Migraciones en las Américas
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Migraciones en las Américas

Jésica Nájera; David Lindstrom; Silvia Giorguli

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Migraciones en las Américas

Jésica Nájera; David Lindstrom; Silvia Giorguli

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Información del libro

Esta obra se ocupa de comprender el mundo de las migraciones a través del diálogo e intercambio académico desde diversos enfoques multidisciplinarios, aproximaciones metodológicas y países de referencia. El libro conjunta 16 textos que remiten a 10 países del continente americano, por lo que representa un mosaico de la agenda de investigación contemporánea y política migratoria en la región. Esta publicación evidencia similitudes y diferencias migratorias latinoamericanas, pero también ofrece una visión regional de los desplazamientos poblacionales en el continente, lo que nos permite avanzar con mayor solidez hacia la comprensión de las dinámicas migratorias en América Latina.

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Información

Año
2019
ISBN
9786075641966

I. BIENVENIDOS NO INMIGRANTES MEXICANOS: TRABAJO TEMPORAL, POLÍTICAS DEL CUIDADO Y DESREGULACIÓN LABORAL A TRAVÉS DEL VISADO J-1 EN ESTADOS UNIDOS

MIRZA AGUILAR PÉREZ

INTRODUCCIÓN

LA VISA J-1 contempla una serie de programas con enfoque educativo y cultural en Estados Unidos. Sin embargo, a partir de 2011 se han desarrollado protestas organizadas que han abierto un debate en la prensa en Estados Unidos sobre algunas prácticas de determinadas empresas para capitalizar la fuerza de trabajo de los participantes de dichos intercambios culturales. Es importante trasladar el debate al ámbito académico para entender cómo algunos actores han ganado presencia debido al régimen de visado J-1 en Estados Unidos.
Cabe destacar algunos antecedentes. En 2011, en la planta de The Hershey Company en el estado de Pennsylvania, se realizó una huelga de cerca de 400 estudiantes universitarios de intercambio, quienes recibieron apoyo del National Guestworker Alliance (Preston 2011a, 2011b; Editorial NYT, 2011). Los jóvenes provenientes de diversos países, sobre todo de Turquía, Ucrania, Rumania, Nigeria, Moldavia y China, llegaron con la visa J-1 para realizar trabajo de verano y con la promesa de obtener una ganancia cultural.
Contrario a sus expectativas, los jóvenes encontraron turnos extensivos en una fábrica, muchas veces en horarios nocturnos. El trabajo que realizaban consistía en cargar cajas y empacar dulces en la línea de montaje. Por ser un programa con orientación cultural y no un trabajo en sentido estricto, la paga de los estudiantes de intercambio era mucho menor al salario mínimo, el cual por lo general no alcanzaba para cubrir satisfactoriamente su inversión (gastos de visa y del programa).
El caso de la huelga en 2011 no ha sido aislado. En 2012, la Global Workers Justice Alliance reportó que una empresa de lácteos llamada Global Cow reclutó a un grupo de estudiantes de intercambio con visa J-1 para trabajo de verano, pagando menos del salario mínimo sin prestaciones ni tiempo extra, así, los estudiantes de intercambio trabajaban 55 horas a la semana (Global Workers Justice Alliance, 2012).
En 2013, un grupo de estudiantes de intercambio con visado J-1, originarios de países como Argentina, Chile y Malasia, iniciaron una protesta similar a la de 2011 contra la cadena McDonald’s, también en Pennsylvania. Después de la huelga, los involucrados de intercambio presentaron una queja en el U.S. Labor Department and State Department, en la que reclamaban por las jornadas laborales de dobles turnos (de 7:00 a 23:00 horas), el salario y el alojamiento (quienes permanecieron en el sótano del dueño de la franquicia)1 (Veronikis, 2013).
En 2015 se abrió una querella legal2 contra empresas que fungen como “sponsor” de au pairs de distintas nacionalidades y que las vincula a familias en búsqueda de cuidado infantil a bajo costo. Las jóvenes au pairs, principalmente originarias de Colombia, demandaban que la promoción del intercambio cultural combinado con el cuidado infantil que prometió la agencia no se cumplió, sino que el intercambio se desarrolló como un trabajo regular con jornadas laborales extensivas con un estipendio muy por debajo del salario mínimo (DePillis, 2015).
Todas estas acciones de reivindicación de los derechos laborales de los participantes en los diferentes programas están mediados por el régimen jurídico que permite la existencia del visado J-1, el cual por un lado abona en la selectividad migratoria a través de la figura del “no inmigrante”, ya que el apelativo de componente educativo y educacional no establece la posibilidad de considerar a sus participantes como trabajadores.
En el presente capítulo me centraré en tres programas del visado J-1: 1) Au pair, 2) Camp Counselor y 3) Summer Work Travel (SWT). Esta selección radica en que esos programas están más orientados al trabajo temporal que al componente educativo y se relacionan en amplia medida con el cuidado infantil y el trabajo doméstico remunerado. De esos tres programas derivan preguntas que se relacionan con la selectividad migratoria y la regulación del trabajo temporal: ¿cómo se relaciona el intercambio con el trabajo temporal? ¿cómo se relacionan las políticas del cuidado con estos programas?
Este capítulo tiene como objetivo analizar tanto la normatividad como las estrategias de algunos empleadores y agencias intermediarias en la captación de trabajadores temporales no inmigrantes con visado J-1 que realizan actividades orientadas al cuidado en Estados Unidos. Para ello se llevó a cabo una revisión de la normatividad y regulación de los trabajadores temporales con visa J-1, tanto en Estados Unidos como en México, en particular, de aquellos involucrados con el cuidado infantil. Para contrastar la información proporcionada por los discursos oficiales, se realizaron entrevistas semiestructuradas a ex au pairs y a ex trabajadores de los programas de trabajo temporal en campamentos de verano, las cuales fueron realizadas en distintos espacios de Nueva York (2013), así como en Puebla y la Ciudad de México, tras el regreso de los migrantes, de forma presencial o virtual (2014-2018). Se logró un contacto inicial y se recurrió a la técnica bola de nieve para contactar a otros participantes.
El capítulo se divide en cuatro apartados. El primero abunda en los orígenes del visado J-1 en Estados Unidos y presenta las claves para reflexionar sobre su regulación y debate en los últimos años. El segundo apartado se centra en los tres programas del visado J-1 para reflexionar sobre sus condiciones y operatividad, además de su relación con las políticas de cuidado en Estados Unidos a través del trabajo temporal. El tercer apartado presenta los resultados de un estudio de caso que se realizó con jóvenes mexicanos ex participantes de estos programas, quienes dan cuenta, por un lado, de los efectos de la desregulación y falta de supervisión y, por otro, generan preguntas concretas sobre la situación en cuanto a la vigilancia de los derechos de los participantes por parte de las autoridades en México. Por último, se dará cuenta de algunas conclusiones derivadas de la presente investigación.

ORIGEN, IMPACTO Y DEBATE EMERGENTE SOBRE EL VISADO J-1

Estados Unidos de América ha transitado desde hace décadas de un país de acogida de inmigrantes a uno que centra su interés en la migración temporal, ya que utiliza de diversas formas la mano de obra, ya sea calificada o no calificada, de forma rotativa por medio de una regulación restrictiva en las formas de visado para no inmigrantes. Con esta política migratoria restrictiva, Estados Unidos ha pasado de ser un país de acogida hasta 1920 a uno cuya política migratoria está “enfocada a la atracción y uso intensivo temporal de mano de obra necesitada de mejores condiciones económicas, mediante la utilización creciente de visas temporales de ‘no inmigrantes’” (Trigueros Legarreta, 2011: 135).
Entre algunos cambios importantes en la legislación contemporánea a considerar sobre la relación México-Estados Unidos, están: la legalización de migrantes indocumentados (más de 2.7 millones) a raíz del establecimiento de la Immigration Reform and Control Act (IRCA) en 1986, la institucionalización de programas temporales y la reformulación de la visa H; pero también el reforzamiento de la frontera con México y las distintas multas y sanciones a empleadores que contrataban trabajadores sin documentos. De acuerdo con Paz Trigueros Legarreta (2011) estás cuestiones fueron un hito para pensar de igual forma la selectividad migratoria a través del visado.
En 1990 también hubo otro cambio importante en la política migratoria: el establecimiento de la Immigration and Nationality Act (ImmAct90), esta modificación se realizó para captar migración calificada que contribuyera al desarrollo de Estados Unidos, así como para enfrentar los retos informáticos, tecnológicos y productivos de ese país, por lo que se impulsaron las visas H-1A y H-1B. Asimismo, se crearon complementariamente las categorías de las visas O, P, Q y R, para la entrada de trabajadores con “habilidades especiales”. Además de la creación de estas nuevas formas de visado, se privilegiaron visados ya existentes, como la F y M para estudiantes; las visas L-1 para personal transferido entre compañías y empezó a revalorarse la visa J-1, enfocada al intercambio cultural y educativo. Así pues, se generó un incremento en la entrada de sujetos con categorías de “no inmigrantes” a Estados Unidos por medio del trabajo temporal.
Este preámbulo es necesario para comprender cómo la visa J-1 se ha posicionado como una de las vías para ingresar a Estados Unidos a partir de la década de 1990 como no inmigrantes calificados. Sin embargo, habrá que revisar cómo y cuándo surgió dicho visado. En 1961 se aprobó la Fulbright-Hays Act, oficialmente conocida como Mutual Educational and Cultural Exchange Act (22 U.S.C. § 2451), cuyo propósito era incrementar el entendimiento entre la gente de Estados Unidos y las personas de otros países por medio del intercambio educativo y cultural.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos de América, el Programa de Visitantes de Intercambio (EVP, Exchange Visitor Program), permite a los estudiantes extranjeros realizar ciertas actividades durante un determinado tiempo en la Unión Americana. Estas actividades serán remuneradas en muchas ocasiones, pero no se rigen bajo el esquema salarial regular, ya que, más que un trabajo, el visado J-1 promoverá relaciones duraderas y significativas entre los participantes, tanto para los extranjeros como para aquellos ciudadanos estadounidenses que auspician la estancia. Cabe destacar que actualmente entran cerca de 300 000 personas cada año con este tipo de visado a Estados Unidos (Stewart, 2014: 6).
Durante la administración del expresidente Barack Obama existieron varios cuestionamientos a los programas de visado J-1. El primero tenía que ver con la reglamentación sobre el salario y la cobertura médica, derivado de las discusiones de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Patient Protection and Affordable Care Act), ya que la estancia de algunos participantes de programas de visado J-1 podía extenderse varios años y podían pedir derechos como un residente, sin embargo, para concederlo debían pagar a los participantes el salario mínimo. Situación compleja, ya que el visado limita el pago por ser actividades culturales y educativas más que laborales.
La segunda cuestión que incentivó el debate sobre el visado J-1 durante la administración de Obama fue la firma de la reautorización de la Ley de protección de víctimas de trata (Trafficking Victims Protection Act), debido a que durante las discusiones algunos grupos a favor de la regulación de los empleos temporales señalaron que la poca regulación sobre la visa J-1 perjudicaba a los participantes, ya que podrían ser captados bajo engaño e inducidos a trabajos de explotación sexual o laboral.3
En contra del alza del salario de los participantes de los programas J-1 y del endurecimiento del monitoreo, las agencias de colocación iniciaron una campaña llamada “Raise your voice for exchange” (“Alza tu voz por el intercambio”) en 2013, mediante la “Alianza para el intercambio educativo y cultural” para promover acciones contra el apartado sobre “prevención del tráfico de personas” de la reforma, en la que se preveía cambiar el estatuto de los participantes del intercambio cultural J-1 a uno de trabajo remunerado formal para asegurar mayor vigilancia.
La iniciativa “Alza tu voz por el intercambio” urgía a las familias anfitrionas a tomar acciones contra la reforma, entre las que destacaron: mandar cartas masivamente a los senadores para expresar su preocupación por el posible encarecimiento del programa, la complicación en la regulación y por comprometer el futuro del intercambio. Otra acción sugerida fue visitar a los representantes locales del distrito en que habitaban las familias y los empleadores.
El estatus de los participantes de intercambio con visado J-1 no cambió en términos formales durante la administración de Obama, sin embargo, se destaca la acción de los interesados en la regulación, o en la falta de ésta, en los programas de intercambio bajo ese esquema. En 2016 el número de participantes para los programas fueron: para el SWT, 101 061; para Camp Counselor, 22 994, y para el programa au pair 19 233 participantes (U.S. Department of State, 2017).
A diferencia de la administración pasada, en 2017 el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva “Buy American, Hire American” que se enfoca en la retórica más usada desde su campaña: centrarse en una política nacionalista que beneficie a los trabajadores “americanos” (Diamond, 2017). Uno de los puntos que sugiere la orden es la puesta en marcha de una regulación más restrictiva para los trabajadores con visas H-1B y H-2B, además de mejorar el control sobre los mecanismos de las visas L-1.
Durante la campaña presidencial cuestionaron a Trump sobre lo que haría con el visado J-1 y mencionó que, como presidente, prohibiría el trabajo a través de las visas J-1, ya que, aseguró, es una forma de restar trabajos a los americanos. Esa declaración fue ampliamente cuestionada, ya que se sabe que los Hoteles Trump son usuarios de los servicios de trabajadores con visado J-1, a ello respondió que lo ha usado, pero no ...

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