Qué hacemos con el euro

Eduardo Gutiérrez, Iván H. Ayala, Daniel Albarracín, Pedro Montes

• Editorial: Ediciones Akal
• Año: 2012
• ISBN:
  9788446037675
• Edición: 1
• Categoría: Economía
• Categoría: Política económica

Qué hacemos para debatir si es posible seguir con una moneda única o si la salida a la crisis es abandonar el euro. Pese a que el sistema monetario ha entrado en una profunda crisis, y su supervivencia es puesta en duda por muchos, hasta ahora se nos ha negado el debate. O el euro o el caos, parece la consigna. Hoy el euro ha encallado, y no sólo por la crisis financiera global: sin ella también tendría graves dificultades, pues nació marcado por errores de diseño que nunca se han resuelto. Una moneda sin Estado e implantada en países tan desiguales; la negativa a profundizar en una unión política, financiera y fiscal y la respuesta catastrófica dada a la crisis en forma de austeridad suicida, marcan el camino al abismo de una moneda que nació dominada por principios neoliberales y de espaldas a la sociedad. ¿Tiene todavía futuro el euro? ¿Qué medidas son necesarias para que sobreviva? ¿Qué ocurriría en caso de salida de España del euro?

IV. «Rigor mortis» del sistema euro

La sensación generalizada es que estamos asistiendo a un cambio histórico que dará paso a un nuevo escenario europeo. Cualquiera de los escenarios posibles, a los que podemos conferir una mayor o menor probabilidad, implica un replanteamiento de la UME y de la UE. Los grandes cambios que se han dado en la configuración del escenario económico y político dependen de las fuerzas en ese momento preciso del tiempo. Tomemos el cambio más reciente en el sistema económico mundial: los acuerdos de Bretton Woods. Europa salía devastada de una guerra mundial que había arrasado con la población, infraestructuras, sistema productivo, etc. EEUU por su parte se había convertido en el mayor tenedor de oro del mundo y al mismo tiempo en el mayor acreedor de los países europeos. Por ello, cuando se enfrentaron las dos visiones, la antigua potencia inglesa contra la potencia emergente estadounidense, las tesis que fueron adoptadas fueron las de esta última dejando en evidencia la decadencia del antiguo imperio británico.

En la travesía europea nos encontramos en uno de esos momentos donde las diferentes fuerzas políticas y económicas fuerzan un cambio de rumbo. Debemos pues plantear las alternativas posibles que se dibujan en ese nuevo horizonte no muy lejano, cuando este libro se escribe.

El sistema euro habría entrado en crisis, incluso sin la crisis financiera global

La crisis financiera fue un desencadenante de la crisis del euro, pero esta habría tenido lugar inevitablemente, puesto que los factores subyacentes –fundamentales que se dicen en muchas ocasiones– habían ido acumulando desequilibrios crecientes en las economías periféricas de la UE. Las necesidades de financiación de las economías privadas españolas alcanzaban cifras de centenares de miles de millones de euros, año tras año. Se compraba más de lo que se vendía, y aún mas se obtenían prestamos –por parte de la banca española– muy por encima de las necesidades de la economía real, alimentando al tiempo la expansión de las grandes empresas españolas por Latinoamérica y Europa.

Los desequilibrios por cuenta corriente de los países del sur de la eurozona son de la máxima importancia. La distancia creciente entre esos déficits por cuenta corriente y el superávit de Alemania conforma el núcleo de las dificultades que debe superar Europa si quiere mantenerse unida.

Por si faltaran problemas, en septiembre de 2008 se desató la crisis financiera internacional con la quiebra del banco Lehman Brothers de los Estados Unidos. La situación de los países deudores se hizo repentinamente angustiosa, pues la desconfianza se cebó lógicamente en ellos y los mercados dejaron de facilitar liquidez a todos los que la necesitaban. La crisis financiera internacional pudo servir de detonante de la crisis europea y sirvió para disipar la cortina de humo que tapaba los desequilibrios que se venían acumulando. La causa era, como venimos señalando, el diseño original del euro, cuya carga explosiva estaba ya instalada desde hacía tiempo. Sólo la euforia creada por la globalización financiera pudo ocultar, para los que quisieron confundirse, la insostenible arquitectura del sistema euro, dados los profundos desequilibrios que se registraban entre unas y otras economías y los volúmenes de deuda externa acumulados por algunos países, en particular los PIGS (siguiendo las siglas en inglés de Portugal, Irlanda, Grecia y España).

La crisis financiera europea y la crisis del euro tienen un origen particular, sin perjuicio de que la explosión de la crisis financiera internacional fuera el desencadenante de la crisis europea. Estallada aquella, con los mercados de financiación cerrados, la solvencia de muchas instituciones socavada y la desconfianza extendida de modo general era inevitable que se pusiera de manifiesto la gangrenada posición de algunos países de la zona euro. Con otras palabras, Europa ha gestado su propia crisis y esta tenía que emerger más pronto que tarde.

El Pacto Fiscal, un empujón hacia el abismo

La Comisión Europea, con la última palabra de los gobiernos conservadores alemán y francés, ha continuado imponiendo procedimientos contra los déficits públicos de los Estados miembros. A mediados de 2010 prácticamente todos los Estados de la zona estaban sometidos a ellos, exigiendo a todos los miembros que para 2013 o 2014 se comprometan a volver bajo la línea del 3%, independientemente de la evolución económica.

El denominado «Pacto Fiscal» –acuerdos impuestos para profundizar los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 2007– ha reclamado la puesta en marcha de políticas salariales restrictivas, reformas liberalizadoras de las legislaciones laborales de los Estados miembros, y la revisión a la baja de los sistemas públicos de jubilación y de sanidad, con el riesgo evidente de hundir al continente en la depresión y de aumentar las tensiones entre clases y países. Esta ausencia de coordinación y, más fundamentalmente, la ausencia de un verdadero presupuesto europeo que permita una solidaridad efectiva entre los Estados miembros han incitado a los operadores financieros a desviarse del euro, incluso a especular abiertamente contra él.

Las medidas impuestas a las economías de los países del sur de la eurozona –una insufrible devaluación interna basada en recortes salvajes del gasto público y presión sobre los costes laborales– tienen más posibilidades de empeorar la situación que de facilitar un remedio.

Con las propias palabras de la Comisión no caben muchas dudas sobre las sucesivas medidas de política económica y sus efectos: «El paquete de seis propuestas legislativas (six pack) reforzará significativamente el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento y ampliará la vigilancia fiscal». Ha sido planteado como un tratado internacional que obligaría a los que lo suscriban, consolida la obsesión por el equilibrio presupuestario de los dirigentes de los países del Norte de la UE, liderados por la derecha alemana y jaleada por las derechas sueca, finlandesa y holandesa, principalmente. El Pacto Fiscal agrava los efectos del Pacto de Estabilidad, pues obliga a los Estados a equilibrar permanentemente sus déficits estructurales con la consecuente parálisis de las políticas económicas. En él se consagra la impropiamente denominada «regla de oro» de las finanzas públicas, ya que es, bajo cualquier consideración, una «regla de plomo» sobre el crecimiento.

Exige que los Estados firmantes introduzcan en el derecho nacional (preferentemente en las constituciones) disposiciones vinculantes que aseguren:

– el equilibrio o superávit presupuestario, limitando el déficit estructural (sin elementos excepcionales y servicio de la deuda) a un máximo del 0,5% del PIB;

– un mecanismo de corrección automático de las posibles desviaciones (ajuste del gasto o aumento de impuestos) que obliga a los parlamentos a actuar a la orden de la Comisión Europea y sus criterios de ajuste permanente.

En resumen, la manera como se construyó la Eurozona hace imposible que se resuelvan los problemas tanto de España como de otras economías periféricas. El poder del capital financiero y bancario diseñó entonces una estructura que imposibilita la salida de la recesión. Los dos ejes de la construcción, divisa única y Tesoro público (Banco Central Europeo), junto con el Pacto de Estabilidad, radicalizado con el Pacto Fiscal, implican una absoluta manipulación del instrumental para los Estados, pulverizando las soberanías democráticas de los pueblos de la eurozona.

En junio de 2011, el Tratado por el que se crea el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) se adoptó también en forma de tratado de derecho internacional y no de derecho de la UE, adoleciendo pues de las mismas carencias democráticas que el Pacto Fiscal. Además, hay una disposición en este tratado por la que su ratificación es condición necesaria para poder acceder a la ayuda financiera que prestará el MEDE a los Estados con dificultades.

El MEDE se creó para sustituir al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), de carácter transitorio, que ayuda financieramente a Grecia, Portugal e Irlanda. Entra en vigor en junio de 2012 como una institución financiera internacional, creada por los Estados miembros de la zona euro (aunque no excluye a los otros países de la UE), emplazada en Luxemburgo. Está configurado a imagen y semejanza del FMI en privilegios, inmunidad e independencia. Su actividad escapa de cualquier control democrático y parlamentario.

El «rescate»: agónico escenario de desendeudamiento

La deuda acumulada española frente al exterior corresponde en más de un 80% al sector privado. El sector público tuvo un modesto superávit en el trienio 2005 a 2007, no necesitando por tanto de financiación. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis internacional y la recesión, se ha incurrido en déficits públicos muy agudos –11,1% del PIB en el 2009, 9,3% en el 2010–, que se han reflejado en el volumen de deuda pública emitida, una parte de la cual está en manos extranjeras. Con independencia de que la deuda exterior sea pública o privada, y sin perjuicio de algunas diferencias entre ellas, es necesario pagar los intereses correspondientes de toda ella cada vez más altos por la desconfianza de los actores en condiciones de adquirirla. La refinanciación se presenta extraordinariamente difícil en la actualidad. Cuanto menos, porque aparte de la recesión, del hundimiento de la actividad y del creciente desempleo, los países débiles siguen acumulando déficits de la balanza de pagos que originan nuevas necesidades de financiación exterior, como es el caso de España.

La economía, ante los compromisos de devolución de deuda, se adentra en un proceso de degradación continuo, sin adivinarse un fin. La economía española no ha encontrado su sitio en el puzle de la globalización. Más concretamente, no se ha integrado razonablemente en el marco de la UME. Sin poder financiarla no puede haber recuperación, mientras el enorme volumen de deuda exterior ponga en tela de juicio la solvencia del país.

En primer lugar, porque la rentabilidad de nuestra economía está en entredicho, nuestros sectores son dependientes y volátiles, y se sitúan en la franja de menor valor añadido del concierto internacional, y ya no hay sectores locomotora con amplio recorrido –ante la ausencia de una política industrial que modifique las bases técnico-energéticas y de innovación hacia las renovables, y ante el abandono a su inercia del sector turístico–. En segundo, pero ahora de manera clave, por el grado de endeudamiento privado. En tercero, porque a raíz de su conversión en deuda pública, mediante mecanismos de desfiscalización de las rentas del capital y de gasto –los rescates, en primer lugar, del sector financiero privado, para el cual la austeridad o el rigor no han sido criterios a contemplar–, también ha acelerado el crecimiento del peso de la deuda pública, a pesar de su bajo punto de partida. Se trata de una asfixia del crédito tanto en el campo de los fundamentales –las expectativas de negocio–, como por las políticas aplicadas por los últimos gobiernos.

El agravamiento de la situación actual, sobre la cual no se facilita toda la documentación y base estadística precisa, por los enigmas que encierra el manto informativo creado por los intereses en juego (nadie, ni gobiernos ni empresas, reconoce su delicada situación financiera para evitar precipitar la bancarrota), presionaría aún más sobre la economía española, visto su gran endeudamiento, su subalterna posición exterior y la dependencia tan acusada que tiene de la financiación externa.

La crisis financiera se prolongará por mucho tiempo: permanecerán los circuitos del crédito obturados y la desconfianza y la inseguridad como clima general. La restricción de crédito y liquidez en la economía española no se disipará. Más bien al contrario, la crisis del sistema crediticio privado puede causar un cortocircuito mayor.

La crisis de la deuda pone sobre la mesa una discusión: quién paga los platos rotos. Dicha crisis presiona a una fuerte y duradera recesión, y debe debatirse a cargo de qué grupos sociales debe estar. De hacerse cargo los acreedores y otros grupos que viven de las rentas del capital, que se apropian cada año de casi la mitad de la producción, aún habría margen para que las condiciones de vida de la mayoría no se resintiesen, e incluso habría margen con el excedente para propiciar un cambio de esquema satisfactorio al servicio de necesidades sociales y, con un adecuado cambio de modelo productivo, ecológicamente sostenible.

Esto exigiría una institucionalidad bancaria, presumiblemente pública, bajo una regulación y criterios de gestión muy distintos, bajo control social. También requeriría medidas drásticas tales como el impago selectivo de la deuda –la que se determine como ilegítima, protegiendo a los pequeños ahorradores–, una reforma fiscal progresiva de amplio espectro y una nueva base de financiación propia –a cargo de los excedentes– e internacional –con nuevas alianzas y reglas de cooperación solidaria.

De otra forma, ni es posible la recuperación, ni un cambio sistémico transformador. Es más, en tal escenario no cabe esperar otra cosa que un retroceso histórico de gran magnitud en las condiciones de vida, laborales y de ciudadanía, que nos podría retrotraer en algunos años a tiempos pretéritos indeseados. En tal situación los conflictos sociales estallarían y posiblemente el marco sociopolítico se alteraría. El carácter de su diseño dependería de disputas en las que estarían detrás, probablemente, la mayor colisión entre clases sociales desde las revoluciones del siglo xix y xx. Sin embargo, la envoltura y rasgos de dicho conflicto corre un riesgo cierto de atravesarse por un renacimiento del populismo nacionalista, la involución hacia gobiernos tecnócratas o fórmulas autócratas diversas. Evitarlo depende de las organización, orientación y determinación de las fuerzas de la izquierda, que debe seguir comprometida con el internacionalismo, la democracia y la defensa de modelos socioeconómicos sostenibles al servicio de las necesidades, cuestionando la lógica implacable de la rentabilidad o las veleidades gregarias a favor del oportunismo carismático-tecnocrático que pueda darse ante la desesperación de situaciones límite.

Los rescates, parciales o totales –en ambos casos, con la garantía estatal y a costa de los contribuyentes y las clases populares que reciben servicios públicos y derechos sociales–, no plantean más que la prolongación de la agonía pues los países aumentan una deuda con condiciones cada vez más duras, que acabarán o con la miseria de grandes segmentos de la población o bien por no poder hacer frente ante la recesión que asimismo extienden. Ahora, el tiempo ganado mientras sucede se aprovecha para limpiar en lo posible los balances de las instituciones privadas acreedoras, entre ellas los bancos alemanes y franceses, trasmitiendo la deuda a instituciones públicas –Banco Central Europeo, FMI, Fondo de Estabilización (FEEF) de la Comisión Europea– en una gigantesca operación de socialización de pérdidas.

Cabe resaltar la inutilidad de los recortes como solución a la crisis. A partir de mayo de 2010, la serie de medidas de contrarreforma emprendidas por el gobierno de Zapatero, a cual más rechazable, incluida la de la Constitución, no han impedido que la situación actual económica sea peor ahora que entonces. Véase, por ejemplo, el creciente paro, la inauguración de una nueva recesión, la disparatada prima de riesgo, la inquietud creciente ante una probable catástrofe socioe...

Índice

• Portada
• Portadilla
• Legal
• Presentación
• I. Introducción
• II. El euro en la construcción de la Unión Europea
• III. Crónica de una década con el euro
• IV. «Rigor mortis» del sistema euro
• V. Epílogo: soberanía económica y ruptura democrática
• Bibliografía
• Otros títulos