Herramientas para controlar los delitos contra la fauna y flora en Colombia

Leonardo Güiza-Suárez, Lina Katerin Correa Muñoz, Yuliana Salas-Pérez, Daniel Ricardo Páez-Delgado, ilian Bibiana Rojas Mejía, Alexánder Acosta Jurado, Carlos Cante, Leonardo Güiza-Suárez, Esperanza K Suárez, Yuliana Salas-Pérez, Lina Katerine Correa-Muñoz

• Editorial: Editorial Universidad del Rosario
• Año: 2020
• ISBN:
  9789587844702
• Edición: 1
• Categoría: Derecho
• Categoría: Derecho medioambiental

Este libro presenta un análisis de la dimensión social, ambiental, política y jurídica de las principales fuentes de afectación sobre la fauna y flora del país, haciendo énfasis en la identificación de los sujetos infractores o delincuentes ambientales, su relación con los grupos armados, y los desafíos institucionales para enfrentar estas acciones a nivel nacional. La obra se divide estratégicamente en cuatro partes: la primera se centra en la presentación y análisis de información secundaria, los derechos de petición y entrevistas individuales a funcionarios con el fin de dimensionar los impactos ambientales y desafíos institucionales por las afectaciones a la fauna y flora en el país. En la segunda, tercera y cuarta parte, se analizan seis temáticas que fueron concertadas a partir de las principales necesidades o desafíos que tienen los funcionarios públicos que llevan a cabo los operativos contra los delitos ambientales del país, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, Ministerio de Defensa, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, los jueces, entre otros.

Segunda parte
HERRAMIENTAS JURÍDICAS

2
Barreras para el cumplimiento de la normatividad ambiental

Yuliana Salas-Pérez*

Daniel Ricardo Páez-Delgado**

* Licenciada en Biología. Magíster en Ciencias Biológicas, magíster en Educación. Investigadora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Correo electrónico: [email protected]

** Abogado y especialista en Derecho Constitucional y en Instituciones Jurídico-Penales. Asesor de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Correo electrónico: [email protected]

Introducción

Colombia es uno de los cinco países con mayor diversidad biológica del planeta, donde sus bosques cubren casi el 55 % de la superficie terrestre. Desafortunadamente, en nuestra experiencia como nación la explotación de esta riqueza ha sido negativamente relacionada con el conflicto armado y las condiciones que acrecientan la desigualdad (Nillesen, 2014), como consecuencia de lo que Dube & Vargas (2013) han nombrado como un modelo económico y social inequitativo y de la incapacidad del Estado sobre el manejo y control de la explotación de los recursos naturales. Al respecto, el informe Evaluación del desempeño ambiental en Colombia (2014) de la OECD relacionó algunas problemáticas que afectan mayormente al país: industrias extractivas procedentes principalmente de la minería ilegal, grandes territorios dedicados a ganadería extensiva, actividades agropecuarias que generan altas cantidades de emisiones de desechos, cultivo de drogas ilícitas y deforestación (Cepal, 2014). Este panorama plantea interrogantes en relación con qué pasa con el cumplimiento de la normatividad ambiental.

El anterior contexto da pie al interrogante respecto a cómo el Estado cumple el mandato constitucional de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (artículo 80, Constitución Política de Colombia, en adelante, CP). Desarrollar este aspecto implica tener en cuenta las voces de actores que tienen acceso a los diferentes territorios del país y que conocen el manejo de los recursos naturales, entre ellos se encuentran operadores judiciales e investigadores ambientales (personal policial e institucional). En su experiencia manifiestan1 la falta de cumplimiento del marco legal evidenciado en el uso indiscriminado de recursos, y el daño y manipulación de los intereses de las poblaciones en el país, en muchos casos sin que estas conductas sean sancionadas. Por su parte, las Corporaciones Autónomas Ambientales (en adelante, CAR) como máxima autoridad ambiental en los territorios dan cuenta sobre la gestión de los recursos en sus territorios, informes sobre los que la Contraloría General de la Nación ha identificado falta de claridad en la definición de programas relacionados con el cumplimiento del marco regulatorio y en la gestión del ambiente, falta de transparencia, idoneidad o viabilidad en su ejecución (Contraloría General de la República, en adelante CGR, 2017).

Este capítulo tiene por objetivo describir las barreras para el cumplimiento de la normatividad ambiental en Colombia, para ello, se identifican las problemáticas ambientales en las zonas de mayor importancia ecológica y se analizan procesos de cumplimiento o incumplimiento de la normatividad ambiental, finalmente se proponen estrategias que permitan superar las barreras.

1. Problemáticas ambientales, cumplimiento e incumplimiento

Desde los años setenta la normatividad ambiental en Colombia constituyó un referente para el desarrollo del derecho ambiental en América Latina, ya que reconoce la importancia del ambiente y de los recursos naturales estableciendo mecanismos para su protección (Ley 23 de 1973 y Decreto-Ley 2811 de 1974), define como derecho fundamental el goce de un ambiente sano y establece el deber de su protección (Constitución Política de Colombia, 1991), establece la organización para la administración y protección del ambiente (Ley 99 de 1993) y el respectivo marco sancionatorio (Ley 1333 de 2009); en la práctica, el uso de los recursos en el país no siempre se realiza atendiendo a la protección o aprovechamiento sostenible. El desarrollo de esta normatividad, obedece a la atención a compromisos de tratados internacionales iniciando por la declaración de Estocolmo (1972), que reconoce la importancia del medio para el ejercicio de los derechos humanos y solicita movilización frente a la degradación ambiental que ha pasado a tener impacto a escala global, especialmente en países que, como Colombia, albergan gran riqueza de recursos y biodiversidad.

Las privilegiadas condiciones ambientales en Colombia se deben en gran parte a la cobertura de bosques que ocupa más de la mitad del territorio continental, los cuales son fuente de recursos (madera, alimentos), albergan la biodiversidad por la que se ha catalogado como un país megadiverso y prestan servicios ambientales como: fijar y almacenar carbono, reduciendo la cantidad de este gas en la atmósfera, el cual es el principal causante del cambio climático; regular el ciclo del agua, mediante el almacenamiento de agua en el suelo y en las raíces de árboles disminuyendo el aumento de caudales de cuerpos de agua, potenciales causas de desastres; adicionalmente, se tiene la relación de los bosques con pueblos ancestrales, así, el 81 % del total de resguardos se encuentra en la región de la Amazonia-Orinoquia, y las comunidades afrodescendientes el 89 % de los títulos colectivos de comunidades negras con cobertura boscosa se ubica en la región del Chocó biogeográfico, que incluye los departamentos del Chocó, Nariño y Cauca (MADS & Sinchi, 2012). La deforestación de bosques y el subsecuente cambio de uso del suelo para la ganadería, la extracción de minerales, los cultivos extensivos de palma de aceite y cultivos ilícitos que sustentan gran parte de la economía de la nación constituyen las mayores problemáticas ambientales en el país, desde las cuales se desarrollan, en su mayoría, prácticas transgresoras del ordenamiento ambiental colombiano y, por ende, de derechos esenciales como el derecho al goce de un ambiente sano.

El desarrollo de técnicas que permiten calcular el área deforestada como el uso de imágenes satelitales permitió identificar para los últimos 26 años (1990-2016) la pérdida de más de 6.5 millones de hectáreas de bosque natural (IDEAM, 2017), una desafortunada situación si se aúna su ocurrencia en el periodo en el que se definió una Constitución Política que establece el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Estas alarmantes cifras y el cumplimiento de objetivos de la Cumbre de Río de Janeiro, y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUMA, este último relacionado con la transición hacia un desarrollo equitativo con bajas emisiones de carbono, originaron la Política de Crecimiento Verde en el PND 2014-2018 cuya meta establecía la reducción de deforestación pasando de 120.000 hectáreas (línea base 2012-2013) a 90.000 hectáreas para 2018; adicionalmente se desarrolla el monitoreo y generación de programas como el Pacto Intersectorial por la Madera Legal y la Estrategia de Corresponsabilidad Social en la lucha contra Incendios Forestales. A pesar de los grandes esfuerzos por contribuir de manera positiva en la disminución de la deforestación, su reducción no se cumplió (CGR, 2017), así lo demuestran las tasas de pérdida de bosque en 2015 con 124.035 hectáreas, en 2016 con 178.597 hectáreas, lo que representó un aumento del 44 % respecto al año anterior, y en 2017 con 219.000 hectáreas (IDEAM, 2018).

En el informe de caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional se identifican seis grandes Núcleos de Alta Deforestación (NAD), siendo los más importantes los ubicados en la región amazónica (23,1 %), en donde se establecieron principalmente potreros para ganadería extensiva y cultivos de coca (IDEAM, 2018), y el eje vial conocido como “Marginal de la selva”, que conecta el departamento del Meta, pasando por Guaviare y Caquetá, para llegar a Putumayo a través del piedemonte (Sinchi & WWF, 2015); en la región andina (12 %), en donde el área del cultivo de palma de aceite se triplicó entre 2007 y 2014 representada en 85.986 hectáreas (Fedepalma, 2016), así mismo, se incrementó el área de cultivo de coca especialmente en la región del Catatumbo y de la ganadería extensiva en los departamentos de Santander y Antioquia y la extracción de oro en el Bajo Cauca y entre Antioquia y Bolívar; y en la región Pacífica (3,1 %), en donde la mayor parte del área deforestada fue reemplazada por cultivos de plátano, primitivo, borojó, piña, arroz, yuca, cacao y aguacate; se destaca también la extracción de oro en los ríos de los departamentos de Chocó y Nariño, y en este mismo periodo el incremento en un 72 % del área con cultivos de coca en el departamento de Nariño (IDEAM, 2018).

2. Normatividad ambiental y actividades que deterioran el ambiente

En Colombia, las actividades que soportan gran parte de la economía de la nación se desarrollan bajo prácticas que no siempre se sustentan en el uso racional de recursos, mucho menos de su protección o conservación. La extracción ilegal de madera, la ganadería extensiva, el cultivo de ilícitos, la minería ilegal y algunas actividades agropecuarias constituyen la evidencia del incumplimiento a la normatividad ambiental. Desafortunadamente existen vacíos en el marco legal o en el ejercicio del control de este que constituyen oportunidades para la legalización de productos y, en consecuencia, la autoridad ambiental se encuentra sin sustento o elementos probatorios que le permitan adelantar las respectivas sanciones.

El Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente o Decreto 2811 de 1974 define al medio ambiente como bien jurídico protegido y patrimonio común; y dentro de sus objetos establece lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de estos, y la máxima participación social para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional (artículo 2). La Constitución Política de 1991 establece el modelo de desarrollo sostenible que responsabiliza al Estado y a los ciudadanos de proteger los recursos naturales; como principio fundamental, menciona la obligación del Estado y de las personas a proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (artículo 8°); señala como inherente a la propiedad la función ecológica (artículo 58); reconoce el papel de la educación en la protección del ambiente (artículo 67), el derecho de todas la personas a gozar de un ambiente sano y garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, además, establece como un deber del Estado la protección de la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de espe...

Índice

• Portada
• Portadilla
• Página legal
• Autores
• Contenido
• Introducción
• Primera parte Dimensión, tipologías y actores de la deforestación y los impactos de la fauna en el país
• Segunda parte Herramientas jurídicas
• Tercera parte Herramientas contra el financiamiento del terrorismo y lavado de activos
• Cuarta parte Herramientas tecnologicas