparto) y los menores de dieciocho años. La única vía para ser atendido es pagar 60 euros para los menores de sesenta y cinco años y 157 euros al mes para los que superan esa edad. La decisión ha recibido las críticas del Comité Europeo de Derechos Sociales vinculado al Consejo de Europa, que en un informe señala que la decisión no es compatible con los convenios internacionales suscritos por España, pero el gobierno, una vez más, ha hecho caso omiso a las consideraciones europeas.

La confusión reina entre la población migrante, ya que cada comunidad autónoma presenta diferencias en su normativa y, además, cada centro de atención primaria puede, a la vez, impartir su criterio. Médicos del Mundo «ha podido atestiguar cómo la normativa genera confusión no solo en la población usuaria, sino entre las y los profesionales sanitarios, administrativos y de servicios sociales». Así, en Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Ceuta y Melilla, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia aplican el Real Decreto en toda su extensión. Aragón, Catalunya, Canarias, Galicia y País Vasco no lo aplican, pero fijan que el inmigrante ha tenido que estar previamente empadronado por un tiempo determinado y, por último, en Andalucía, Asturias y Navarra no lo aplican y no hay plazos de empadronamiento. Por eso desde la plataforma Yo SÍ Sanidad Universal, formada por diferentes entidades sociales, se han creado grupos de acompañamiento para asesorar a los afectados.

«El PP ha eliminado políticas, programas y dispositivos de apoyo para la incorporación social de los inmigrantes. Afortunadamente, desde hace tiempo, nuestra sociedad ha dado muestras de una generosidad y tolerancia muy por encima de lo que muchos responsables políticos han demostrado», analiza Carlos Gómez Gil sobre el rechazo ciudadano al Real Decreto y cómo quedó plasmado en las manifestaciones que organizaron en diferentes ciudades entidades como Médicos del Mundo.

El caso más polémico respecto a este Real Decreto ocurrió con la muerte de Alpha Pam, un joven senegalés de veintinueve años que murió el 21 de abril de 2013 en Palma de Mallorca por tuberculosis después de que se le negara la asistencia sanitaria. Alpha Pam, que llevaba viviendo en España ocho años, no pudo pagarse unas pruebas médicas y estuvo deambulando por los centros de salud sin que nadie la atendiera debidamente. Su pecado: estaba en situación administrativa irregular y por eso no tenía tarjeta sanitaria. Su estado de salud presentaba indicios claros de que estaba enfermo, con grandes dolores torácicos, temblores durante horas, escalofríos, nauseas y cansancio extremo. Pero en ningún momento se decidió su ingreso porque no tenía derecho a ello.

Para las organizaciones que trabajan a favor de los derechos de los inmigrantes, la restricción del acceso a la sanidad y el mantenimiento de las redadas policiales a los sin papeles son muestras inequívocas del rechazo al diferente. Desde Médicos del Mundo remarcan «el resurgimiento de actitudes xenófobas alentadas por políticas que defienden la exclusión de los migrantes de un número de servicios cada vez mayor».

Pero la realidad es que la población inmigrante está compensando el envejecimiento de la sociedad española y ha sido la responsable directa del fuerte crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español en las últimas dos décadas, según datos de la Oficina Económica del gobierno. Aportan el 6,6 por 100 de los ingresos totales a las arcas públicas y solo absorben el 5,4 por 100 del gasto público. Los sin papeles contribuyen también a la economía nacional mediante el pago de impuestos indirectos y la dinamización del consumo.

Gómez Gil aporta más datos del beneficio que aportan a la economía: «El 30 por 100 de todo el crecimiento económico en España hasta la llegada de la crisis económica se debió de forma directa a la aportación de los inmigrantes; el superávit público de los años 2005 y 2006 y los saldos positivos en la Seguridad Social hasta la llegada de la crisis global se debía directamente a sus aportaciones. Todos sabemos cómo estas personas, incluso sin papeles y en condiciones cercanas a la explotación, se han convertido en trabajadores esenciales en la hostelería, la agricultura, los servicios de proximidad, igual que hace años lo fueron en la construcción».

Desde hace años, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) marca el racismo y la inmigración en la mitad baja de la tabla en cuanto a las preocupaciones y problemas de los españoles. Pero la detección del racismo y de la xenofobia a través de las encuestas es muy compleja, tal como determina Mari Ángeles Cea, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, en un estudio1. No todo el mundo es totalmente sincero cuando se le pregunta el respecto, o puede pensar que no es racista cuando algunas de sus actitudes sí que lo son. Cea advierte sobre todo del racismo cultural: «Que acaece cuando la identidad cultural del inmigrante contraviene la identidad de la población autóctona y esta siente sus rasgos de identidad amenazados».

Esteban Ibarra, portavoz de Movimiento contra la Intolerancia, señala que los prejuicios hacia los extranjeros no tienen por qué traducirse en un aumento del racismo, que comporta conceptos como dominio, violencia o expulsión, sino en comportamientos mucho más sutiles. Ibarra sí que advierte, sin embargo, del incremento de la actividad xenófoba en internet, donde su organización ha detectado, tras un intenso rastreo por la red, unas 2.000 webs y blogs españoles que fomentan el odio al extranjero. La denuncia de su cierre se hace complicado, y mucho más hacer que redes sociales como Twitter o Facebook, por ejemplo, controlen sus perfiles más violentos.

A pesar de que los sectores más conservadores se empeñan en transmitir el clásico y manido mensaje de que los inmigrantes han venido a quitarnos el trabajo, lo cierto es que la crisis económica ha hecho especial mella en esta población. Ya no hay trabajo en la obra y eso ha hecho que los llamados pistoleros, las personas de nacionalidad española que reclutan por plazas a extranjeros para que trabajen por horas, se aprovechen y bajen los precios a límites infrahumanos. Marcelo Quiloa, boliviano, cuenta que en España lo está pasando «malísimo». Llegó en 2007 y desde entonces ha tenido pocos momentos felices. «Me han despedido de la empresa de construcción para la que trabajaba, ya no puedo mandar dinero a mis familiares en Bolivia», se lamenta. Marcelo no tiene dinero ni para pagarse el abono de transporte. Muchos de ellos ya no pueden mandar dinero a casa ni pagar los gastos que generan en España. «Cuando llega el día 20 del mes, te pones a temblar», cuenta Raúl, ecuatoriano de sesenta años. No tiene trabajo y sabe que a su edad le quedan pocas posibilidades de encontrarlo.

Tanto para los empresarios como para los trabajadores, la Ley de Extranjería es muy severa. La normativa considera la contratación de un inmigrante sin papeles como una infracción «muy grave» para el empleador (multa de entre 10.001 y 100.000 euros) y «grave» para el contratado (multa de entre 501 y 10.000 euros y posibilidad de ser expulsado del país).

La población extranjera también es un colectivo que ha quedado tocado por los desahucios. En su momento, muchos inmigrantes quedaron engatusados por las palabras de un comercial bancario, que les convenció de que era mucho mejor comprar una casa que alquilar, que aquello era tirar el dinero. Pero los despidos se llevaron por delante los sueldos de la bonanza económica y muchos de ellos han perdido su casa por orden judicial. Uno de cada cinco desahucios por impago hipotecario es a una persona inmigrante, según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad. Por nacionalidades, los más afectados son los ecuatorianos.

Edwin tiene veintiún años y es de Ecuador. No tiene trabajo y está muy desmotivado con su vida. «No puedo hacer nada, ni tengo empleo ni puedo disfrutar del tiempo libre. Antes iba al parque a jugar al voleibol con los amigos, pero se me han quitado las ganas porque no tengo ni para comprarme una lata de refresco», explica este chico, que vive con sus padres en un piso de alquiler en un barrio a las afueras de Madrid. Edwin pasa las mañanas paseando, después va a casa y por las tardes ya se queda en el piso escuchando música. «Bachata, que es lo que me gusta», cuenta. Su familia es su principal apoyo. «Si no fuese por ellos, estaría aún más hundido», afirma.

El estado de ánimo de Edwin no es algo anecdótico ni superficial, sino un ejemplo de la importancia del tiempo libre. Organizaciones como EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) ponen la alerta en que la cuestión del ocio no es baladí. La reducción o eliminación del dinero dedicado a las distracciones es otro elemento de presión a añadir a las familias en época de crisis.

La precariedad de la vida en las grandes ciudades ha propiciado un éxodo hacia municipios más pequeños. En estas localidades es más sencillo que los inmigrantes encuentren trabajo en el campo o que sus hijos tengan mejor calidad de vida que en Madrid o Barcelona. Así, la población extranjera en localidades de menos de 50.000 habitantes supera ya a la que suman las grandes ciudades de más de 100.000.

A España, cada vez llegan menos inmigrantes y su voz apenas se escucha entre las reivindicaciones de los ciudadanos españoles por la crisis económica. Hubo un intento en mayo de 2008 de organizar una huelga, al estilo de las organizadas en Estados Unidos por los migrantes latinos el 1 de mayo de 2006. Ese día, millones de inmigrantes inundaron las principales ciudades estadounidenses. En España, el Sindicato Obrero Inmigrante (SOI) intentó que durante tres días chinos y paquistaníes cerraran sus tiendas, que las mujeres latinoamericanas no acudiesen a limpiar oficinas y que las obras se vaciasen de obreros subsaharianos. Pero no contaron con el apoyo de los sindicatos grandes, UGT y CCOO, y la propuesta finalmente no cuajó.

Además, con la excusa de la recesión económica, la política migratoria dedicada a la integración ha sufrido una grave parálisis porque los instrumentos que habían sido aprobados para la integración de la población inmigrante, como la Estrategia Integral para el Racismo, se han quedado sin fondos.

Pero no todo el panorama es negativo en los inmigrantes que se han quedado. «Parece como si no existiese otra inmigración que no fuese la de la valla de Melilla. ¿Por qué solo el fenómeno migratorio se une al subsahariano que viene en patera? Hay una realidad de historias de triunfadores y positivas que nunca se cuentan», critica Josefina Bueno, profesora de la Universidad de Alicante. Como la de Tarek, marroquí veinteañero, que llegó a España como polizón y ahora trabaja como modisto después de haber pasado por varios talleres de inserción laboral. O como las historias que se narran en el portal Biblioteca Africana de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, proyecto del que es responsable Josefina Bueno y donde distintos inmigrantes reflejan con la literatura una realidad sobre sus vidas. «Son personas de procedencia africana que utilizan el español para expresarse y narrar esa experiencia vital», explica esta experta, que recalca que la «experiencia de la inmigración es de todo el ser humano, no solo del africano».

La literatura une dos mundos, pero en estos tiempos donde prima la tecnología, para chicos como Almamy y Yoro, internet es primordial para poder conectar con sus países de origen, sobre todo a través de Facebook. Una encuesta realizada por la revista Toumai señala que el 93 por 100 de los inmigrantes en España tienen perfil en Facebook y más de la mitad de ellos lo revisan a diario. Al 64 por 100 le gusta esta red porque le permite estar en contacto con su familia fuera de España, aunque muchos también la utilizan para hacer nuevos amigos o para leer noticias. El efecto ha llegado a tal punto que hay gente que ha localizado a hermanos perdidos. Es el caso de Bayan Mahmud que, huyendo del conflicto armado de Ghana, en 2010, escondido en un barco, llegó hasta Argentina. Ahora juega en los juveniles del equipo de fútbol Boca Juniors y gracias a Facebook ha localizado recientemente en su país de origen a su hermano.

Hace años, un inmigrante podía tardar un año, año y medio en contactar con su familia, y ahora puede enviar un mensaje nada más aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Las redes tienen otro elemento positivo: permiten a las personas doblar la personalidad y recuperar el estatus que tenían en el país de origen. Por ejemplo, una muj...

Índice

• Portada
• Portadilla
• Legal
• Presentación
• Prólogo. ¿Ya estamos en Barcelona?
• I. En busca de El Dorado: no querrías estar en su lugar
• II. El negocio de la Fortaleza Europa
• III. La valla de Melilla: sobrevivir al monte Gurugú
• IV. La tragedia de El Tarajal: 15 muertos en Ceuta por denegación de auxilio
• V. Lampedusa, Grecia y otras vergüenzas europeas
• VI. Los que se quedan en el camino: lugares de tránsito que se convierten en destino
• VII. Los peticionarios de asilo: la denegación del derecho más básico
• VIII. La emigración femenina e infantil: doblemente vulnerables
• IX. Cárceles por no cumplir con la burocracia española: los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE)
• X. La vida para los que lo consiguen: cuando El Dorado resultó ser de hojalata
• XI. Les apretamos aquí y no les ayudamos allí: los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo
• XII. La inmigración en los medios de comunicación: el lenguaje nunca es inocente
• Conclusión. Derecho al pan, pero también a las rosas
• Otros títulos publicados