Temas -Sociales

Juan Mario Solís Delgadillo

• Editorial: Eudeba
• Año: 2016
• ISBN:
  9789502346892
• Categoría: Política y relaciones internacionales
• Categoría: Política comparada

¿Cuáles son las razones por las que los presidentes argentinos y chilenos creen importante seguir afrontando el pasado político de sus países? ¿Por qué ningún mandatario se ha resistido a la tentación de injerir en el tema de las políticas públicas de la memoria a través de distintas estrategias con costos políticos variables?Este libro se basa en el argumento central de que, a pesar de las particularidades de cada país, los presidentes siguen estimando a la memoria como un problema que merece la atención gubernamental, a través de instrumentos oficiales como son las políticas públicas. Pero, en ese proceso, también es cierto que no todos los mandatarios comparten una visión homogénea sobre las herencias recibidas por parte de los regímenes no democráticos previos, por lo que sus intervenciones pueden ser polémicas o contradictorias frente a los intereses de los organismos de derechos humanos que se han erigido como los principales promotores de esas políticas. Este trabajo aporta una manera distinta de acercarse al fenómeno de las políticas de la memoria, más allá del mero análisis histórico que ha predominado hasta la actualidad.

Parte III

Clases de políticas

CAPÍTULO IV

Políticas de reparación

1. Introducción

Las políticas de reparación comprenden todas las medidas de transferencias económicas o prestacionales que los gobiernos articulan para reparar el daño a las víctimas como a sus familiares.(116) Esta clase de políticas suelen ser muy cuestionadas por muchos, y en especial por un buen número de potenciales beneficiarios que ven en ellas una especie de concesión inaceptable por lo que supone resarcir un daño enorme con bienes materiales. Es decir, que uno de los principales debates en torno a esta clase de políticas estriba en los fundamentos éticos sobre la proporción del valor de la vida, la integridad y la libertad de las personas con respecto a los montos y los beneficios prestacionales que ofrece el Estado para compensar las graves violaciones a los derechos humanos que trascienden el daño físico, e incluyen también el daño psicológico, moral, familiar, económico y profesional de los afectados. En medio de ese debate es común encontrar voces que sostengan con firmeza que la vida solo vale vida y, por tanto, se opongan duramente a este tipo de reparaciones pero, por otro lado, también hay quienes exigen del Estado una respuesta para resarcir los daños que la violencia política produjo en sus personas, sus familias y su patrimonio.

Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, las políticas de reparación son los únicos medios disponibles para compensar directamente a los afectados de un conflicto cuya matriz es esencialmente política. Como es bien sabido, no corresponde al Ejecutivo impartir la justicia que reclaman las víctimas, sus familiares y el universo de ODH, pero sí se puede exigir de él que compense a las víctimas con dignidad y atienda sus necesidades para restablecer, en la medida que ello sea posible, sus secuelas físicas y sus traumas, y logre reinsertarlos a la vida social y económica de un país. La acción de los gobiernos se enfoca en figuras como la indemnización o la pensión, así como en programas de auxilio y asesoramiento a los beneficiarios.

2. Políticas de reparación: negociación frente a reacción e imposición

Las políticas de reparación, junto con las de justicia que se verán más adelante, son las más numerosas. Más allá de los guarismos absolutos que reportan esta clase de políticas se percibe la tendencia, en los dos países, de que una buena cantidad de éstas se aprobaron como una respuesta inmediata de los primeros gobiernos como consecuencia del propio impulso de las transiciones, sin embargo, no se puede decir que estas políticas por sí mismas puedan ser consideradas como esenciales para el renacimiento de los regímenes democráticos, aunque sí contribuyeron a fortalecerlos en la medida de sus alcances. Otro apunte que vale la pena destacar es que con relación a estas políticas hay una clara diferenciación entre el modelo adoptado para resarcir a las víctimas. Mientras en Argentina se optó por las indemnizaciones, en Chile se prefirió expresamente un modelo de pensiones.(117) También se puede rescatar que en términos generales, mientras en Chile las políticas han sido más negociadas, en Argentina éstas han sido más reactivas e impositivas como resultado de determinados acontecimientos de corte político.

Es muy importante destacar que en ambos países, algunos presidentes han hecho un uso arbitrario de estas políticas en coyunturas clave, aunque este fenómeno se reproduce con mayor frecuencia en Argentina. Por otro lado, una de las características más sobresalientes sobre la organización de estas políticas está reflejada en sus textos normativos, en los que Chile destaca notoriamente al tener una legislación mucho más detallada que la que ofrecen los textos legales argentinos. En resumidas cuentas, estas características ofrecen un panorama relativamente claro sobre las diferencias y los estilos que sobre estas políticas han hecho los distintos gobiernos de ambos países.

Es sumamente importante tener presente que en una especie de fotografía fija sobre ambos países, en Argentina existen cuatro olas de mayor fuerza sobre las políticas de reparación: 1983-1985, 1991-1992, 1995-1997 y 2009, mientras que en Chile se identifica que los periodos de mayor latencia de estas políticas se han presentado entre 1991-1993, 1998 y 2003-2004. Ver Gráfico 5.

Gráfico 5. Políticas de Reparación en Argentina y Chile en perspectiva comparada

Fuente: Elaboración propia. Se trata del número de políticas.

Las interpretaciones a estos momentos pueden encontrar alguna explicación si se presta atención a determinados aspectos que caracterizaron las presidencias en ambos países. En primer lugar, en Argentina está claro que bajo el objetivo de alcanzar “verdad y justicia” en un escenario relativamente favorable para ello, el presidente Alfonsín comenzó a tomar medidas sin tener muy claro hasta dónde quería llegar con ellas, a ello habría que sumar que tras los dos primeros años de gobierno el panorama de crisis económica ensombreció cualquier clase de política de reparación mientras al mismo tiempo las Fuerzas Armadas reconfiguraban su poder protagónico a expensas de un escenario político más caracterizado por la confrontación que por los acuerdos.

En el caso de Menem, su intención por enterrar el pasado a través de una serie de indultos e indemnizaciones se corresponde con su idea de introducir cambios profundos en la Argentina que estuvieron sustentados en su política de corte neoliberal. Resulta interesante observar que el mayor número de políticas destinadas a indemnizar a las víctimas del autoritarismo se presentaron especialmente en los primeros dos años de su primera presidencia en las que al mismo tiempo comenzó un profundo desmantelamiento del Estado, a través de las progresivas privatizaciones de las empresas públicas. Los intentos del presidente Menem por terminar el tema a golpe de chequera se vieron frustrados en la medida en que a partir de 1995, el tema de las memorias y sus reivindicaciones dio un vuelco tras la publicación de las declaraciones del Capitán de Corbeta retirado, Adolfo Scilingo, quien confesara al periodista Horacio Verbitsky la metodología de los conocidos como Vuelos de la Muerte, aunado al hecho de que esta confesión se presentó en los prolegómenos del vigésimo aniversario del golpe militar.(118)

Con relación a los presidentes Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, la propia gráfica demuestra que hicieron más bien poco y se limitaron a realizar ajustes de tipo administrativo, sin embargo, vislumbraron una tendencia, al parecer común en Argentina, por la que los derechos humanos terminan siendo un buen refugio para consolidar la “legitimidad” de los presidentes. El caso de Néstor Kirchner así lo parece confirmar, tras haber llegado a la Presidencia de la Nación aún al haber perdido la primera ronda electoral en 2003 en la que apenas alcanzó 22% de los votos, pero que una vez estando en la primera magistratura se convirtió en un presidente muy proactivo en políticas de derechos humanos.(119)

Esto quiere decir que a falta de legitimidad política en las urnas, el presidente Kirchner apeló a algunas organizaciones de derechos humanos, y en especial a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo para que le sirvieran de “escudo ético” frente a la oposición política que se encontraría. Por lo que toca a Cristina Fernández, se puede decir que buena parte de su política de derechos humanos, especialmente en 2009, es una respuesta al pulso que mantiene con los grupos opositores a su gestión, particularmente con el conglomerado de medios nucleados en el Grupo Clarín de Ernestina Herrera de Noble. La invasión del espacio de los derechos humanos por parte de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, no tiene sentido si no se explica como una apropiación política de estos derechos para legitimar una construcción de poder. Sin embargo, esa edificación de poder no podría ser posible sin la voluntad de receptores dispuestos a colaborar y recibir incentivos para establecer una relación de lealtad. De esta manera, existen comprensibles sospechas en torno hasta qué punto la incidencia política de las Madres y de las Abuelas de Plaza de Mayo, en la actualidad, se ha debido más a un intercambio de capital simbólico por capital político, y consecuentemente, hasta qué punto están involucradas en el trabajo político electoral del Frente para la Victoria (FPV). Esto sin lugar a dudas, ha despuntado una enorme cantidad de preguntas, pero sobre todo, ha planteado un cambio de paradigma en la percepción social sobre los organismos de derechos humanos, en la medida que éstos puedan ser utilizados, como en efecto ya sucede, como moneda de uso político.

Por lo que respecta a Chile, desde 1990 las políticas de reparación fueron objeto de intensos debates (Lira y Loveman, 2005: 15), pero a diferencia de Argentina, estas políticas, como el resto de políticas de memoria fueron desde un principio parte del programa político de la Concertación, y en buena medida la mayoría de los organismos de derechos humanos mantienen una vinculación más estrecha con los partidos de esta coalición política. En la radiografía chilena de los periodos de mayor latencia de las políticas de reparación se puede observar que el impulso de las mismas entre 1991 y 1993 está estrechamente asociado a los deseos del presidente Aylwin por abordar el tema con prontitud, y a su vez cerrarlo de la manera más rápida posible, pero a diferencia de su homólogo argentino, Carlos Menem, el propósito de Aylwin, así como de un buen número de legisladores de la Concertación se centró en la idea de una posible “reconciliación” a corto plazo con el fin de no perturbar demasiado a los sectores más próximos al pinochetismo y no trastornar el proceso de transición. A pesar de esos esfuerzos, Aylwin no pudo culminar su tarea como hubiera deseado, y le tocó al presidente Frei continuar progresivamente con las políticas iniciadas por su antecesor, además de afrontar particularmente un periodo de crispación social tras la detención de Pinochet en Londres en 1998 que es cuando se aprecia el segundo pico de las políticas de reparación.

El arresto de Pinochet se convirtió en un punto de no retorno y marcó ostensiblemente una diferencia, en especial en el ámbito de la justicia, mientras que en el plano social obligó al gobierno a convocar a una Mesa de Diálogo con el fin de clausurar las heridas que el tiempo no había podido borrar. En ese contexto, el sucesor de Frei, el socialista Ricardo Lagos, le tocó recoger los resultados de la Mesa de Diálogo y hacer frente a la cada vez más insistente demanda de los ex presos y torturados políticos que reclamaban ser reconocidos como víctimas de la represión. Es a raíz de estos últimos acontecimientos, especialmente concentrados en el marco del treinta aniversario del golpe de Estado de 1973, que se registra la tercera ola de políticas de reparación en Chile, con las que de alguna manera se cerró el círculo de las memorias sobre el pasado al incluir a los presos y torturados políticos que no atendió en su momento la Comisión Rettig.

Otras características que diferencian las políticas de reparación de Argentina y Chile son que en el caso argentino la participación de las asociaciones de víctimas en la formulación de estas políticas no es tan frecuente como ocurre en el caso chileno. Las políticas de reparación en Chile son en buena medida consecuencia de las recomendaciones de sus dos Comisiones de la Verdad, en tanto en Argentina las políticas no son precisamente una vertiente de las recomendaciones del informe Nunca Más. En cada caso se puede observar que hay algunos rubros de políticas en los que se presta mayor énfasis, y así, por ejemplo, mientras en Chile hubo una preocupación importante por la situación de los exiliados, en Argentina hubo particular interés por los chicos nacidos durante el cautiverio de sus madres, y que en cientos de casos fueron suplantadas sus verdaderas identidades. Un detalle que puede marcar una sutil diferencia es el hecho de que Chile pudo haber aprendido de la experiencia argentina, uruguaya, brasileña o paraguaya para diseñar el modelo a seguir con sus políticas, experiencia que la Argentina fue adquiriendo sólo con el correr de su propia historia.(120)

Las políticas de reparación se pueden a su vez clasificar en nueve categorías: a) pensiones/indemnizaciones para familiares de desaparecidos; b) beneficios para ex detenidos y torturados por razones políticas; c) reparaciones para exonerados políticos; d) reparaciones para exiliados; e) reparaciones para personas nacidas en cautiverio; f) pensiones de gracia; g) organismos públicos de derechos humanos; h) programas de reparación; e i) otras reparaciones. Es importante destacar que no todos los rubros que aquí se mencionan se aplican a todos los casos, y que algunos de ellos se crean como una necesidad específica a las características...

Índice

• Portada
• Legales
• Lista de acrónimos y abreviaturas empleadas
• Introducción
• Parte I. Marco teórico-metodológico
• Parte II. Contexto inicial de las políticas hacia el pasado
• Parte III. Clases de políticas
• Parte IV. Factores que inciden en la formulación de las políticas de la memoria
• Apuntes finales
• Bibliografía