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Una oleada de protestas populares
En febrero de 1934, Ernest Lundeen, representante de Minnesota, presentó ante el Congreso una idea muy osada. Pedía unos ingresos adecuados para cada desempleado estadounidense. La legislación que introdujo garantizaba a todos los trabajadores desempleados el salario medio que habían estado ganando en sus antiguos puestos de trabajo y financiaba esa garantía con nuevos impuestos a los ricos y sus herencias.
La legislación de Lundeen había surgido de los Consejos de Desempleados de la nación, grupos locales que los militantes del Partido Comunista habían organizado para resistir frente a los desalojos, pero el apoyo al proyecto de ley Lundeen iba más allá de las filas de los Consejos de Desempleados. Los miembros locales de los sindicatos de todo el país respaldaron la legislación, al igual que varias sociedades étnicas y de apoyo mutuo. Este enérgico movimiento detrás del proyecto de ley era un augurio de lo que venía. Las «fuerzas aglutinadoras del descontento popular», señala el historiador Alan Dawley, estaban introduciendo «ideas redistributivas en la agenda política».
Las ideas redistributivas se mostraron de diversas formas. Algunos reformistas señalaron la evasión fiscal masiva y el fraude que la Comisión Pecora había desenterrado y pusieron de manifiesto la importancia de poner fin a los juegos a los que los ricos estaban jugando a la hora de pagar impuestos. Su solución: la divulgación pública de los registros de impuestos sobre la renta. Si los contribuyentes ricos sabían que sus declaraciones se abrían a la luz pública, argumentaron los reformistas, serían mucho menos osados con la evasión fiscal. La divulgación también ayudaría a los miembros del Congreso a identificar las lagunas del código de impuestos que necesitaban ser tratados en la nueva legislación.
En 1934, el senador Robert La Follette Jr., de Wisconsin, hijo del infatigable progresista, tenía el apoyo suficiente como para añadir un mandato a la versión del Senado de la Ley de Ingresos de 1934. La copia final de esta Ley de Ingresos incluía una versión diluida de la propuesta de La Follette. Cada norteamericano sujeto al impuesto sobre la renta tenía que presentar un nuevo formulario —que pronto pasaría a ser conocido como la «ficha rosa», por el color del papel— que incluía el nombre del contribuyente, la dirección, los ingresos brutos, las deducciones, la base imponible y la responsabilidad fiscal. La aprobación de este modesto mandato sobre los impuestos horrorizó a los más ricos de la Norteamérica más próspera. Rápidamente comenzaron a apoyar a los legisladores amigos y a financiar todo lo necesario para una campaña directa para la derogación de la divulgación nacional.
Pocos analistas políticos dieron alguna posibilidad al intento de derogación. Los ricos, después de todo, no eran vistos exactamente como figuras simpáticas en la Norteamérica de la Gran Depresión, pero los ricos que había detrás de los intentos ligaron su «causa» al juicio sensacionalista por el secuestro del bebé Lindbergh después de llenar las portadas los periódicos de la nación. Si al pagar los impuestos los norteamericanos tenían que revelar sus ingresos, continuaba el argumento, los secuestradores se beneficiarían de información de un grupo más amplio de objetivos. Esta monstruosa prensa logró su objetivo. En menos de tres meses, señala la historiadora Marjorie Kornhauser, la campaña para derogar la disposición para publicar los impuestos sobre la renta de la Ley de Impuestos «pasó de la desesperanza a ser todo un éxito». Los legisladores derogaron el mandato de revelación del impuesto sobre la renta.
Otro mandato sobre la divulgación de salarios de los ejecutivos de las empresas tuvo mucha más capacidad de permanencia. Los reformistas veteranos como, Felix Frankfurter, académico de renombre especialista en Derecho en Harvard, cercano a Louis Brandeis, habían atacado los sueldos de los ejecutivos en la Gran Depresión como «algo absurdamente desproporcionado en relación con el servicio realizado». En 1933, el senador demócrata de Colorado Edward Costigan se unió en la campaña de Frankfurter contra los excesos de los ejecutivos y trabajó en la ley que obligaba a los bancos, empresas de servicios públicos y grandes empresas que participaban en el comercio interestatal a compilar y publicar los datos de los salarios del grupo de sus más altos ejecutivos. En 1934, los primeros datos requeridos en virtud del nuevo mandato de divulgación de salarios de los ejecutivos se hicieron públicos. En la Norteamérica de la Gran Depresión, los números crearon un gran revuelo. Entre 1928 y 1933, reveló el informe con los nuevos datos de pago de la Comisión Federal de Comercio, G. W. Hill, de American Tabacco, había recibido un salario y bonificaciones que alcanzaron casi cuatro millones de dólares, el equivalente a más de 66 millones en la actualidad.
«Para los líderes de la industria, reducir los grandes sueldos es inconcebible y antipatriótico —pronunció el senador de Montana Burton Wheeler—. Este es el tipo de cosas que hace más por el socialismo y por el comunismo que toda la propaganda de los sermones y de la Unión Soviética».
Los legisladores en el Congreso respondieron añadiendo un mandato a la Ley de Ingresos de 1934 que implicaba una divulgación del sueldo todavía más estricta que requería que las empresas hicieran una lista con los nombres de los ejecutivos que g...