La decadencia del relato K

Darío Lopérfido

• Editorial: Editorial Galerna
• Año: 2021
• ISBN:
  9789505568079
• Categoría: Politik & Internationale Beziehungen
• Categoría: Politische Ideologien

El relato K sumió a la Argentina en una decadencia moral, intelectual, económica y social. No es algo nuevo: todos los regímenes populistas y autoritarios (el kirchnerismo sin duda lo es) atraviesan, en un momento determinado, un proceso similar. Pero esta decadencia en la que vive hoy el país es también la decadencia del relato K. ¿Por qué? Porque ya nadie se lo cree. Porque la sociedad, frente a la realidad dura y los hechos irrefutables, comienza a reaccionar. Esto se ve en las marchas ciudadanas que desde el 2020 levantan banderas republicanas y defienden la libertad, en la clase media que dice basta, en la gente honesta que decide involucrase en política. Darío Lopérfido refuta de manera aplastante las mentiras que sostienen el relato K en lo relativo a la justicia, los derechos humanos, la economía y la educación. Con total sinceridad y sin medias tintas ni correctismo político, este libro señala los aspectos en los que el relato kirchnerista está exhibiendo su decadencia, pero a su vez alimenta una esperanza: cuando el relato cae, también caen los políticos que lo crean.

Economía

Néstor Kirchner asumió su mandato el 25 de mayo de 2003. El PBI de Argentina en aquel año, según datos del Banco Mundial (2020), era de 127.587 millones de dólares. Kirchner tomó el mando de la nación con una economía en franco crecimiento. Eso se debía principalmente a que, como mencioné antes, Jorge Remes Lenicov había tomado la decisión de congelar las tarifas de gas y electricidad y que el Estado las subsidiara (para abaratar los costos a los privados y reactivar la economía) y también de salir de la convertibilidad y devaluar la moneda. Esta devaluación hizo que la Argentina se tornara atractiva para inversiones extranjeras, ya que los salarios argentinos se pesificaban y por lo tanto, en dólares, terminaban siendo mucho más baratos y competitivos en el mundo. Al mismo tiempo, los productos argentinos pasaron a valer muchos menos dólares, lo cual generó un rápido incentivo a las exportaciones y, con ello, el crecimiento de las industrias que exportaban o el nacimiento de nuevas industrias. Roberto Lavagna sucedió a Remes Lenicov como ministro de Economía durante la presidencia de Duhalde y continuó como ministro durante el gobierno de Néstor Kirchner. Es decir, Lavagna tomó el mando de una economía ya encarrilada en la senda del crecimiento.

El primer gobierno kirchnerista se encontró, entonces, con una economía pujante, con una recuperación del empleo que asombraba al mundo y que supuestamente era tomada como ejemplo. Pero esta economía estaba basada en algunos pilares difíciles de sostener en el tiempo. Por ejemplo, una de las bases del crecimiento económico eran las exportaciones agrícolas, ya que los valores de los cereales a nivel internacional estaban en sus máximos históricos (la tonelada de soja a más de seiscientos dólares). Por eso se decía que había “viento de cola”. El crecimiento económico argentino se vio coadyuvado por el contexto internacional y por factores internos. Cuando los commodities agrícolas perdieron su valor, la economía empezó a declinar. Así, hubo un crecimiento sostenido del PBI hasta 2008, llegando a un valor de 361.558 millones de dólares. Es decir, el PBI argentino había crecido casi un 200 % en cinco años. Pero con la caída de los precios internacionales de los commodities el Estado comenzó a recaudar menos dinero. Entonces intentaron subir las retenciones a la exportación de soja y otros cereales y oleaginosas; y esto desata el conflicto con “el campo”.

Todos recordamos aquel fatídico 2008, cuando la sociedad argentina comenzó a dividirse entre buenos y malos (supuestos buenos y malos). Los que se posicionaban como buenos se autodenominaban “pueblo”, los malos eran llamados “oligarcas”. Los “oligarcas” eran productores rurales y el “pueblo” reclamaba quitarles lo que ellos producían, con algún fin que nunca se pudo descubrir. Se convenció a la mitad del país de que los productores rurales eran culpables de todos los males de la nación y se los estigmatizó como hacía mucho tiempo que no se veía en Argentina. El gobierno comenzó a utilizar todas las herramientas del Estado para presionar a los productores rurales (AFIP, IGJ, AFI, ONCCA y tantos otros organismos), así como los sindicatos. No se conocía el destino del dinero recaudado por retenciones, pero se exigía aumentarlas porque los productores “son ricos burgueses y ganan mucho”. Lo que no supo entender la sociedad es que si ganaban mucho, era porque trabajaban mucho. A partir de ahí se instauró la idea de que el Estado argentino puede adueñarse de la producción y de la riqueza ajena. Se institucionalizó el robo y se utilizó a parte de la sociedad para sostener el relato que justificara ese robo.

Durante 2008, el PBI argentino cayó casi un 10 %. En paralelo, y desde 2003, el kirchnerismo tuvo que ir formando su propio poder, y por eso aumentó constantemente la cantidad de empleados estatales. Según CIPPEC (2012), el Estado nacional contaba hacia 2003 con aproximadamente 90.000 personas en planta permanente o transitoria, y entre 10.000 y 15.000 contratados. Hacia 2012, ese número había aumentado a 130.000 personas en planta permanente o transitoria, y aproximadamente 60.000 contratados. Es decir, había aumentado un 71 % la cantidad de empleados estatales, solo tomando como área de estudio al Estado nacional, sin contar las provincias. Toda esa estructura de gente no es otra cosa que militancia rentada con sueldos pagados por todos los ciudadanos. Para eso quería plata el kirchnerismo, para eso dividió a la sociedad. Para solventar los salarios de la militancia, porque kirchnerismo sin plata es difícil de sostener.

Existieron también diversos casos que demostraron la hipocresía del kirchnerismo y el uso de los recursos del Estado (de todos los argentinos) para beneficio político. Néstor Kirchner aplicó en la nación el mismo esquema de cooptación de voluntades que había aplicado en Santa Cruz. La política al servicio de los políticos para llenarse los bolsillos de dinero y nada más que para eso. Mientras tanto, la sociedad se veía asombrada por el crecimiento económico que tenía.

En 2005 salió a la luz el primer escándalo: Skanska. Dentro de lo que era el “Proyecto de expansión de gas 2005”, se pretendía construir el gasoducto norte y el gasoducto sur. Para que la empresa sueca (Skanska) fuera la adjudicataria de la licitación, se le solicitó el pago de coimas utilizando facturas falsas y beneficiando así a los actores políticos que intervinieron en la adjudicación del trabajo. ¿Quiénes estaban involucrados? Julio de Vido (ministro de Planificación), José López (secretario de Obras Públicas, famoso por practicar un nuevo deporte olímpico, el lanzamiento de bolsos sobre medianeras), Néstor Ulloa (gerente general de Nación Fideicomisos S. A.) y casi una treintena más de personas que intervino. ¿Y cuál era el monto de dinero desviado para pagarle a la política? $13.949.829,87, que en aquel momento representaban algo así como 4.650.000 dólares. Hoy el caso sigue sin resolver. En 2019 se solicitó que el expediente fuera adjuntado a la famosa causa de los cuadernos (Infobae, 2019).

Otro caso escandaloso de robo a los argentinos fue la estatización de las AFJP. Como se mencionó anteriormente, en Argentina había un sistema de jubilaciones de capitalización privado donde cada persona aportaba parte de su salario a una cuenta que administraba una empresa. A su vez, la empresa invertía ese dinero para generar rentabilidad suficiente como para que lo ahorrado por la persona no perdiera valor y, al alcanzar la edad para jubilarse, recibiera su paga mensual. Así, mientras más dinero aportaba la persona (siempre un mismo porcentaje, pero los montos variaban por la diversidad de salarios), más alta era su jubilación. Muchos hablan del “robo de las AFJP”, o señalan que “daban jubilaciones miserables”, pero el tema nunca se trató en profundidad. El sistema de capitalización existe en diversas partes del mundo y funciona excelentemente bien. Normalmente, este tipo de empresas son reguladas por el Estado y se estipula su nivel de ganancias. Este fue el quid de la cuestión. En Argentina, las empresas de capitalización de aportes jubilatorios tenían permitido cobrar comisiones entre tres y cuatro veces más de lo que ganaban en otras partes del mundo. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque el Estado y las leyes creadas por nuestro Congreso lo aprobaron.

En los 90, cuando se creó el sistema de capitalización, una inmensa cantidad de personas se volcó a él, ya que las jubilaciones que percibían por medio del sistema de reparto (estatal) eran una vergüenza. Más del 70 % de los jubilados cobraba la mínima, que en aquel entonces era de 100 dólares.

Las AFJP tenían en su poder más de 10 mil millones de dólares en acciones y eran acreedores del 55 % de la deuda estatal. Con el default del 2001, el 50 % de su cartera de bonos estaba en cesación de pagos, por lo que perdieron rentabilidad. Sin embargo, las jubilaciones no se vieron en riesgo.

Cuando Néstor Kirchner llegó al poder en 2003, comenzó el ataque a las AFJP. Primero, se estableció un privilegio para que el Banco Nación sea quien más afiliados tuviera como aportantes. Luego, se les prohibió a las AFJP invertir en el exterior y se les pidió que colocaran el dinero que tenían afuera en bonos del gobierno (con los que se salió del default) pero con una quita del 70 %. Siguieron perdiendo rentabilidad.

En 2007 se habilitó la vuelta al sistema de reparto de aquellas personas que así lo quisieran. Un 80 % decidió quedarse en el sistema de capitalización (todos recordaban las miserables jubilaciones que daba el Estado). Había cuatro millones de aportantes activos y el total de afiliados era de seis millones.

En el mes de diciembre de 2008, al fracasar el intento de suba de retenciones conocido como “la 125”, lo que complicaba la supervivencia del gobierno de Cristina porque se estaba quedando sin caja, decidieron promover la estatización del sistema de jubilaciones y eliminar completamente el sistema de capitalización. Todo el dinero que poseían las AFJP pasó a conformar el famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en aquel momento rondaba los treinta mil millones de dólares. O sea, las AFJP, que invertían el dinero de los aportantes en acciones, bonos y otros instrumentos para poder pagar las jubilaciones en el futuro, de un día para otro fueron confiscadas y sus activos pasaron a manos del Estado. Ese dinero quedó a merced de los burócratas fanáticos del subdesarrollo. Pero no era dinero contante y sonante, sino dinero invertido en acciones de empresas. El Estado entonces pasó a poseer paquetes accionarios de diversas compañías argentinas que cotizaban en bolsa. Y Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior de la Nación, fue el representante designado por el Gobierno para las reuniones de accionistas de las empresas en las que las AFJP habían invertido. En ese marco tuvieron lugar las disparatadas escenas de Moreno a los gritos en una reunión de accionistas del Grupo Clarín. Fascismo puro. Burócratas estatales que se sienten con el poder de decirles a las empresas lo que tienen que hacer.

Dijeron que “recuperábamos las jubilaciones” y nos salvaban de las manos malas de capitalistas salvajes. Pero resultó que el 80 % de esas personas no querían ser salvadas por el Estado. Querían seguir teniendo una jubilación privada, pero el kirchnerismo les impuso una jubilación estatal. Otra vez, el Estado metiéndose en la vida de la gente. De nuevo, fascismo.

Recordemos lo dicho anteriormente: las AFJP solo se adaptaron a lo que la ley les permitía. Cuando fueron creadas, los legisladores decidieron cuál podía ser el porcentaje de comisiones que cobrarían y las empresas se adaptaron a ello. Después, los mismos políticos que habilitaron esas comisiones sostenían que las AFJP eran malas y estafaban a la gente. Parece un chiste, pero no. Es la capacidad de los políticos argentinos de afirmar una cosa un día y, al día siguiente, decir otra diametralmente opuesta.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se decidió cambiar la fórmula de cálculo de las jubilaciones y pensiones. Se calcularía sobre la base de los aumentos salariales y de la inflación, beneficiando así a los jubilados, porque esto aseguraba que no se perdiera poder adquisitivo frente a una subida de la inflación. Cuando se trató la ley de movilidad jubilatoria, se estima que las mal llamadas “organizaciones sociales” arrojaron diez toneladas de rocas contra el Congreso, y desde los medios se le dio una cobertura inusitada al tratamiento de la ley tendiente a instalar que se estaba perjudicando a los abuelos, que Macri “no tenía corazón”, que era “insensible” y su gobierno “neoliberal”, que “ajustaba a los abuelos”. El kirchnerismo volvió al poder y anuló aquella fórmula. Los aumentos de jubilaciones y pensiones fueron establecidos por decreto y la nueva fórmula tomada para el cálculo jubilatorio efectivamente perjudica a los jubilados. Ajustaron el gasto con los abuelos y no hubo un solo disturbio y ni una sola roca arrojada contra el Congreso. ¿Será que la preocupación por los jubilados no es genuina? ¿Será que todo depende del color político? ¿Será que los números son de libre interpretación?

Pareciera ser que en Argentina los datos, los hechos, no tienen valor. El debate se gana con violencia, con prepotencia, no con datos y con lógica. Por eso estamos en decadencia. Quienes valoramos los datos y los hechos actuamos con la convicción de que se puede debatir con todo el mundo. Pero, lamentablemente, los violentos se imponen. Hay ciertos sectores de la política con los cuales es imposible dialogar. Esta visión de amigo-enemigo se ha plasmado en el día a día y se ha convertido en lo cotidiano.

Así como se construyó un relato para justificar la estatización de las AFJP, también se construyó un relato para justificar la estatización de Aerolíneas Argentinas. Nos dijeron que los españoles habían vaciado la empresa y se habían llevado todo el dinero para los bolsillos de los dueños. Puede o no ser verdad, pero nada justifica estatizar una empresa. Si una empresa privada no funciona, quiebra. Sencillo. La visión romántica y nostálgica sobre Aerolíneas propone que se “recupera soberanía” y que todos los países tienen una “aerolínea de bandera”. La diferencia radica en que, en esos países, las aerolíneas son privadas y el Estado elige una como aerolínea de bandera por su historia, nombre y representatividad para el sentir nacional, pero nada de eso tiene que ver con la soberanía.

La “recuperación” de Aerolíneas conllevó una importante cantidad de millones de dólares como resarcimiento al Grupo Marsans (que la controlaba) y, como si fuera poco, la empresa nunca logró generar ganancias. Se estimaba que, en su momento, sobrevivir le insumía dos millones de dólares diarios en subsidios. Si la soberanía cuesta dos millones de dólares diarios, prefiero no tener aerolínea de bandera. La mayor hipocresía de tener una aerolínea de bandera es que esos dos millones de dólares diarios salen del Estado, lo que significa que entre todos los argentinos, desde el más pobre hasta el más rico, sostenemos Aerolíneas Argentinas con nuestros impuestos. La ironía del caso es que no todo el mundo puede viajar en avión, por varias causas: primero, porque los aviones no llegan a todas las ciudades del país; y segundo, porque un pasaje de avión es muy caro y no todos pueden pagarlo. Además, con todas las malas decisiones del kirchnerismo en términos de política aeroportuaria se ha logrado que una innumerable cantidad de empresas aeronáuticas se fuera del país. A menor oferta, menos competencia. De este modo, Aerolíneas Argentinas ostenta casi el monopolio sobre los cielos argentinos y puede poner el precio que quiera a sus pasajes.

Para empeorar aún más las cosas, ese año el gobierno tuvo una actitud mafiosa y le impuso reglas sin ningún sentido a Latam (impedirle volar, tener que pagar el sueldo de todos sus empleados) y la empresa respondió informando que se iba del país. El sueño de La Cámpora y de los sindicalistas en todo su esplendor. Pretendían que no hubiera competencia y que solo pudiera volar Aerolíneas Argentinas. La clase media y los pobres, con el pago de sus impuestos, financian a quienes viajan en avión. Quienes viajan en avión pagan pasajes más caros que en cualquier lugar del mundo porque no hay competencia. Decenas de directores y gerentes engordan sus bolsillos. La sociedad trabajando y aportando para beneficio de unos pocos: la definición misma del funcionamiento de la mafia.

Repito: si eso es tener soberanía, prefiero no tenerla. No puede haber peor imagen de soberanía que la de un pobre subsidiando, con el pago de sus impuestos, el sueldo de un piloto de avión y el pasaje de un empresario que vuela por negocios.

Otro caso escandaloso fue la estatización de YPF. Cuando los Kirchner llegaron al poder, YPF era totalmente privada. Repsol (empresa española) poseía el 97 % de las acciones de YPF. La familia Eskenazi, dueña del Grupo Petersen, tenía una relación de estrecha amistad con los Kirchner, ya que provenían de Santa Cruz e incluso financiaron la campaña presidencial de Néstor Kirchner en 2003. En 2007, Néstor convenció a los Eskenazi de comprar el 25 % de YPF a Repsol, pero sin poner un peso. Es decir, se firmó un documento en donde el Grupo Petersen se comprometía a abonar las acciones compradas con ganancias futuras de la empresa. ¿No resulta un tanto raro? Con esa forma de hacer negocios, cualquier hijo de vecino podría haber sido dueño de YPF. La clave, entonces, era ser amigo de Néstor Kirchner. Capitalismo de amigos. El acuerdo se firmó en 2008, e instantáneamente el Grupo Petersen pasaría a ser dueño del 15 % de YPF. En 2011 accederían al 10 % restante. También resultaba llamativo que un inciso del acuerdo estableciera que el 90 % de los dividendos serían repartidos entre los accionistas (o sea, los Eskenazi se aseguraban poder pagar su compra). Debemos reconocer algo: ser amigo de Néstor era muy bueno para el bolsillo.

Pero el 27 de octubre de 2010 Néstor Kirchner murió. Cristina no compartía los amigos con su marido. De hecho, muchos de los amigos de él no la querían a ella. Ante el déficit energético de aquella época, CFK decide estatizar YPF. Se comunicó que solo iban a estatizar las acciones pertenecientes a Repsol (sería interesante saber por qué unas acciones sí y otras no) y que cambiarían la política de reparto de dividendos, para que quedara más dinero en caja y se invirtiera en exploración y producción de petróleo y gas. Otra vez los Kirchner demostrando su capacidad para darle seguridad jurídica al país. Muchas veces se plantea el debate de por qué las empresas de otros países no confían en Argentina, y es justamente por esto, porque la política nacional se ocupa de espantarlos. Genera negocios para los amigos del poder y vuelve casi imposible invertir y ganar plata en el país, porque cada pocos años cambian las reglas del juego. En diversas oportunidades se ha dicho que un gobierno destruye todo lo hecho por el anterior y, si bien en muchas ocasiones es así, ese es solo un síntoma. El problema real radica en que no solo se modifican políticas públicas o el destino de la recaudación estatal, sino también en que cambian las reglas para aquel que invirtió pensando en recuperar la inversión en el mediano o largo plazo y ahora pasa a perder dinero debido a los nuevos impuestos, regulaciones o nuevas decisiones políticas que favorecen a algún grupo amigo.

Si la justificación era la “soberanía energética” o “recuperar soberanía”, ¿por qué no estatizaron toda YPF? ¿Algunos accionistas privados tenían preferencia sobre otros? Que YPF fuera estatal ¿verdaderamente nos hacía “recuperar soberanía”? ¿Hoy los argentinos pagamos más barato el combustible o lo tenemos gratis? ¿No hubiera sido mejor para la “soberanía energética” haber generado buenas condiciones legales e impositivas para que las petroleras invirtieran en el país y produjeran petróleo hasta que nos salga por los oídos?

Como si el perjuicio para la ciudadanía fuera poco (todos bancamos a YPF con nuestros impuestos), los dueños de las acciones expropiadas iniciaron un juicio por esa estatización. Luego lo vendieron a otro grupo inversor, que es el que hoy se encuentra litigando contra Argentina y se espera que para 2021 haya una sentencia. Si no resultara positiva para el país, el Estado argentino debería abonar una suma que ronda entre los 3.000 y 12.000 millones de dólares, mucho más que el valor total de la empresa. Kirchnerismo explícito. Recuperamos soberanía, pero ningún argentino termina beneficiado en sentido alguno.

Otra de las genialidades del kirchnerismo fue la de impulsar la “industria nacional” de electrónica, fomentando que se instalaran diversas empresas en Tierra del Fuego para “producir” tecnología. Obviamente no había producción nacional, por eso uso las comillas. Lo único nacional de todas esas industrias era el telgopor y el cartón que se utilizaba para las cajas donde se guardaban las notebooks y los celulares allí ensamblados. El negocio funcionaba así: se colocaron diversos impuestos a la importación de tecnología, que la encarecía para el consumidor argentino. Como muchos compraban tecnología en el exterior, se impulsó la “industria nacional” obligando a diversas empresas a que, si pretendían vender sus celulares y notebooks en Argentina, debían ser “producidos” aquí. Un disparate por donde se lo mire, porque las empresas producen donde les sea más barato, simple y sencillo. Si no existen empresas de producción de notebooks y celulares instaladas en Argentina, se debe a que o no tenemos a la gente calificada para hacerlo o, si la tenemos, el salario de los empleados argentinos es muy alto en relación con otros países. También puede deberse a la excesiva carga tributaria o al alto costo de las materias primas.

Como sea, producir esos bienes en Argentina resulta caro, y eso explica por qué no se los produce aquí. Pero el gobierno de Cristina Kirchner obligó a las empresas a “hacerlos” acá. Se establecieron industrias en Tierra del Fuego, uno de los lugares más recónditos de la tierra (con el perdón de los fueguinos), con el fin de “desarrollar el sur argentino”. Esas industrias en verdad no producían nada, sino que ensamblaban las partes que ya venían producidas desde otros países. En Argentina no agregábamos valor alguno al producto, pero teníamos nuestra “industria nacional”. De hecho, los economistas que estudiaron el caso de estas industrias aseguraron que traer las partes de los celulares o de las notebooks desde China o Corea del Sur hacia Tierra del Fuego era más barato que luego enviar los celulares ensamblados desde Tierra del Fuego hacia los grandes centros de consumo del país, como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Rosario, Tucumán y otros.

No está claro si hicieron eso para proclamar que producían celulares e incentivar con ello el “patriotismo”, para poblar un territorio, o solamente para hacer negocios. Solo cinco empresas se instalaron en Tierra del Fuego. Gracias a las diferentes prohibiciones e impuestos a las importaciones, se obligó a que todos los argentinos compraran ce...

Índice

• Portada
• Portadilla
• Legales
• Agradecimientos
• Introducción
• Constitución, fanatismo y decadencia
• Convivencia y fanatismo
• Economía
• Relaciones internacionales
• Una conversación con Sandra Pitta
• Prensa y libertad de expresión
• Justicia
• Derechos humanos
• El Vaticano
• Revisionismo histórico y romantización de la violencia
• Entrevista a Loris Zanatta. Realizada junto con Alejandro Bongiovanni
• Educación
• Una conversación con Juan José Sebreli
• Palabras finales
• Bibliografía