Protección del ambiente

Políticas, derechos y conflictos en México

Fernando Pérez Correa, Eduardo Torres Alonso, Andrea Samaniego Sánchez

• Editorial: UNAM, Secretaría de Desarrollo Institucional
• Año: 2021
• ISBN:
  9786073038089
• Categoría: Biological Sciences
• Categoría: Environmental Conservation & Protection

La presente investigación tiene por objetivo explicar la necesidad que existe en el Estado mexicano para proteger el ambiente desde la perspectiva de los derechos humanos, ante las consecuencias y conflictos ambientales que se viven a partir de la dinámica de la economía del capitalismo tardío, bajo el contexto de la globalización. Básicamente, se analiza la pertinencia de enmarcar el derecho ambiental en los derechos humanos en el caso mexicano para redundar en legitimidad para el Estado. Bajo esta premisa, subyace el hecho de que los Estados contemporáneos se encuentran en situación de crisis de legitimidad, gracias al arribo de la globalización. Con este proceso, cambió radicalmente la forma tradicional de entender a los órganos estatales, así como los recursos que la clase política usa para legitimarse.

Capítulo 1.
Importancia del derecho humano a proteger el ambiente dentro de la dinámica económica del capitalismo tardío bajo un contexto de globalización

1.1. El Estado en la globalización: problemas de legitimidad y gobernabilidad

1.1.1. Aproximaciones teóricas en torno al Estado y su necesidad de legitimidad

La definición del Estado ha estado sujeta a su contexto histórico. Incluso, no siempre ha existido este concepto en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la antigua Grecia solían llamarlo polis, concepto con el que se destacaba la participación de los ciudadanos en una comunidad política; mientras, en Roma se introdujeron otro términos como la res pública o el imperium.1 En los albores de la modernidad, con el Renacimiento, la primera mención del Estado puede identificarse en el siglo XVI con El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, bajo el término stati.2 3 Así,

se destaca el carácter ineludiblemente histórico del Estado, que se configura así como un fenómeno que nace en un momento dado, evolución, y tal vez en algún momento sea sustituido por otra entidad política diferente.4

En la medida en que el Estado es un constructo histórico, se puede entender que su acepción contemporánea es referente de acuerdo con las teorías que surgieron en la modernidad. Bajo dicho periodo, el Estado es consustancial a la política, ya que, por medio de tal institución, se pueden realizar las actividades públicas.5 Como cualquier fenómeno social, no hay una sola definición para describir al Estado. Por el contrario, hay tantas como perspectivas teóricas lo aborden, al igual que en cada aproximación se destacan consideraciones diferentes. Así, una de ellas es la teoría general del Estado. Bajo sus aproximaciones, se aspiró a construir una caracterización universal de los elementos del Estado, aplicable a todo país.6 Ha sido una de las teorías que mayor difusión ha tenido en la ciencia política y el derecho.7

A grandes rasgos, desde tal perspectiva teórica al Estado se le define como

el ente formado por la organización jurídico-política de una población sobre un territorio, mediante la cual se ejerce un poder que, actuando a través de normas jurídicas, dispone del monopolio del uso legítimo de la fuerza.8

En el mismo tenor, David Held y Anthony McGrew sostienen que

Los Estados modernos se desarrollaron como Estados-nación: cuerpos políticos separados tanto del gobernante como del gobernado, con suprema jurisdicción sobre un área territorial demarcada, respaldados por el derecho al monopolio del poder coercitivo, y con la legitimidad que les otorga la lealtad o el consentimiento de sus ciudadanos.9

Como se advierte, en las definiciones anteriores hay tres elementos: población, territorio y gobierno. Asimismo, se puede identificar un componente jurídico para preservar la articulación de estos elementos. Finalmente, se puede destacar que estas consideraciones disienten de las aproximaciones de Max Weber al diferenciar el Estado de cualquier otro tipo de organización política. Al respecto, el autor refiere que

por Estado debe entender un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente.10

A la par de que se han reconocido los elementos que componen al Estado, en la teoría se ha propuesto que no es un ente aislado del resto de la sociedad. Por el contrario, se encuentra en íntima relación con ella; en específico, esto ha sido posible desde la sociología del Estado. Bajo esta aproximación, se reconocen las funciones sociales de esta organización política. Así, Norberto Bobbio advierte que el Estado fue el órgano capaz de delimitar algunas actividades vinculadas con la política, particularmente:

el poder de mandar en un territorio determinado, incluso muy basto, que se da a través de la monopolización de algunos servicios esenciales para el mantenimiento del orden interno y externo, como la producción del derecho mediante la ley […] y el aparato coactivo necesario para la aplicación del derecho contra los reticentes.11

En esencia, el Estado se atribuyó facultades para decidir sobre una comunidad agrupada en un territorio, así como la aplicación de la fuerza para que la voluntad de los gobernantes fuera aceptada. En el mismo tenor, Sartori refiere que el Estado logró hacerse de las funciones políticas de la sociedad, la cual le permite volverse “la esfera de las ‘decisiones colectivizadas’ soberanas, coercitivamente sancionables e ineludibles”.12 Al considerar su función política, el Estado se encarga de la conducción del resto de los ciudadanos presentes en el territorio, a través de la toma de decisiones. Para ello, se auxilia de su componente jurídico; por lo que, las alternativas elegidas son vinculantes, ameritan una pena en caso de no realizarse y tienen efecto en toda la sociedad.

Como consecuencia de su función política en la sociedad, el Estado requiere que las decisiones sean aceptadas por el resto de los ciudadanos. Al respecto, se puede esgrimir que con el poder coactivo del de...

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