Historia mínima de las relaciones multilaterales de México
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Historia mínima de las relaciones multilaterales de México

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La diplomacia multilateral ha representado para México un importante espacio de contrapeso en su entorno geopolítico inmediato. A través de ella, México desarrolló iniciativas y asumió posiciones que dejaron huella en los principales temas de la agenda internacional. El multilateralismo también permitió mitigar asimetrías en las relaciones interamericanas frente a conflictos que surgieron en el continente y que pusieron a prueba principios rectores de la política exterior mexicana. Actualmente, la creciente interdependencia de la agenda doméstica en materia de medio ambiente, migración, drogas y seguridad regional obliga a revisar la trayectoria del multilateralismo mexicano. En atención a este imperativo, esta obra ofrece una revisión sistemática de las principales intervenciones de México en los foros multilaterales, recorrido imprescindible para conocer los derroteros de la diplomacia mexicana en estos asuntos, así como para evaluar alcances y limitaciones que permitan plantear con realismo los desafíos que enfrenta la gobernanza global en un mundo de crisis.

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Información

Año
2021
ISBN
9786075642680
Categoría
Historia
Capítulo II
Las aportaciones al mantenimiento de la paz
En congruencia con su visión de un mundo basado en el respeto del derecho internacional, México exploró desde un principio las posibilidades que le ofrecía la Carta de las Naciones Unidas para contribuir al mantenimiento de la paz. A ese respecto, sobresalía la existencia del Consejo de Seguridad como el órgano primordial al que un país como México podía aportarle su granito de arena.
Desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas (onu), México ha participado en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente en cuatro ocasiones (1946, 1980-1981, 2002-2003 y 2009-2010). Sin embargo, la aceptación de las realidades de la posguerra y el poco margen de maniobra con el que contaban los miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad llevaron a que México, después de su amarga experiencia de 1946, se abstuviera por más de treinta y cuatro años de participar en esa instancia. En la última entrevista de su vida el ex Canciller Luis Padilla Nervo reconoció su influencia para impedir que México volviera a ingresar en dicho órgano. El argumento central era que México se vería obligado a tomar una posición en los asuntos importantes del Consejo, donde seguramente las decisiones adoptadas serían desfavorables a una u otra de las potencias. En cambio, en la Asamblea General la posición que adoptara México sobre cualquier asunto podría ser respaldada por un buen número de miembros, de modo que quedaría menos expuesto a las presiones de los miembros permanentes. Incluso México ejerció de forma esporádica el derecho que tiene todo Estado miembro a participar, sin voto, en los debates del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de interés. Fue así como, de 1947 a 1979, sólo participó en tres ocasiones: en 1973 respecto al tema del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en América Latina, y en 1975 y 1976, en relación con la admisión de Vietnam en la onu. Durante más de tres décadas prevaleció la opinión de que no era conveniente para los intereses del país que México postulara su candidatura a fin de ocupar una de las dos plazas que le correspondían a América Latina y el Caribe. La visión conservadora predominante en la diplomacia de Tlatelolco era que, en caso de ingresar al Consejo, se tendría que adoptar una posición en relación con conflictos internacionales de escaso significado para el país, lo cual, además de no aportar ganancia alguna, podría generar fricciones bilaterales, sobre todo con Estados Unidos. En cambio, México mantenía una participación activa en los demás órganos principales y subsidiarios de las Naciones Unidas.
La transición de una política exterior esencialmente defensiva a una más ambiciosa durante el sexenio echeverrista mantuvo una línea de continuidad. México surgía a fines de la década de los años setenta, ya bajo el gobierno de José López Portillo, como una potencia media emergente que contaba con la carta del petróleo a raíz del descubrimiento de los gigantes pozos en el sureste del país en un momento de profunda inestabilidad en los mercados derivada de los acontecimientos en el Medio Oriente, en particular, la caída del Shah de Irán y el triunfo de la Revolución Islámica. Asimismo, la aparición de un nuevo foco de tensión en Centroamérica a partir del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en julio de 1979; la inestabilidad política y la violencia en Guatemala que provocaron flujos masivos de refugiados, y el conflicto armado interno en El Salvador llevaron a México a concentrar su atención en la frontera sur y a desarrollar una intensa actividad diplomática. La participación de México era por demás activa en las Naciones Unidas, tanto en materia de negociaciones económicas internacionales como en el ámbito de los derechos humanos.
México tomó la decisión de participar en el Consejo de Seguridad por segunda vez en la historia y presentó su candidatura para el bienio 1981-1982. Pero las circunstancias prevalecientes en el ámbito interamericano, como consecuencia de la brusca reactivación de la Guerra Fría, precipitaron en amplia medida su ingreso a este órgano con un año de antelación. Colombia y Cuba habían postulado su candidatura al puesto correspondiente a América Latina y el Caribe para el bienio 1980-1981. El 26 de septiembre de 1979 se celebraron las elecciones, y resultaron electos la República Democrática Alemana, Níger, Filipinas y Túnez. Sin embargo, el quinto puesto quedó indeciso, ya que Colombia y Cuba no alcanzaron la mayoría calificada de dos tercios. En un hecho inusual en lahistoria de la organización, se celebraron ciento cincuenta y cuatro votaciones sin que se obtuviera un resultado definitivo, lo cual generó el riesgo de una crisis institucional en virtud de que el Consejo de Seguridad sólo podía funcionar a partir del 1 de enero de 1980 con sus quince miembros. La disputa electoral no era sólo la competencia legítima de dos Estados miembros por su aspiración de ingresar al Consejo, sino que además tenía un trasfondo político, pues reflejaba nuevamente un nuevo episodio de la confrontación bipolar. La invasión soviética de Afganistán en diciembre de 1979 empeoró la situación internacional y debilitó aún más en las Naciones Unidas las posibilidades de la candidatura de Cuba, mientras que la de Colombia era abiertamente promovida por Estados Unidos. Ante el impasse sin perspectivas de prosperar cualquiera de las dos candidaturas, se hizo evidente la necesidad de una solución de compromiso. Fue sólo con el acuerdo de Colombia y Cuba, y por el posterior endoso del Grupo Latinoamericano, que México aceptó ser candidato. El 7 de enero la Asamblea General eligió a México como miembro no permanente para el bienio 1980-1981, con ciento treinta y tres votos.
La participación mexicana en una nueva etapa de la Guerra Fría
El ingreso de México coincidió con el brusco agravamiento de la situación internacional. La intervención soviética en Afganistán llevó al franco deterioro de las relaciones con Estados Unidos, lo cual tuvo un impacto global. La intensificación de conflictos regionales en curso y el surgimiento de nuevas situaciones de crisis colocaban en una situación compleja a México, que aspiraba a desempeñar un papel positivo al margen de las confrontaciones globales. En su primera intervención ante el Consejo de Seguridad, el Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, precisó que México no participaría en dicho órgano como aliado, amigo o enemigo de nadie, y que se proponía no apoyar países, sino causas y principios justos. México buscaría actuar de manera constructiva en la medida de lo posible, haciendo o apoyando propuestas compatibles con los principios que sostenía y que tenían el propósito de acercar posiciones opuestas y contribuir a un relajamiento de la tensión. México demostró de inmediato su voluntad de desarrollar un papel activo e independiente en el seno del Consejo. Desde el 4 de enero, antes del ingreso de México, había sido tratada la cuestión afgana. La Unión Soviética vetó un proyecto de resolución presentado por Bangladesh, Filipinas, Jamaica, Níger y Zambia que condenaba la presencia extranjera y exigía el retiro inmediato, total e incondicional de las tropas invasoras. Ante ello, México y Filipinas, con base en la Resolución 377 (vii) Unión Pro-Paz, pidieron que se convocara a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar el tema. La propuesta se adoptó mediante la Resolución 462 (1980) del 9 de enero y el vi periodo extraordinario aprobó una resolución de corte similar al proyecto presentado en el Consejo de Seguridad.
Paralelamente a la crisis afgana, se produjo la toma de rehenes por militantes iraníes en la embajada de Estados Unidos en Teherán, que fue tratada por el Consejo desde finales de 1979. En enero el gobierno estadunidense presentó un proyecto de resolución donde se proponía que el Consejo, de acuerdo con el capítulo vii de la Carta, aplicara sanciones económicas y diplomáticas al gobierno de Irán. Si bien la delegación mexicana condenó los hechos ocurridos considerando que no sólo lesionaban a Estados Unidos sino también a la comunidad internacional, se abstuvo en la votación, al considerar que los hechos ocurridos no configuraban por sí mismos una amenaza para la paz, y que sería injusto que un país en vías de desarrollo sufriera las acciones de un grupo de individuos cuya representatividad era endeble. Asimismo, México señaló que la eventual adopción de sanciones resultaba contradictoria con la declaración de la Corte Internacional de Justicia (cij), la cual había exhortado a los gobiernos de Estados Unidos e Irán a no tomar medida alguna que agravara la tirantez entre ambos países. Al abstenerse, el Representante de México, Porfirio Muñoz Ledo, argumentó que el voto no debía considerarse como un gesto inamistoso en contra de ningún país. Si bien el proyecto estadunidense recibió diez votos, fue vetado por la Unión Soviética, a la que se unió la República Democrática Alemana. Por los términos expuestos, la abstención de México en este primer episodio no fue del agrado del gobierno de Washington. De hecho, México y Estados Unidos tuvieron fricciones constantes a lo largo de su estancia en el Consejo.
En el lapso considerado, el Consejo de Seguridad le recomendó a la Asamblea General la aceptación como nuevos miembros de las Naciones Unidas a Zimbabue; San Vicente y Las Granadinas; Vanuatu; Antigua y Barbuda, y Belice —tema sensible para México, en virtud de las controversias territoriales entre la antigua colonia británica y Guatemala—. El Consejo de Seguridad tuvo una participación activa en el caso de Rodesia y ejerció una influencia considerable en favor de la independencia del territorio. Fue así como el 2 de febrero, en su Resolución 463 (1980), copatrocinada entre otros países por México, el Consejo le solicitó al gobierno británico que asegurase el retiro inmediato de todas las tropas sudafricanas y lo exhortó como potencia administradora que estableciera las condiciones necesarias para garantizar elecciones libres e imparciales, respetando el Acuerdo de Lancaster. Como resultado del proceso electoral, se constituyó un gobierno de mayoría que permitió que en 1980 Zimbabue alcanzara la vida independiente.
Las continuas agresiones del régimen de Pretoria en contra de países vecinos se sucedieron una después de la otra. En abril de 1980, ejerciendo México la presidencia, se presentó una denuncia de Zambia con motivo de los incesantes actos de agresión de que era objeto por parte de Sudáfrica. El Consejo aprobó el 11 de abril la Resolución 466 (1980), y le advirtió a ese país que, en caso de nuevas incursiones armadas, examinaría la aplicación de sanciones de acuerdo con las disposiciones previstas en el capítulo vii de la Carta. México también copatrocinó la Resolución 475 (1980) del 27 de junio en la que se condenó nuevamente al régimen de Pretoria por invadir territorio angoleño. Una nueva agresión en contra de Angola en agosto de 1981 y una denuncia de Seychelles en noviembre del mismo año al ser atacado el aeropuerto de la capital por tropas mercenarias provenientes de territorio sudafricano llevaron a que el Consejo se reuniera. En el primer caso, México copatrocinó un proyecto de resolución en el que se le pedía a Sudáfrica una compensación por la pérdida de vidas y daños a distintas propiedades como resultado de la invasión armada. Sin embargo, la delegación estadunidense vetó el intento de imponer una sanción a Sudáfrica. En el segundo caso, el Consejo no aprobó sino hasta el 15 de diciembre la Resolución 496 (1981), en la que se condenó la agresión mercenaria.
No sólo la conducta internacional de Sudáfrica mereció distintos pronunciamientos por parte del Consejo, sino también el corazón del problema, que era la evolución interna del régimen deapartheid. Fue así como se aprobó por unanimidad el 13 de junio la Resolución 473 (1980), en la que esta instancia condenó a las autoridades sudafricanas por la represión masiva de los adversarios de dicho régimen y exigió que se eliminaran las prácticas desegregación racial y se liberara a los presos políticos. Más allá de ello, el Consejo instó a los Estados a que promulgaran leyes nacionales destinadas a hacer efectivo el embargo de armas contra Sudáfrica. México tuvo una participación activa en la materia, ya que presidió el comité encargado de aplicar el embargo creado por el Consejo de Seguridad en 1977. Al reconocer la incapacidad de la comunidad internacional de frenar la política racista, México denunció que la impunidad sudafricana era en gran medida fruto de las omisiones y ambigüedades de algunos Estados, ya que mientras se promovía el aislamiento de Sudáfrica en las Naciones Unidas, los vínculos económicos y políticos con algunos países no dejaban de fortalecerse, en clara alusión a Estados Unidos.
Para México, la política de agresión de Sudáfrica, la sujeción ilegal de Namibia y el régimen de apartheid exigían la aplicación de medidas eficaces, de conformidad con las disposiciones de la Carta. Sin embargo, cuatro proyectos de resolución que incluían sanciones económicas y diplomáticas, así como el embargo de petróleo y de armas contra dicho país fueron vetados por las potencias occidentales en abril de 1981.
En el curso del mandato de México, la situación en el Medio Oriente conoció importantes desarrollos que ocuparon de manera casi permanente al Consejo de Seguridad. Expresión de ello fue la adopción por unanimidad de la Resolución 465 (1980) el 1 de marzo, en la que en un tono moderado se le pedía a Israel que pusiera fin a su política de asentamientos humanos en los territorios ocupados durante la Guerra de los Seis Días en 1967. Además de condenar la conducta israelí en la Ribera Occidental y en la Franja de Gaza, el gobierno de México reafirmó su posición en el sentido de que el conflicto del Medio Oriente sólo podría ser solucionado si se reconocía el derecho de cada pueblo de la región a su existencia independiente.
La cuestión de Líbano también fue tratada en virtud de la acusación del gobierno de Beirut de que era víctima de una agresión por parte de Israel y de otras fuerzas libanesas (las milicias cristianas) apoyadas por el Estado hebreo, las cuales se enfrentaban además a los contingentes de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (fpnul), creada en 1978 a raíz de incidentes con grupos guerrilleros de la Organización de Liberación de Palestina (olp). El Consejo de Seguridad aprobó el 24 de abril (con la abstención de Estados Unidos y de la Unión Soviética) la Resolución 467 (1980), en la que se deploraba la intervención militar en Líbano. Asimismo, el Consejo de Seguridad se reunió en diversas oportunidades para examinar las acusaciones en contra de Israel por las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino en los territorios ocupados. Acciones adicionales del gobierno de Israel complicaron aún más el panorama de la agenda tradicional de los últimos años —territorios ocupados, cuestión palestina, refugiados—. La decisión de anexar la Ciudad Santa de Jerusalén y de convertirla en la capital del país en junio de 1980 llevó al Consejo de Seguridad a calificar dichas medidas de violatorias del derecho internacional y a determinar en consecuencia su nulidad.
El 23 de septiembre de 1980 estalló la guerra entre Irán e Iraq. El Consejo de Seguridad se reunió tres días después a instancias de México y Noruega, y aprobó por unanimidad la Resolución 479 (1980), donde se exhortaba a las partes en conflicto a solucionar por medios pacíficos la controversia suscitada y a que aceptaran cualquier ofrecimiento de mediación. A pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas, una cruenta guerra que provocó más de un millón de víctimas se prolongó hasta el 20 de agosto de 1988, sin vencedores o vencidos.
A México le correspondió la presidencia del Consejo de Seguridad cuando el 7 de junio de 1981 un escuadrón de la fuerza aérea israelí bombardeó las instalaciones del Centro de Investigaciones Nucleares de Iraq a ciento treinta kilómetros de la capital, con el objeto de destruir el reactor Osirak. Israel justificó la destrucción del reactor bajo el argumento de que se trataba de una medida de legítima defensa preventiva, en virtud de que Iraq se encontraba en estado de guerra en su contra y de que la capacidad del régimen de Bagdad de producir armas nucleares ponía en peligro la paz y la estabilidad de la región. Iraq sostuvo que sus instalaciones no tenían otro objetivo que el de la investigación nuclear con fines pacíficos, y que se habían sometido a la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (oiea).
México condenó la agresión israelí, rechazó el argumento de la legítima defensa preventiva y sostuvo que la acción representaba una afrenta para el régim...

Índice

  1. Índice
  2. Introducción
  3. Capítulo I
  4. Capítulo II
  5. Capítulo III
  6. Capítulo IV
  7. Capítulo V
  8. Capítulo VI
  9. Capítulo VII
  10. Capítulo VIII
  11. Epílogo
  12. Bibliografía
  13. Sobre el autor