La raíz del mal

La consolidación de la burocracia sindical en Pemex

Ricardo Pozas

• Editorial: Siglo XXI Editores México
• Año: 2021
• ISBN:
  9786070311192
• Edición: 1
• Categoría: Ciencias sociales
• Categoría: Sociología

En México, como en el mundo, el petróleo es, y ha sido, un recurso central en la producción de la energía para el desarrollo económico de las naciones, así como una fuente de la riqueza institucional y personal de los individuos y los grupos económicos ligados a él. Este texto sigue la historia paralela de la burocracia sindical al frente del sindicato de PEMEX como la de sus opositores, quienes lucharon por la democracia sindical y la autonomía de los representantes del sindicalismo corporativo de los trabajadores del Estado del sistema político mexicano, con el PRI en su centro. El texto desemboca en "la llamada" crisis política de 1958 en la que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) fue parte, crisis nacional en la que el régimen político mexicano se mantuvo a través de la corrupción, la violencia y el crimen de los opositores.

1. EL LEGADO CARDENISTA

LA SALIDA DEL GRAN CRAC, EL RETORNO DE LAS MASAS Y LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESIDENCIALISMO HEGEMÓNICO

La expropiación petrolera, es el hecho político culminante del nacionalismo del régimen político mexicano construido por la Revolución mexicana, este hecho tuvo como definición política el apoyo a los trabajadores en su conflicto contra las 14 compañías extranjeras que se negaron a resolver favorablemente las demandas económicas. El apoyo a los trabajadores petroleros en su conflicto con “los patrones”, quedó definida como la función sustantiva en la impartición de la justicia realizada por el presidente de la República, el cuál tiene como antecedente su gobierno en Michoacán de 1928 a 1932 y la creación de la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo (Domingo, 2008; Mujica, 1992), que fue su primera experiencia de unificación del pueblo y su institucionalización corporativa por grupos, los cuales se convirtieron en la base social del gobierno de Lázaro Cárdenas. El conflicto laboral entre los trabajadores y los empresarios regiomontanos, confrontación en la cual el presidente Cárdenas fija su posición política e ideológica –obrerista– de apoyo a los trabajadores, posición ideológica de política pública, con base en el “manifiesto” creado por el general y presidente Lázaro Cárdenas, conocido como “los 14 puntos” (Cárdenas, 1936: 28-29) política laboral con lo cual se institucionalizaron las bases sociales obreras del gobierno posrevolucionario, convirtiendo al presidente en su jefe.

Otros elementos significativos, en la construcción del poder político cardenista, fueron: la consolidación de la legalidad en la que su gobierno sustentó y consolidó las capacidades reguladoras del Estado interventor en la vida social y económica de la nación. La primera gran reforma que consolidó al presidente, como el poder Ejecutivo fuerte y legal, fue la reforma constitucional a la Suprema Corte de Justicia que se realizó durante los primeros quince días de su gobierno, el 15 de diciembre de 1934, acotando el tiempo de los ministros al sexenio, reduciendo su perpetuidad a seis años, reforma con la cual se logró confrontar, en posición de ventaja, cualquier posibilidad de amparo realizada por los afectados de las expropiaciones. A esta reforma que rediseñó la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguió la Ley de Expropiación de bienes por interés público en 25 de noviembre de 1936 (www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Compilacion/1076.pdf), fundamento legal de la legitimidad laboral con la que se expropiaron las compañías extranjeras.

Un hecho sustantivo del retorno de las masas como los actores centrales del espacio público, como la salida social de la Gran Depresión (1928-1934), fue la reintegración de los trabajadores organizados en pequeños sindicatos de empresa en un sindicato nacional. En el caso de los trabajadores petroleros el sindicato nacional fue fundado en 1935 como el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). La primera etapa del sindicato culmina con la expropiación petrolera de 1938 y la creación de la empresa petrolera estatal en la que el sindicato fue un actor principal.

Por último, un elemento significativo en la expropiación petrolera fue la experiencia personal del general Lázaro Cárdenas con las compañías petroleras extranjeras y el gobierno norteamericano, experiencia que adquirió durante el conflicto surgido en la lucha por la reglamentación del artículo 27 constitucional, que dio origen a las leyes agrarias y petroleras. En septiembre de 1926, el presidente republicano de Estados Unidos, Calvin Coolidge (1923-1929), movilizó a los marines rumbo a las costas mexicanas para defender las propiedades petroleras. Ante esta amenaza, el presidente Plutarco Elías Calles ordenó al general Lázaro Cárdenas, jefe de las operaciones militares en la Huasteca Veracruzana, que quemara las instalaciones y los campos petroleros si las fuerzas estadunidenses bajaban de los barcos.

Este conjunto de eventos dieron forma al periodo histórico de movilización social y efervescencia política conocido como el Cardenismo, tiempo social y político que tomó su nombre del personaje central que consolidó las instituciones del Estado mexicano y, al hacerlo, consolidó su figura individual como presidente de la República y su cargo institucional como el Ejecutivo Federal. Esta figura política se volvió el mito que en este periodo histórico dio forma al ideal del presidente comprometido con las causas populares y los trabajadores. “El general” Cárdenas se volvió, hasta el octavo decenio del siglo XX, la medida en el cargo presidencial de los otros titulares del Ejecutivo Federal. La expropiación de las empresas extranjeras dio al Estado mexicano una nueva capacidad económica que le permitió realizar proyectos de desarrollo, llevar a cabo políticas sociales y regular, desde una posición de fuerza, los intereses privados, tanto económicos como políticos.

LA AUTORIDAD, LA LEGALIDAD INSTITUCIONAL Y LAS LUCHAS DE PODER EN EL STPRM

Ahora, volvamos a la historia y veamos lo sustantivo de ésta en la vida de la sociedad y la política: la edificación de sentidos socialmente creíbles y políticamente legítimos que reproducen el sistema social y el régimen político a través de las acciones de poder realizadas por los sujetos sociales en su calidad de actores políticos en la escena pública.

Entre la devaluación de 1954 y los conflictos laborales de 1958, se agudizó el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores; mismas que fueron desplazando del centro de la cultura sindical al nacionalismo fuerte que había tenido su momento culminante veinte años antes, en 1938, momento en el que la lucha sindical dio origen a la nacionalización de la industria petrolera y culminó con la ideología laboral nacionalista que exigía a los trabajadores “sacrificios por la patria”.

Durante los veinte años transcurridos entre 1938 y 1958 se fue asentando la legitimidad de la lucha y el discurso ideológico de la democracia sindical como el discurso de la libertad frente al encierro corporativo que dio a los liderazgos políticos emergentes el contenido ideológico que los acreditaba moralmente como los movimientos opositores, con liderazgos carismáticos frente a las burocracias sindicales corporativas de Estado, que eran gubernamentalmente disciplinadas y ejercían el control vertical en su reproducción al frente de los sindicatos, dominando a las comunidades de trabajadores sindicalizados. En la acción y en la cultura política de las burocracias sindicales, una de las obligaciones políticas, adscritas a sus funciones de poder, era regular la presión de las demandas económicas y las prestaciones sociales.

Las dirigencias sindicales, legalmente constituidas, eran aquellas que poseían el registro otorgado por las autoridades laborales establecidas estatalmente.¹ Esta condición de orden legal, con efectos políticos, se estableció debido a que, una de las características que define el movimiento de los dirigentes seccionales petroleros –como todos los movimientos laborales de los trabajadores del Estado, que dieron forma a la crisis de 1958– fue la lucha por la legalización de su representación, llevada a cabo por las disidencias en contra de las burocracias sindicales corporativas.

La batalla de las disidencias por legalizar la representación legitima de la mayoría de los trabajadores en el sindicato o en una de sus secciones como el apoyo a un grupo de trabajadores que formaban los integrantes del Comité Ejecutivo, con un líder carismático electo por el voto libre, universal y secreto, dio sentido a la lucha de los disidentes opuestos a las burocracias sindicales que habían sido electas por el manejo de las asambleas sindicales a través de las formas de “votación custodiada”, dentro de las cuales estaban las votaciones realizadas “a mano alzada”. Este tipo de votación, para la elección de las direcciones de los aparatos sindicales, estaba asentada en la tradición gremial y se había acreditado como forma de control de la participación laboral y formaba parte de la cultura política sindical corporativa desde los albores del corporativismo sindical mexicano en la década de los años veinte, en los cuales se creó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, institución de Estado que legalizó la representación sindical.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se creó el 22 de septiembre de 1927 (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008: 15):

con la finalidad de reglamentar la competencia en la resolución de conflictos de trabajo surgidos en las zonas federales, en las industrias cuyo establecimiento o explotación fuese motivo de contrato o concesión federal, en los casos en que por convenio de la mayoría de los representantes de una industria y los trabajadores del ramo se hubiese aceptado expresamente la jurisdicción federal. El ordenamiento de la creación de dicho tribunal determinó que estaría integrado por igual número de representantes de los obreros y de los patrones, y uno nombrado por la Secretaría de la Industria, Comercio y Trabajo; asimismo, estableció su asiento en la capital de la República y la existencia de las mismas Juntas Regionales de Conciliación que fuesen necesarias (STPS, <http://www.stps.gob.mx/librosblancos/libroblancodelaJFCA/LibroBlancoObraJFCA20063resena.pdf>).²

En 1929 se reformó el artículo 123 Constitucional para:

reservar la expedición de leyes en materia de trabajo como facultad exclusiva del H. Congreso de la Unión, con la modalidad de que su aplicación y vigilancia quedaban conferidas a las autoridades locales, en los asuntos reservados a su competencia.

La Ley Federal del Trabajo de 1931 quedó integrada por los siguientes Tribunales de Trabajo:

a] Una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal (artículo 258 de la Ley);

b] Juntas Federales de Conciliación (artículo 355 de la Ley) que vinieron a sustituir a las Regionales de Conciliación;

c] Juntas Federales Accidentales de Conciliación (artículo 354 de la Ley).

En 1933 se crearon los Grupos Especiales en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,

que estarían integrados por igual número de representantes de los obreros y de los patrones, en cada uno de ellos un miembro nombrado por la Secretaría de la Industria, Comercio y Trabajo. En un principio se constituyeron 5 grupos especiales y establecieron su asiento en la capital de la República así mismo se estableció la existencia de las mismas Juntas Regionales de Conciliación que fuesen necesarias.

En ese mismo año se creó en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el sexto Grupo Especial encargado de conocer los problemas laborales en la industria textil y, más tarde, en 1936, se creó el Grupo Especial número 7 con competencia en los asuntos laborales en la industria petrolera, transportes aéreos y terrestres, por carreteras de jurisdicción federal y construcción de éstas últimas.³

El conjunto de leyes e instituciones jurídicas creadas, le sirvió al presidente Cárdenas como recurso político, dándole una posición de fuerza para expropiar a las compañías petroleras.

PODER PRESIDENCIAL Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

El año de 1934 es considerado el tiempo económico y social de la salida de la Gran Depresión (1928-1934). Fase económica que corre paralela al periodo político conocido en México como el Maximato, calificado así por la figura política de Plutarco Elías Calles, nombrado por los miembros de las coaliciones gobernantes, como el jefe máximo de la Revolución mexicana.

La condición social durante la Gran Depresión estuvo marcada por el desempleo y la contención de las demandas laborales como una modalidad de resistencia para la preservación del empleo (Calderón, 1982). La contención de las demandas de los trabajadores dio por resultado una muy baja movilización de los trabajadores y huelgas. En 1933 sólo hubo trece huelgas y 1 084 huelguistas.

Entre 1934 y 1935, los trabajadores recuperaron su capacidad de demanda, primero en la organización sindical que se dio en un proceso de fusión de pequeños sindicatos de industria, fusión que dio origen a la creación de grandes sindicatos dentro de la rama industrial y la recuperación de su lucha laboral por incremento salarial y prestaciones a través de la huelga, esta acción sindical de suspensión de labores se relegitimó como instrumento de lucha obrera. Éste es el tiempo político en el que surgen los Grandes Sindicatos Nacionales de Industria.⁴

Los años de 1935 y 1936 son los años de mayor número de huelgas y huelguistas habidos hasta entonces en la historia de México: en 1935 hubo 642 huelgas con 145 212 huelguistas y en 1936 fueron 674 huelgas con 113 885 huelguistas (González, 1969: 170). Estas huelgas fueron apoyadas legalmente por el gobierno del general Cárdenas, del total de las 642 huelgas de 1935, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sólo falló 8 a favor de los patrones (“Las huelgas de 1935” en investigaciones económico-sociales México enero de 1937, vol. I, p. 50).

Estos años en las luchas laborales obreras fueron un periodo importante de organización sindical, actividad política a través de la cual se construye la solidaridad gremial, la cohesión interna de grupos de los trabajadores y la coerción moral de lucha que alienta la identidad laboral y la legitimidad de las acciones de lucha políticas, dando origen a una nueva cultura laboral fundada en el sentido de justicia de la acción colectiva. Esta condición ideológica marcó socialmente el fin de la Gran Depresión y el inicio del cardenismo.

Entre 1934 y 1936 el general Lázaro Cárdenas realizó la campaña electoral para la presidencia de la República y en los dos primeros años de gobierno se consolidó su poder político abriendo los espacios institucionales para las luchas agrarias y laborales con las que había entrado en contacto durante los 6 meses de campaña electoral (6 de diciembre de 1933 al 1 de julio de 1934).

Con el Plan Sexenal como Programa de Gobierno, en el apartado Trabajo se postuló: la protección del Estado (el subrayado es nuestro) a la clase trabajadora, respeto absoluto a lo establecido en el artículo 123, seguridad laboral y fomento a la organización sindical, y en el apartado Economía nacional: Impulso del Nacionalismo Económico enfocado al logro de la autosuficiencia, sin que esto signifique el aislamiento, participación más activa del Estado en la producción y distribución del petróleo y nacionalización del subsuelo, con la protección por parte del Estado de los yacimientos mineros y petroleros (PNR, 1934: 43-49, 51-68). En el Plan sexenal se manifestaba explícitamente la función proteccionista del Estado a los trabajadores y al subsuelo. Éste fue un gobierno anunciado.

Cárden...

Índice

• Portada
• Índice
• Dedicación
• Título
• Derechos de autor
• Los movimientos sociales de 1958: La uniformización ideológica de la diversidad social
• 1. El legado cardenista
• 2. El movimiento petrolero
• Epílogo
• Referencias
• Siglas y acrónimos utilizados
• Índice onomástico