Dimensiones de la migración en Colombia.

Felipe Aliaga Sáez, Angelo Flórez de Andrade

• Editorial: Ediciones USTA
• Año: 2020
• ISBN:
  9789587822984
• Categoría: Ciencias sociales
• Categoría: Sociología

Colombia, al igual que casi todos los países de América, es un país que tiene una larga historia de migración. Comprender sus movimientos de población nos enseña un poco de su carácter, sus alegrías y sus dolores. Analizar y revisar las migraciones, es decir, cómo la gente se mueve y por qué, dará mayores argumentos para pensar en cómo es la identidad de un territorio, cómo y por qué se producen los cambios en su población. Pensar Colombia y sus migraciones es pensar su propia idiosincrasia, buscando los caminos que llevan a mirar hacia donde la diversidad y las relaciones interculturales empujadas por las migraciones permiten dialogar y cohesionar el territorio, en donde las diferencias se vuelcan a la unidad y el país avanza y genera creatividad, ya que las personas llevan consigo ideas que viajan junto a sus maletas, encontrándose conexiones y nuevas formas de ver el mundo, el país y a sus ciudadanos.

CASOS

La inmigración venezolana en Colombia: balance de propuestas y acciones políticas en 2018*

FELIPE ANDRÉS ALIAGA SÁEZ

ANGELO FLÓREZ DE ANDRADE

NADIA GARCÍA SICARD

LINA MONTOYA CARRIZOSA

PAOLA VANESSA BARACALDO AMAYA

LISA PINTO MARTÍN

CARLA RODRíGUEZ PORTILLO**

Introducción: hacia la protección de los migrantes y refugiados venezolanos1

La crisis social, política, económica y de seguridad que experimenta Venezuela ha producido un éxodo migratorio de grandes magnitudes. Según datos de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM, 2018), cerca de 2.3 millones de ciudadanos dejaron Venezuela para buscar un hogar en un país distinto. El principal país de acogida de venezolanos ha sido Colombia. Según datos de Migración Colombia (2018), en el país residen cerca de 1.032.016 venezolanos.

Además de más de un millón de migrantes venezolanos que residen o están en situación de intermitencia en Colombia (Migración Colombia, 2018), cerca de 700.000 ciudadanos venezolanos han utilizado el país de paso para llegar a destinos como Ecuador o Perú. También han retornado más de 250.000 ciudadanos colombianos que vivían en Venezuela, incluyendo víctimas del conflicto colombiano (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2018).

La inmigración puede implicar una oportunidad económica y cultural para los países de acogida (Peinado, 2011; Mergo, 2016), no obstante, esta también implica retos y responsabilidades para la sociedad y el Estado de acogida. En este texto se describen y analizan los retos en materia de política pública que enfrenta el Estado colombiano al recibir un flujo migratorio de la magnitud como la que experimenta el país en la actualidad.

A lo largo de la crisis económica en Venezuela, los migrantes y refugiados venezolanos han tenido la necesidad de buscar ayuda humanitaria en diferentes países, principalmente en América Latina.

Dentro del contexto de migrantes venezolanos, la cifra de solicitudes de asilo aumenta cada vez más, lo que concierne al Gobierno colombiano es crear programas de protección que respalden la situación humanitaria de los migrantes venezolanos. Según noticias publicadas desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en marzo del 2018, se ha producido un aumento de 2.000 % en el número de nacionales venezolanos que han solicitado el reconocimiento de condición de refugiado en todo el mundo desde 2014, principalmente en países de las Américas desde el año pasado. Aunque más de 94.000 venezolanos pudieron acceder a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado en 2017, muchos más con necesidad de protección optan por otras alternativas de residencia en condición de regularidad, que pueden ser más rápidas de obtener y otorgan el derecho al trabajo, acceso a la salud y la educación (Acnur, 2018).

Sin embargo, cientos de miles de venezolanos permanecen sin documentación o permiso para residir legalmente en países de acogida. Esto los hace particularmente vulnerables a la explotación, la trata de personas, la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la xenofobia.

De esta manera, se hace necesario facilitar la entrada de los inmigrantes al mercado laboral, en la cual no solo se deben gestionar permisos de trabajo a quienes son considerados refugiados o con visa alternativa, sino que el Gobierno debe asegurarse de tomar las medidas necesarias para validar diplomas y títulos profesionales. En octubre del 2018, el Ministerio de Trabajo, mediante la Resolución 4386, creó el Registro Único de Trabajadores Extranjeros (Rutec) como un mecanismo de control de las condiciones en las que los trabajadores extranjeros están prestando servicios en Colombia. Esta puede ser considerada como una de las medidas implementadas por el Gobierno, debido a que este registro está en cabeza de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, que busca a través de este mecanismo identificar, clasificar y supervisar las condiciones laborales de la población migrante en Colombia.

Dentro del marco migratorio, esta medida cumple un rol fundamental; no solo se busca tener un perfil social, económico y profesional de los trabajadores extranjeros, sino que se busca tener información suficiente y relevante para crear eventuales políticas o directrices de migración laboral. Por último, el Ministerio de Trabajo busca evitar abusos en materia salarial y laboral de los extranjeros, para así promover e incentivar los derechos de estos. Dentro de esta misma solución sostenible, vale la pena mencionar el papel de Acnur, que tiene como objetivo garantizar que los venezolanos tengan acceso a los territorios y a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado.

Además, Acnur pide a los gobiernos que adopten respuestas pragmáticas de protección para las personas venezolanas, como las alternativas de estadía legal, que incluye visas o permisos de residencia temporal, así como otros programas de regularización que garanticen el acceso a los derechos básicos de salud, unidad familiar, educación, albergue, libertad de movimiento y derecho al trabajo. Para estas organizaciones como esta, concentradas en la ayuda humanitaria y la protección de migrantes y refugiados, es crucial que las personas no sean deportadas o forzados a retornar, considerando la situación de inseguridad e inestabilidad económica que experimenta el territorio venezolano.

En segundo lugar, como solución sostenible se encuentra el impedir la explotación de mujeres y niños. La violencia sexual y de género constituye un tema primordial de protección para las mujeres y niños a lo largo del proceso de desplazamiento. De acuerdo con el estudio realizado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer (2018), titulado “Caracterización de personas que realizan actividades sexuales pagadas en contextos de prostitución en Bogotá 2017”, se pudo conocer que de 7.094 personas consultadas que realizan actividades sexuales pagadas en contextos de prostitución en la ciudad de Bogotá, 2.316 son extranjeras, o sea un 32,7 %, y de estas extranjeras 2.312 son venezolanas, es decir, representan el 99,8 %. Esta investigación también muestra que el 84,1 % de ellas se iniciaron en la actividad sexual pagada tras su llegada a Colombia y, aunque el 33,1 % de las trabajadoras sexuales venezolanas en Bogotá tienen educación superior, el 36,1 % consideran que la actividad sexual pagada es la opción más rentable, el 23,7 % considera que es la única opción que tiene y el 20,2 % afirma que es la actividad a la que está forzada a realizar.

Considerando la crisis humanitaria en Venezuela, las mujeres y jóvenes que migran hacia otros países en busca de oportunidades y que, además, deben cumplir un rol protagónico en la organización familiar económica, en ocasiones son explotadas sexualmente debido a su condición de vulnerabilidad y a la urgente necesidad de responder por sus hijos.

El abuso y la explotación sexual vulneran la autonomía y la libertad de la persona, esta es sometida a realizar una actividad en contra de su voluntad e implica además una restricción de movilidad y comunicación. Una de las medidas planteadas por el Gobierno colombiano para la protección de las mujeres y niños migrantes durante su trayectoria migratoria fue el programa de Protección y Asistencia, el cual se desarrolla en dos etapas: la primera se basa en la asistencia inmediata, la cual se brinda de manera urgente: una vez se tiene conocimiento del caso, se contemplan los siguientes servicios: seguridad, alojamiento adecuado, kit de aseo personal, valoración médica y psicológica, asesoría jurídica y documentación.

Una vez culminada la asistencia inmediata se da paso a la etapa de asistencia mediata: la cual implica asistencia médica y psicológica, educación y formación para el trabajo, acompañamiento jurídico y representación judicial durante todo el proceso legal y generación de ingresos. Para estas medidas de implementación, los responsables directos son las Secretarías de Salud, el Sistema General de Seguridad Social en las Entidades Territoriales mediante los Agentes Locales del Sistema, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Educación y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En tercer lugar, es importante eliminar los obstáculos al acceso de educación y lograr recibir un apoyo desde las instituciones para que los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes venezolanos logren continuar su proceso académico, esto unido a la protección desde las escuelas para evitar casos de discriminación, xenofobia y exclusión dentro del aula. Un ejemplo de las medidas implementadas desde las fundaciones colombianas fue el origen en Bogotá de la “Casa de Atención al Migrante: Un Corazón sin Fronteras”2; un hogar donde los niños y niñas venezolanos reciben atención especializada durante una jornada de ocho horas la cual se enfoca no solo en su historial académico, sino en su higiene y acompañamiento psicológico durante su proceso de adaptación en la ciudad.

Su coordinadora, Sandra Rodríguez, con el apoyo de sus voluntarios, logra una conexión con los niños inscritos de manera que ellos desarrollen una completa confianza con el equipo, esto con el fin de poder dialogar y compartir con ellos de manera segura y abierta su experiencia migratoria. Además, con el apoyo de Acnur, logran recibir diferentes kits escolares para nutrir su proceso educativo dentro de la fundación y adoptar recursos para atender más niños con necesidades humanitarias.

Dentro del contexto de la xenofobia y discriminación, la iniciativa dentro de los colegios debe estar dirigida tanto a profesores, administrativos como estudiantes, donde se logre una reflexión sobre lo que está sucediendo realmente en Venezuela, y con esto mostrar experiencias desde los estudiantes migrantes que han llegado a la institución.

Somos Panas Colombia es una campaña de Acnur que busca disminuir las manifestaciones de xenofobia hacia los migrantes y refugiados venezolanos, aquellos que tuvieron que dejar su país para venir a Colombia en busca de nuevas oportunidades de vida y de protección para sus derechos. Lo que mueve a Somos Panas Colombia son las personas y la necesidad de promover la solidaridad. Sus historias al romper o transformar sus lazos más queridos al salir de Venezuela, así como los nuevos lazos que construyen al llegar a Colombia. Esta campaña ha desarrollado iniciativas como: “Kit Anti Xenofobia”, el cual se presenta como una guía informativa dirigida a la población venezolana y en cómo esta debe identificar y responder cuando es víctima de un acto de discriminación. Por otro lado, creó una serie animada de cuatro episodios sobre habilidades que personas entre los 10 a 17 años pueden poner en práctica o potencializar cuando observan manifestaciones de xenofobia o son víctimas de ellas.

Por último, se encuentra la iniciativa titulada Valientes, en la cual se realiza una reflexión sobre la vulnerabilidad de las niñas, adolescentes y mujeres venezolanas que emprenden el viaje desde Venezuela. Somos Panas Colombia, junto a ONU Mujeres decidieron recopilar historias de mujeres que fueron víctimas de diferentes abusos durante su trayectoria migratoria, pero que además presentan las principales entidades que hacen parte de las diferentes rutas de atención, con una breve descripción de su accionar y los servicios que deben brindar para que las mujeres refugiadas y migrantes, víctimas y sobrevivientes de violencias basadas en género puedan comprender un poco más la institucionalidad colombiana existente.

Dentro de estas entidades se encuentran las siguientes:

1. La Procuraduría General de la Nación junto a la Defensoría del Pueblo y las Personerías, las cuales ejercen control y vigilancia para que las autoridades competentes cumplan sus funciones en garantía de los derechos de las personas y velan para que reciban atención y protección integral para el restablecimiento de sus derechos. Estas entidades, además, orientan y asesoran legalmente a las personas víctima de violación de algunos de sus derechos.

2. La Fiscalía, quien recibe la denuncia de las personas sobre la posible ocurrencia de un delito para iniciar la respectiva investigación. En el caso de la violencia contra las mujeres, puede empezar a actuar solamente con la información de lo ocurrido por parte de otra persona o de una institución. Adicionalmente, solicita las evaluaciones y diagnósticos de Medicina Legal, e inicia las acciones necesarias ...

Índice

• Cubierta
• Portadilla
• Página legal
• Contenido
• INTRODUCCIÓN: FELIPE ANDRÉS, ALIAGA SÁEZ ANGELO FLÓREZ DE ANDRADE
• PROCESOS MIGRATORIOS
• CASOS
• SOBRE LOS AUTORES
• Cubierta posterior