La Correduría Pública es una especialidad de gran interés social y con un futuro prometedor en México. Las necesidades del comercio actual impulsan su constante modernización, así como la evolución de las facultades y aptitudes de los corredores públicos. Éste es un libro que define la Correduría Pública, desde la teoría hasta la praxis, y establece el índice de sus áreas de conocimiento y aplicación.
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El comercio es, sin lugar a dudas, el motor de la civilización y la ha acompañado prácticamente desde sus inicios. Cualquier avance de la humanidad siempre ha estado relacionado en forma directa o indirecta con el comercio. El comerciante ha sido el polinizador del progreso.
El crecimiento del comercio ha sido constante y cada vez más rápido. Hoy en día, gracias a la revolución tecnológica y la apertura comercial que se vive en la gran mayoría de los países, el comercio ha crecido en riqueza de ofertas y disminuido considerablemente en costos, propiciando la aparición de grandes «monstruos» comerciales; sin embargo, esto no es la generalidad. La mayoría de los comerciantes enfrenta todavía muchos problemas día a día en todas partes, y en particular en México, y es aquí donde el corredor público debería participar de manera trascendente.
México es un país que ha tenido un innegable crecimiento económico a partir de la liberación económica que ha experimentado en los últimos veinticinco años; simplemente hay que echar un vistazo a nuestra balanza comercial para apreciarlo. Cada vez son menos los monopolios, menos las trabas burocráticas para echar a andar un negocio y menores los costos para colocar los productos en el mercado; sin embargo, aún falta mucho por hacer, e insisto, la correduría pública debería participar en ello.
El 97% de las empresas en México son microempresas; pero cuando se piensa en el mundo de los negocios, el modelo mental es la gran empresa, como lo señala Gabriel Zaid.1 Por eso, en muchas ocasiones la legislación existente es una fantasía muy poco práctica para el 97% de la realidad.
Hasta mediados del siglo XX las pequeñas empresas no pagaban impuestos, ni seguridad social ni indemnizaciones laborales, entre otras cosas. En vez de crear un sistema legal que permitiera separar la economía informal de la formal, se decidió aplicar a estas pequeñas empresas las mismas reglas de las grandes.
Para cambiar esta situación sería necesaria una legislación de microempresas que redujera todas las obligaciones fiscales, laborales y municipales del pequeño empresario, a cambio de estar inscrito en un registro de microempresas y de someterse a un procedimiento de arbitraje rápido para resolver cualquier desavenencia.2
De todas las cosas que requiere la microempresa, dos son las más importantes: la disminución de trámites y la obtención de microcréditos. Nada frena más el desarrollo empresarial que la carga de trámites; nada puede fomentarlo tan sencillamente como los créditos pequeños y oportunos.
Para efectos de este trabajo, hablaremos de los trámites burocráticos. La carga del papeleo es terrible en todas las empresas, pero en las pequeñas es mortal, pese a los esfuerzos y avances de los últimos años. En la práctica, es muy difícil cumplir todos los requisitos y, de hecho, muchos no se cumplen.
De manera proporcional, veinte horas de un experto en una gran empresa cuestan mucho menos que veinte horas de un empresario sin ayudantes, que tiene que cerrar el negocio para ir a atender un requerimiento de las autoridades.
Los trámites fiscales, municipales y del seguro social, entre muchos otros, no están pensados para las millones de compañías que no cuentan con sistemas informáticos ni expertos para proporcionar la información.
En México, la inmensa mayoría son microempresas, pero son tratadas con una falta absoluta de realismo, como si tuvieran contadores, abogados y técnicos dedicados a cumplir los requerimientos legales.
Las leyes están mal diseñadas, puesto que no hacen excepciones para las microempresas. Desde el punto de vista microempresarial cada ley, reglamento y trámite debería estudiarse para que el orden legal no afecte la utilidad, para que sea sencillo abrir y operar microempresas, sin estar fuera de la ley ni exponerse a actos de corrupción.
Como lo anterior es poco probable que ocurra y es ajeno a nuestras funciones, la correduría pública debe trabajar de la mano de los pequeños comerciantes. Es aquí donde se le requiere en primera instancia,3 su ayuda es necesaria para sortear los obstáculos que el Estado le presenta. El corredor público es un auxiliar del comercio, y por lo tanto debe estar donde el comercio reclama su apoyo.
Más adelante hablaremos con detenimiento de las funciones del corredor público, de su reforma estructural en 1992 y de los errores que se han cometido durante su desarrollo; sin embargo, aquí debemos hacer énfasis en lo siguiente:
El corredor público tiene facultades y/o aptitudes como fedatario público, valuador, árbitro y asesor. Asimismo, mantiene una relación estrecha con la Secretaría de Economía (SE), ya que es la dependencia de gobierno encargada de aplicar la Ley Federal de Correduría Pública (LFCP). Por último, al ser una figura regulada por la legislación federal, podemos encontrar corredores públicos con similar preparación y capacidad en todo el territorio nacional.
Todas estas son herramientas más que suficientes para que el corredor público cumpla a cabalidad su función como auxiliar del comercio. El gran empresario tiene la posibilidad de contar con expertos en cada área que su negocio requiera, el pequeño y micro, no; estos necesitan un experto global, que pueda tener una visión integral del negocio y que les ayude a sortear toda la serie de obstáculos que encuentran diariamente en su camino.
La participación, asesoría y colaboración del corredor público en las cámaras empresariales, en las ferias comerciales y en las actividades que realiza la SE, a través de todas sus dependencias, son fundamentales para que pueda realizar las tareas que el comercio está esperando de él.
1 Zaid, G. (2009). Empresarios oprimidos. México: RHM, p. 163.
2 Debo reconocer que en los últimos años, la SE del Gobierno federal, ha realizado importantes esfuerzos para revertir esta situación, pero aún queda mucho por hacer.
3 Sin perjuicio de que pueda colaborar en otras áreas de manera exitosa.
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El comerciante desde el punto de vista jurídico
1. El acto de comercio
La evolución del derecho mercantil ha pasado por dos etapas fundamentales: la primera, en su nacimiento, cuando el ámbito jurisdiccional de la materia mercantil quedaba condicionado al carácter de comerciante del sujeto que realizaba la acción; y la segunda, cuando el sistema objetivo se cristaliza en el Código de Comercio de Napoleón, donde lo que le da el carácter mercantil a una conducta es el acto en sí, independientemente del actor.4
Sin embargo, aun en la primera etapa –donde existía el carácter subjetivo– el acto de comercio era importante, ya que no todas las conductas del comerciante estaban sujetas a la jurisdicción mercantil sino únicamente las que tenían relación con su actividad comercial.
Autores clásicos de la talla de Vivante, Rocco o Garrigues, o en México Tena, Pallares, Mantilla Molina, Rodríguez y Rodríguez, por mencionar solo algunos, y actualmente Quintana Adriano, han buscado desentrañar el concepto de «acto de comercio», e independientemente de las diversas posturas doctrinales que cada uno ha asumido, todos llegan a la misma conclusión: la dificultad para definirlo.
Desde la primera edición de su famoso libro sobre derecho mercantil,5 el maestro Vivante habla de la dificultad de marcar los límites entre materia civil y mercantil, porque el concepto jurídico del comercio se va modificando y ensancha...
