La vida o el mineral

Los cuatro ciclos del despojo minero en México

Francisco López Bárcenas

• Editorial: Ediciones Akal
• Año: 2020
• ISBN:
  9788446048510
• Categoría: Ciencias sociales
• Categoría: Sociología

"Una de las industrias más productivas en México es la minería. Su incidencia en la economía comenzó en la década de 1990, luego de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, este éxito contrasta con la destrucción del medio ambiente por la explotación a cielo abierto en la extracción mineral y el empleo de la lixiviación para separarlo de la tierra, un proceso que utiliza el cianuro como disolvente y consume enormes cantidades de agua necesarias para el consumo humano y el cultivo de la tierra; dos agravios que generan el rechazo de los pueblos afectados.Preocupado por los resultados de esta actividad, Francisco López Bárcenas, abogado especialista en derecho indígena y asesor agrario, expone aquí el resultado de décadas de investigación y su experiencia al acompañar a los pueblos indígenas que defienden sus derechos. Cuatro son los ciclos históricos de explotación que localiza, todos en beneficio de capitales extranjeros, y para demostrarlo analiza las leyes que han regulado la actividad minera, las instituciones que el Estado ha creado para operarlas y las políticas instrumentadas en beneficio de particulares; todo desde la palabra viva, lejana de formalismos y próxima a una jurisprudencia popular, asequible a quienes defienden a diario el patrimonio natural de México."

Capítulo V

Los pueblos indígenas y la minería

Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal, siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras, y siguen condenados a la negación de su identidad diferente. Se les sigue prohibiendo vivir a su modo y manera, se les sigue negando el derecho de ser. Al principio, el saqueo y el otrocidio fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos.
Ahora se cumplen en nombre del dios del Progreso

Eduardo Galeano

Cinco siglos de prohibición del arcoíris en el cielo americano

Si los habitantes de las zonas rurales de México ven afectadas sus condiciones de vida cada que una empresa minera se instala en los espacios en que cotidianamente desarrollan su vida, estas perturbaciones aumentan cuando se trata de pueblos indígenas, debido a la vulnerabilidad social en que han sido colocados por el sistema económico, político, social y cultural en que desenvuelven su vida, aunque también porque los pueblos indígenas han establecido una relación cultural particular con el entorno en que viven, la misma que les es indispensable para seguir existiendo como pueblos. Esa relación específica es de tal naturaleza que el concepto de tierra, por ejemplo, no es suficiente para referirse al espacio que habitan, y tienen que recurrir al de territorio; dentro de su organización social, no es suficiente con que se garantice su participación política; además, tiene que ser de acuerdo con sus propias formas —lo mismo sucede con la impartición de justicia y sus planes de desarrollo—. La existencia de los pueblos indígenas tiene sentido por ser sociedades con cultura diferente a la dominante, no por ser pobres, como muchas veces se cree.

Pero ni a las empresas mineras ni a los funcionarios estatales parece importarles que la industria minera afecte la existencia de estos pueblos: las primeras siguen con sus planes de explotación del recurso natural, como si no existieran, y los segundos, que debían proteger los derechos de los pueblos afectados, las apoyan para que logren sus propósitos. A las empresas mineras sólo les importa tener las concesiones para explorar o explotar el mineral, cumplir con los requerimientos de la autoridad ambiental y ocupar la tierra bajo la cual se encuentra el mineral; el gobierno otorga las concesiones sin detenerse a pensar si los pueblos indígenas están de acuerdo con este tipo de actividades y, si lo están, el beneficio que obtendrán por ello; las afectaciones que pueden tener, las medidas para evitarlas o mitigarlas, y la manera de reparar los daños que se causen, como establece el derecho. Con estas omisiones, los empresarios mineros y los funcionarios estatales se comportan como lo hiciera Ginés de Sepúlveda en 1550, apenas tres décadas después de la invasión española del Anáhuac, quien afirmaba que los indios “son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas, de los prodigiosamente intemperantes a los continentes y templados, y estoy por decir que de monos a hombres”.[1]

1. Ubicación de los pueblos indígenas en el territorio nacional

De acuerdo con los principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México existen 22.3 millones de personas que se reconocen como indígenas,[2] incluidas las que ya no hablan su lengua materna pero participan de la vida comunitaria de los pueblos o comunidades de los que son originarios de muy diversas maneras: rigen su comportamiento por los sistemas normativos propios del pueblo o la comunidad de que se trata, cumplen con sus obligaciones de trabajo comunitario o forman parte de su sistema de cargos, tanto civiles como religiosos, entre otras. El número de mexicanos que se adscriben a algún pueblo indígena representa el 13.9% de la población total.[3] Los mismos datos oficiales informan que en la actualidad se pueden encontrar, dentro de sus habitantes, 89 lenguas originarias distintas, reconocidas como lenguas maternas, de donde se deriva que en nuestro país existen al menos 199 pueblos indígenas.

La mayor parte de los pueblos indígenas de México se localizan en los estados del sur del país —Oaxaca, Chiapas y Guerrero—, donde el Estado mexicano ha otorgado importantes concesiones mineras a empresas extranjeras, y al sureste —Campeche, Quintana Roo y Yucatán—, aunque también hay grupos importantes en los estados del centro y de las costas del Golfo y el Pacífico, además de otros tantos que han emigrado de sus lugares de origen para emplearse en los campos agrícolas del noroeste y en Estados Unidos. Los que se quedan habitan los municipios más pobres de la república, con escasa infraestructura productiva y de bienestar social; por lo mismo, en condiciones de subsistencia, dedicados a la agricultura de autoconsumo. Los estados con mayor número de migrantes indígenas son: la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Baja California, Campeche, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Tamaulipas y Tabasco.

Cada uno de los pueblos indígenas posee características propias que los identifican entre sí al tiempo que los distinguen de los demás, por lo que es un error referirse a ellos como si fueran iguales. Sus diferencias se expresan en elementos subjetivos como sus mitos de origen, visión del mundo, sentido del orden y de justicia, así como en elementos objetivos, como sus formas propias de gobierno, estructuradas a partir de sus sistemas de normas, o las formas de organización para la producción, que van de la ayuda mutua al trueque, pasando por las relaciones laborales y de comercio.

2. La riqueza natural de los pueblos indígenas

Paradójicamente, si atendemos a su situación de pobreza social, los pueblos indígenas son propietarios de una riqueza natural —también llamada patrimonio biocultural— que, bien usada, podría sacar­los de la pobreza. De acuerdo con el Censo Agropecuario de 2007, en el país existen 2,445 municipios, en donde se localizan 31,514 ejidos y comunidades; en 5,283 de ellos la población es eminentemente indígena, lo que representa 16.7% del total; es decir, 6 de cada 10 núcleos agrarios se componen de población indígena.

Población indígena y régimen agrario

Municipios	Ejidos y comunidades	Ejidos y comunidades con población indígena	% de ejidos y comunidades con población indígena	Núcleos agrarios con población indígena
2,445	31,514	5,283	16.7%	6 de cada 10

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo Agropecuario y Ejidal 2007, IX Censo Ejidal, Aguascalientes, 2009.

El régimen de propiedad de los pueblos indígenas es muy diverso, entre privado y social —aunque predomina la propiedad ejidal—; ocho de cada diez núcleos agrarios con población indígena son ejidos y sólo dos son comunidades agrarias. Esta situación se explica por las políticas de reconocimiento de derechos agrarios posteriores a la Revolución de 1910, que privilegió la formación de ejidos sobre el reconocimiento de las comunidades agrarias, lo cual se manifestó en la falta de disposiciones jurídicas sobre el procedimiento para la titulación de terrenos de bienes comunales, dificultades para demostrar los derechos sobre la tierra, además de negligencia política de los funcionarios encargados de titular la tierra. Tuvieron que pasar 40 años —después de la promulgación de la Ley de Dotaciones y Restituciones del 6 de enero de 1915— para que se intensificara el reconocimiento de derechos de propiedad de las comunidades. Por esa razón, de las 1,275 comunidades agrarias que existen en el país, sólo 30% tienen población indígena;[4] el resto se conforma de población mestiza. Esta situación se explica en virtud de que el reconocimiento, confirmación y titulación de bienes comunales está asociado con el concepto “los pueblos que guardan el estado comunal” y no con el de “pueblos indígenas”. Esta situación dio como resultado que entre la comunidad indígena y la comunidad agraria existan diferencias, pues ni todas las comunidades indígenas tienen un régimen agrario comunal, ni todas las comunidades agrarias corresponden a comunidades indígenas.

También existe la propiedad privada entre los pueblos indígenas, aunque no se ha identificado con exactitud. Por la importancia de la población indígena y la tenencia de la tierra que predomina en algunos municipios, se puede inferir que un número importante de indígenas son propietarios privados. Lo anterior se puede observar en las regiones de Zongolica (Veracruz) y en la Sierra Mazateca (Oaxaca), en los municipios de Pantepec, Simojovel, San Cristóbal de las Casas, Salto del Agua y San Juan Cancuc (Chiapas), y en municipios como Atlapexco, San Felipe Orizatlán y Huazalingo (región de la huasteca hidalguense). Finalmente, la población indígena que tiene derechos sobre la tierra en ejidos y comunidades se concentra básicamente en seis estados: Chiapas, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí, aunque su distribución se verifica en casi toda la república mexicana, pues en 25 entidades del país se ha identificado al menos un núcleo agrario con población indígena. Incluso en 4 entidades del norte —Chihuahua, Sonora, Durango y Sinaloa—, la superficie que posee la población indígena representa 21.3% del total registrado para estos grupos.[5] Los territorios indígenas también son importantes porque en ellos se concentran recursos naturales de todo tipo, incluidos los minerales. En total, se trata de 10,224,612 hectáreas y 1,944 núcleos agrarios, que abarcan 62.04% de la tierra ejidal y comunal y 21.48% de núcleos agrarios.[6]

Los ejidos y comunidades con bosques coinciden en lo fundamental con el territorio que ocupan 24 pueblos indígenas de México, entre los cuales se encuentran rarámuris, tepehuanos, huicholes, coras, purépechas, cuicatecos, chinantecos, mazatecos, mixes, mixtecos, zoques, chontales, chatinos, zapotecos, amuzgos, mixtecos, tlapanecos, nahuas, lacandones, tzeltales, tzotziles y tojolabales.[7] La mayor parte de estos recursos boscosos se encuentra en zonas ecológicas templadas-húmedas (1.27%) y subhúmedas (34%), seguida por las superficies ubicadas en zonas tropicales húmedas, con 18.67%, y subhúmedas, con 13.55%, y al final la que se encuentra en municipios multizonales, 28%. Únicamente 3.77% de los bosques de ejidos y comunidades se localiza en municipios con preponderancia de características áridas y semiáridas. Los anteriores datos también coinciden con los de los territorios habitados por los pueblos indígenas, ya que 80% de la población indígena vive en tres zonas ecológicas: templada subhúmeda con 33.9%, tropical húmeda con 30% y tropical subhúmeda con 21.7%.[8] Tan es así, que los datos oficiales reconocen que los pueblos indígenas habitan 72% del territorio nacional considerado superficie forestal;[9] lo anterior ha llevado a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a considerar dentro de sus acciones prio...

Índice

• Portada
• Portadilla
• Contraportada
• Legal
• Dedicatoria
• Presentación
• I. El escenario y los actores
• II. Los cuatro ciclos del despojo minero
• III. El ciclo neoliberal de la minería: legislación y políticas gubernamentales
• IV. Movimientos en defensa de la tierra y el medio ambiente
• V. Los pueblos indígenas y la minería
• Conclusiones
• Bibliografía