El territorio es la vida misma

Territorialidades y construcción de paz en el departamento de Chocó

Luisa Fernanda Uribe Larrota

• Editorial: Editorial Universidad del Rosario
• Año: 2020
• ISBN:
  9789587844559
• Edición: 1
• Categoría: Ciencias sociales
• Categoría: Estudios étnicos

Este libro analiza cómo se articulan y cuáles son las tensiones entre las luchas étnico-territoriales (espacios, estrategias y demandas en torno a cómo se comprende el territorio: un espacio de vida y para esta) del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) y las iniciativas gubernamentales de construcción de paz, pues, por un lado, los primeros pasos en la implementación de los acuerdos de paz han evidenciado una brecha muy grande entre el discurso oficial y las prácticas concretas que llevarían a fortalecer escenarios territoriales y efectivos de paz; por el otro, en sus más de veinte años de trabajo, el FISCH ya había definido numerosas acciones en aras de proteger los territorios que integran el ahora "escenario estratégico" para la construcción de paz en el país. Así, esta experiencia local sirve de trasfondo para reflexionar en torno a procesos jurídico-políticos de gran importancia respecto a las dinámicas organizativas de las comunidades negras en toda Colombia.

¿Paz territorial?

La paz territorial que, para el Gobierno nacional y algunos sectores del establecimiento, parece ser lo más innovador, ha sido la matriz histórica de las resistencias y de las demandas de las comunidades y de las organizaciones populares, sociales y étnico territoriales del país, que a partir de sus acciones de resistencia, defensa y permanencia en el territorio, en medio del conflicto armado, han estado construyendo propuestas de paz territorial y exigiendo al Estado una forma de presencia que garantice los derechos constitucionales, fundamentales y colectivos.

FISCH (2015, p. 7)

El Chocó ha sido señalado como región estratégica o prioritaria para la implementación de la paz negociada, debido a los impactos de la guerra y a las perspectivas que la ubican como un enclave estratégico para el éxito en los planes de desarrollo en materia ambiental, de extracción de recursos (mineros y madereros, sobre todo) y por sus condiciones ecológicas y ambientales particulares que la constituyen como parte fundamental del Chocó Biogeográfico: una región que cubre 187 400 kilómetros cuadrados desde el norte de Ecuador hasta Panamá, y que figura entre las 25 regiones del mundo calificadas como prioritarias para la conservación de la naturaleza y denominada biodiversity hotspot (Jimeno, Sotomayor y Valderrama, 1995, pp. 19-21).

Para el 2010, el 48 % de la superficie de la región Pacífica más cercana al Chocó biogeográfico pertenecía a territorios colectivos adjudicados por el Estado después de la Ley 70 de 1993, las cuales corresponden a 162 consejos comunitarios (PNUD, 2011) y como ya lo había mencionado, en el departamento del Chocó los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), fruto del Acuerdo Final, integran 14 municipios (dos de ellos en Antioquia): Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Bojayá, Medio Atrato, Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Sipí, Unguía, y en Antioquia a Vigía del Fuerte y Murindó.

¿Qué son esos territorios de paz? ¿Por qué pensarlos como algo más que un pedazo de tierra maderable o cultivable y cuál es su importancia en la lucha política de las comunidades negras pertenecientes al FISCH? Para Escobar (2010, p. 68), el territorio como un discurso articulatorio es precisamente eso, más que un espacio físico determinado. Mientras este se definía anteriormente en el acto de delimitación real y simbólica, es decir, desde una dimensión espacial, como una extensión de superficie que sirve como fuente de recursos (Haesbaert, 2004), su articulación con la territorialidad ha permitido abordarlo también como dinámica social, cultural y económica que integra diversos territorios y se proyecta fundamentalmente como ejercicio político (Villa, 2004, p. 333).

El territorio tiene también unas dimensiones culturales y políticas constitutivas; existe en cuanto ya valorizado, es decir, “ya inscrito en una serie de relaciones simbólicas con el espacio a las que asisten los significados, los ritos, las prácticas y las creencias que los seres humanos construimos para generar sentido del mundo [...]. Es un espacio de poder” (Sánchez, 2014, p. 16). Por esto, el territorio para las organizaciones que integran el FISCH difícilmente se reduce a su dimensión espacial; es más, la existencia misma del territorio es también un ejercicio político determinante que se caracteriza por los modos de apropiación de los ríos, las estrategias de conservación, los procesos organizativos para la defensa de los espacios que habitan, los conocimientos locales e incluso el parentesco y las relaciones de género:

Nuestra identidad no radica únicamente en la raza o en una diferencia étnica que puede atribuirse a diferencias culturales como el canto y el baile. El territorio y la defensa del mismo también son parte de eso, de nuestra identidad cultural y política. También es la herramienta con la que existimos en este mundo, por eso nos centramos tanto en los sistemas de producción tradicionales, en el fortalecimiento de nuestras economías locales y el trabajo organizado para titular colectivamente, para tener autonomía, en todo eso que hemos llamado gobernanza local. (Entrevista 1, 2016)

Por eso, escogí los conceptos territorio, territorialidad, paz territorial y red del movimiento, como puntos de partida para el análisis de la experiencia organizativa del FISCH en el contexto de las negociaciones de paz. La idea de este capítulo es presentar los principales debates en torno a estas nociones para profundizar aún más en la agenda política del Foro y en cómo se articulan y qué tensiones hay con la propuesta institucional de paz territorial.

Territorio y territorialidad

Como señalé en la introducción, Hoffman (2007) propone una diferenciación entre la perspectiva jurídico-política del territorio y aquella más relacionada con la construcción de una identidad en términos de un devenir político colectivo por la pertenencia a un espacio diferenciado. Según esta autora, el territorio es actualmente “una categoría jurídico-política, normativa y legal que condiciona el acceso a derechos específicos [...]. Designa las porciones de espacio que pueden solicitar en propiedad colectiva grupos constituidos y organizados [...] a título de una ocupación ‘ancestral’” (Hoffman, 2004, p. 216).

Desde una perspectiva histórica, para Hoffman (2004), el concepto de territorio se inscribe en el campo jurídico y patrimonial, se trata

[...] de una porción de tierra apropiada y regida por un conjunto de derechos [...]; posteriormente los geógrafos retoman el concepto en su doble filiación: jurídicoadministrativa clásica, por un lado, y social, por el otro. En esa acepción el territorio es ante todo un espacio de administración y gestión. (p. 212)

A partir de 1993, el territorio también ha sido conceptualizado como el fundamento de la identidad negra colombiana:

Por medio de sus escritos e intervenciones, el territorio adquiere cierto grado de abstracción y se conjuga con el concepto de “identidad” (negra) para forjar el marco explicativo de las dinámicas, a diferentes niveles o esferas de realización concreta: la vereda, el río, la pequeña región. En el plano teórico se interpretarán, por ejemplo, redes de parentesco o los modos de explotación del medio como prácticas y estrategias relacionadas con la conservación, la protección o ensanchamiento del territorio, siendo este último a la vez garantía y condición de la identidad. (Hoffman 2004, p. 216)

En este sentido, la emergencia del territorio como un discurso articulatorio para el caso del Pacífico Sur (Escobar, 2010) permite comprender los marcos de acción de las comunidades negras organizadas y las agendas hoy planteadas por el FISCH, de cara a la consolidación de escenarios territoriales de paz. Hay dos momentos del proceso de posicionamiento del territorio como eje de las luchas políticas asociados al AT 55 y a la Ley 70 (Escobar, 2010, p. 71): el primero, de discusiones constantes sobre el territorio, la cultura y la historia con el fin de construir una estrategia común y un discurso político para la implementación de la Ley 70. Dichas reuniones estaban orientadas a identificar los lugares (vivienda, historias de poblamiento) y actividades más importantes (agricultura, pesca o caza) y así partir de una estrategia política comunitaria que incluía el trabajo de varias generaciones y la interlocución de organizaciones con comunidades no organizadas. El segundo estuvo marcado por la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG), académicos y entidades estatales, y estaba encaminado a obtener un mapa completo de las representaciones locales del territorio.

Ambos momentos estuvieron impulsados por la importancia que adquirieron los procesos de titulación durante la década de 1990, de la mano de una variedad de programas gubernamentales, entre ellos el Proyecto de Zonificación Ecológica impulsado por el IGAC, en el que se dio la discusión de la cosmovisión y concepción de territorio de varias organizaciones del movimiento. Las presentaciones de las organizaciones negras se centraron similarmente en “las múltiples lógicas de apropiación del territorio” por las comunidades. Entre los elementos resaltados estuvieron los modelos de apropiación del río basados en sus dinámicas longitudinales y transversales, el proceso organizativo para la defensa del territorio, el conocimiento local, los modelos de movilidad, el parentesco y relaciones del género (Escobar, 2010, p. 71).

Además, la construcción de territorialidad en el Pacífico se puede entender como un escenario de tensión entre la lógica externa (definida como espacio de mercado o como política de Estado) y la acción de las comunidades tradicionales, que se caracterizan por la resistencia en sus territorios o por el desarrollo de proyectos de carácter regional que expresan una visión de territorialidad autónoma. Así, el análisis sobre el desarrollo de los territorios colectivos de comunidades negras, reconocidos a partir de la Constitución Política de 1991, debería

[…] asumir como impronta y como limitante la economía extractiva que ha determinado la vida regional, que tiene expresión en el modelo estatal regional que ha fragmentado las culturas y ha desarrollado una institucionalidad que niega el escenario de multiculturalidad que de modo esencial define la región. (Villa, 2004, pp. 331-333)

Escobar (2010) enuncia una serie de factores que facilitan la comprensión de estas tensiones entre lógicas externas y acción de las comunidades tradicionales. Cabe resaltar que este autor ha llevado a cabo sus reflexiones sobre el Pacífico a partir de una interacción con la organización Proceso de Comunidades Negras asentada en el Pacífico Sur (departamentos de Cauca, Valle y Nariño). Las tensiones entre lógicas externas y procesos políticos de comunidades tradicionales se inscriben también en la crisis del modelo de poblamiento tradicional después de 1950, la Ley Gubernamental de 1959 que declaró las tierras bajas del Pacífico como baldías, la presencia creciente de misioneros, agencias del Estado y proyectos de desarrollo, y un hito clave: las estrategias de defensa de las comunidades campesinas negras del Medio Atrato contra las compañías madereras y la organización en torno a la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) (Escobar, 2010, p. 69).

Aquí cabe destacar la relación que establece el FISCH entre pérdida de valores e identidades tradicionales, y la posterior pérdida del territorio (en términos físicos). Para los actores institucionales, el territorio importa por cuanto tiene un potencial para integrarse al Estado central y, a su vez, las acciones encaminadas a lo que los funcionarios denominan fortalecer el territorio se centran en una interlocución constante con entidades del nivel nacional como el Ministerio del Interior o el Ministerio de Agricultura:

El conflicto nos condena al subdesarrollo. Somos un corredor estratégico que podría serlo para fomentar el desarrollo, pero lo es y lo ha sido solo para promover la violencia y el narcotráfico [...]. Cuando podamos interlocutar con tranquilidad con el país Andino y Central es que se pone en marcha la paz. (Entrevista 8, 2016)

En una de las primeras jornadas de socialización y debate para la construcción de los PDET en el Chocó (observación 7, 2017), se dio una discusión muy fuerte debido a las diferencias en términos de cómo y cuáles deben ser los escenarios locales de construcción de paz. Mientras varios representantes de las alcaldías manifestaron la necesidad de un fortalecimiento institucional y más entrada de recursos para las autoridades locales, la perspectiva de los representantes de consejos comunitarios se basaba en procesos de capacitación local y formación de los pobladores rurales:

¿Y es que a nosotros de qué nos sirve que le siga entrando más plata a los que siempre nos han robado y poco se enorgullecen de nuestro desarrollo propio? En Tadó tenemos uno de los Consejos Comunitarios más fuertes y organizados del país y ustedes nunca han mirado eso, pues claro que tenemos que trabajar todos juntos porque aquí es donde más duro hemos vivido la guerra, pero el cuento de seguir soltándole plata a funcionarios de turno y no reconocer el trabajo de años y generaciones enteras sí no puede seguir así. Ahora van a decir que no hemos hecho nada, que nosotros no sabemos manejar y planear sobre el lugar en el que vivimos. (Observación 7, 2017)

La defensa del territorio implica la defensa de construcciones sociales culturales basadas en el lugar, en un espacio físico particular, y también la construcción y reconstrucción de un proyecto político unido a un proyecto de vida colectivo. Por eso es tan importante la articulación (casi sin precedentes, dado que nunca se había dado en un escenario de posacuerdo) que se empezó a gestar entre instituciones como la ART, las autoridades locales y los procesos organizativos encabezados por el FISCH.

En la actualidad, el carácter estratégico que ha adquirido el Chocó para la construcción de paz se podría definir en el sentido liberal/negativo de dicha construcción, esto es: para el desarrollo de varios macroproyectos que solo podrán asegurarse si se restablece el orden social que permita las inversiones y otorgue garantías a los inversionistas nacionales y extranjeros. Uno de esos proyectos, por ejemplo, es un puerto en la bahía de Tribugá, que implica la construcción por parte del Gobierno nacional de una carretera en la vía Las Ánimas-Nuquí. El territorio que sería atravesado por esta vía pertenece a resguardos indígenas y a consejos comunitarios reconocidos en la Ley 70. Según una reciente investigación de Molano (2017) sobre el Pacífico, el proyecto valorizaría todo el sector y ese hecho tendría impactos negativos como la invasión de los territorios reconocidos como inembargables, inajenables e imprescriptibles en la Ley 70 y el desplazamiento masivo de indígenas y negros en todo el Pacífico norte.

Entonces, por un lado, están los resguardos y los territorios colectivos constituidos, presentados como figuras centrales de la movilización social (campesina, negra e indígena); por otro, la necesi...

Índice

• Cubierta
• Anteportada
• Portada
• Página de derechos de autor
• Autora
• Contenido
• Agradecimientos
• Introducción
• ¿Paz territorial?
• Acción colectiva de comunidades negras en el Chocó: entre territorios, región y desarrollo
• La paz en disputa
• Bibliografía
• Anexos
• Contracubierta