Juicio político a presidentes en Colombia (1982-2018)

Andrea Paola Buitrago Rojas, Juan Guillermo Miranda Corzo, Juan Sebastián López López

• Editorial: Ediciones USTA
• Año: 2020
• ISBN:
  9789587822960
• Categoría: Law
• Categoría: Law Theory & Practice

La relativa singularidad del caso colombiano en el contexto latinoamericano orienta el objetivo de este libro: indagar en la omisión del juicio político como herramiente para juzgar presidentes y expresidentes democráticamente electos en Colombia. Pese a la existencia de pruebas que podrían relacionar a presidentes con actos de corrupción y violaciones a la Constitución, el Congreso históricamente no ha iniciado una investigación y un potencial juicio político a presidentes durante el ejercicio de su mandato o durante su condición de expresidentes. A partir del examen periodístico de los casos de siete presidentes colombianos, esta obra demuestra la existencia de un patrón histórico de omisión de juicio político. Con un fuero político presidencial intocable, a la Corte Suprema de Justicia le ha quedado imposible indagar en detalle la participación o responsabilidad de los presidentes en los hechos de los que se les ha acusado.

La historia en clave de juicio político: la omisión del juicio político a presidentes y expresidentes en Colombia

Este capítulo tiene por objeto ubicar el caso del Estado colombiano bajo las variables que plantea Pérez-Liñán sobre el juicio político a presidentes democráticamente electos. En efecto, esta herramienta de control político no ha sido utilizada en Colombia, pese a que los casos estudiados presentan escenarios económicos y políticos con graves violaciones a los derechos humanos y escándalos de corrupción.

En este sentido, el caso colombiano permite conocer la otra faceta del juicio político, poco contemplada en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre juicios políticos y democracia en Latinoamérica. La intención principal de la Corte IDH en ese caso fue construir un marco jurídico que permitiera regular los abusos que se están presentando en la región bajo la institución del juicio político, olvidando la importancia de reflexionar sobre los Estados que, como Colombia, presentaban omisiones en su aplicación.

En resumen, vamos a tener en cuenta algunos conceptos del lenguaje sobre juicios políticos, que surgen de su uso en Latinoamérica y que sirven para entender por qué no se ha ejecutado habitualmente en Colombia: crisis ejecutivo-legislativo, medios de comunicación, gestión presidencial, escándalos, escándalos de corrupción, coalición partidista, escudo legislativo, élites políticas (radicalización política) y escudo popular, cultura legal y movilización popular.

A continuación se mostrará el único caso de ese tipo presenciado en Colombia, con el que se instituyó jurídica y políticamente la figura del juicio político: el del general Rojas Pinilla. Posteriormente se estudiarán los casos de los expresidentes Belisario Betancur Cuartas, Virgilio Barco Vargas, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón, a partir de información recopilada de los principales medios de comunicación impresos y digitales nacionales (El Tiempo, El Espectador y Semana), que permitió reconstruir la obra política de estos mandatarios y los distintos escenarios del juicio político. Seleccionamos esas fuentes conforme a los siguientes criterios: 1) medios de alta divulgación en todo el país, 2) medios que permitieran documentar cronológicamente cada mandato presidencial seleccionado hasta la actualidad (a excepción de Rojas Pinilla, para cuyo caso usamos fuentes secundarias) y 3) medios de comunicación cuya dirección no reflejase una ideología política en oposición directa al presidente de turno. Es importante destacar que en este trabajo revisamos la totalidad de los resultados arrojados con los nombres de los presidentes o el periodo de su mandato. La selección del diario o la revista para el estudio de cada presidente dependió de la cantidad de información registrada en las bases de datos, en el sentido de que nos permitiera dar un sustento suficiente y una construcción cronológica del respectivo mandato, lo que explica que en algunos casos se eligió El Tiempo y en otros, El Espectador. La revista Semana fue incluida en los casos en que no se encontró información o esta aparecía cualitativamente parcializada. Es importante precisar que de manera excepcional utilizamos otros diarios y revistas menores, que complementaron o aclararon la información registrada a lo largo de la investigación.

El juicio político al general Rojas Pinilla

La época conocida como La Violencia (1946-1965 aproximadamente) se caracterizó por el conflicto entre los partidos políticos tradicionales, Liberal y Conservador, cuyos miembros y simpatizantes provocaron un huracán de violencia que llegó, solo en los años cincuenta, a ocasionar un mínimo de 200 000 muertos (Valencia, 2010, p. 184). La dinámica de exclusión mutua de estos dos partidos —evidenciada en que los conservadores gobernaron desde 1886 hasta 1930 y los Liberales, desde 1930 hasta 1946— estuvo cerca de producir una guerra civil en la década de los cincuenta (Botero, Hoskin y Pachón, 2010, p. 46). Antes del surgimiento del Frente Nacional (periodo en el que el poder se dividió paritariamente entre liberales y conservadores, 1958-1974) como recurso para terminar con la situación de violencia y exclusión política, los líderes de ambos partidos promovieron un golpe de Estado en 1953 con la esperanza de contener el conflicto. El general Gustavo Rojas Pinilla fue quien lideró la dictadura, que logró “una desaceleración temporal de la violencia y una desarticulación de los factores del conflicto, en buena parte del territorio nacional” (Valencia, 2011, p. 185). No obstante, el esfuerzo por fundar un nuevo partido político distinto a los dos tradicionales, el temor que generó su posible permanencia en el poder y el desprestigio de su gobierno obligaron a Rojas Pinilla a abandonar su cargo como presidente el 10 de mayo de 1957 (Valencia, 2011, p. 185), consolidado con su salida del país rumbo a España.

Su regreso a Colombia generó incertidumbre entre las élites colombianas ante la posibilidad de una retoma del poder en alianza con algunos militares. Este peligro condujo a la necesidad de un juicio político en su contra, que eliminaría cualquier tipo de militarismo o populismo causado por el descontento de su exclusión del poder y ante la falta de legitimidad del Frente Nacional entre las masas liberales y conservadoras. Fue durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) que se desencadenó el juicio político por delitos que no comprometieron a otros funcionarios públicos, sino que daban la responsabilidad exclusiva a Rojas Pinilla. La opinión mediática de la época consideraba que tal juicio ya se había realizado el 10 de mayo de 1957, fecha en la que el general abandonó su cargo como presidente, y que el nuevo proceso representaba una especie de segunda instancia procesal. De esta manera, el 21 de mayo de 1957 se creó la Comisión Nacional Asesora de Instrucción Criminal, la cual tendría por objeto elaborar los expedientes de los funcionarios acusados de una mala gestión gubernamental, definición que se ajustaba exactamente al caso en cuestión:

El 2 de septiembre de 1958, la Cámara de Representantes recibe un informe parcial de esta comisión en el que se presentan once cargos, que serán completados con otros durante los meses siguientes. No obstante, las acusaciones contra Rojas Pinilla van mucho más allá de los que presenta esta Comisión y, por consiguiente, los debates que se dan en el Senado de la República no se limitan simplemente a considerar los cargos formales, sino también los que proceden de la prensa, de otras instituciones estatales o de sectores de la sociedad civil. (Valencia, 2015, p. 33)

El juicio político de Rojas Pinilla continuó con la tipificación de los delitos que componían la acusación, a cargo de la Comisión de Acusación, nombrada por la Cámara de Representantes. Se presentaron tres cargos específicos: abuso de autoridad, indignidad por mala conducta e intervención directa para la liberación de varios convictos, que correspondían respectivamente a los nominativos populares “proceso por contrabando de ganado”, “proceso por concusión” y “proceso por libertades arbitrarias”.

El primer cargo, abuso de autoridad, consistía en la orden de devolución de 180 cabezas de ganado previamente decomisadas al administrador de la Aduana de Cali. El segundo cargo, indignidad por mala conducta, refiere a la influencia sobre el gerente de la Caja Agraria y otros bancos para la aprobación de préstamos a unos colonos que adquirieron una finca de propiedad del presidente. El tercer cargo, correspondió a intervención directa para la liberación de los convictos León María Lozano (dirigente de Los Pájaros en el Valle del Cauca), Harold Forbes, Uliv Livingston y Francis P. Watson. Tan solo en el tercer cargo fue considerado inocente por prescripción de términos y ausencia de material probatorio.

El juicio se dividió en dos fases, la primera en 1958 en la Cámara de Representantes, que presenta los cargos al Senado. Este inicia la segunda fase el 22 de enero de 1959, fecha en la que comienza el juicio propiamente dicho, que culmina el 2 de abril de 1959. El fallo fue rechazado por diecisiete senadores que dejaron constancia de los fundamentos morales y jurídicos de su decisión frente al desarrollo del proceso junto con el contenido de la sentencia, que decía lo siguiente:

1. Declárase indigno al acusado Gustavo Rojas Pinilla, de las anotaciones personales conocidas, por mala conducta en el ejercicio del cargo de presidente de la República.

2. Condénase al acusado a la pérdida perpetua de los derechos políticos a que se refieren la Constitución Nacional y la ley penal, quedando, en consecuencia, en interdicción de derechos y funciones públicas y privado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública u oficial, de los grados militares, de toda pensión, jubilación o sueldo de retiro de carácter oficial, así como del derecho a ejercer tutelas y curadurías y de pertenecer a los cuerpos armados de la República, lo mismo que incapacitado para adquirir cualquiera de los derechos, empleos, oficios, calidades, gracias o grados mencionados.

3. Notifíquese y remítase copia de esta sentencia a la honorable Cámara de Representantes y al órgano Ejecutivo Nacional para que la haga cumplir, de acuerdo con el artículo 613 del Código de Procedimiento Penal.

Bogotá, D. E., 2 de abril de 1959.

El presidente del Senado,

Edgardo Manotas Wilches.

El secretario general del Senado,

Jorge Manrique Terán. (Valencia, 2015, p. 247)

Este juicio político es relevante en la medida en que propició la construcción de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la que confirió la facultad de investigar y juzgar políticamente a presidentes y expresidentes, así como de definir los delitos por los que un mandatario pueda ser así investigado. Este precedente otorgó a la legislación nacional un avance en esta materia, como respuesta ante un posible populismo, o en su defecto, un golpe militar. Además, dio como resultado una alianza política entre los dos partidos tradicionales, Liberal y Conservador, lo que originó un nuevo episodio de la historia colombiana, el Frente Nacional.

Como vimos en el capítulo anterior, Latinoamérica vivió una época de tránsito en la que los golpes militares eran vías de gobierno cada vez más costosas y difíciles de mantener y las opciones de regímenes democráticos eran mejor vistas para el futuro de los países de la región. Aunque el caso de Rojas Pinilla no se ubica precisamente en la misma época en la que se da este patrón latinoamericano de preferencia por regímenes competitivos, es importante rescatar su caso como antecedente de esa tendencia regional de la así llamada “tercera ola de democratización”. Ahora bien, Colombia no pasó inmediatamente después de la salida de Rojas Pinilla a conformar un régimen democrático pleno, tal como lo podríamos concebir hoy. El país ha mostrado avances en materia democrática hasta nuestros días, pero gran parte de la historia política de esa época podría describirse como propia de un sistema semidemocrático.

La omisión del juicio político a Belisario Betancur Cuartas (1982-1986)

Belisario Betancur Cuartas asumió la presidencia bajo la promesa democrática de concertar la paz con grupos guerrilleros, específicamente con el M-19. Durante el inicio y el desarrollo de su mandato sostuvo distintas conversaciones que buscaban ese objetivo. Sin embargo, los diálogos tuvieron varias dificultades, lo que condujo a su ruptura expresada en el hecho histórico de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Teniendo en cuenta este ambiente realizaremos un breve análisis sobre un potencial juicio político al expresidente Betancur. La información histórica reconstruida con tal objetivo en mente es producto de investigaciones en periódicos de alta circulación nacional en Colombia, El Tiempo y El Espectador. Este último, en especial desde 2008, ha desarrollado una labor de estudio y sistematización en relación con el caso.

En el periódico El Tiempo del miércoles 6 de noviembre de 1985 se narra un atentado que por esos días sufrió el general Rafael Zamudio Molina, tras el cual el presidente Betancur anunció su apoyo irrestricto al alto oficial del Ejército. La noche y madrugada anterior se presentaron en Bogotá un total de seis actos terroristas: el primero, en la calle 94 n.° 16-46, residencia del entonces director de Lafayette, una importante textilera; el segundo, frente a la propiedad de un agente de la Policía Vial y el retén de la salida hacia Villavicencio, en el barrio Altamira; el tercero, cerca del barrio Las Guacamayas, donde explotó un petardo; el cuarto, en la autopista Sur con calle 50, en las bodegas de Almagrario, conocidos almacenes de depósito, donde explotaron dos petardos más; el quinto, en el barrio Vista Hermosa, en un puesto de Policía donde explotó otro petardo y se desactivó una bomba con doce tacos de dinamita; el sexto, en el cementerio El Apogeo, donde explotó otra bomba. La finalidad conjunta que se establece de estos hechos es el entorpecimiento de la celebración de los 94 años de la Policía Nacional.

Igualmente, aparece en el mencionado periódico la alerta que expresa el ministro de Justicia por la posible presencia de “dineros calientes” en la política. Ocurre la suspensión del fallo en relación con la Ley de Indulto con ocasión de la declaratoria de impedimento por parte del magistrado Alfonso Reyes Echandía. En el marco judicial, se enuncia la defensa de extraditables ejercida por parte de exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En la celebración de los 94 años de la Policía Nacional, el 5 de noviembre de 1985 —el día anterior a la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando de la guerrilla del M-19— el presidente Betancur hizo un homenaje a las Fuerzas Militares, de Policía y de seguridad por la labor prestada al Estado colombiano. Condecoró a distintas figuras de las Fuerzas Armadas en reconocimiento por la búsqueda de paz y la garantía que otorgaban a los nacionales colombianos, en relación con la vida, los bienes y las normas constitucionales, expresando su unidad:

“Hoy más que nunca las Fuerzas Militares y de Policía y de seguridad, con el gobierno y con el Presidente de la República somos un solo haz unido de voluntades”. […] “Ahí tienen los colombianos cómo miembros de nuestras instituciones armadas, de Policía y seguridad, con su presidente a la cabeza, entendemos el cumplimiento de nuestro deber”, sostuvo Betancur, y agregó: “Seguiremos buscando esa anhelada paz y seguiremos afanosamente, sin un minuto de descanso, buscando también cómo garantizar a nuestros compatriotas la vida, honra y los bienes, según el mandato de la Constitución”. “Vivan hoy las fuerzas de la Policía, el testimonio del presidente de la República y de todos los mandos militares y del gobierno civil por el reconocimiento de todo lo que hacen por garantizar a nuestra patria seguridad y estabilidad”, enfatizó. (Redacción El Tiempo, 1985a, p. 4)

En la primera plana de El Tiempo del jueves 7 de noviembre aparece una fotografía del Palacio de Justicia en llamas, y justo debajo se anota el siguiente mensaje:

Con la panorámica de la ciudad de fondo, el Palacio de Justicia de Bogotá arde doce horas después de haber sido ocupado, a sangre y fuego, por guerrilleros del extremista movimiento M-19, que esta madrugada conservaba en su poder a varios rehenes, entre ellos a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. La acción fue repudiada en todo el país. (Redacción El Tiempo, 1985b)

Posteriormente en la primera plana se narran los hechos de la toma, por lo cual se transcribe esta relevante columna periodística en su totalidad a continuación:

Sangriento asalto al Palacio de Justicia

“No negociaremos”: el Gobierno.

El presidente Betancur dijo que no negociará con el comando del M-19 que asaltó y semidestruyó el Palacio de Justicia, y que esta madrugada mantenía retenidos en el tercer piso a varios magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, en medio de un cerco de decenas de policías y soldados que intentaban liberar a los rehenes y retirar los cadáveres de por lo menos 25 víctimas de casi 17 horas de combates.

Un incendio de gigantescas proporciones que se desató en las primeras horas de la noche, continuaba causando estragos a las 3 de la mañana en varios sectores del Palacio, mientras se aguardaba el asalto final al sitio donde se encontraban atrincherados los subversivos con los rehenes.

Entre ellos se hallan unos 13 magistrados por cuya suerte se temía seriamente a las 5 de esta madrugada, hora de cierre de esta edición de El Tiempo. Escenas dantescas se vivieron en el lugar de los hechos y la “operación rastrillo” para buscar a los sobrevivientes del tercer piso fue interrumpida hasta las 6 de la mañana de hoy a causa del insostenible calor producido por las lla...

Índice

• Cubierta
• Portadilla
• Página legal
• Dedication
• Contenido
• INTRODUCCIÓN
• EL JUICIO POLÍTICO EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Y EL MARCO LEGAL COLOMBIANO
• El JUICIO POLÍTICO: TEORÍA E HISTORIA EN LATINOAMÉRICA
• LA HISTORIA EN CLAVE DE JUICIO POLÍTICO: LA OMISIÓN DEL JUICIO POLÍTICO A PRESIDENTES Y EXPRESIDENTES EN COLOMBIA
• ENTREVISTAS: EL JUICIO POLÍTICO EN DEBATE
• LA OMISIÓN DEL JUICIO POLÍTICO EN COLOMBIA: ESCUDO LEGISLATIVO Y ESCUDO POPULAR
• REFERENCIAS
• SOBRE LOS AUTORES
• ÍNDICE ANALÍTICO
• Cubierta posterior