Luchando por un espacio en la ciudad de México

Comerciantes ambulantes y el espacio público urbano

Verónica Crossa Niell

• Editorial: El Colegio de México
• Año: 2018
• ISBN:
  9786076283929
• Categoría: Política y relaciones internacionales
• Categoría: Política cultural

El espacio público urbano se ha convertido recientemente en objeto de intervención de la acción pública a través de diversos programas que buscan rescatar la infraestructura física y social de la ciudad mediante su embellecimiento. A partir de los casos del rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México y del centro histórico de Coyoacán, este libro explica el encuentro entre dos universos: por un lado, la idealización del espacio público y, por otro, las tensiones generadas al aterrizar dichas concepciones.

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EL NEOLIBERALISMO URBANO Y SUS POLÍTICAS DE EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

ENTENDIENDO EL NEOLIBERALISMO

Se dice que el neoliberalismo está en todas partes (Peck y Tickell, 2002). Sin duda el neoliberalismo es un proceso, un proyecto que difícilmente puede ignorarse, sobre todo si el objetivo es entender gran parte de los cambios vividos en las ciudades en las últimas cuatro décadas. Pero, ¿qué es el neoliberalismo y cómo se abordará dicho concepto en el análisis de los procesos microespaciales que se discutirán en este libro? En términos generales, el neoliberalismo es un proyecto, una teoría económica y moral orientada a la construcción de un proyecto político basado en doctrinas del libre mercado. En el imaginario neoliberal, el acceso fácil y abierto a mercados es el contexto óptimo para lograr una mejor distribución de recursos y para estimular el crecimiento económico (Purcell, 2008: 13). Dicho proyecto supone que el bienestar social se logra por medio de la maximización de la libertad del mercado dentro de un contexto político-institucional que facilita la lógica de acumulación, la propiedad privada, la libertad individual, el libre mercado y el comercio (Harvey, 2007). Se parte del supuesto de que el mercado es un mecanismo autorregulado que logra mantenerse en equilibrio mediante la competencia. En teoría, el poder monopólico en una economía verdaderamente abierta y guiada por la lógica de competencia se imposibilita por las leyes naturales del libre mercado. Esto evidentemente, y como lo ha mostrado Stiglitz (2012), llega a ser ilusorio, sobre todo cuando existen gobiernos que por varias razones y con múltiples mecanismos contribuyen al aumento en la monopolización de los mercados. Usando para ello el caso de la economía estadounidense del último siglo, Stiglitz (2012) demuestra cómo el neoliberalismo, sobre todo en su carácter y poder político, ha promulgado la lenta restructuración de leyes que a principios del siglo pasado fueron fragmentando los grandes monopolios producidos por la industrialización decimonónica norteamericana. Es decir, aunque en teoría existen leyes que buscan prohibir las prácticas monopolistas, su aplicación no es siempre tan clara, lo que da como resultado un mercado a veces anticompetitivo (Stiglitz, 2012: 111).

Sin embargo, el neoliberalismo no establece únicamente criterios por los cuales se debe regir una economía, también se utiliza la misma lógica de mercado para el funcionamiento de lo político por medio del Estado. Como argumenta Purcell (2008): “la lógica del mercado y la disciplina competitiva deben ser fomentadas en la economía y deben ser también extendidas más allá de la economía, hacia las instituciones como el Estado, las universidades, hospitales, escuelas y demás” (Purcell, 2008: 13); es por esto que el neoliberalismo ha sido estudiado como un proyecto económico-político, donde el papel del Estado es decisivo para el cumplimiento del orden económico imaginado y regido por el modelo de mercado.

Como filosofía y como proyecto económico-político, el neoliberalismo ha sido objeto de numerosos análisis en múltiples ámbitos de las ciencias sociales. Más allá de las diferencias disciplinarias o de postura, casi todos los trabajos sobre el neoliberalismo coinciden en señalar que a partir de la última mitad del siglo XX vivimos una reconfiguración del poder que puede entenderse por medio del análisis de la relación estado-economía-sociedad (Peck, 2010). La preocupación epistemológica compartida es entender cómo el Estado está cambiando a la luz de este proyecto/filosofía política-económica global en la que los procesos políticos se rede-finen a partir de los principios del libre mercado.

Dentro de la amplia bibliografía sobre el tema existen cuatro vertientes generales no excluyentes en las que pueden agruparse estas perspectivas. La primera dimensión tiene que ver con un análisis temporal en el que el neoliberalismo se estudia como un proceso histórico coyuntural. El segundo enfoque aborda el tema del neoliberalismo a partir del poder cambiante del Estado, sobre todo con base en el ejercicio de su poder en términos espaciales; esta segunda perspectiva nos habla de un reajuste espacial en las funciones del Estado, ya sea a escala supranacional o bien local. La tercera perspectiva tiende a enfocarse igualmente en un reajuste del poder del Estado, pero no a partir de una dimensión estrictamente espacial como en la segunda dimensión, sino en un reajuste de las funciones que le atañen al Estado; esta tercera postura ha enfatizado las maneras en que el Estado está reconfigurando sus funciones frente al poder del mercado. El argumento principal es que, con el neoliberalismo, la organización, regulación y gestión de la vida social, es decir, el poder primordial del Estado está siendo subcontratado por empresas, individuos o bien por organizaciones privadas; esto da como resultado un Estado en retracción que está perdiendo o redefiniendo sus funciones y, por ende, para algunos autores, debilitándose frente a los poderes privados. Cabe destacar que dicha perspectiva ha sido cuestionada por autores que, más que hablar del debilitamiento, retracción o abandono del Estado frente a decisiones económicas y políticas de carácter privados, postulan una nueva modalidad de función política caracterizada por la intermediación entre los sectores público y privado en la que el Estado es facilitador de la acumulación de capital (Hibou, 2013). Finalmente, la cuarta perspectiva rescata y destaca la dimensión moral y simbólica del neoliberalismo por medio del cual se constituye un imaginario del sujeto individual y del ciudadano como individuo emprendedor y empresarial, construyendo así al sujeto ciudadano como un sujeto neoliberal. A continuación explicaré brevemente cada una de estas cuatro dimensiones.

La primera es una dimensión que aprecia la temporalidad del proyecto intelectual neoliberal en tanto enfatiza su desarrollo a partir de una narrativa histórico-política en la que su surgimiento se asocia a múltiples procesos coyunturales (Klein, 2007). Como bien lo indica Escalante (2015), el neoliberalismo comienza como un proyecto intelectual formado en los años treinta en Europa compartido por filósofos, sociólogos y economistas, que tiene como propósito empujar el renacimiento del liberalismo clásico; dicho proyecto es asociado a intelectuales como Milton Friedman, Friedrich Hayek, Gary Becker, por mencionar algunos. Pero más allá de las bases filosóficas que rigen su lógica, el neoliberalismo también se estudia como proyecto concreto que surge en algún momento de la vida económica-política mundial, particularmente a partir de los años setenta. Uno de estos momentos importantes se asocia a la influencia de Milton Friedman, profeta de la economía del libre mercado, y de sus estudiantes, los Chicago Boys como figuras emblemáticas en el impulso de políticas neoliberales en Chile, el laboratorio de la economía del laissez-faire (Klein, 2007: 63). En efecto, durante los sesentas, la influencia de los estudiantes de Chicago sobre la trayectoria intelectual que tomaría el estudio de la economía y su influencia eventual sobre las políticas económicas chilenas representó uno de los primeros momentos en la consolidación de un “hacer” neoliberal que llevaba ya varias décadas en gestación; pero no fue sino hasta los años setenta que dicho proyecto se formalizó y se llevó a la práctica con la relación entre Friedman y Pinochet.

El papel de lo que se ha denominado la era Thatcher-Reagan también es un momento histórico importante en el fortalecimiento de un proyecto de libre mercado originado a mediados del siglo XX, con dimensiones y consecuencias globales. A pesar de algunas importantes diferencias entre el régimen de Thatcher y el de Reagan, tanto en su disposición a negociar con distintos sectores de la sociedad, en su postura frente al poder del sector público o incluso en sus formas de gestionar la relación público-privada, algunos autores aluden a esta época como el auge del imperialismo económico estadounidense-británico en el desarrollo de un modo de producción capitalista caracterizado por una división internacional del trabajo, la privatización de empresas públicas (concentrada principalmente en el transporte, la vivienda y las telecomunicaciones), la flexibilización y precarización del trabajo, el debilitamiento de los sindicatos laborales y la reducción de un estado de bienestar. Así, el objetivo de esta primera dimensión es analizar el proyecto neoliberal como un proceso histórico de construcción macroeconómica que toma fuerza durante la década de los setenta, sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido como espacios donde se crea y mece la cuna del guion neoliberal (Peck, 2010: 5).

Una segunda dimensión en el análisis del neoliberalismo hace hincapié en la geografía de la función política, sobre todo en relación con el poder del Estado. Esta perspectiva resalta el desplazamiento o reajuste en la escala espacial (en inglés re-scaling) dentro de la cual el Estado ejerce y practica el poder (Jessop, 2002). Muchas de las discusiones relacionadas con este reajuste espacial han sido planteadas por geógrafos interesados en la relación espacio-poder-Estado, sobre todo las expresiones territoriales del poder del Estado en sus diferentes facetas del modo de producción capitalista (Agnew, 1994; Cox, 1998; Brenner, 2009). Dicha bibliografía se basa en experiencias de los países anglosajones, sobre todo en las formas en que el Estado ha perdido la primacía que tenía durante el régimen de producción fordista, cuando su función como regulador del modo de producción era fundamental. Lo equivalente, aunque guardando importantes diferencias, sería la etapa de sustitución de importaciones en algunos países latinoamericanos donde se vive la expansión del Estado intervencionista, sobre todo en Brasil, México y Perú. Lo importante es que esta segunda perspectiva enfatiza un cambio respecto a la función y el poder del Estado frente a los problemas que atañen a sus delimitaciones político-territoriales. Jessop (2002) sugiere que el Estado-nación está siendo redefinido en relación con diferentes escalas (supranacional, regional y local). En la época de la posguerra la escala de la soberanía estatal se ubicaba primordialmente en las fronteras de la nación, donde el Estado ejercía un papel fundamental en la organización de la vida política y económica de una nación (Agnew, 1994; Purcell, 2008). Esto no significa que no existieran organizaciones supranacionales y que no tuvieran injerencia sobre lo que sucedía dentro de las fronteras (tanto en términos materiales como en sus dimensiones simbólicas) de un país. Para muchos, los años setenta y ochenta representan un momento en que esa relativa soberanía de un Estado comienza a erosionarse o a reajustarse a escalas tanto supranacional como subnacional (Purcell, 2008). El reajuste supranacional del Estado se ve reflejado en el surgimiento y fortalecimiento de bloques internacionales de comercio, como son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Mercosur, y la Unión Europea. Tomando como ejemplo el caso de Europa, se dice que gran parte de las decisiones políticas, económicas y sociales de cada país se toman en círculos ubicados dentro de las altas esferas de la Comisión Europea, y esto está cambiando la naturaleza del poder de un Estado sobre el destino de su territorio (Leitner, 1997). Asimismo, el fortalecimiento de los organismos internacionales de financiamiento, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en su carácter de figuras centrales en las decisiones económicas de muchos países (sobre todo aquellos que pasan por momentos de profunda crisis), cambia la naturaleza del Estado-nación y pone en duda la articulación del poder del Estado en problemáticas que se viven a escala nacional.

Así como hay quienes relacionan algunas funciones vinculadas con el poder del Estado con un momento de reajuste espacial a escala supranacional, hay también quienes resaltan que dichos reajustes se viven asimismo en un ámbito más local, es decir subnacional. Aunque dicha perspectiva no es compartida por algunos estudiosos que argumentan que la escala subnacional de hecho está perdiendo funciones (Warner y Gerbasi, 2004), muchos especialistas del poder del Estado en la era del neoliberalismo pueden observar una transferencia de obligaciones, deberes y responsabilidades del Estado-nación a escalas regionales e incluso locales, como son los gobiernos municipales y urbanos (Leitner, 1990). Asimismo, y como argumenta Brenner (1997), las entidades regionales que gobiernan aglomeraciones tanto regionales como urbanas hoy más que nunca deben competir unos con otros de manera intensiva para lograr atraer inversión de capital dentro de las delimitaciones territoriales del Estado-nación y en espacios de la economía global (Brenner, 1997: 274). De hecho, Brenner (2009) lleva el argumento aún más lejos al mostrar que el proceso de reajuste espacial es fundamentalmente una estrategia política en la que la selectividad espacial del Estado se entiende como una expresión, una estrategia y un medio para lograr fines políticos específicos (Brenner, 2009: 127). Esta postura pone en duda la idea del Estado como cuerpo regulador que está perdiendo poder al reajustarse a escalas diferentes. Más bien, de acuerdo con Brenner, es el mismo Estado el que empuja el reajuste espacial como una estrategia político-económica para así descentralizar la administración y transferir la responsabilidad político-económica a nivel local.

Un ejemplo comúnmente citado para dar cuenta de dicho reajuste espacial a nivel local es la planeación colaborativa, también denominada participativa, en la que los ciudadanos son incorporados a procesos políticos de toma de decisión para opinar, evaluar o bien dirigir la trayectoria de intervenciones públicas en sus localidades, sean barrios, colonias o delegaciones (Fyfe y Milligan, 2003). Algunos autores han sugerido que la retracción de la fuerza política del Estado como proveedor central de servicios básicos, incluyendo vivienda, educación y salud, han disuelto la idea de comunidad urbana, lo que ha llevado a un incremento en la marginación de los ciudadanos urbanos (Dikec, 2002). Otros estudiosos, por su parte, han señalado las oportunidades surgidas a partir del mínimo intervencionismo del Estado en el desarrollo de nuevas formas de entablar vínculos comunitarios (Pendras, 2002). Sin embargo, en lo que coinciden ambas posturas es en señalar que la retirada del Estado ha dejado una serie de responsabilidades a flote, algunas de las cuales han sido asumidas por ciudadanos que por necesidad encuentran la manera de llenar las lagunas socioeconómicas y políticas. Estas nuevas y elevadas obligaciones sociales son analizadas como vías potenciales en la formación orgánica de nuevas ciudadanías urbanas (Fisher y Shragge, 2000). Ya sea en materia de seguridad, medio ambiente, salud o educación, existe un sinfín de ejemplos que dan cuenta de los esfuerzos ciudadanos por defender y proteger la provisión de un mínimo de servicios en vistas de un Estado que no está presente, ya sea porque dejó de estarlo, o porque en realidad nunca lo estuvo, o bien que sí está muy presente pero en modalidades distintas. Dichos ejemplos se han analizado como prácticas muy localizadas de organización que expresan nuevas formaciones políticas en circunstancias de devolución de responsabilidades estatales (Staeheli, 2003).¹

Los esfuerzos de parte de individuos o grupos por mejorar las circunstancias de su vida cotidiana han sido también adoptados con entusiasmo por los responsables de la formulación de políticas urbanas, quienes han “incorporado” estos esfuerzos a políticas públicas (Fyfe, 2005). La creciente autonomía de las instituciones locales de gobierno ha dado lugar a una nueva orientación de la política pública urbana, con énfasis en el valor de la ciudadanía local mediante el discurso del compromiso con la construcción de comunidad (Purcell, 2002). Las posturas en torno a la planeación colaborativa han sido diversas. Para muchos, este tipo de planeación representa una mera estrategia discursiva del aparato hegemónico del Estado para legitimar las políticas neoliberales (Lake y Newman, 2002). Otros lo interpretan como un proceso que brinda nuevas oportunidades para la participación ciudadana en procesos de toma de decisión de políticas públicas urbanas (Elwood, 2002). Para los escépticos, las políticas que promueven la llamada participación ciudadana como mecanismo de empoderamiento de la comunidad están de hecho construyendo una visión de la ciudadanía basada en una moral del individuo como autosuficiente, y un individualismo dictado por las instituciones estatales (Fyfe, 2005; Herbert, 2005); es decir, la participación ciudadana se limita a las formas y condicionantes determinadas finalmente por las instituciones del gobierno. Como sugiere Herbert (2005), “los ciudadanos individuales no son vistos como sujetos de beneficios gubernamentales, sino como agentes económicos responsables y autosuficientes, que ahora se espera que aseguren su propia supervivencia en la ciudad” (Herbert, 2005: 851). De acuerdo con Dikec (2002), la preocupación por parte de los gobiernos urbanos locales sobre la inclusión de la ciudadanía en la política urbana sólo ha reforzado, en vez de reducido, los patrones de desigualdad. Al centrarse exclusivamente en ciertas áreas muy localizadas, las políticas urbanas desarticulan los procesos de segregación con dinámicas estructurales y relaciones de poder que conducen a la reproducción de la desigualdad socioespacial (Dikec, 2002: 93). Pero volviendo al argumento original de esta segunda postura sobre el neoliberalismo, el punto es que la territorialidad del Estado ha cambiado a partir de los años setenta, cuando el estado de bienestar vivió su descenso. Así, la expresión espacial del poder del Estado ha vivido reajustes a escalas tanto supranacionales como locales.

Ahora bien, partiendo de una postura que reconoce el cambio que ha vivido el Estado en términos del ejercicio de su poder a escala territorial, una tercera perspectiva en el análisis del neoliberalismo ha enfatizado el balance de fuerza en la relación Estado-economía. Esta perspectiva resalta la naturaleza cambiante entre el poder del Estado y las fuerzas del mercado, y analiza la transición de un estado de bienestar (Keynesiano) a un Estado en creciente retracción de sus poderes frente a las fuerzas del mercado. Así, el reajuste del Estado en relación con el mercado alude a la disolución del primero a partir de la subcontratación de sus facultades, poderes y responsabilidades, a una diversidad de actores, organizaciones o instituciones que no forman parte de la estructura formal del Estado, principalmente el sector privado y el llamado tercer sector (Brenner, 2009). Para algunos autores este cambio Estado-mercado ha sido marcado por la supremacía del mercado frente a la creciente impotencia del poder estatal. Con frecuencia concluyen que estamos frente al vaciamiento del Estado, el conocido hollowing-out. Otros, sin embargo, exploran dicha relación como una reconfiguración del Estado, con una nueva modalidad de producción de lo político (Hibou, 2013: 17). No es que estemos viviendo la desaparición del Estado, sino más bien una redefinición de sus funciones y responsabilidades, proceso que el mismo Estado busca y profundiza. Es decir, la idea del retroceso e incluso desaparición del Estado viene de una idea del poder político puro, que alude a un Estado en su dimensión normativo-racional y no como un aparato empírico y concreto que aterriza en formas de poder presuntamente contradictorias, con intereses encontrados, actores en conflicto y acciones institucionales muchas veces contrapuestas. Así, y como lo menciona Hibou, más que partir del supuesto de que el Estado, en su forma pura, está perdiendo peso político, sirve pensar en la recomposición o incluso descomposición del mismo como parte del proceso de la continua formación del Estado en sí; es decir, es “darse la oportunidad de considerar como una nueva modalidad de producción de lo político las estrategias que parecen estar en retirada, en declinación, casi en descomposición” (2013: 17). Partir de una concepción del Estado en su forma empírica, como un proceso de construcción, facilita estudiar el cambiante papel (primordial y activo) que sigue ejerciendo en la vida público-política de la sociedad.

Este cambio de función del Estado frente a las fuerzas del mercado ha llamado mucho la atención de los estudiosos de la acción pública frente a contextos de políticas neoliberales. Para muchos, esta creciente colaboración del Estado con otros actores, ya sea privados, o de organizaciones de la sociedad civil, ha llevado a la mesa de discusiones una necesidad de plantearse conceptos diferentes que pudiesen captar nuevas formas de gobernar y de ejercer el poder. Así, el concepto de gobernanza (en inglés governance) busca dar cuenta del entramado complejo de actores involucrados en el proceso de toma de decisión frente a problemas que en otras épocas hubieran sido sólo responsabilidad del Estado. Para Jessop (1995), la gobernanza se entiende como un proceso por medio del cual se intenta alcanzar metas y objetivos colectivos dentro y por medio de configuraciones complejas de Estado-mercado-sociedad que incluyen instituciones, organizaciones y prácticas tanto gubernamentales como no gubernamentales. Esta tercera dimensión del estudio del neoliberalismo reconoce que el análisis del Estado tiene que ir más allá de una perspectiva que analice el poder del Estado como un proceso coherente, desde un sistema territorial y político predeterminado dentro del cual se establecen los parámetros para la actuación pública. Más bien, y como dice Le Galès (1998), a partir del contexto europeo lo que es de esperarse desde una lógica de gobernanza es encontrarse con un campo más fluido, menos sistemático y altamente diversificado de gobernanza, donde regiones o redes transregionales, de manera muy diferente, dependiendo de su habilidad, movilicen coordinen y asignen recursos para objetivos colectivos (Le Galès, 1998).

El tema de la gobernanza lo abordaré más adelante en este capítulo, ya que es un pilar conceptual básico para el desarrollo de los argumentos...

Índice

• PORTADA
• PORTADILLA
• PÁGINA DE DERECHOS RESERVADOS
• TABLA DE CONTENIDO
• AGRADECIMIENTOS
• INTRODUCCIÓN
• 1. EL NEOLIBERALISMO URBANO Y SUS POLÍTICAS DE EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
• 2. ESTUDIANDO LA INFORMALIDAD: UN BREVE REPASO
• 3. EL COMERCIO EN LA CALLE COMO UN PROBLEMA PÚBLICO
• 4. BUSCANDO ORDEN EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO: UN ANÁLISIS HISTÓRICO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA
• 5. EL COMERCIO AMBULANTE FRENTE AL PROGRAMA DE RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO
• 6. LA PROTESTA LÚDICA EN LA CALLE: ARTESANOS Y VENDEDORES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE COYOACÁN
• ALGUNAS REFLEXIONES FINALES, A MANERA DE CONCLUSIÓN
• BIBLIOGRAFÍA