CAPÍTULO 6
EL TERCER SECTOR SOCIAL
Introducción
De manera muy esquemática, el tercer sector social (TSS) constituye la parte de la economía que no es el sector privado de las empresas que buscan conseguir beneficios para sus accionistas, ni tampoco el sector público comprensivo de todos los organismos dependientes del Estado que se encaminan a dar servicios de diversa índole a los ciudadanos.
Las evidentes limitaciones del sector público para dar una respuesta inmediata a las nuevas y crecientes necesidades que hunden su raíz en los problemas de exclusión social, el envejecimiento de la población y las consecuencias de procesos incontrolados de inmigración han dado lugar en muchos países desarrollados al nacimiento y desarrollo del TSS.
En su mayoría, las entidades que conforman el TSS nacen gracias al empuje de la ciudadanía o por el interés de ciertas empresas privadas en involucrarse en actuaciones concretas tendentes a mejorar los ámbitos de trabajo en los que operan. Por ello, son muy numerosas las definiciones del concepto de TSS, aunque todas suelen coincidir en atribuir a sus miembros, también muy diversos, las cinco características siguientes. Se trata de entidades que: 1) están organizadas institucionalmente; 2) tienen carácter privado; 3) sin ánimo de lucro; 4) disponen de órganos de autogobierno, y 5) que cuentan con el esfuerzo de numerosas personas voluntarias.
Desde la perspectiva del perímetro de análisis del sector, la Fundación PwC define al TSS como “aquel conjunto de entidades privadas, formalmente organizadas y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales individuales y colectivos, y lograr la cohesión y la inclusión social”.
En el caso español, el TSS acumula una amplísima experiencia tanto en su complementariedad con las actuaciones del Estado como en la reivindicación de derechos sociales y en la defensa de un espacio cívico de participación, constituyendo una vía fructífera para el desarrollo de los derechos humanos y para contribuir a la construcción de una sociedad con menos desigualdades. Naturalmente, el TSS no aspira a sustituir al Estado en su papel de garantizar una renta adecuada, la promoción de la inclusión activa o el acceso al mercado de trabajo, como tampoco en su obligación de proveer servicios públicos de calidad en sanidad, educación y pensiones. Pero sí en paliar algunas consecuencias de lo que podemos llamar “pobreza consistente”, esa que combina el minúsculo nivel de renta con un modo de vida deudor de grandes privaciones materiales.
La justificación de la existencia del TSS en España es meridiana. Un Informe sobre el Bienestar Económico y Material hecho público en 2018 por la Fundación La Caixa llega a conclusiones demoledoras respecto a la vulnerabilidad de las familias españolas registrada durante el periodo 2008-2016, que contiene unos años de recesión y otros de recuperación. En esos años, el riesgo de pobreza crónica aumentó casi seis puntos, hasta alcanzar al 13,5% de la población, dato que situó a España en el puesto 25 de los 28 Estados miembros de la UE, cuando su renta nacional per cápita ocupa un honroso lugar entre los diez primeros.
Breve historia del TSS
Un breve análisis histórico del TSS español nos acerca a las circunstancias políticas y sociales que presidieron cada época hasta llegar a la realidad actual. El repaso lo realizamos de la mano del trabajo de los profesores de la Universidad de Alcalá Vicente Marbán y Gregorio Rodríguez (CIRIEC, nº 56, 2006).
Gran parte de la tradición del desarrollo del TSS español estuvo ligada a la Iglesia católica, que desde la mitad del siglo XIX, tuvo que colaborar en la acción social de manera activa ante la más que relativa pasividad de los gobiernos liberales. Y también la naciente clase obrera contribuyó de manera intensa al desarrollo de la sociedad civil mediante sus organizaciones de ayuda mutua, sobre todo después de 1850. La paradoja era que la sociedad liberal no facilitó, sino todo lo contrario, el desarrollo de la sociedad civil “en nombre de la libertad de mercado”.
La España de la Restauración, que arranca en su fase reformista con la creación en 1883 de la Comisión de Reformas Sociales, dio un gran impulso a la intervención del Estado en las cuestiones sociales y potenció el desarrollo de nuevas y variadas formas de asociacionismo y cooperativismo que, posteriormente, se vieron mediatizadas por los distintos avatares políticos. Por todo ello, hubo que esperar hasta la segunda mitad de la década de los años sesenta del siglo XX para apreciar la lenta reconstitución de la sociedad civil española, favorecida por los procesos de modernización capitalista, la creación de la sociedad de consumo y la expansión y protagonismo de la clase obrera industrial. Todo lo cual “se tradujo en un importante desarrollo del asociacionismo (bajo el marco de la ley de asociaciones de 1965) cultural y social”.
La transición política y el establecimiento del Estado democrático entre 1975 y 1978 consolidaron la reforma social y favorecieron la expansión del Estado de bienestar, impulsando también la transformación de los movimientos sociales en organizaciones de diferente tipo. El objetivo no era otro que defender los derechos cívicos y prestar servicios de tipo mutualista, así como colaborar desde su perspectiva con el Estado de bienestar. Este cambio trascendente tuvo lugar en los años ochenta del pasado siglo.
Se llega así a la década siguiente, durante la que se consolida un modelo de desarrollo del TSS caracterizado por la colaboración activa con el Estado, bajo pautas que eran dominantes en las naciones de nuestro entorno. Su expresión más mediática fue la eclosión del voluntariado a la hora de asumir las funciones de defensa de los derechos de los grupos de ries...