Dejar de ser súbditos

El fin de la restauración borbónica

Gerardo Pisarello

• Editorial: Ediciones Akal
• Año: 2021
• ISBN:
  9788446050872
• Categoría: Política y relaciones internacionales
• Categoría: Democracia

¿Qué sentido tienen las monarquías hereditarias en el mundo contemporáneo? ¿A qué fines e intereses concretos ha servido la monarquía en España? Partiendo de una mirada histórica, contextualizada, Gerardo Pisarello analiza críticamente el devenir de las monarquías modernas y de manera concreta el de la dinastía borbónica hispana, desde Fernando VII al actual rey Felipe VI. Dejar de ser súbditos. El fin de la restauración borbónica es un ensayo penetrante, que muestra de forma convincente por qué la monarquía podría haber sellado su declive irreversible, posibilitando la apertura de nuevos horizontes republicanos.

CAPÍTULO X

La decadencia de una dinastía y los desafíos republicanos

«¿Cabe pensar que todo un Jefe de Estado español haya sido capaz de estafar, masivamente, a la Hacienda de su país y traicionar así al pueblo que la ha dado su confianza?»

Ian Gibson, hispanista

«Mais aínda seguimos aquí

a aturar tempestades de sal,

resistindo a violencia de mans

desas serpes e cans que nos queren calar.

Compañeiras nos soños do Edén,

unha illa no medio do mar,

que iluminan o loito máis negro,

que esquece o desterro e o medo a loitar»

María Xosé Silvar, cantautora gallega conocida como Sés

Eta ametsa bilakaturik egiaren antziduri

herri zahar batek bide berritik ekingo dio urduri; guztian lana

guztien esku jasoko dute sendo ta prestu, beren bizitzen

edargai; diru zakarrak bihotzik eztu, lotuko dute gogor ta hestu

haz ez dadin gizonen gain.

Mikel Laboa, cantante y poeta

«La gent no s’adona del poder que te

La gent no s’adona del poder que te…»

Maria Arnal, cantante

Interrogado en más de una ocasión sobre la cesión del trono, Juan Carlos de Borbón solía responder: «los reyes se mueren, no abdican». En román paladino, venía a decir que solo cuando un rey muere, de causa natural, accede a la inmortalidad como rey. Esa aspiración, sin embargo, contradecía la historia de sus propios antecesores. Con la excepción de Alfonso XII, que murió a los veintisiete años, todos los monarcas españoles desde Fernando VII habían abdicado. Isabel II lo había hecho en 1870, Amadeo de Saboya en 1873 y Alfonso XIII había cedido sus derechos dinásticos en 1941. Cuando las encuestas comenzaron a mostrar que el castigo de la opinión pública iba más allá de lo aceptable, a Juan Carlos de Borbón no le quedó otro camino que inclinarse ante ellas, como su padre se había inclinado ante Franco. Formalmente, la abdicación se hizo efectiva el 19 de junio de 2014, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una escueta normativa orgánica aprobada en cumplimiento del artículo 57.5 constitucional. Materialmente, transcurrió con algunas particularidades que ponían en evidencia los déficits de parlamentarización de la monarquía borbónica.

UNA ABDICACIÓN DE EXPRÉS CON DESDÉN DE LAS CORTES

La abdicación de Juan Carlos I no comenzó en las Cortes, como se hubiera esperado de una monarquía genuinamente parlamentaria, sino en el propio Palacio de la Zarzuela. Allí, el monarca transmitió a su hijo Felipe «el mando supremo de las Fuerzas Armadas», como si de un asunto familiar se tratara. Con la renuncia de Juan Carlos a la Corona, Leonor de Borbón y Ortiz, de solo ocho años, pasaba a ostentar el título de Princesa de Asturias. Por la tarde, Felipe de Borbón se convertiría en Felipe VI tras jurar la Constitución ante las Cortes Generales. Lo hizo con uniforme militar –gorra de plato azul y condecoraciones incluidas–, acreditándose como «mando supremo de las Fuerzas Armadas» tras una investidura recibida horas antes al margen de la representación de la soberanía popular.

La operación de cambio de rey se realizó con máxima premura, con la intención de pasar página y de consolidar lo más rápido posible un nuevo estado de cosas. Junto a la breve normativa orgánica que regulaba la abdicación, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un real-decreto que estipulaba que Juan Carlos de Borbón continuaría ostentando de manera vitalicia el título honorífico de «Rey», con tratamiento «de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias». La justificación de la medida, en un momento en que el cuestionamiento de la institución monárquica crecía de forma persistente, no era otra que «la gratitud por la década de servicios a España y los españoles».

Paralelamente a esta decisión, el Partido Popular aprovechó la ocasión para aprobar en tiempo récord el aforamiento del antiguo rey, las reinas Sofía de Grecia y Letizia Ortiz y la Princesa de Asturias ante la Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo. Lo hizo a través de normativa orgánica que, de manera algo torticera, enmendaba una ley de racionalización del sector público. La reforma incluía unas polémicas líneas de justificación previas a la parte dispositiva en las que se sostenía que «todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad». Esa referencia a actos de «cualquier naturaleza» resultaba temeraria y discutible. Primero, porque desconocía una distinción elemental: la que existe entre actos del rey en ejercicio de su función constitucional y actos meramente privados o no susceptibles de referendo. Segundo, porque como apuntaría el expresidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón, se estaba pretendiendo utilizar una simple exposición de motivos, carente de valor vinculante, para consagrar una interpretación abusiva de la inmunidad constitucional según la cual los actos privados del rey podrían quedar impunes aunque constituyeran delitos graves, ajenos a su función constitucional[1].

Finalmente, la reforma exprés fue aprobada en el Congreso solo con los votos del Partido Popular, a los que se sumaron dos diputados del Foro de Asturias y de Unidad del Pueblo Navarro. El PNV, Unión Progreso y Democracia, la Izquierda Plural y el resto del Grupo Mixto votaron en contra. El PSOE, los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió y Coalición Canaria se abstuvieron, sobre todo por la vía espuria utilizada para introducir la enmienda.

En el debate que tuvo lugar sobre los cambios en el trono, el joven dirigente de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que venía de publicar un libro titulado La Tercera República, denunció que la abdicación se estaba intentando utilizar como una forma de impedir que se abriera un escenario republicano y se mostró confiado en que Felipe VI no pasaría de ser «Felipe el Breve, como Amadeo de Saboya». Por su parte, el abogado y sindicalista Sabino Cuadra, diputado por la coalición republicana vasca Amaiur, reclamó en el Congreso una auditoría sobre la fortuna real, criticó las relaciones del monarca abdicado con las monarquías autocráticas del Golfo Pérsico y citó al poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht (1898-1954): «Tuvimos muchos señores, tuvimos hienas y tigres, tuvimos águilas y cerdos. Y a todos alimentamos. Mejores o peores era lo mismo: la bota que nos pisa es siempre la misma bota. Ya comprendéis lo que quiero decir: no cambiar de señores, sino no tener ninguno». Luego añadió, de su propia cosecha: «No cambiar de reyes, sino no tener ninguno: ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos»[2].

¿PARA QUÉ SIRVE LA MONARQUÍA?

A pesar de los denodados esfuerzos del establishment por tapar las fugas de agua que se abrían en el Titanic monárquico, las impugnaciones al régimen de la última Restauración borbónica no dejaron de crecer. Buena parte de esas críticas habían comenzado años antes, en 2011, con la irrupción en diferentes ciudades y pueblos del Estado de protestas vinculadas a lo que se conoció como el movimiento del 15-M o de los indignados. De aquellas movilizaciones, precedidas por huelgas y mareas ciudadanas en defensa de un trabajo decente, de pensiones dignas o de una sanidad y una educación públicas y de calidad, surgieron nuevas iniciativas con voluntad de incidencia en las instituciones.

Pocos meses antes de la abdicación de Juan Carlos I, apareció un nuevo movimiento político, Podemos, que en marzo realizó un acto ondeando la bandera republicana francesa y utilizó una metáfora antimonárquica para anunciar su nueva candidatura para las elecciones al Parlamento Europeo. «Europa está gobernada por absolutistas y nosotros vamos a ser sus sans-culottes» anunciaba su principal portavoz, Pablo Iglesias Turrión. Tras referirse a los «partidos del régimen, defensores de la dictadura y los privilegios», el joven profesor, nacido el mismo año de la Constitución, denunciaba que «el sistema de partidos turnantes, a lo Cánovas y Sagasta, que ahora se traduce por PP y PSOE, está caduco» y que hacía falta construir alternativas.

Por la misma época, el veterano dirigente republicano Xosé Manuel Beiras, fundador y portavoz de Anova-Irmandade Nacionalista, una iniciativa que aspiraba a conectar con el espíritu de las revueltas irmandiñas gallegas del siglo XV y que había dado lugar a la coalición Alternativa Galega de Esquerda, sostenía que «el cambio de un Borbón por otro solo aleja un poco más la fecha de caducidad de la Corona», y llamaba a conformar «nuevas alianzas cívicas» y «nuevos frentes democráticos y populares» para abrir «un proceso de procesos constituyentes republicanos».

Muchas de esas iniciativas acabaron materializándose un año más tarde, a través de una manifestación oblicua del poder constituyente: las elecciones municipales de mayo de 2015. La ola de cambios que recorría el Estado se traducía en nuevas alcaldías republicanas, similares a las que irrumpieron en 1873, en el marco de la Primera República; en 1931, como consecuencia de las elecciones que condujeron a la proclamación de la Segunda; o en 1979, tras la ebullición movilizadora del antifranquismo.

Esta conexión entre municipalismo y republicanismo histórico se expresó rápidamente en el terreno simbólico. A poco de asumir el cargo, el nuevo alcalde de Cádiz, José María González Santos, «Kichi», cambió un retrato del rey emérito por el del republicano anarquista Fermín Salvochea, alcalde de la ciudad y convencido defensor del cantón de Cádiz en 1871. Algo similar ocurrió en otras grandes ciudades como Barcelona, Santiago de Compostela o Coruña. En Barcelona, Ada Colau, exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y primera alcaldesa mujer en la historia de la ciudad, mandó bajar el busto de Juan Carlos I del salón de plenos municipal y le puso el nombre de Carles Pi i Sunyer, alcalde por ERC entre 1934 y 1937. Lo mismo pasó en Santiago de Compostela, donde el nuevo alcalde, el médico Martiño Noriega, inició su mandato colgando en su despacho un retrato de Ánxel Casal, alcalde republicano fusilado por el franquismo, o en Coruña, donde el alcalde Xulio Ferreiro asumía como propios los valores y principios republicanos en un homenaje a la republicana gallega Teresa Alvajar (1922-2016).

El cuestionamiento de la monarquía se agravó especialmente en Cataluña con la irrupción del movimiento soberanista, surgido como reacción a la recentralización autoritaria iniciada con el gobierno de José María de Aznar y, sobre todo, a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que dinamitó la llamada «Constitución territorial» al rebajar notablemente el alcance del Estatuto de Autonomía refrendado previamente en Cataluña.

El movimiento cívico catalán produjo manifestaciones y concentraciones pacíficas y multitudinarias durante años. Estas movilizaciones pasaron de exigir el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro en un referéndum, a reclamar un Estado independiente para Cataluña bajo la forma de una república. En 2012, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, todavía se planteaba la posibilidad de una Cataluña independiente vinculada a la monarquía, ya que «el Príncipe Felipe es también Príncipe de Girona». En cinco años, ese tipo de análisis quedó superado por los hechos y la movilización cívica se tradujo en la organización de un referéndum desautorizado por el Gobierno central, que igualmente se celebró el 1 de octubre de 2017 y que fue duramente reprimido por la policía.

La masiva participación en la consulta, pese al intento de prohibición, generó una honda preocupación en el aparato del Estado. Como respuesta a esa situación, el día 3 de octubre Felipe VI decidió comparecer ante el conjunto de la ciudadanía. El discurso, como se explicaría luego, se decidió y preparó sin el acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy, que solo fue informado y dio su consentimiento, a modo de refrendo, en el último momento. Según el jurista y antiguo letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, este acto formal in extremis permitiría atribuir la responsabilidad al Gobierno, pero el contenido del discurso afectaría gravemente la posición constitucional del rey[3].

De manera claramente calculada, el mensaje real tuvo un fuerte contenido político. En él, el monarca optó por tomar partido por una de las opciones en el litigio catalán...

Índice

• Portada
• Portadilla
• Legal
• Prólogo. La restauración permanente
• Prefacio
• I. Sobre la tensión entre monarquía y democracia
• II. Los lastres coloniales y absolutistas de una monarquía imperial
• III. La monarquía británica, una parlamentarización a la fuerza
• IV. La Revolución francesa. «No se puede reinar inocentemente»
• V. Fernando VII o la deslealtad constitucional permanente
• VI. La imposibilidad de una monarquía parlamentaria isabelina
• VII. 1868: una revolución contra los borbones
• VIII. Alfonso XIII: la monarquía al servicio de la dictadura
• IX. Franco, el juancarlismo y el abuso de la inmunidad constitucional
• X. La decadencia de una dinastía y los desafíos republicanos
• Epílogo. La herencia de la carne