Qué hacemos contra la pobreza

Guillermo Fernández, Lucía Martínez, Jesús Pérez, Begoña Pérez, Esteban Sánchez

• Editorial: Ediciones Akal
• Año: 2014
• ISBN:
  9788446039648
• Edición: 1
• Categoría: Política y relaciones internacionales
• Categoría: Política social

¿Qué hacemos para construir una sociedad más igualitaria y contra el aumento de la exclusión social y la pobreza? La crisis y las políticas de la crisis están aumentando las desigualdades y extendiendo la pobreza y las situaciones de exclusión social. La población en riesgo crece y se hace más heterogenea, mientras que quienes ya eran vulnerables lo son hoy más que nunca. El paro, la caída de ingresos, los recortes sociales y la falta de protección agravan una situación que la crisis solo ha profundizado y extendido, pero cuyas causas son anteriores y estructurales. Después de que España desaprovechase los años de crecimiento, que no sirvieron para reducir las desigualdades ni consolidar la protección social, las dificultades actuales están dejando daños que pueden ser irreversibles si no se atajan a tiempo. Frente a ello, proponemos una combinación de acciones urgentes para rescatar a la población más afectada, junto a medidas que avancen en la transformación hacia una sociedad más cohesionada e igualitaria.

II. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Las causas de la situación actual incluyen un conjunto de procesos históricos, sociales y económicos de enorme complejidad. Detallarlos no es objetivo de este escrito. Solo a título informativo enunciamos algunos aspectos que deberían ser incorporados en cualquier explicación del momento histórico en el que nos encontramos; por ejemplo: la necesaria diferenciación entre los procesos implicados en el desencadenamiento de la crisis económica que comienza en 2008 y los procesos responsables de los cambios sociales más amplios que están teniendo lugar desde los años setenta; las transformaciones producidas en el paso de las economías industriales a la llamada economía globalizada; la separación de trabajo y pobreza a través del acceso a un consumo masivo fruto de una producción masiva; el desarrollo tecnológico asociado a los mecanismos de producción; los cambios en la capacidad de presión de la población obrera y los movimientos sindicales y políticos; la fuerte ofensiva de la ideología neoliberal vinculada al crecimiento del gran capital; los cambios en el papel del Estado como actor económico; los procesos de desvinculación del crecimiento del empleo y el crecimiento económico; los procesos de globalización y revolución tecno-científica; el incremento de la influencia de las empresas transnacionales como agentes decisores de la economía globalizada; los cambios en los sistemas fiscales fruto de los modelos de deslocalización productiva; el cambio en el ámbito cultural e ideológico, en gran medida como consecuencia del éxito de los sistemas educativos públicos que dan lugar a generaciones con alta capacidad de decisión personal en todos los ámbitos vitales; el cambio de la lógica del Estado del bienestar basado en un pacto social que ya no es útil para los intereses del gran capital, pero que tampoco responde a las necesidades sociales actuales de la ciudadanía, etcétera.

Nos encontramos ante un nuevo contexto económico y social que surge como consecuencia de un proceso histórico de cambios y transformaciones sociales. De las sociedades fordistas o de Estado del bienestar, basadas en la estabilidad, a las sociedades contemporáneas donde la flexibilidad es la norma. De las respuestas colectivas al aumento de la individuación.

Se trata, por tanto, de importantes procesos de transformación social, de carácter histórico y en consecuencia progresivo, que sitúan a los Estados (y sobre todo a los Estados del bienestar) en situación de desequilibrio financiero, con crecientes cuestionamientos tanto desde la perspectiva neoliberal como desde el mundo del trabajo.

La respuesta a la pregunta «¿Cómo hemos llegado hasta aquí?» requiere la consideración de un proceso histórico en el cual han intervenido toda una serie de cambios sociales, culturales y económicos que han dibujado una transición desde un modelo dominante (socialdemócrata, basado en el trabajo) a un modelo alternativo (liberal, centrado en lo económico y basado en el capital tecnológico). No se ha producido un cambio brusco. Tampoco la actual crisis es un cambio de modelo radical, sino un paso más en este proceso de transición. No es un cambio de paradigma, es la consecuencia de algo que viene de lejos.

¿Cómo se ha producido este proceso en España?

En España, las particularidades históricas generan un contexto algo diferente al del resto de países de la UE. Tanto el paso de una sociedad agraria a una economía industrial como el desarrollo de los sistemas de protección social (Estado del bienestar) han sido procesos más limitados y más tardíos que en otros países de nuestro entorno. La guerra civil que sobrevino tras el golpe de Estado liderado por el general Franco tuvo graves consecuencias en el sistema económico español y en la consolidación de los derechos de ciudadanía, de manera que hasta la década de 1960 no se produce un despegue económico real ni un proceso de sindicalización y organización de la clase obrera española. El sistema de protección social se desarrolló con el objetivo de desmovilizar a la población, de manera que se universalizó la cobertura sanitaria y se llevaron a cabo acciones en el ámbito del trabajo y de la vivienda, pero otros elementos, como el sistema educativo, mantuvieron una estratificación muy alta.

De este modo, tanto el despegue económico español como la extensión de las políticas sociales son procesos tardíos que coincidieron en el tiempo (finales de los setenta y principios de los ochenta) con el comienzo de los cuestionamientos de los modelos de bienestar europeos fruto de las fuertes crisis económicas y de empleo y, por tanto, de sus cuestionamientos fiscales y políticos. El gasto social en España, aspecto sobre el que profundizaremos más adelante, siempre estuvo alejado del gasto medio de la UE, y en la década previa al desencadenamiento de la crisis (2008) se mantuvo muy por debajo del gasto de países como Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Austria o Reino Unido.

Gráfico 3. Gasto en protección social en % del PIB 2000-11.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

A partir de la década de los noventa del pasado siglo se frenó el proceso de reducción de la desigualdad que se había observado en España en los setenta y, sobre todo, los ochenta. Esta oportunidad desaprovechada en los noventa fue acompañada de la aplicación de diferentes reformas fiscales que fueron reduciendo los tipos impositivos, de manera que se limitó la capacidad de redistribución de la imposición personal sobre la renta como muestran las respectivas tasas de riesgo de pobreza antes de transferencias sociales, etcétera.

Gráfico 4. Cambios en la pobreza antes y después de transferencias entre 2007 y 2011.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Esa brecha en el gasto social ha generado un sistema de protección social menos asentado, más débil, con huecos y con niveles de protección muy desigual. La protección universal del sistema educativo y sanitario convive con una protección muy desigual del sistema de pensiones y desempleo basado en la contribución previa, que, por ejemplo, deja fuera a los jóvenes y a otros colectivos de trabajadores precarios que han tenido empleos temporales, o con la ausencia de una red de renta mínima estatal que permita a las personas y familias tener una última prestación de seguridad. A ello se une el escaso desarrollo de los servicios sociales de responsabilidad autonómica que presenta un escenario con importantes desigualdades en la protección de personas con problemas de discapacidad, exclusión social, maltrato o dependencia. De hecho, ante la ausencia de protección pública en materia de dependencia, las familias han sido las principales proveedoras de cuidados con fuertes costes personales o directamente a través de la contratación de servicios privados, de altos precios y limitaciones.

Si el final del siglo anterior se caracterizó por cierto crecimiento económico, en el inicio del actual se constató la aceleración de la expansión económica con un brusco frenazo de esa etapa expansiva en 2007, año desde el cual sufrimos una crisis económica sin precedentes. En este periodo «alegre», la economía española siguió la filosofía política del «goteo» o spillover: lo importante es el crecimiento económico, ya que, una vez la economía crezca, aumentará el número de ocupados –sin importar la calidad del empleo– y, finalmente, todos estarán mejor que al inicio del periodo. Es decir, lo importante es el crecimiento, no la distribución.

Este vicio inicial del proceso de crecimiento español explica por qué no se redujo la desigualdad en este periodo expansivo. Esta situación extraordinaria no sirvió para tomar medidas que impulsaran la redistribución. Por el contrario, dado el gran crecimiento de la recaudación de los impuestos indirectos (IVA e Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales), los gobernantes de la época prefirieron sacar rendimiento electoral de la reducción de los tipos impositivos directos, con lo que el sistema fiscal español perdió capacidad redistributiva.

Se puede hablar de una década en la que, a pesar del brillante comportamiento de los indicadores macroeconómicos, el bienestar relativo de los ciudadanos españoles empeoró en el contexto europeo. Una gran oportunidad perdida, sin duda, para avanzar en el proceso de convergencia social. Tan importante es la omisión de la redistribución en el modelo social español de esta década que, cuando se realiza un análisis de descomposición de los cambios de la tasa de pobreza entre crecimiento y desigualdad, se comprueba que, mientras que la expansión de la economía hubiese reducido el riesgo de pobreza entre 2004 y 2008 si la desigualdad se hubiese mantenido constante, la tasa de pobreza hubiese aumentado en ese periodo debido a la desigualdad si la economía no hubiese crecido. Es decir, no reducir la desigualdad por las razones antes comentadas malogró gran parte de los beneficios que podría haber obtenido la sociedad española a pesar de algunos de los defectos antes comentados.

Para terminar con este breve análisis del periodo de expansión, es importante describir qué ocurrió con los colectivos identificados como más vulnerables en la década de los noventa. Como cabría esperar dado el resultado general antes comentado de desaprovechamiento del crecimiento económico para lograr una mayor cohesión social, se mantuvieron las elevadas cifras de pobreza en relación con Europa. Por ejemplo, los menores de 16 años seguían presentando en España una de las tasas de pobreza más elevadas de la UE, con una diferencia de alrededor de 5 puntos respecto al conjunto.

Esta situación ocurre también en las personas mayores de 65 años. No solo no se ha corregido en esta etapa, sino que, en línea con los efectos señalados en el análisis de las prestaciones sociales, se ha producido un deterioro de su bienestar. El crecimiento de los niveles medios de renta de la población española no se reflejó en las cuantías de las pensiones, por lo que la fuerte dependencia antes comentada de este origen de renta de los mayores hizo que paulatinamente su riesgo de pobreza aumentara.

El último grupo de población cuya situación pre-crisis merece la pena estudiar, está formado por las personas que, a pesar de estar trabajando, vivían en situación de pobreza. Por una parte, el escaso reflejo del ritmo elevado de creación de empleo en la incidencia de la pobreza hace pensar que para un porcentaje relevante de hogares la ocupación no era una garantía inequívoca para evitar ese riesgo. Es el caso de trabajadores de empleos denominados de «exclusión» o empleos precarios cuya actividad temporal –o en economía sumergida– les otorga unos ingresos económicos que les permiten subsistir pero no les facilita el acceso a las situaciones de integración. Por otra parte, tanto en España como en la UE parece ser un lugar común ver el empleo como la base del desarrollo social; por tanto, las políticas de lucha contra la pobreza se han basado fundamentalmente en facilitar la incorporación al mercado de trabajo de las personas en riesgo de exclusión social. En este aspecto, muchas de estas incorporaciones se daban en los términos anteriormente expuestos, por lo que el acceso al empleo no garantizaba la salida de la pobreza y la exclusión social.

Cuando se revisan los datos disponibles sobre el riesgo de pobreza de los trabajadores en la UE, se comprueba la afirmación antes realizada de que, aunque aumentó mucho la ocupación, en España no se creó empleo de buena calidad. La incidencia de la pobreza en trabajadores fue en este tiempo de las mayores de los Estados miembros, tanto en los que trabajaban a tiempo completo como en los que lo hacían a tiempo parcial. De hecho, la tasa de pobreza de los trabajadores a tiempo completo en España se mantuvo durante toda la década muy cerca del indicador europeo para los trabajadores a tiempo parcial.

Como la situación subyacente en el periodo expansivo era, como hemos visto, complicada, aunque a simple vista todo pareciese ir bien, el impacto social de la crisis llegó con más fuerza que en la mayoría de los países de nuestro entorno, hasta el punto de que se evaporaron en un margen temporal muy breve buena parte de los logros alcanzados en la etapa anterior. Si en las épocas de bonanza nos preguntábamos «¿por qué no suben todos los botes en el mar cuando sube la marea?», en la crisis la pregunta es «¿qué ocurre con los botes cuando la marea baja?».

La respuesta puede atisbarse mirando la evolución de la distribución de la renta a través de los percentiles; es decir, dividiendo a la población en cien grupos de igual tamaño una vez ordenados de mayor a menor renta. Es una medida estadística utilizada, incluso de manera inconsciente, en la prensa o las conversaciones cotidianas cuando se habla del 20 por ciento de la población más rico (percentil 80), el 20 por ciento más pobre (percentil 20) o el «famoso» 1% (percentil 99). En este sentido, el informe publicado el año 2013 por el Consejo Económico y Social muestra que, mientras que los individuos situados en los percentiles más altos de renta han visto aumentar su renta en términos reales más de un 2% en el periodo 2006-2010, los percentiles más bajos no solo no han aumentado, sino que han sufrido una reducción. Por ejemplo, se ha reducido la renta de los individuos pertenecientes a la primera decila (percentil 10) y las rentas de los percentiles 1 a 5 se han reducido entre un 4 y un 10%. Este resultado se confirma si se repite para el periodo 2008-2011 la descomposición de los cambios del riesgo de pobreza antes realizado para el 2004-2008. El análisis detallado de esta descomposición muestra el resultado esperado por todos a priori: la crisis ha provocado una disminución de la renta de las familias, lo qu...

Índice

• Portada
• Portadilla
• Legal
• Presentación
• I. ¿De qué estamos hablando?
• II. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
• III. ¿Qué podemos hacer?
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